Guía bioética
Editoriales | 📰 Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada Web original | 📷 Imagen : La Jornada Por: Miguel Concha Sábado 📅 09 de mayo de 2020 El propósito de este artículo es contribuir a la búsqueda de soluciones a la emergencia sanitaria desencadenada por la pandemia de Covid-19, y a cómo atenderla y contenerla luego de que fuera decretado el inicio de la fase 3 por el nuevo coronavirus en nuestro país. Por tal motivo abordaré en esta ocasión el tema de la Guía bioética para asignación de recursos limitados de medicina crítica en situación de emergencia (en adelante Guía), aprobada por el Consejo de Salubridad General el pasado 30 de abril ( https://bit.ly/2yxekeH). Según opinión de la doctora María de Jesús Medina Arellano, una de las dos personas expertas que coordinó su elaboración, éste es el primer documen-to en la historia de la medicina, al menos en nuestro país, que ha sido tan democratizado y transparentado. Prueba de ello son las largas discusiones generadas desde la publicación del controvertido borrador, las cuales se han ido situando principalmente en dos grandes posturas: en contra y a favor, o al menos con apertura a ella. Por tal razón, resulta crucial exponer algunos puntos, no sin antes realizar una consideración previa sobre los derechos humanos. Una característica poco mencionada de los derechos humanos es que son esencialmente controvertidos, como lo ha indicado el doctor Ricardo Ortega Soriano. Lo cual significa, entre muchas otras cosas, que su interpretación es problemática, especialmente cuando chocan dos o más derechos entre sí, y por ende uno o unos tienen que restringirse o limitarse con respecto a otros. Lo que precede se complejiza aún más en situaciones como la actual emergencia sanitaria que se vive en la nación, porque tienen que tomarse decisiones en contextos de crisis y recursos escasos e indivisibles. Esto genera desacuerdos, debates y dilemas, sobre todo en materia de bioética y de derechos humanos, los cuales han de ser resueltos con criterios lo más razonablemente posible, bajo la perspectiva de los derechos humanos, para eliminar discrecionalidades y arbitrariedades que puedan derivar en violaciones a derechos humanos, especialmente contra grupos de atención prioritaria o que histórica o coyunturalmente se encuentran en situación de vulnerabilidad. De esta forma la Guía intenta, según su descripción, ser un instrumento con criterios razonablemente objetivos, sustentados en los derechos humanos y la bioética. A la letra, dice en su propósito: Ser una guía bioética que proporcione criterios para orientar la toma de decisiones de triaje cuando una emergencia de salud pública genera una demanda en los recursos de medicina crítica que no es posible satisfacer. Con esto, según la doctora Medina Arellano, uno de los efectos de la Guía es que desactiva el histórico privilegio médico para decidir arbitraria y discrecionalmente quién muere y quién vive, mediante la transparencia de las determinaciones a partir de un criterio dirigido al personal hospitalario que, actual o potencialmente, sea parte en los esfuerzos para combatir la pandemia de Covid-19, el cual entrará en operación si y sólo si la capacidad existente de cuidados críticos en un determinado hospital está sobrepasada, o está cerca de serlo, y no es posible referir pacientes que necesitan de cuidados críticos a otros hospitales donde puedan ser atendidos de manera adecuada. Algunos aspectos de la Guía son los siguientes: justifica cierta manera específica de asignar los recursos escasos de medicina crítica, y describe el procedimiento a utilizarse para dicha asignación (triaje); elimina los principios orden de llegada y necesidad médica; reconoce, a través del principio de justicia social, que todas las personas tienen el mismo valor y los mismos derechos, así como la dignidad humana, la solidaridad y la equidad en tanto principios orientadores; tratar al mayor número de pacientes y salvar la mayor cantidad de vidas según la posibilidad demostrable de beneficiarse de los recursos médicos. Asimismo, considera la situación de grupos de atención prioritaria, para no ser discriminados ni estereotipados; el respeto a la autonomía de las personas pacientes, y el deber ético de no abandonarlas. Por otro lado, especifica las características de los equipos de triaje, los procedimientos, las funciones y los pasos que éstos seguirán al momento de asignar los recursos escasos de medicina crítica, así como el sistema de apelación a la decisión de triaje. Saludamos el hecho de que la Guía haya eliminado criterios como el de vidas-por-completarse, y atendido e incorporado observaciones de instituciones como el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, lo cual le otorga un mayor grado de confiabilidad. Sin embargo, llamamos a asumir una posición crítica con respecto a los aspectos negativos de los sistemas de salud, que están evidenciando los impactos del Covid-19, así como a generar los mecanismos óptimos de aplicación y evaluación en los casos extremos de la Guía.
Ante la pandemia, desde abajo
Editoriales | 📰 Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada Web original | 📷 Imagen : Web Por: Miguel Concha Sábado 📅 02 de mayo de 2020 Diversos posicionamientos de personas, organizaciones e instituciones defensoras de derechos humanos concuerdan, de una u otra manera, con respecto al Covid-19, en un aspecto común: cualquier medida que tome el Estado mexicano para atender y contener la pandemia debe tener como centro el pleno respeto y garantía de los derechos humanos de todas las personas, especialmente los de los grupos de atención prioritaria o que histórica o coyunturalmente se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad. Ejemplo de esto es la Resolución 1/2020, titulada Pandemia y Derechos Humanos en las Américas (https://bit.ly/3csq9RE), adoptada el pasado 10 de abril por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, Comisión). En términos generales, esta resolución hace un llamado a los 35 estados miembros de la Organización de Estados Americanos, uno de ellos México, para que adopten la perspectiva de derechos humanos de manera inmediata e interseccionalmente en toda estrategia, política o medida dirigida a enfrentar la pandemia. Asimismo, la resolución señala que toda medida que restrinja, suspenda o limite derechos necesita ser adecuadamente justificada. Por ejemplo, con la mejor evidencia científica y ajustándose a los principios pro persona, de proporcionalidad y temporalidad, los cuales han de procurar el estricto cumplimiento de los objetivos de salud pública y protección integral. Así, la resolución también expone que los estados deben abstenerse de suspender ciertos derechos, entre ellos el reconocimiento a la personalidad jurídica de las personas, a la vida, a la integridad personal y los derechos políticos. Aunado a esto, la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, compuesta por 33 organismos del Estado nacional, dedicados a la defensa y promoción de los derechos humanos, emitió un pronunciamiento (https://bit.ly/3eBrqrw) en el que declaró, entre otras cosas, que la emergencia sanitaria no debe convertirse en una crisis de derechos humanos, sino que debe considerarse como una oportunidad para hacer efectivos los deberes de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. De esta manera, y según la doctora Fabiola Martínez Ramírez, la emergencia sanitaria desencadenada por el Covid-19 no justifica de ninguna manera que el Estado mexicano pase por encima de los derechos humanos, sino que todas las autoridades, en sus diferentes ámbitos y niveles de competencia, están obligadas a respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos, así como a cumplir con sus deberes específicos. Es decir, a prevenir, investigar, sancionar y reparar sus violaciones. Sin embargo, medidas como la publicación de la controvertida Guía Bioética de Asignación de Recursos de Medicina Crítica (en adelante, Guía), actualmente en revisión, que después fue manejada por las autoridades como un proyecto no aprobado, representaba un claro desconocimiento e inaplicación de las obligaciones generales y deberes específicos del Estado o, por lo menos, de quienes integran el Consejo de Salubridad General. Así, parecía que la Guía se tomaba la atribución para decidir arbitrariamente quién viviría y quién moriría en situaciones de asignación de recursos escasos, a través de meros criterios utilitaristas, hoy aparentemente eliminados, como el llamado vidas-por-completarse, o el Triaje, el cual es, parafraseando a Mauro González Luna ( Proceso, Num. 2268, p. 12), una suerte de volado, donde el azar toma la decisión. Medidas como la Guía son la puerta de entrada a numerosas violaciones a derechos humanos por acción, omisión o aquiescencia. Una de éstas es la discriminación o los tratos diferenciados e injustificados contra grupos de atención prioritaria o en situación de vulnerabilidad; entre ellos las personas adultas mayores, contraviniendo con ello instrumentos jurídicos vinculantes, como la Constitución (artículo 1), la Ley Federal Para Prevenir y Erradicar la Discriminación (artículos 1-4) y la Resolución 1/2020 de la Comisión Interamericana (resolutivos 3, 36, 40, 43, 58, 67, 69, 71 y 76). Por estos y otros motivos, saludamos los genuinos esfuerzos de las autoridades, pero a la vez las llamamos a reali-zar dos tareas esenciales en estos tiempos de crisis: cumplir con sus obligaciones generales y deberes específicos, para que durante y después de esta pan-demia, todas las personas gocen plenamente de los derechos humanos reconocidos en la Constitución de nuestro país y en los tratados internacionales ratificados en México, mediante procedimientos de protección adecuados que permitan su materialización. Y en segundo lugar, adoptar criterios razonablemente objetivos, bajo la perspectiva de derechos humanos que permitan priorizar, sin discriminar, como los test de proporcionalidad (https://bit.ly/2RWgxXD) y de máximo uso de recursos disponibles (https://bit.ly/2KpbbA0), así como modelos bioéticos congruentes para deliberar problemas y dilemas éticos.
Obligaciones y deberes del Estado
Editoriales | 📰 Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada Web original | 📷 Imagen : Web | AFP Por: Miguel Concha Sábado 📅 25 de abril de 2020 Diversos posicionamientos de personas, organizaciones e instituciones defensoras de derechos humanos concuerdan, de una u otra manera, con respecto al Covid-19, en un aspecto común: cualquier medida que tome el Estado mexicano para atender y contener la pandemia debe tener como centro el pleno respeto y garantía de los derechos humanos de todas las personas, especialmente los de los grupos de atención prioritaria o que histórica o coyunturalmente se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad. Ejemplo de esto es la Resolución 1/2020, titulada Pandemia y Derechos Humanos en las Américas (https://bit.ly/3csq9RE), adoptada el pasado 10 de abril por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, Comisión). En términos generales, esta resolución hace un llamado a los 35 estados miembros de la Organización de Estados Americanos, uno de ellos México, para que adopten la perspectiva de derechos humanos de manera inmediata e interseccionalmente en toda estrategia, política o medida dirigida a enfrentar la pandemia. Asimismo, la resolución señala que toda medida que restrinja, suspenda o limite derechos necesita ser adecuadamente justificada. Por ejemplo, con la mejor evidencia científica y ajustándose a los principios pro persona, de proporcionalidad y temporalidad, los cuales han de procurar el estricto cumplimiento de los objetivos de salud pública y protección integral. Así, la resolución también expone que los estados deben abstenerse de suspender ciertos derechos, entre ellos el reconocimiento a la personalidad jurídica de las personas, a la vida, a la integridad personal y los derechos políticos. Aunado a esto, la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, compuesta por 33 organismos del Estado nacional, dedicados a la defensa y promoción de los derechos humanos, emitió un pronunciamiento (https://bit.ly/3eBrqrw) en el que declaró, entre otras cosas, que la emergencia sanitaria no debe convertirse en una crisis de derechos humanos, sino que debe considerarse como una oportunidad para hacer efectivos los deberes de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. De esta manera, y según la doctora Fabiola Martínez Ramírez, la emergencia sanitaria desencadenada por el Covid-19 no justifica de ninguna manera que el Estado mexicano pase por encima de los derechos humanos, sino que todas las autoridades, en sus diferentes ámbitos y niveles de competencia, están obligadas a respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos, así como a cumplir con sus deberes específicos. Es decir, a prevenir, investigar, sancionar y reparar sus violaciones. Sin embargo, medidas como la publicación de la controvertida Guía Bioética de Asignación de Recursos de Medicina Crítica (en adelante, Guía), actualmente en revisión, que después fue manejada por las autoridades como un proyecto no aprobado, representaba un claro desconocimiento e inaplicación de las obligaciones generales y deberes específicos del Estado o, por lo menos, de quienes integran el Consejo de Salubridad General. Así, parecía que la Guía se tomaba la atribución para decidir arbitrariamente quién viviría y quién moriría en situaciones de asignación de recursos escasos, a través de meros criterios utilitaristas, hoy aparentemente eliminados, como el llamado vidas-por-completarse, o el Triaje, el cual es, parafraseando a Mauro González Luna ( Proceso, Num. 2268, p. 12), una suerte de volado, donde el azar toma la decisión. Medidas como la Guía son la puerta de entrada a numerosas violaciones a derechos humanos por acción, omisión o aquiescencia. Una de éstas es la discriminación o los tratos diferenciados e injustificados contra grupos de atención prioritaria o en situación de vulnerabilidad; entre ellos las personas adultas mayores, contraviniendo con ello instrumentos jurídicos vinculantes, como la Constitución (artículo 1), la Ley Federal Para Prevenir y Erradicar la Discriminación (artículos 1-4) y la Resolución 1/2020 de la Comisión Interamericana (resolutivos 3, 36, 40, 43, 58, 67, 69, 71 y 76). Por estos y otros motivos, saludamos los genuinos esfuerzos de las autoridades, pero a la vez las llamamos a reali-zar dos tareas esenciales en estos tiempos de crisis: cumplir con sus obligaciones generales y deberes específicos, para que durante y después de esta pan-demia, todas las personas gocen plenamente de los derechos humanos reconocidos en la Constitución de nuestro país y en los tratados internacionales ratificados en México, mediante procedimientos de protección adecuados que permitan su materialización. Y en segundo lugar, adoptar criterios razonablemente objetivos, bajo la perspectiva de derechos humanos que permitan priorizar, sin discriminar, como los test de proporcionalidad (https://bit.ly/2RWgxXD) y de máximo uso de recursos disponibles (https://bit.ly/2KpbbA0), así como modelos bioéticos congruentes para deliberar problemas y dilemas éticos.
Búsqueda de desaparecidos en Guanajuato
Editoriales | 📰 Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada Web original | 📷 Imagen : Jorge M. Por: Miguel Concha Sábado 📅 18 de abril de 2020 Desde noviembre de 2019 el Congreso de Guanajuato comenzó una nueva etapa en la discusión de tres iniciativas de ley: la de personas desaparecidas, la de víctimas y la de declaración especial de ausencia. Desde entonces las familias de personas desaparecidas han hecho aportes sustantivos a la discusión. Como se señaló recientemente en un comunicado, el colectivo A tu encuentro, con más de 170 familias, ha elaborado, mediante parlamento abierto al que se involucraron otras familias, distintas fórmulas a discutir. El colectivo Justicia y Esperanza, de San Luis de la Paz, ha estado igualmente en la discusión, a través de una de sus voceras, Evelina Guzmán Castañeda, quien busca a su hermano Samuel y a otros 21 migrantes guanajuatenses desaparecidos en 2011. Grace Fernández, del colectivo BÚSCAME-Buscando desaparecidos México ha sido clave en la articulación con la Oficina en México de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos (ONUDH), la Cruz Roja Internacional y la Comisión Nacional de Búsqueda, quienes también se han sumado. Es importante destacar que la iniciativa cambió de ser Ley sobre Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Estatal de Búsqueda, a Ley para la Identificación y Búsqueda de Personas Desaparecidas en Guanajuato. Es una muestra de cómo se han ido incorporando las recomendaciones que ONUDH ha hecho y que, en calidad de acompañantes del proceso, los doctores Fabrizio Lorusso y Raymundo Sandoval han ayudado a traducir en el documento de trabajo: eliminar la categoría de persona no localizada, fortalecer el Consejo Ciudadano y mecanismos claros de coordinación, así como incorporar principios rectores, recuperar experiencias exitosas de legislaciones locales, crear registros adicionales, integrar el concepto de fosa clandestina, establecer responsabilidades de los municipios, medidas de protección integral y un fondo efectivo para la búsqueda de personas. Una de las propuestas planteadas es que, al igual que en la Ciudad de México y el estado de México, se elimine la categoría de persona no localizada. Esta idea fue originalmente propuesta por el equipo de la ONUDH y la maestra Edith López, quien elaboró una nota técnica para el Congreso de Guanajuato, sugiriendo su eliminación para evitar diferenciaciones innecesarias e iniciar con mayor estándar de protección una verdadera búsqueda inmediata. No todas las voces expertas están de acuerdo con esta decisión, que desde la discusión de la Ley General, iniciada en 2014, fue un tema muy debatido y que, dada su complejidad, tuvo como solución la creación de dos categorías: la de persona no localizada y la de persona desaparecida. Quienes consideran que no se debe eliminar, alegan que podría generar errores en el reporte entregado al Registro Nacional y que se pueden reportar casos de personas no localizadas como si fueran desaparecidas, generando un sobrerregistro. Sin embargo, las malas prácticas en el registro de casos ya suceden en Guanajuato, pues la fiscalía considera a casi todas las personas desaparecidas como simplemente no localizadas. Durante la discusión de la ley, la misma fiscalía señaló que sólo tenía 11 carpetas de personas desaparecidas, mientras que cálculos independientes, basados en datos oficiales, señalan más de 2 mil. Si bien ninguna postura es perfecta, y todas señalan la importancia del contexto local en la formulación legislativa y en la decisión de eliminar o mantener la categoría, se planteó en la mesa una propuesta de eliminación, siguiendo la recomendación de la Organización de las Naciones Unidas. Para hacerlo, se deben establecer candados, para que tanto la investigación, como la búsqueda se hagan de acuerdo con el espíritu de esta eliminación; es decir: búsqueda inmediata e investigación, bajo la definición de persona desaparecida con presunción de delito. Un candado refiere al artículo 71 sobre los criterios mínimos para el registro de las personas localizadas: 1. Persona localizada que no fue víctima de ningún delito, ubicada antes o después de las primeras 72 horas; 2. Persona localizada víctima de un delito, materia de la Ley General; 3. Persona localizada, víctima de un delito diverso. El otro refiere al artículo 67, que señala la búsqueda y la comunicación con la fiscalía especializada de manera inmediata. Se ha propuesto también introducir la responsabilidad penal del servidor público o superior jerárquico directo de otros servidores públicos que sea conocedor de la conducta delictiva de sus subordinados u omiso ante ésta, para que sea sancionado según reglas de autoría y participación previstas en el Código Penal del Estado de Guanajuato. Aunque hay buena disposición del Congreso estatal para incluir estos cambios, no todos se han incorporado a los documen-tos de trabajo, por lo que existe la preocupación de que ciertas mejoras planteadas por las familias o por expertos no sean incorporadas en la ley. Exigimos que estas demandas se incluyan plenamente en ella.
Una deuda pendiente de verdad y justicia
Editoriales | 📰 Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada Web original | 📷 Imagen : 2do Encuentro Por: Miguel Concha Sábado 📅 28 de marzo de 2020 Hoy se cumplen tres años de las agresiones cometidas por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán contra la comunidad purépecha de Arantepacua, ubicada en el municipio de Nahuatzen. Ante la detención arbitraria de 38 de sus integrantes el 4 de abril de 2017, justo después de una reunión con la Secretaría de Gobierno del estado –con la que se buscaba una solución amistosa respecto a la delimitación territorial entre las comunidades de Arantepacua y Capácuaro– ese operativo reprimió el derecho a la protesta de la comunidad. Dichas agresiones dieron como resultado también la violación grave a los derechos humanos y las ejecuciones extrajudiciales de José Carlos Jiménez Crisóstomo, Francisco Jiménez Alejandre, Santiago Cristiano Luna y de un joven menor de 18 años, Luis Gustavo Hernández Cohenete. Después de actos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte de los policías de la entidad; otras personas fueron igualmente lesionadas, detenidas arbitrariamente y vulneradas en su integridad física y sicológica. A raíz de las violaciones graves a sus derechos humanos, la comunidad de Arantepacua buscó, como una forma de hacer justicia, y ante la impunidad e indolencia de las autoridades estatales encargadas de garantizar sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición y su derecho a la libre autodeterminación por medio de la designación del Consejo de Autoridades Comunales. Y de esta manera, las autoridades comunales e integrantes de la Comisión de Justicia de la comunidad de Arantepacua se vincularon con otras víctimas, organizaciones, colectivos y movimientos sociales, con la finalidad de exigir una verdadera justicia no sólo para su comunidad, sino para todas las víctimas y sobrevivientes del país. Lo cual originó la articulación del segundo Encuentro Internacional de Defensores y Víctimas de Violaciones Graves a los Derechos Humanos, celebrado en abril de 2019, precisamente en Arantepacua, Michoacán. Derivadas de los acuerdos de este segundo encuentro, se realizaron diversas movilizaciones pacíficas ese mismo año, tanto en la capital de Michoacán, como en la Ciudad de México, para impulsar mesas de trabajo en el ámbito federal, con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de Gobernación; el Mecanismo de Protección Para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, estas dos últimas instancias adscritas a la Subsecretaría mencionada. A pesar de que las gestiones realizadas por parte de la Comisión de Justicia de Arantepacua han buscado siempre la reivindicación de la memoria, así como la búsqueda de la verdad y la justicia para la comunidad, a través de la apertura de mesas de interlocución con distintas autoridades, estas últimas se han quedado cortas para atender y responder adecuadamente a las necesidades de las víctimas y sobrevivientes, quienes, dicho sea de paso, siempre deben ser reconocidas como colectividad, debi-do a las especificidades culturales de Arantepacua, en tanto comunidad indígena purépecha. A ello también se suma la falta de mecanismos generales que propicien la participación de las víctimas bajo un esquema de horizontalidad, mismo que les permita desarrollarse como sujetos de derechos capaces de generar propuestas dirigidas a obtener no sólo verdad y justicia, sino también a retomar y reconstruir sus proyectos de vida. En este sentido, es necesario enfatizar que el acceso a la justicia es el pilar fundamental de todo estado de derecho, independientemente del contexto por el que la nación atraviese, ya que es reconocido como una norma de ius cogens (derecho imperativo o necesario) en el contexto del derecho internacional de los derechos humanos; por ejemplo, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (https://bit.ly/39yFCxH). Por lo que el Estado mexicano debe emplear todos los recursos necesarios para garantizar la justiciabilidad, disponibilidad, accesibilidad, calidad, rendición de cuentas, así como un recurso sencillo y efectivo, como parte del cumplimiento de los componentes esenciales del derecho de acceso a la justicia. Y con ello evitar prácticas que tiendan a denegar y limitar su acceso a las víctimas. Por lo expuesto anteriormente, y aprovechando el llamado que ha lanzado el Estado mexicano a la organización social y a la solidaridad ante el actual estado de emergencia sanitaria para atender y salvaguardar la vida de la población que vive y transita por el país, se exhorta igualmente a las autoridades de todos los ámbitos y niveles, y a la sociedad en general, a reflexionar sobre la necesidad de extender dicho llamado para acompañar especialmente a las víctimas y sobrevivientes, así como a grupos, pueblos y comunidades que han sido afectados por la desigualdad, la violencia y las injusticias, como única vía para la construcción y materialización de la justicia social.
Coronavirus y derechos humanos
Editoriales | Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada 📰 Sábado 28 de marzo de 2020 Miguel Concha Muchos de los mitos de la antigua civilización griega fueron creados para explicar rasgos de la condición humana. A este respecto, el mito conocido como la Caja de Pandora cuenta cómo Pandora, según la versión del poeta Hesíodo, abrió con sus manos la tapa de una tinaja, de la que escaparon numerosos lugrá, es decir, males, penas, enfermedades y dolores que ocasionarían la muerte a los seres humanos. Análogamente, podemos decir que la pandemia del nuevo coronavirus (Covid-19) es uno de los lugrá que están afectando a México y el mundo, ya que, de acuerdo con el informe coordinado por el epidemiólogo Neil Ferguson, del Imperial College de Londres (https://bit.ly/2JdEKnk), es el virus, sin acceso hasta ahora a medicamentos y vacunas, más peligroso que ha enfrentado la humanidad desde la pandemia de la gripe A/H1N1 de 2009. Como se sabe, el Covid-19, notificado por primera vez en Wuhan, China, el 31 de diciembre de 2019, fue declarado como pandemia el pasado 11 de marzo por la Organización Mundial de la Salud, debido a que se ha diseminado en casi todos los países del mundo. Y el pasado 24 el gobierno federal mexicano declaró el inicio de la fase 2 de su expansión, lo que significa que el contagio del coronavirus ya no sólo se importa, sino que acontece en nuestro territorio, así co-mo que el avance de la enfermedad en la población será cada vez más progresivo. Ahora bien, es cierto que ante un estado de emergencia como el actual es necesario tomar medidas para enfrentar y erradicar los efectos nocivos del Covid-19. Esto no significa que las autoridades y el sector privado tengan que pasar por encima de los derechos humanos, especialmente de aquellos que son considerados como fundamentales por teóricos como Luigi Ferrajoli. Entre ellos, la protección de las personas que se hallan en peores situaciones de vulnerabilidad con respecto a quienes abusan de su poder, cualquiera que éste sea, o de derechos básicos como el acceso a salud, agua, alimentación, trabajo y a vivienda digna. Así, la lucha legítima contra el Covid-19 tampoco justifica en modo alguno la violación de derechos humanos, y hoy más que nunca todas las autoridades, en sus diferentes ámbitos y niveles de competencia, sobre todo las que están involucradas directamente en la toma de decisiones, deben tener presente en su actuar las obligaciones internacionales y constitucionales en materia de derechos humanos a que están sujetas. Entre ellas, el respetarlos, protegerlos, promoverlos y garantizarlos debidamente. Esto también significa, entre muchas otras cosas, que el Estado mexicano tiene la obligación de informar oportuna y cabalmente sobre el estado que guarda la pandemia, así como garantizar a todas las personas que resulten contagiadas el acceso al derecho a la salud. Y como planteó el martes pasado José Ramón Cossío, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, generar una acción extraordinaria en materia de salubridad pública, para que la administración ejecute todas las herramientas legales que le permitan movilizar recursos y personal, con la finalidad de atender adecuadamente esta emergencia sanitaria (https://bit.ly/2UDagQW). Por otro lado, el periodista Ricardo Raphael ha llamado acertadamente virus clasista al Covid-19, porque impacta negativamente a personas y grupos en forma diferenciada. Con esto se quiere decir que el coronavirus perjudicará a muchos mexicanos, sí, pero sus efectos sociales y en materia de salud serán más dañinos para quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad: mujeres víctimas de violencia de género, personas adultas mayores, migrantes y personas en situación de calle; la comunidad LGBTQ y quienes trabajan en el sector salud o se dedican al comercio informal. Forman parte también de estos grupos los trabajadores y trabajadoras que no pueden dejar de laborar para tener un ingreso, los que no tienen prestaciones de seguridad social y aquellos que están a punto de perder su empleo o viven con esa incertidumbre. Del mismo modo, es importante señalar que las víctimas y sobrevivientes están envueltas en una situación de vulnerabilidad ya de suyo compleja y particular, sobre todo en sus procesos de búsqueda de la verdad, acceso a la justicia, reparación integral y garantías de no repetición. México está atravesando sin duda por su mayor crisis económica, humanitaria y de derechos humanos, acentuada sobremanera por la emergencia sanitaria detonada por el Covid-19. No obstante, si regresamos al mito de la Caja de Pandora, veremos que en la tinaja únicamente quedó la esperanza, la cual puede manifestarse con la implementación de medidas integrales y efectivas en perspectiva de derechos humanos, para suprimir el Covid-19 y no sólo mitigarlo. Como propone Leonardo Boff, ahora, más que nunca, es momento de que las personas nos cuidemos unas a otras, seamos solidarias, corresponsables y compasivas. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Web
Fomento y protección del maíz nativo
Sábado 21 de marzo de 2020 Miguel Concha México es el centro de origen del maíz. Durante miles de años esta planta ha sido elemento fundamental en la vida de mexicanas y mexicanos, y las comunidades campesinas e indígenas han preservado no sólo esta semilla nativa, sino también sus formas tradicionales de mejoramiento y producción, como su adaptación, de acuerdo con las condiciones climáticas y de los suelos, el intercambio entre comunidades de distintas regiones, así como el sistema de la milpa y el resguardo de alimentos, como el propio maíz, el frijol, la calabaza y el chile, los cuales conforman una alimentación saludable y aportan nutrientes necesarios para un buen vivir. Es inmensa la diversidad de alimentos derivados de las 64 razas distintas de maíz que tenemos en México. Estos alimentos se encuentran presentes en las cocinas tradicionales de distintas culturas, incluso más allá de nuestras fronteras. La cocina mexicana no se podría imaginar sin los colores y sabores del maíz nativo: rojo, verde, azul, dulce, blando, palomero y cacahuazintle, entre muchos otros. El grano, además de ser sustento para el bienestar económico y social, tiene un valor histórico y cultural para las comunidades y los pueblos originarios, especialmente los mesoamericanos, ya que ha permitido también la resistencia ante la colonización, la imposición del pensamiento occidental y el capitalismo en su fase neoliberal. Así, resulta fundamental la construcción de un modelo agroalimentario que asegure la soberanía alimentaria y garantice el derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, como lo enuncia la Constitución. Esto sólo será posible mediante la generación de políticas públicas y programas de apoyo para su producción, y por medio delegislaciones que establezcan la obligatoriedad del Estado al respecto, ya que debido a la producción de maíces transgénicos, el maíz nativo está en riesgo, incluso los procesados, los cuales contaminan genéticamente al maíz y abren la puerta a la extinción de muchas razas que aún se conservan. Cabe señalar que en abril de 2019 fue presentada en el Senado la iniciativa de Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo (LFFPMN), la cual fue aprobada en lo general y lo particular el pasado 24 de septiembre y turnada a la Cámara de Dipu-tados. La Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria discutió en la cámara el pasado 10 de marzo el dictamen de la iniciativa de ley, el cual fue aprobado por unanimidad en el Congreso de la Unión el 18 de marzo. La LFFPMN tiene por objeto reconocer el valor del maíz nativo y su diversificación constante en todo lo relativo con las prácticas relacionadas a su producción, comercialización y consumo, como patrimonio alimentario y cultural nacional directamente vinculado con los derechos humanos alimentarios y culturales reconocidos en el artículo 4 de la Constitución. Esta iniciativa de ley, que por cierto se corresponde con tratados internacionales firmados por México, como el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología, sentará un precedente en materia jurisdiccional, ya que establecerá mecanismos institucionales para la protección y fomento del maíz nativo, a través de medidas que prevengan su contaminación. Por ejemplo, la identificación y delimitación de las áreas geográficas de producción, al igual que el establecimiento de los sistemas tradicionales. En adelante será obligación del Estado garantizar y fomentar, a través de autoridades competentes, que todas las personas tengan acceso efectivo al consumo informado de maíz nativo en su diversificación constante, así como al de sus productos derivados. Por otro lado, a partir de la ley, se creará el Consejo Nacional del Maíz (Conam), como órgano de consulta del Poder Ejecutivo Federal. El Conam estará integrado por autoridades del gobierno federal y tendrá representación de la sociedad civil, campesinas y campesinos, pueblos y comunidades indígenas, e integrantes de la academia, quienes tendrán voz y voto para participar en las políticas públicas para el fomento y protección del maíz nativo. Porque precisamente son las propias comunidades y organizaciones campesinas, la sociedad civil organizada, las defensoras y defensores de derechos humanos y las colectividades dedi-cadas al cuidado del medio ambiente, quienes han empujado esta ley. Aunque la aprobación de la Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo no es suficiente para garantizar su protección, fomentar su producción y resguardar su valor histórico y cultural, es un paso importante en la defensa del maíz en la protección de sus variedades vegetales nativas y en la promoción de los derechos humanos de las comunidades campesinas, productoras, consumidoras y consumidores, pues #SinMaizNoHayPais. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Internet
Crisis capitalista y empresas sistémicas
Sábado 13 de marzo de 2020 Miguel Concha En la reciente reunión anual del Foro Económico Mundial, llevado a cabo en Davos, Suiza –por cierto, la número 50–, a la que acuden líderes mundiales de todos los órdenes con el propósito de proponer recomendaciones y estrategias que mejoren la situación del mundo, particularmente en las áreas sociales y económicas, se llegó a la siguiente conclusión: los resultados de la economía social de mercado, en la que hemos vivido inmersos los pasados 40 años, no han sido los esperados. Muy por el contrario, se han generado pobreza, desigualdad creciente, inestabilidad laboral y un fuerte deterioro del medio ambiente. Se señaló expresamente que en la globalización de la economía de mercado se descuidó el hecho de precisar que las empresas son organismos que participan en el logro del bienestar de la sociedad, y no únicamente entes con fines prioritarios de lucro; y que es indispensable que incluyan en su misión la responsabilidad que tienen con el bienestar de las personas que forman los grupos de interés que de hecho las integran y las hacen viables. Los llamados stake holders. Y ello a pesar de que desde la década de los años 70 del siglo pasado se ha promovido, reconocido e incluso premiado progresivamente en Estados Unidos, Europa y América Latina el compromiso social de las empresas con sus grupos de interés internos y externos, para restaurar la confianza del público, en el respeto de sus derechos sociales y humanos. El fundador de Davos, el Dr. Klaus Schwab, declaró en forma categórica que tal como se está gestionando el capitalismo actualmente, ya no es sostenible, y que de hecho se está autodestruyendo. Una de las conclusiones del Foro Económico de Davos 2020, en el que participaron líderes mundiales, figuras clave de las Naciones Unidas y la Unión Europea, así como jefes de grandes empresas, entre otros, fue la necesidad de que se aplique en las empresas globalizadas la práctica del denominado capitalismo de los grupos de interés ( stake holders). Es decir, lograr que las empresas asuman su responsabilidad no únicamente con sus accionistas, sino también con sus empleados, trabajadores, agentes, clientes, proveedores, gobiernos y comunidades. En una palabra, preocuparse solidariamente por el bienestar de todos ellos. En síntesis, está entonces fuera de toda duda que incluso en esta instancia de consulta mundial el modelo socioeconómico actual debe modificarse, y de hecho reinventarse, de tal manera que la riqueza creada por las empresas se distribuya tomando en cuenta auténticamente la responsabilidad social que tienen con los grupos de interés que las conforman, respetando sus derechos humanos y tomando en cuenta los valores morales de las sociedades en las que están establecidas. A lo que ahora habría que agregar su responsabilidad con la conservación de los recursos naturales y el cuidado del medio ambiente. En este contexto, se considera que la economía de mercado sigue siendo el mejor medio para generar riqueza, aun cuando también se piensa que es ineludible que el Estado debe vigilar activamente que se desarrolle respetando la auténtica competencia y evitando monopolios, monopsonios y prácticas oligopólicas. Quisiera concluir este artículo relacionando las recomendaciones y propuestas del Foro con la actitud reciente de los grupos empresariales de nuestro país. Hace algunas semanas, un grupo de 100 empresas se comprometió en forma pública a cubrir a sus trabajadores cuando menos el equivalente a dos salarios mínimos como remuneración por jornada de trabajo. En mi opinión es una decisión acertada, acorde con el espíritu de responsabilidad social de las empresas, que incluso sería deseable que se generalizara. Y en semanas pasadas se publicó también un decálogo empresarial, que en alguna forma recoge las recomendaciones del Foro Económico Mundial de Davos. Desde mi punto de vista, lo hace en forma amplia y con evidentes buenas intenciones. Pero a mi parecer, está lejos de establecer un auténtico compromiso empresarial con la responsabilidad social que tiene con los grupos de interés que se expresa en el comunicado del Foro. Aunque en este sentido vale la pena subrayar los principios 6, 7 y 8 de responsabilidad social del nuevo decálogo: 6) Demostrar nuestra obligación moral con la sociedad; participar activamente en el desarrollo de las comunidades y construir mejores condiciones de vida para los mexicanos. 7) Asumir y promover la inclusión, la diversidad y el respeto irrestricto a los derechos humanos. 8) Privilegiar la sustentabilidad en nuestras actividades económicas y un uso más consciente de los recursos naturales. Ojalá que estos principios no se queden, como muchas veces ha sucedido, en buenas intenciones y bellas declaraciones retóricas, sino en criterios que realmente informen nuevos códigos de conducta y buenas prácticas. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Internet
Movimientos sociales y derechos humanos
Sábado 29 de febrero de 2020 Miguel Concha Ayer, 28 de febrero, tuvo lugar, en la sede del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), el Encuentro Nacional de Usuarios (en adelante Encuentro), convocado principalmente por la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica (Anuee). Estuvieron presentes varios de los movimientos sociales más importantes del país, entre ellos el SME, la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores, la Coordinadora Nacional de Trabajadores por la Educación, Agua Para Todos, Agua Para la Vida y la propia Anuee, quienes se reunieron con un propósito perfectamente definido: construir un gran movimiento nacional que genere un plan de acción común frente a la difícil y compleja coyuntura actual. Todos estos movimientos sociales nos han enseñado el fuerte potencial emancipatorio y liberador de las luchas populares que realizan los movimientos sociales de base; aquellos que vienen desde abajo y dejan de ser espectadores, para convertirse en protagonistas de la historia. Sobre todo en momentos de conflictos históricos, cuando están en juego derechos fundamentales. De ahí que el sociólogo francés Alain Touraine haya dicho en alguna ocasión que un movimiento social es la conducta colectiva organizada de un actor que lucha en una colectividad concreta por la dirección social de la historicidad contra su adversario. Debido a esto, el pueblo de México ha contraído una deuda con movimientos sociales como la Anuee o Agua Para Todos, porque, como ha señalado Geoffrey Pleyers, que como sociólogo ha analizado muy de cerca los movimientos sociales en México y Latinoamérica, sus luchas de resistencia y rebeldía son un rayo de esperanza, ya que no sólo buscan bienes particulares, sino sobre todo comunes que beneficien a muchas más personas. Por ejemplo, una tarifa social justa, en lo que respecta al suministro de la energía eléctrica o el acceso equitativo y sustentable al agua. Y por ello también luchan contra las injusticias, la represión, el autoritarismo y el conservadurismo, diseminados en gran medida por las redes de complicidad entre el Estado, las empresas y el crimen organizado. Es importante señalar que los movimientos sociales, con características como las de aquellos que asistieron al Encuentro, desafían frontalmente el orden establecido por el capitalismo en su fase neoliberal y enfrentan la apatía, la indiferencia, las descalificaciones, el rechazo, los prejuicios y la discriminación de diversos sectores, entre ellos la extrema derecha, movimientos neofascistas y autoridades que, en sus diferentes niveles de competencia, les endilgan estereotipos como revoltosos, flojos, problemáticos, “ chairos”, conservadores. Según Pleyers, las luchas de los colectivos sociales intentan responder a una eterna pregunta: ¿cómo cambiar el mundo?, y en el caso mexicano lo hacen especialmente en un contexto de violencia sistémica y sistemática que, aunado a otros de los grandes problemas estructurales, ha desencadenado una crisis humanitaria y de derechos humanos sin igual en un México en llamas. Es decir, en un México feminicida, en el que mueren 10 mujeres al día y donde existen más de 60 mil personas desaparecidas y casi 300 mil asesinadas, por citar sólo algunas referencias. Así pues, frente a esta crisis humanitaria y de derechos humanos que está desgarrando al país, y de cara al orden hegemónico y patriarcal, los movimientos sociales siguen representando una alternativa, a partir de la cual es posible imaginar otros mundos posibles, que pueden también construirse de la mano de los derechos humanos, sobre todo si son vistos por los colectivos como herramientas efectivas de exigibilidad y justiciabilidad, y como medios de lucha y emancipación. Retomando una idea desarrollada por investigadoras como Sandra Serrano García, los movimientos sociales tienen ante ellos la posibilidad de desempacar los derechos humanos para ponerlos en acción, pero no desde perspectivas capitalistas, patriarcales y coloniales, sino a partir de comprensiones y usos críticos, alternativos y contrahegemónicos, porque entendidos y empleados de esta manera tendrán un papel transformador y una gran capacidad catalizadora para propiciar las condiciones mínimas de emancipación y reivindicación, debido a que los derechos humanos también son una fuente de energía radical para las luchas de los colectivos sociales. Finalmente, como señala Boaventura de Sousa Santos, bajo ninguna circunstancia podemos permitirnos desperdiciar ninguna de las genuinas experiencias de indignación de los movimientos sociales, como es el caso del plan de acción conjunto realizado en el Encuentro, porque están orientadas a reforzar la organización y la determinación de todas y todos los que no han abandonado la lucha por una sociedad más digna, democrática y equitativa, con paz, justicia y dignidad para todas las personas que habitan o transitan por el país. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Angélica Díaz Molina
Ser migrante hoy en México
Sábado 22 de febrero de 2020 Miguel Concha En años recientes la migración a México ha aumentado considerablemente. Lo que ha generado cambios relevantes en las polí-ticas migratorias. Como integrante del Consejo Directivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) he conocido de primera mano los resultados y la información recopilada en estaciones migratorias por el área de solicitantes de asilo. De ahí me surge una gran preocupación por la respuesta que el Estado mexicano ha tenido hacia quienes ingresan a nuestro país intentando encontrar una vida mejor, o simplemente buscando salvar sus vidas y las de sus familias, a raíz de que son perseguidos por motivos de origen étnico, opiniones políticas, religión, nacionalidad, género, pertenencia a un grupo social, o porque sus países son azotados por la violencia generalizada, las violaciones masivas de derechos humanos, conflictos armados internos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público. A pesar de la larga tradición de asilo de la que México suele alardear, la realidad que enfrentan las miles de personas que llegan de América Central, Medio Oriente y el norte y centro de África dista mucho de ser reconfortante. De acuerdo con lo declarado por el canciller Ebrard, tan sólo en 2019 más de 180 mil personas fueron privadas de libertad en las llamadas estaciones migratorias. Este número incluye hombres, mujeres, niñas y niños que se atrevieron a llegar a un país donde asumieron que su vida y derechos estarían protegidos. La tragedia de las estaciones migratorias no se detiene con la privación de la libertad de gente que no ha cometido ningún crimen ni está enfrentando ningún proceso judicial. Lo más preocupante son las condiciones en que las personas se encuentran: hacinadas, durmiendo en el suelo en colchonetas sucias, sin que se les permita en meses lavar sus cobijas. Mujeres, hombres y niños pasan días y noches revueltos en habitaciones sin ventilación ni iluminación adecuada, y sin que se les realicen revisiones médicas para evitar el contagio de enfermedades. En los centros de detención el acceso al agua potable no siempre se garantiza, y en ocasiones la comida que se les da no es suficiente. En otros casos los alimentos están en estado de descomposición, y en algunas circunstancias no se les da de comer para castigarles por haberse quejado del estado en que se les tiene. El acceso a servicios de salud tampoco es algo que se les garantice. Incluso en casos en que alguien requiera de operaciones o medicamentos urgentes, la gravedad de su estado de salud no es garantía de que serán trasladadas a un hospital, o que se les permitirá ver a un médico. Podemos recordar como ejemplo que durante esta administración dos personas han fallecido bajo la custodia del INM: una niña guatemalteca de 10 años y un hombre haitiano. Otra fuente de preocupación es la represión que las personas viven dentro de las estaciones. La privación de alimentos y agua no es la única forma en que las personas migrantes son castigadas. También son llevadas a pequeñísimos cuartos sin iluminación, donde pueden permanecer durante varias semanas sin poder hablar con sus compañeros de la estación ni poder llamar a sus familias. En otras ocasiones han declarado haber sido golpeadas y amenazadas verbalmente y con armas por parte de distintos cuerpos de seguridad (Policía Federal, Guardia Nacional, Seguridad Privada de la Estación). Algunas de las personas que migran a México intentan obtener la condición de refugiadas, pues vienen huyendo de grave violencia en sus países. Nuestra Constitución señala que cuando estas personas llegan a México tienen derecho a solicitar asilo, con independencia de su nacionalidad, edad, sexo, modo de ingreso, etcétera. Sin embargo, el derecho de estas personas a iniciar el procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado no es respetado en muchas ocasiones por las autoridades. Así, las abogadas de la CMDPDH han recabado testimonios de personas no hispanohablantes a quienes se les ha engañado para que firmen su deportación, diciéndoles que están firmando su solicitud de asilo, o de grupos completos de personas a quienes se les niega acceso al procedimiento de asilo porque las autoridades consideran que no se merecen ese derecho. En conclusión, si bien es cierto que en los años recientes la política migratoria y el sistema de asilo mexicano ha encontrado grandes desafíos derivados del aumento en el número y diversidad de los flujos migratorios que ingresan a México, también lo es que la respuesta del gobierno dista mucho de ser adecuada. La criminalización de la migración no puede ser la respuesta que se dé a la crisis humanitaria que la región y el mundo están enfrentando. Resulta por ello necesario que el Estado mexicano tome medidas urgentes para garantizar los derechos de todas las personas que cada día ingresan a nuestro país, y deje de actuar como el muro migratorio del vecino país del norte. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Internet
