Mantener viva la memoria
Editoriales | 📰 Blog «La dignidad en nuestras manos» del Plumaje de Animal Político Web original | 📷 Imagen : CDHVitoria Por: Gisel Mateos y Ana Gómez* 📅 31 de julio de 2020 En abril de 2019 se llevó a cabo el Segundo Encuentro Internacional de Defensores y Víctimas de Graves Violaciones a Derechos Humanos1 en la Comunidad Purépecha en Arantepacua, Michoacán, surgido de la necesidad de dar seguimiento a los puntos de reflexión y acuerdos generados colectivamente durante el “Primer Encuentro”, un espacio realizado un año atrás en Asunción Nochixtlán, Oaxaca. Su objetivo fue llevar a cabo la compleja tarea de pensar en procesos de verdad, justicia, reparación integral y no repetición, desde la diversidad de necesidades, preocupaciones e intereses de las víctimas y sobrevivientes. De ahí se propuso y generó la articulación denominada “Segundo Encuentro”, compuesta por personas, grupos, colectivos, comunidades y movimientos de víctimas y sobrevivientes de graves violaciones a derechos humanos para sumar desde las diversas experiencias de lucha y resistencia con un objetivo: llegar a las instituciones para abrir la puerta a la manifestación y escucha de la sentida y digna exigencia de verdad y de justicia para las víctimas y sobrevivientes del país. Así pues, el Segundo Encuentro inició entonces una serie de actividades para generar acuerdos y propuestas2 colectivas en beneficio de las víctimas y sobrevivientes, quienes conviven entre una multiplicidad de procesos de distintas violaciones graves a los derechos humanos con la agravante de la constante criminalización a través del injusto encarcelamiento y actos en contra de la seguridad e integridad física de las y los sujetos más visibles de dichas colectividades.3 Aún cuando por parte del gobierno del estado se han manifestado propuestas y llevado a cabo acciones para mitigar los impactos generados por la crisis de derechos humanos, el Segundo Encuentro se ha mantenido firme en cuanto a la necesidad de buscar espacios para ser reconocidos como sujetos activos que merecen no solamente ser escuchados, sino considerados en la construcción de propuestas relacionadas con la búsqueda de la verdad y la justicia, así como la atención a víctimas y sobrevivientes. Las exigencias colectivas de búsqueda y verdad también son replicadas en luchas individuales, tal y como lo manifestó Lourdes Mejía, defensora y madre del tesista y activista de la UNAM, Carlos Sinuhé Mejía, durante la disculpa pública dirigida a la memoria de su hijo y a su familia: “continuaré luchando por justicia, no sólo para ti: sino para todos y todas. Para que tu sangre, hijo, sirva y haya justicia porque yo te parí a la vida y tú me pariste a la lucha…”. La digna manifestación de Lourdes ejemplifica la necesidad urgente de entender la importancia que guarda el reconocimiento y la articulación, ya que hacen que el dolor y la lucha cobren sentido cuando se hace eco de las exigencias y existe una colectividad dispuesta a caminar de la mano, nombrando a quienes no están, pero no se olvidan y que se hacen presentes en cada manifestación, reunión, encuentro e interlocución con las autoridades. Ahora bien, las articulaciones de víctimas y sobrevivientes se encuentran en un contexto nuevo: la imposibilidad de buscar espacios de participación y encuentro debido a la crisis sanitaria que ha generado impactos negativos a las personas que buscan con urgencia dar seguimiento a sus procesos de justicia. Aunado a esto, existen implicaciones inmediatas derivadas de la pandemia que recrudecen el desgaste económico y psicoemocional previo, debido a la falta de acceso a medidas que les permitan sostener los diversos procesos de exigencia de justicia. Lo anterior obliga a las articulaciones de víctimas y sobrevivientes a repensar nuestras formas de lucha y de exigencia para hacer frente a los obstáculos y nombrar a quienes no están, un ejemplo: la marcha virtual organizada por las madres y familiares de personas desaparecidas, actos de memoria en nombre de las víctimas, y asambleas virtuales para invitar a la reflexión y colocar sus necesidades en el centro de la agenda de las autoridades a fin de que éstas sean atendidas de forma urgente e inmediata. Ante este panorama y los recientes hallazgos de las investigaciones realizadas por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, surge la oportunidad para que el Estado mexicano aprenda de las lecciones de impunidad recogiendo las aportaciones y experiencias de las víctimas y sobrevivientes para impulsar estrategias de fortalecimiento de las instituciones en materia de procuración y administración de justicia. Así como a realizar acciones dirigidas al esclarecimiento, el conocimiento de la verdad y la atención integral a las víctimas a fin de que las autoridades de los tres órdenes de gobierno logren coordinarse “…colocando en el centro de la atención el derecho de las víctimas a conocer la verdad de los hechos, con un trato digno y respetuoso…”, tal como manifestó el subsecretario y presidente para la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, Alejandro Encinas. Si bien estos retos se presentan en medio de una crisis de derechos humanos que se acentúa con la emergencia sanitaria, representan también una oportunidad para entablar un diálogo entre las instituciones gubernamentales y las articulaciones de víctimas y sobrevivientes para solventar una deuda histórica que todavía no ha sido atendida: el reconocimiento del papel fundamental de las víctimas y sobrevivientes en la construcción de un régimen democrático y justo cuando estas visibilizan su digna y continua exigencia para mantener viva la memoria que tanto hace falta a la sociedad para clamar justicia y decir: ¡ya basta! ______ 1 Encuentro Arantepacua. 2 Por una verdadera justicia para todas las víctimas del país. 3 Mensajes y acuerdos del 2do Encuentro. * Ana Gómez y Gisel Mateos son colaboradoras del CDHVitoria.
De emergencia a transformación
Editoriales | 📰 Blog «La dignidad en nuestras manos» del Plumaje de Animal Político Web original | 📷 Imagen : Eneas de Troya Por: Jorge Luis Aguilar* 📅 22 de julio de 2020 En los seis meses escasos que nos separan del 2019, millones de personas en todo el planeta han cambiado su dinámica de vida y sufrido una brusca colisión con todo lo que imaginaban posible hasta ese momento. En muchas de ellas, en las ciudades de las capitales mundiales y en comunidades urbanas, justo las que parecían menos vulnerables al hambre, se ha mostrado con toda claridad el brevísimo margen de supervivencia de gran parte de la población que necesita de la movilidad para subsistir. Por un lado, vemos la forma en que la enfermedad se manifiesta con mayor gravedad en los sistemas inmunes más debilitados y aquellos con enfermedades crónicas. En el caso de nuestro país, la emergencia sanitaria ha puesto de relieve los costos particulares de haber olvidado políticas sociales y desarticulado instituciones encaminadas a la garantía del derecho a la salud, la seguridad social, la vivienda, el trabajo digno, la alimentación sana y otras condiciones mínimas que, de no ser resueltas, afectarán a largo plazo la calidad de vida y salud de las personas. Pero es que el mismo sistema económico está dispuesto a sacrificar la vida de las personas en beneficio de las ganancias distribuidas entre minorías ricas (las cuales sí son minorías). La vida actual, hasta antes de este choque, tenía ya las condiciones exactas para marginar y excluir a segmentos enteros de la población, y para priorizar a otros. La desigualdad anula y desecha a más personas que nunca antes en nuestra generación. Al mismo tiempo, las paradojas del momento político que vivimos nos hacen ver que las debilidades que abrieron paso a la enfermedad social de la inequidad, son un mal que persistirá y se cronificará aún más tras la pandemia si no actuamos a tiempo. Por otro lado, cuando se hace más necesario un compromiso profundo para reflexionar y encaminar nuestras acciones a la erradicación de la discriminación, racismo y homofobia, desde la cúpula del gobierno se piensa oportuna la desaparición del órgano autónomo responsable de aportar luces sobre esa titánica tarea. En el momento en que habría de estar en el centro de nuestra atención la violencia que viven las mujeres y personas no heterosexuales confinadas sin opción en hogares misóginos y homofóbicos, se acelera el endurecimiento de la precarización de las instituciones defensoras de derechos humanos que tienen a su encargo, entre otras, la tarea de construir e implementar políticas para la transformación de fondo de las dinámicas sociales que replican y hacen persistir las violencias. La política de “primero los (y las) pobres” que propone el Jefe del Ejecutivo debe ir acompañada de reformas profundas que atiendan el compromiso de generar las condiciones necesarias para abatir la pobreza y desigualdad en todos los sentidos. Este aspecto ha sido recordado por un clarificador mensaje de la ciudadanía participativa a través de la Asamblea Consultiva del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, órgano severamente lastimado en la opinión pública a partir de las declaraciones del Presidente sobre su trabajo. En cada vez más aliados y aliadas en toda la sociedad, e incluso en las instituciones, se fortalece la preocupación de que el principio de “austeridad republicana”, que en el discurso buscaba recortar el lujo y despilfarro del aparato burocrático, se transforme en un obstáculo para la operación misma de algunos sectores del gobierno, reitero, siendo aún mayor alarma cuando se trata de aquellos específicos que están encargados de visibilizar y ser un rostro más cercano y amable a los grupos que han permanecido en el olvido y la sombra. Cuando las crisis ocurren, los cambios profundos se van materializando bajo razón de las ideas que dominan el debate público. De esa forma es como la derecha y sus corporaciones se han aprovechado de la tragedia para apretar la soga y desmantelar al Estado, pero es también en esos momentos de shock cuando se distinguen a mejor contraste las injusticias del sistema, y las izquierdas tienen una gran oportunidad para imaginar nuevos comienzos y avanzar de manera organizada y persistente. En esta lógica es indispensable que la transformación que vivimos, además de combatir la enfermedad, pueda vislumbrar un escenario donde los gobiernos aumenten su presencia y capacidad. La búsqueda de poner en orden un aparato burocrático corrupto no debe traducirse en el adelgazamiento del Estado a un nivel tal que no pueda ni siquiera otorgar los insumos suficientes para que las y los servidores públicos puedan desempeñar sus tareas, tener empleos dignos y entornos seguros. La excusa de reordenar el presupuesto nacional para brindar apoyos económicos directos no tendría que poner en riesgo a los organismos democráticos que han permitido que en las últimas décadas se amplifique cada vez más el diálogo de la ciudadanía con sus instituciones, o que han servido de puente para que más personas puedan exigir sus derechos de manera efectiva. Un gobierno cuyo acercamiento más profundo con las personas es a través de un cajero, no estaría resolviendo las profundas necesidades por violencias y carencias que se radicalizan en la crisis. Un gobierno que fortalece su presencia únicamente en la milicia, y no a través de otras instancias y órganos que hacen contacto directo con la ciudadanía, se queda sin escuchar a quienes viven mayor marginación y discriminación. Esta crisis nos alcanza en un escenario diferente con respecto a los derrumbes de la economía en los 90’s o en 2008, donde se optó por la “obligación” de pagar para salvar a las empresas de interés privado y los banqueros. Ahora vemos un momento en el que se vislumbra con mayor claridad la necesidad de dirigir el rescate hacia otros lados, otros grupos, otras poblaciones, justo las que quedan más abandonadas en cada ocasión que se adelgaza el Estado y, de esta manera, se les deja a merced de la economía de mercado. Sigamos insistiendo. *
UPOV-91: Semillas en peligro
Editoriales | 📰 Blog «La dignidad en nuestras manos» del Plumaje de Animal Político Web original | 📷 Imagen : Victor Manuel Chima Por:Ana Kuhn Velázquez y Víctor Manuel Chima* 📅 01 de julio de 2020 Lo primero que nos viene a la mente al pensar en nuestro país es su comida: tacos, tlacoyos, pozole, sus chiles, tlayudas… y la lista sigue. Nuestra cultura alimentaria es resultado de siglos de interacción entre los habitantes de estas tierras y la biodiversidad que los rodea, evolucionando junto con las plantas y animales que se volvieron símbolos de nuestra identidad. La comida no es solo nuestro vínculo más cercano al medio ambiente, sino parte integral de quienes somos, reflejando nuestros valores como sociedad y las infinitas relaciones con el territorio del que somos parte. Estas relaciones se han ido moldeando a lo largo de los años, haciendo de México uno de los países más biodiversos y culturalmente ricos del mundo. Ahora, esta diversidad vital está en peligro con la nueva iniciativa de reforma de la Ley Federal de Variedades Vegetales, planteada tras la firma del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), este año, y el Tratado Transpacífico (TPP) en 2018. ¿Cómo inicia el camino hacia el T-MEC y el TPP? En 1990 se empezó a gestar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), acuerdo comercial entre Estados Unidos, Canadá y México, que privilegió las relaciones comerciales con empresas transnacionales, dando inicio a una etapa de abandono al campo mexicano, a comunidades campesinas e indígenas, y despojo de territorios y bienes comunes en nuestro país. El TLCAN entraría en vigor el 1 de enero de 1994. En 2018 -22 años después-, el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impulsó una “modernización” del TLCAN, resultando en un nuevo acuerdo comercial entre los mismos 3 países de América del Norte, al que llamaron USMCA (US Mexico Canada Agreement), o T-MEC en español. El 13 de marzo de 2020 se anunció la aprobación final por los 3 países, con fecha de entrada en vigor para este 1 de julio. El Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés), por otro lado, fue firmado en 2018 por once naciones de la región Asia-Pacífico, y en el que se encuentran Chile, Perú y México, de Latinoamérica; aquí, Estados Unidos no firmaría. Ambos Tratados establecen en sus cláusulas, que México deberá adherirse al UPOV-91. La Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales1 (UPOV) es una organización que busca proteger la propiedad intelectual de los llamados «obtentores». Aunque en un inicio reconocía el derecho de los campesinos al libre intercambio y utilización de sus semillas, en su versión más reciente de 1991 resulta en el despojo y privatización de estas, aplicándole la misma lógica empresarial y mercantilista a todos los productores, ignorando sus particularidades y tratando a las semillas como si fueran un bien de mercado en lugar de la base sobre la cual se construye la vida. México se encuentra actualmente en la versión de 1978, pero con la firma del T-MEC y del TPP, se busca que entre en la versión de 1991, lo cual podría traer resultados desastrosos tanto a nivel social como ambiental. Esta no es una situación hipotética, sino que ha sido vivida en países vecinos, como fue el caso de Colombia quienes tras firmar el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos en 2011 sacaron la Resolución 9.70, la cual al incluir a las semillas campesinas y nativas dentro de las definiciones utilizadas, provocó su criminalización. En un país que, como México, sufre de hambre, toneladas de arroz fueron destruidas y sus productores acusados de piratería y delincuentes, sin que estos hayan sido ni consultados ni informados de los cambios en la normativa2. Estas y otras violaciones a derechos humanos —así como las malas cosechas resultantes de que las semillas importadas no estaban adaptadas a la realidad colombiana— fueron uno de los factores que llevó al paro agrario que paralizó al país en el 20133. Al entrar en la UPOV91 Colombia profundizó las desigualdades, reforzando a los grandes productores y multinacionales en detrimento de su propia población y soberanía alimentaria. Una iniciativa de Reforma a la Ley Federal de Variedades Vegetales presentada en marzo de este año por el diputado Eraclio Rodríguez, y con proximidad para discutirse en la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, de la Cámara de Diputados, pone en mayor riesgo a las semillas nativas, que principalmente han sido afectadas por el TLCAN (ahora T-MEC) y el TPP. Esta iniciativa de Reforma estaría facilitando que México se adhiera a la versión de UPOV-91, con lo que los daños serán aún más graves. Por un lado, las empresas transnacionales tendrían la facilidad de registrar semillas que han sido mejoradas, intercambiadas y protegidas por las mismas comunidades campesinas e indígenas. Por otro lado, el intercambio libre de semillas sería criminalizado, estableciendo “costosas multas, penas de cárcel e incluso la quema de las cosechas, si los campesinos intercambian libremente las semillas, las pencas de nopales y los esquejes de plantas que han heredado”4. El caso de Colombia es un claro ejemplo de la gravedad de adherirse a la versión de UPOV-91, con la que la diversidad de semillas nativas en nuestro país -que además es centro de origen del maíz, el cacao, el nopal, el jitomate, el frijol, entre otras-, el medio ambiente, la salud de mexicanas y mexicanos, estarían en un riesgo inminente5. Otro elemento a considerar es el valor intrínseco de la naturaleza y sus derechos, en este caso las semillas y toda la biodiversidad que depende de ellas. Las semillas tienen que ser defendidas no solo por lo que aportan a los humanos, sino por su papel esencial en la cadena trófica y por el simple hecho de también ser seres vivos. Poder patentar semillas abre la puerta a la apropiación de la vida misma. Esta advertencia toma un sentido mayor en el contexto de la pandemia de SARS-COV2, en el que se hacen evidentes
La emergencia permanente
Editoriales | 📰 Blog «La dignidad en nuestras manos» del Plumaje de Animal Político Web original | 📷 Imagen : Cristopher Rogel Blanquet Por: Angélica Díaz 📅 22 de junio de 2020 Desde hace más de 10 años hacer periodismo en México es una labor de alto riesgo para quienes lo ejercen, llegando incluso a sobrepasar a países que se encuentran en guerra declarada. Asesinatos, agresiones y censura a cientos de periodistas forman parte de una enorme deuda que tiene el Estado con el incumplimiento de sus derechos, ya que no solo se enfrentan a este panorama de violencia, sino también a la impunidad que se ha ejercido ante el asesinato de al menos 160 compañeros desde el 2000 hasta el 16 de mayo en el que el periodista Armenta Ávalos fue asesinado afuera de un comercio en Ciudad Obregón, hecho que ocurre debido a la ineficiencia de condiciones que aseguren garantías y leyes que protejan de una manera integral el ejercicio del periodismo. En el 2012 se publicó la Ley de Protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, en donde se establece la responsabilidad de cooperación entre las entidades federativas para garantizar la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentran en riesgo por el ejercicio de la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos. Dicha Ley, a más de ocho años de su publicación, no ha logrado garantizar lo que prometía, pues no se han generado las condiciones necesarias para que su efectiva protección sea una realidad. Muestra de ello es que, por ejemplo, Javier Valdez y Miroslava Brech, periodistas asesinados en 2017, contaban ya con medidas de protección por parte del Estado. Familiares y activistas enfatizaban en que la exigencia de seguridad tanto para Miroslava como para Javier fue muchas veces retrasada e ignorada por las autoridades, siendo esta falta de atención uno de los factores que finalmente permitieron los crímenes que terminaron con sus vidas. Ante todo este panorama que acompaña el ejercicio del periodismo en México y sumando la situación extraordinaria que enfrentamos en gran parte del mundo ante el virus SARS-COV2, se van agravando las violencias que ya se vivían pero que ahora se recrudecen: desde el despido masivo de personas que trabajan en medios, la falta de cuidado de las empresas de comunicación ante sus trabajadores y la información que emiten, agresiones por parte de la ciudadanía, nulos derechos laborales y una incertidumbre constante sobre qué es lo que pasará a futuro con esta profesión a nivel mundial. Algunos de los medios de comunicación más importante del país se han visto salpicados por sus posturas e investigaciones críticas sobre la forma en la que el gobierno está enfrentando la contingencia sanitaria, algunos de ellos se han visto expuestos también ante el descubrimiento de información falsa e incluso ataques hacia otros periodistas, lo que habla de una crisis de la libertad de expresión e información en un momento de suma importancia para evitar la propagación aún más extensa del virus en el país. Por su cuenta, la prensa mexicana independiente ha aportado coberturas desde lugares alternativos, presentando datos e historias que van surgiendo ya desde años anteriores en donde muchos de estos pequeños medios se habían visto censurados; medios que además constantemente se encuentran en crisis y acentúan el hecho de que ser periodista en México es una dinámica constante de emergencia. Para dar cuenta de algunos desafíos tuve la oportunidad de charlar con cuatro personas que trabajan en diferentes geografías y medios de comunicación para tener un panorama de lo que el gremio de personas periodistas están viviendo en medio de esta emergencia sanitaria, se han cambiado algunos nombres por motivos de seguridad. En primer lugar resalta que la incertidumbre, el miedo y la irresponsabilidad que muchas empresas de comunicación están ejerciendo sobre sus trabajadoras y trabajadores viola derechos humanos básicos para el libre desarrollo de su labor. Hay una aparente preocupación, pero la realidad que reflejan la precarización y violencia que enfrentan todos los días y las pocas medidas de seguridad al tratar de cubrir ciertas noticias son responsabilidades que ya han cobrado vidas. Mariana Hdz, que trabaja como camarógrafa de un canal de televisión en la Ciudad de México expresa: “La verdad sí me da miedo cuando nos mandan a cubrir hospitales, cuando empezó todo esto, muy, muy al principio me mandaron con una reportera al INER, literal nos mandaron hasta el laboratorio en donde entregan las pruebas y ahí no nos dieron protección de nada, ni en el hospital, ni el canal, nos pusimos un cubrebocas y eso gracias a que mi reportera llevaba. Me sentí muy insegura, quizá de COVID no me pude contagiar, pero era la sala de muestras y de cualquier otra cosa te puedes haber contagiado”. Por su cuenta, Christopher Rogel Blanquet, que es fotoperiodista freelance para diversas agencias, reflexiona que posiblemente “el índice de probabilidades de que el COVID nos dé a nosotros es más alto que a otras personas, eso partiendo de que no solamente estamos saliendo como muchos, sino que estamos buscando las historias a partir de lo que ocurre con el COVID, eso nos está afectando; además, en mi caso como freelance ya perdí muchos proyectos. Para otros hay preocupación por la solvencia económica. A muchos de los colegas que están trabajando les han bajado el salario, algunos del 30% al 40% y no así la carga de trabajo”. Mientras tanto, Isael Rosales Sierra, periodista en el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, resalta que “hay una carencia desde antes de la pandemia en el sistema de salud, es nula la presencia, no hay infraestructura, incluso en algunas comunidades no hay medicamentos, tienen que curarse las personas con yerbitas y ahí le van buscando, el sistema de salud en las comunidades muy poco ha funcionado, ha funcionado en algunas por las personas que se organizan, alzan la voz, pero si no, no hay nada. La marginación, la discriminación, el olvido de las comunidades sirve también para
También morimos jóvenes: periferias y las luchas de hace tiempo
Editoriales | 📰 Blog «La dignidad en nuestras manos» del Plumaje de Animal Político Web original | 📷 Imagen :Web Por: Beatriz Rivero y Yoxmara Tapia 📅 03 de junio de 2020 Seguramente cuando José Enrique Rodó escribió Ariel y lo dedicó a “A la juventud de América”, buscaba que sus palabras resonaran en cada persona joven del continente. Hoy, con la misma intención pero desde otra mirada, escribimos este texto. Sabemos que las realidades se inscriben en nuestras acciones, posibilidades, apuestas y horizontes, y que son nuestras historias individuales y colectivas las que hablan desde nuestras corporalidades; (no) salimos porque nos matan, (no) gritamos porque nos callan, y (no) dejamos hacer y dejamos pasar porque “no tenemos alternativa”. Hoy América Latina se enfrenta a la pandemia desde las heridas abiertas que ha dejado la dominación, la explotación, el extractivismo y la violencia patriarcal en la región, pero también desde las lecciones que siglos de resistencia han tejido en la memoria de nuestras organizaciones, pueblos y colectividades. El desafío es tan grande que si bien no imaginamos las magnitudes de los impactos que tendrán estos tiempos en nuestras cotidianidades, sabemos que la vuelta a la normalidad tal y como la conocíamos será justificación genocida. Nombrar que son nuestras y nuestros, los de las precarias condiciones laborales, esos y esas sin seguridad social y económica y aquellas a las que se les obligó a confinarse con el agresor, son sólo algunas de las historias que forman parte del ejercicio de memoria popular durante y después de la crisis, y que permitirán organizar la indignación, el dolor y la rabia para seguir construyendo esas transformaciones tan urgentes que como sociedades necesitamos. Como juventudes de las periferias, vivimos la cuota sacrificial desde las exigencias de productividad instauradas desde antes del COVID-19, que configuran los mandatos para “ser autosuficientes, tener un título, estabilidad emocional y energía casi interminable por la vida”, sin embargo, esto no es posible en contextos de extrema violencia y desigualdad para el acceso a derechos como la educación, la salud, al trabajo digno, a la vivienda, a la participación ciudadana, a la seguridad, a la integridad personal, a la no discriminación, entre otros. Nuestras realidades diferenciadas, empobrecidas y precarizadas que hoy actualizan el mandato generacional que niega a las juventudes la posibilidad de padecer cansancio, dolor, enfermedad (o contagio) como afecciones de la improductividad, que invisibilizan las marcas de desigualdad racial, de clase, de género y orientación sexual que atraviesan nuestras corporalidades y nuestras condiciones desiguales de salud y de vida, las cuales aumentan factores de vulnerabilidad. Mientras alguien con las condiciones materiales suficientes puede decidir alimentarse más sano en esta cuarentena, jóvenes trabajadores de las periferias de la Ciudad de México y el Estado de México continúan con sus actividades laborales diariamente dirigiéndose hacia las empresas y zonas industriales, así como a las posibilidades que ofrecen las calles, en donde la informalidad del trabajo y la garantía de nada muestran con crudeza que la ganancia se sostiene sobre la vida, sacrificando ciertas identidades como expresión de la exclusión radical de ciertos sectores poblacionales. Basta mirar un día de cuarentena en algún municipio mexiquense que conforma la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) para dar cuenta que las circunstancias hoy añadidas con la pandemia muestran la profundización de los mecanismos para la gestión necropolítica de la crisis, en donde los derechos a la información sobre los temas de la pandemia son, como lo ha advertido la organización Artículo 19, parte fundamental de las acciones obligatorias de los Estados para mitigar las afectaciones. También es ejemplo claro del carácter de interdependencia de los derechos humanos, sobretodo en tiempos de crisis manifiesta. Recientemente el periodista Arturo Contreras retrataba mediante testimonios de habitantes de San Francisco Tepojaco, en Cuautitlán Izcalli, las diversas formas de habitar el coronavirus en las periferias: “La gente no sabe nada (…) la vida en las calles (…) se sigue como si nada. Tampoco se sabe mucho de la cuarentena por el coronavirus.”, refería al inicio de un reportaje que daba cuenta de la vulnerabilidad de once mil viviendas de esta colonia, habitadas por miles de obreros con enfermedades respiratorias ocasionadas por vivir cerca de los canales de aguas negras y basureros. Por generaciones, diversas organizaciones que han apostado a la defensa de los bienes comunes y del territorio que se encuentran en la Ciudad de México y su Zona Metropolitana han cuestionado el aceleramiento de los procesos de urbanización en la zona, la privatización de bienes comunes como el agua y el suelo, la construcción de basureros a cielo abierto, así como la construcción de megaproyectos inmobiliarios y aeroportuarios (el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía). Desde esta luz, como refieren los diálogos entre movimientos y organizaciones sociales de todo el mundo, la normalidad ha sido la crisis y a ésta pertenecen hoy las realidades de diversas colonias, barrios y comunidades que se enfrentan a la carencia de agua para lavarse las manos, la imposibilidad de llevar a cabo las medidas de distanciamiento social en medio del hacinamiento y el quedarse en casa como opciones reales de sobrevivencia. Como juventudes de las periferias, somos una ventana generacional a los procesos de lucha. Aunque nuestra voz suele ser silenciada o criminalizada, en tiempos de pandemia no dejamos espacio para el olvido, no frenamos nuestra colectividad, ni dejamos que el distanciamiento determine nuestras relaciones afectivas. Es tiempo de repensar nuestros entornos familiares, pero también de fortalecer nuestro compromiso afectivo con nuestros territorios. *Beatriz Rivero y Yoxmara Tapia son colaboradoras del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P. A.C. (@CDHVitoria).
Justicia transicional: deuda pendiente en México
Editoriales | 📰 Blog «La dignidad en nuestras manos» del Plumaje de Animal Político Web original | 📷 Imagen : Angélica Díaz Por: CDH Vitoria 📅 22 de mayo de 2020 Los países que transitan de regímenes autoritarios con un significativo uso de sus fuerzas armadas contra la población hacia gobiernos que apuntan a ser democráticos, han implementado mecanismos ordinarios y extraordinarios que buscan investigar la verdad sobre las violaciones graves a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad cometidos en el pasado. Se han creado instituciones y leyes con el fin de sancionar a los responsables. Se ha aspirado a que víctimas y sobrevivientes, así como familias y comunidades afectadas accedan a medidas que reparen los daños a la par que los Estados garanticen que hechos similares no se repitan. Las leyes, instituciones, comisiones integradas por víctimas y sociedad civil creadas para tales fines han sido llamados, al cabo de los años, procesos de Justicia Transicional con cuatro ejes fundamentales: verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. En el caso de México, durante el año 2000 con el término de setenta años aproximadamente de gobiernos del mismo partido político, el gobierno alternante instaló un mecanismo extraordinario del que se esperaba atendiera algunas de las exigencias históricas y sentidas para la población. En el 2002 se creó la Fiscalía especial para movimientos sociales y políticos del pasado (FEMOSPP), para conocer la verdad sobre la perpetración de crímenes cometidos contra grupos, comunidades y movimientos sociales durante la segunda mitad del siglo XX en varias regiones del país, así como identificar y sancionar a los responsables en los distintos niveles. También durante ese sexenio se creó la Comisión de la verdad del estado de Guerrero (Comverdad); posteriormente en el año de 2015, como mecanismo de justicia alternativa, se creó la Comisión de la Verdad de Oaxaca. Es cierto que estas experiencias informaron que hubo una política de Estado que atentó sistemáticamente contra la integridad y la vida de participantes y líderes de distintos movimientos sociales en distintas épocas, aunque también es cierto que no se ha esclarecido la responsabilidad de los altos funcionarios del gobierno ni de las fuerzas de seguridad, al igual que la reparación integral para el total de las víctimas ha sido mínima. Además que en los sexenios siguientes las violaciones graves a los derechos humanos y el clima de violencia generalizada no ha cesado. A este último respecto, el gobierno federal electo en 2018 abrió una nueva expectativa para acceder a una política de justicia transicional como uno de sus principales ejes de gobierno, construida desde la participación efectiva de las decenas de miles de víctimas en el país. Asimismo, los primeros meses de la actual administración fueron de apertura para las colectivas de víctimas, organizaciones de la sociedad civil y academia que durante décadas han acompañado a las víctimas y sus colectivas, así como desarrollado un trabajo de documentación y discusión constante sobre las violencias extremas ejercidas diferenciadamente contra los distintos grupos de la sociedad (mujeres, comunidades indígenas, campesinos, estudiantes, entre otros), importante para la comprensión y transformación de las condiciones estructurales. Sin embargo, poco después del primer año de este sexenio en varias ocasiones el diálogo se ha tornado insuficiente, mientras que la creación de mecanismos extraordinarios que permitan conocer la verdad, acceder a la justicia y reparación integral, y garantías de no repetición ha sido para pocos casos. Las cifras más recientes conocidas sobre violencia y violaciones graves a los derechos humanos muestran que durante el actual sexenio prevalece la violencia feminicida, la desaparición de personas, la persecución y ejecuciones extrajudiciales contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas, así como distintos actos represivos por parte de algunos agentes del estado en contra de estudiantes normalistas y movimientos sociales. Con el empuje incesante de las víctimas, en este sexenio se han construido, por y desde sus necesidades, instancias como la Comisión Presidencial para la Verdad y el Acceso a la Justicia para el caso Ayotzinapa y la aprobación del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF). Sin embargo, instituciones creadas en sexenios anteriores que buscan favorecer el ejercicio pleno de los derechos humanos de las víctimas, como la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM), la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) o el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, junto con otros mecanismos creados en los últimos veinte años, son insuficientes para afirmar la existencia de una justicia transicional efectiva en México. Asimismo, la capacidad de las instancias de administración y procuración de justicia no ha permitido investigaciones en que se pueda conocer quiénes han sido los altos mandos responsables en los distintos casos de violaciones a graves a los derechos humanos, así como las circunstancias sociales y políticas que los sucitaron, en consecuencia tampoco se han llevado a cabo procesos donde se sancione a los perpetradores en todos los niveles de responsabilidad, persistiendo un clima de impunidad. Es el mismo caso para la implementación de medidas satisfactorias para resarcir los daños sufridos por las personas y las comunidades. Para que sea palpable la transición de gobierno a un régimen democrático y justo en México es indispensable el diseño de políticas públicas comprometidas en asegurar la construcción de procesos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, en un diálogo y participación constantes con víctimas, organizaciones de la sociedad civil y academia. Hasta entonces, la insuficiente respuesta del Estado mexicano se acumulará en la deplorable deuda histórica.
Esto lo cambia todo: la crisis que ya vivíamos
Editoriales | 📰 Blog «La dignidad en nuestras manos» del Plumaje de Animal Político Web original | 📷 Imagen : Eneas de Troya Por: Jorge Luis Aguilar y Donovan Ortega (@ donoortega)* 📅 10 de abril de 2020 Aceptémoslo, la incertidumbre que permea a buena parte de la humanidad lo cambiará todo. Es difícil imaginar lo que representarán en términos sociales, económicos y políticos las medidas urgentes que se han tomado en diversos países para atender el riesgo del virus, su peligro es el más alto desde los eventos de influenza ocurridos en 1918 y 2009, según el modelo del Imperial College de Londres. Nos han dicho que para detener la pandemia debemos cambiar la forma en que hacemos todo. La radicalidad de las medidas de confinamiento podrían alargarse indefinidamente de acuerdo al mismo colegio experto; una alternativa propuesta es el planteamiento de una cuarentena extendida que se flexibiliza cuando el ritmo de los ingresos a cuidados intensivos de los hospitales se relaja, pero que eventualmente reactiva las medidas de aislamiento social con la llegada de hipotéticos picos en el futuro de ingresos a urgencias. De esta forma, la aparente mejor estrategia supondría que nos confinemos durante dos de cada tres meses consecutivamente, eso al menos hasta que existan avances en el tratamiento a los síntomas o se termine y distribuya satisfactoriamente una vacuna. Por otro lado, aún en el escenario de que todo “volverá a la normalidad” después de algunas semanas o meses, la pandemia supone ya un cambio importante a las normas sociales y algunas reorientaciones que se asoman a largo plazo. Se profundizará, por ejemplo, la alternativa del trabajo y estudio a distancia como una dinámica con mayor presencia, pero que supone una opción al alcance exclusivo de quienes tienen de una u otra forma acceso a internet y la tecnología necesaria para dicha tarea, así como garantías sociales, educativas o laborales que les permiten “adaptarse” a la situación, aspecto que en el contexto actual sólo podría profundizar la desigualdad de oportunidades y el ejercicio de derechos. Y sólo en ese punto ya existe un indicador del momento en el cual llega la llamada crisis sanitaria a algunos países, contrastando con mayor nitidez la inequidad estructural en todos los ámbitos en los que vivimos, pero también para reimaginar las formas de hacerles frente. Si las protestas masivas y calles abarrotadas de reclamos contra el cambio climático, la violencia feminicida y la concentración de la riqueza ocuparon las primeras planas en todos los continentes, a partir de este momento los movimientos sociales tendrán oportunidad de explorar con mayor creatividad su alcance a través de medios tecnológicos y la organización con las y los más próximos, reflexionar sobre los horizontes políticos y el hacer voz en común aún con la distancia física y las plazas restringidas. Al mismo tiempo se pone en el centro de la discusión la obligación del Estado de garantizar los derechos humanos. El sentido de su encargo se hace más presente cuando es tan palpable que para vivir dignamente falta que todas y todos puedan tener un techo donde resguardarse, acceder a servicios médicos de calidad, agua y energía, alimentos con los cuales subsistir y los medios necesarios que permitan de alguna forma atenerse al resguardo, son en primer lugar condiciones fundamentales e irrenunciables. Son realidades que no pueden esperar y el evento actual permite visibilizar con mayor crudeza las desigualdades estructurales y la precarización de las sociedades profundizada en las últimas décadas por el avance del libre mercado. No sólo es atender la indicación del confinamiento, medida planteada unilateralmente desde la lógica clínica para disminuir la anunciada crisis, sino además generar las condiciones necesarias y adecuadas para reducir las brechas sociales que se han exacerbado con el impacto de la medida, afectando diferenciadamente a los grupos históricamente marginados. Han destacado desde muchas organizaciones de la sociedad civil, instituciones y movimientos comunitarios muchas propuestas para reducir los riesgos de las personas migrantes, resguardar a las personas que viven en poblaciones de calle, monitorear los riesgos de quienes están privadas de su libertad, dar alternativas a las mujeres cuyo riesgo a la violencia aumenta al estar enclaustradas con su agresor y asegurar un dialogo atento, cercano y digno con las personas adultas mayores, más vulnerables a padecer de las consecuencias físicas de la enfermedad, pero también de estar en situación de pobreza y olvido institucional, situación que hace crecer exponencialmente el riesgo. Las situaciones excepcionales, de crisis, han ofrecido el combustible para que los diversos mecanismos del poder –políticos, simbólicos, económicos, (…)- se afiancen y radicalicen en las sociedades. Del shock y la conmoción surgen miedos más o menos profundos que paralizan y aturden a las comunidades, generando escenarios sociales ideales para el avance de políticas draconianas y de libre mercado que difícilmente pasarían sin protesta y desencuentro con la población en circunstancias democráticas. De esa forma mientras la guerra representa probablemente el evento más traumático para una sociedad, la naturaleza en forma de volcanes, terremotos, tsunamis, hambrunas y epidemias también puede despejar el camino para que los grupos que acaparan el poder y los recursos destraben medidas impopulares para las mayorías y, además, que esto se haga en nombre de la seguridad o en búsqueda de salir de la sensación de emergencia (sea dicha emergencia real o percibida). No hace falta buscar demasiado para distinguir la tendencia de algunos gobiernos, proclives de por sí a ser autoritarios, para aprovechar de manera oportunista el pánico colectivo y desplegar respuestas que suenan desproporcionadas y que podrían sumar al miedo amplificado por el despliegue mediático. Para nombrar algunos ejemplos está Chile que ha decretado una prohibición explícita de movilizaciones y asambleas; en la misma región, Perú creó un registro de las personas detenidas por infringir el toque de queda y también ha publicado una ley que “faculta a las Fuerzas Armadas a hacer uso de la fuerza para garantizar el cumplimiento del Estado de Emergencia para frenar al COVID”. De esta forma, mientras avanza el contagio del virus le siguen también relatos y códigos
México, el maíz y su diversidad
Editoriales | 📰 Blog «La dignidad en nuestras manos» del Plumaje de Animal Político Web original | 📷 Imagen : Victor Manuel Chima Por: Víctor Manuel Chima y Logan Miller* 02 de abril de 2020 El maíz es base de la alimentación en México. Es fuente principal de potasio, ácido fólico, vitamina A, y cuando es maíz nixtamalizado es una fuente importante de calcio. La planta del maíz forma parte de la milpa, sistema agrícola tradicional utilizado por comunidades indígenas durante generaciones y que persiste al día de hoy, en el que coexiste con el chile, la calabaza, el frijol y los quelites. Es prácticamente imposible imaginar nuestro país sin el maíz, pero en las últimas décadas la soberanía alimentaria se ha visto amenazada, y con ella, la existencia y preservación de las distintas variedades de maíz nativo. Desafortunadamente, hoy en día nos confronta la posibilidad de perder su gran diversidad, junto con las culturas en las que se encuentra presente. ¿Por qué las campesinas y campesinos son importantes en la protección del maíz nativo? En los últimos años, campesinas y campesinos que conservan las semillas del maíz nativo han sufrido las implicaciones de las políticas neoliberales, el cambio climático y la violencia ocasionada por el crimen organizado. Tratados internacionales como el TLCAN abrieron la puerta a maíces híbridos, transgénicos y baratos, importados de Estados Unidos y otros países, afectando considerablemente la producción, distribución y consumo de los maíces nativos, y la soberanía alimentaria en general. El Estado Mexicano, además, redujo los programas de apoyo para el campo, empeorando aún más la situación de las comunidades campesinas, y resultando en el despojo de las tierras y los territorios por parte de proyectos extranjeros. Aún más, el cambio climático sigue afectando a comunidades campesinas e indígenas, dada la inestabilidad del clima, y las sequías cada vez más frecuentes en las últimas décadas. Las condiciones en las que el campo mexicano se encuentra dificultan la producción del maíz nativo, semilla de la que muchas comunidades dependen para subsistir, y que es un elemento esencial en la cultura y la alimentación en el país. Sin las comunidades campesinas cultivando el maíz, perderemos las raíces y tradiciones ancestrales que nos hacen quienes somos. ¿Una ley que protege al maíz nativo y la vida campesina? Por suerte, hay esperanzas para el maíz nativo. La iniciativa de Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo (de ahora en adelante, la llamaremos Ley Maíz) es una propuesta de ley que busca que el Estado mexicano garantice la protección de las distintas razas de maíz nativo que se producen, y que a partir de acciones y políticas públicas se fomenta su producción, distribución y consumo informado. Además, que se reconozca al maíz nativo como un patrimonio alimentario y cultural, directamente vinculado con los derechos humanos culturales y a la alimentación, reconocidos en el artículo 4to. de la Constitución. Fue aprobada en lo general y lo particular el pasado 24 de septiembre de 2019 en el Senado de la República, y el 18 de marzo pasado en la Cámara de Diputados, con modificaciones que se aprobaron recientemente, el 24 de marzo pasado, nuevamente en el Senado. Ha sido turnada al Ejecutivo Federal y sólo hace falta que sea publicada en el Diario Oficial de la Federación, para su entrada en vigor. La aprobación de La Ley Maíz fue muy esperada y muy bien recibida, ya que representa un cambio histórico y trascendental en el futuro del campo mexicano, puesto que impulsará la producción del maíz nativo, que además tiene un valor nutricional mayor que los maíces híbridos que se consumen actualmente en el país, y así garantizar a mexicanas y mexicanos el derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. La creación de bancos comunitarios de semillas que preservarán y distribuirán las variedades de maíz es una medida contemplada en esta Ley, de la mano de la conformación del Consejo Nacional del Maíz, organismo que buscará la participación activa de las instituciones gubernamentales, académicas y académicos, investigadoras e investigadores, sociedad civil, campesinas y campesinos de comunidades indígenas, en el desarrollo de programas de apoyo al campo mexicano y en relación con el maíz. Que el maíz vuelva a estar en las manos de campesinas y campesinos, que se promuevan los sistemas de producción tradicionales, como el sistema de la milpa, que se reactive la economía campesina y que sean las comunidades quienes obtengan los mayores beneficios. ¿Cuál es el horizonte para el maíz nativo y para el campo mexicano? Mientras que la aprobación de la Ley Maíz es un gran paso en la dirección correcta, aún nos falta desarrollar una amplia política pública de agricultura sostenible, enfocada en garantizar los derechos humanos, la conservación del medio ambiente, y la protección de las variedades vegetales de nuestro país. Aún hay amenazas fuertes al campo mexicano, y no podemos cerrar los ojos y fingir que no existen. La próxima entrada en vigor del T-MEC, el cambio climático y la dominación de los mercados por la industria extranjera ponen en riesgo la soberanía alimentaria y por eso es urgente dar seguimiento y continuidad a la Ley Maíz, desarrollar una política pública que respete la diversidad y, con esto, afrontar la multitud de peligros que tiene el maíz nativo y el campo mexicano. Desde la sociedad civil, las comunidades campesinas, y como consumidoras y consumidores, continuaremos luchando por los bienes comunes de mexicanas y mexicanos, por la preservación de nuestras culturas, por la exigencia del respeto a los derechos humanos y la protección del maíz nativo, porque #SinMaízNoHayPaís. *Víctor Manuel Chima es colaborador del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P. A.C, (@CDHVitoria). Logan Miller es estudiante de School of Sustainability de la Arizona State University.
La justicia social que defendemos
Editorial | La dignidad en nuestras manos en Animal Político 📰 24 de marzo de 2020 Por: Beatríz Rivero* Para el Centro Vitoria, Justicia Social ha sido un sin número de preguntas que han alumbrado un camino comprometido con “las y los condenados del mundo” desde hace treinta y cinco años. La Justicia Social que defendemos ha sido una actividad mística y ética de acompañamiento político y social a las causas de los pueblos, para dignificar la vida a través de los derechos humanos como herramienta de liberación y búsqueda de democracia. Ha sido un esfuerzo consciente de construir puentes con las luchas de otras personas y es hoy también el aprendizaje que conlleva la politización de lo personal para continuar caminando colectivamente por la verdad, la memoria, la erradicación de toda forma de discriminación a las diferencias, por la libertad, la justicia territorial, por la vida toda. A lo largo de estos treinta y cinco años el Centro Vitoria ha sido escenario de cambios y sinergias en clave intergeneracional de los propios movimientos y las y los sujetos políticos que enfrentan la violencia estructural y sistémica del Estado mexicano. Hacia adentro, también ha sido un espacio de aprendizaje y compartición de experiencias de participación política de diversas juventudes comprometidas con la labor de defensa de los derechos humanos, al mismo tiempo que ha sido parte activa del surgimiento y consolidación del movimiento de derechos humanos en el país. Esta experiencia de “diálogo con la diferencia” ha sido más que enunciativa, significativa como herramienta de comunicación práctica del quehacer cotidiano de defensa y promoción de los derechos humanos, y en este sentido, uno de los pilares en la búsqueda y construcción colectiva de la Justicia Social, esa que por ser diversa, más no relativa, requiere para su exigibilidad jurídica y social la participación activa de amplios sectores de la sociedad: las víctimas de las violaciones a los derechos humanos, los pueblos y comunidades indígenas, movimientos campesinos, obreros, artistas, mujeres, movimientos LGBT+, periodistas, la academia comprometida y crítica, la sociedad civil organizada, los organismos internacionales no gubernamentales, entre otros igual de importantes. Es así que la justicia social que defendemos ha sido, obligadamente, contraparte de las violaciones a derechos humanos de las últimas décadas. Es heredera y baluarte de las luchas contra la represión y la impunidad de México y Centroamérica en las décadas de la Guerra Sucia y las dictaduras latinoamericanas; de la defensa contra casos de tortura, detención arbitraria, desapariciones forzadas y violaciones a los elementos del debido proceso; es respuesta organizada frente a las violaciones a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA), principalmente los relacionados por la tierra y el territorio, el agua, la vivienda y el medio ambiente; es bandera contra toda forma de discriminación, es milpa por el derecho a la alimentación y la defensa al maíz como pilar de la soberanía alimentaria y defensa territorial; es verdad, reparación del daño y garantías de no repetición para expresiones de violencia extrema contra las mujeres; es también el derecho a defender derechos desde un claro posicionamiento donde las juventudes acompañan y sostienen junto con otros y otras, procesos de lucha social diversos e igualmente necesarios. Frente a un contexto de grave crisis de violaciones a los derechos humanos en el país, como expresión de la crisis civilizatoria a nivel global, quienes hoy conformamos el Centro Vitoria nos reconocemos como parte de este continuado proceso de hacer de la Justicia Social, conquista y camino de los pueblos, el cual se nutre lo mismo de los aprendizajes adquiridos como de la experiencia colectiva, de los desafíos que siempre plantea la autocrítica individual y colectiva del presente construyéndose continuamente. Hoy, ante la deshumanización de las, los, lxs otrxs, la justicia que defendemos sustenta su potencial radicalidad en el diálogo, en el ánimo de abrazar lo que tenemos en común y de asumir como fortaleza lo que no es así, de modo que el ejercicio de nombrar y asumir las contradicciones de nuestras historias no sean motivo de desplome, pero tampoco de permanente cinismo. La justicia social que hoy defendemos está convencida, más que nunca, que debe ser puente de construcción de un mundo en el que, como dijeran en el Sur, quepan todos los mundos posibles, y por tanto, incisiva en seguir construyendo una narrativa de lucha social abiertamente intergeneracional e interseccional. *Beatriz Rivero es colaboradora del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P. A.C. (@CDHVitoria). Consultar artículo en Animal Político. Imagen destacada: Angélica Díaz
Una reflexión sobre las luchas de las mujeres
13 de marzo de 2020 Por: Viridiana Martínez, Leslie Joryet y Angélica Díaz* La fecha del 8 de marzo nos muestra la continuidad de reflexiones, encuentros, diálogos y exigencias históricas que desde diversos horizontes de luchas nos recuerdan a nuestras ancestras que buscaban mejoras en las condiciones sociales para las mujeres y que aún continúan sin ser una realidad plena, por ello la organización, la digna rabia y la palabra hacen ecos para seguir cuestionando políticamente y exigiendo el no retroceso de los derechos de las mujeres y la plena garantía de los mismos. Estos tiempos se encuentran atravesados por violencias y discriminación extremas, incrementando la brecha de desigualdad, y creciendo exponencialmente la violencia feminicida contra niñas y mujeres; negando las posibilidades de proyectos de vida, sueños y esperanzas a cientos de nosotras que enfrentamos día con día entornos hostiles por sus estructuras patriarcales y machistas. Ante esta grave situación, diversas mujeres desde diferentes trincheras y espacios hemos emprendido un camino organizativo de exigencias que ha florecido debido a los acompañamientos, escucha, compartición de experiencias, construcción de herramientas y reflexiones colectivas que permitan abrazarnos y debatir sobre lo que nos atraviesa y preocupa cotidianamente. Sin embargo estas revoluciones no han sido del todo posibles por la criminalización, estigmatización y narrativas que se han instalado en el imaginario social, descalificando las luchas políticas de la diversidad de mujeres que exigimos respeto a la memoria y dignidad de todas nuestras compañeras víctimas y sobrevivientes que han encarnado cotidianamente violencias extremas. La lucha de las mujeres no solo se ha gestado en las calles, es una constante batalla en todos los ámbitos de la sociedad, desde el 2018, los movimientos de mujeres a nivel mundial han tenido un fortalecimiento notable, visibilizando expresiones y cuestionando las formas en las que se aborda social y culturalmente la violencias hacia las niñas y mujeres en el mundo. En el caso de nuestro país se ha instalado un debate político ficticio que no supera el eterno cuestionamiento hacia las víctimas, contrario al propio sistema de atención y procuración de justicia y políticas públicas carentes de perspectiva de género y derechos humanos. Las acciones de estos días exigen pensar en todas las expresiones de violencia que además del feminicidio, abarcan el ámbito privado, y todas aquellas prácticas cotidianas que violentan sistemáticamente, incluso aquellos lugares que intentan generar ejercicios de reflexión tendremos que repensar la cotidianeidad. Ante ello, estamos en un momento coyuntural en el que exigimos que todas las mujeres que habiten o transiten por el país lo hagamos en condiciones de dignidad como un derecho de todas a vivir una vida libre de violencia, así como el respeto a la memoria, acceso a la verdad y justicia y medidas de no repetición que busquen acciones transformadoras en todos los espacios y niveles de responsabilidad. Las revoluciones como movimientos vivos, tienen la posibilidad de apelar a habitar los espacios más cotidianos tomando la ternura, palabra, mirada y autocrítica como horizontes que posibiliten nuevas condiciones para construir desde las cenizas. Abrazamos a todas las mujeres de todas las geografías, de todos los calendarios, de todas las expresiones y orientaciones sexoafectivas, deseando que nuestras diferencias sean fortalezas para continuar resistiendo y re-existiendo. *Viridiana Martínez Ortíz, Leslie Joryet y Angélica Díaz son colaboradoras del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria o.P. A.C. @CDHVitoria. Consultar artículo en Animal Político. Imagen destacada: Angélica Díaz
