De emergencia a transformación
Editoriales | 📰 Blog «La dignidad en nuestras manos» del Plumaje de Animal Político Web original | 📷 Imagen : Eneas de Troya Por: Jorge Luis Aguilar* 📅 22 de julio de 2020 En los seis meses escasos que nos separan del 2019, millones de personas en todo el planeta han cambiado su dinámica de vida y sufrido una brusca colisión con todo lo que imaginaban posible hasta ese momento. En muchas de ellas, en las ciudades de las capitales mundiales y en comunidades urbanas, justo las que parecían menos vulnerables al hambre, se ha mostrado con toda claridad el brevísimo margen de supervivencia de gran parte de la población que necesita de la movilidad para subsistir. Por un lado, vemos la forma en que la enfermedad se manifiesta con mayor gravedad en los sistemas inmunes más debilitados y aquellos con enfermedades crónicas. En el caso de nuestro país, la emergencia sanitaria ha puesto de relieve los costos particulares de haber olvidado políticas sociales y desarticulado instituciones encaminadas a la garantía del derecho a la salud, la seguridad social, la vivienda, el trabajo digno, la alimentación sana y otras condiciones mínimas que, de no ser resueltas, afectarán a largo plazo la calidad de vida y salud de las personas. Pero es que el mismo sistema económico está dispuesto a sacrificar la vida de las personas en beneficio de las ganancias distribuidas entre minorías ricas (las cuales sí son minorías). La vida actual, hasta antes de este choque, tenía ya las condiciones exactas para marginar y excluir a segmentos enteros de la población, y para priorizar a otros. La desigualdad anula y desecha a más personas que nunca antes en nuestra generación. Al mismo tiempo, las paradojas del momento político que vivimos nos hacen ver que las debilidades que abrieron paso a la enfermedad social de la inequidad, son un mal que persistirá y se cronificará aún más tras la pandemia si no actuamos a tiempo. Por otro lado, cuando se hace más necesario un compromiso profundo para reflexionar y encaminar nuestras acciones a la erradicación de la discriminación, racismo y homofobia, desde la cúpula del gobierno se piensa oportuna la desaparición del órgano autónomo responsable de aportar luces sobre esa titánica tarea. En el momento en que habría de estar en el centro de nuestra atención la violencia que viven las mujeres y personas no heterosexuales confinadas sin opción en hogares misóginos y homofóbicos, se acelera el endurecimiento de la precarización de las instituciones defensoras de derechos humanos que tienen a su encargo, entre otras, la tarea de construir e implementar políticas para la transformación de fondo de las dinámicas sociales que replican y hacen persistir las violencias. La política de “primero los (y las) pobres” que propone el Jefe del Ejecutivo debe ir acompañada de reformas profundas que atiendan el compromiso de generar las condiciones necesarias para abatir la pobreza y desigualdad en todos los sentidos. Este aspecto ha sido recordado por un clarificador mensaje de la ciudadanía participativa a través de la Asamblea Consultiva del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, órgano severamente lastimado en la opinión pública a partir de las declaraciones del Presidente sobre su trabajo. En cada vez más aliados y aliadas en toda la sociedad, e incluso en las instituciones, se fortalece la preocupación de que el principio de “austeridad republicana”, que en el discurso buscaba recortar el lujo y despilfarro del aparato burocrático, se transforme en un obstáculo para la operación misma de algunos sectores del gobierno, reitero, siendo aún mayor alarma cuando se trata de aquellos específicos que están encargados de visibilizar y ser un rostro más cercano y amable a los grupos que han permanecido en el olvido y la sombra. Cuando las crisis ocurren, los cambios profundos se van materializando bajo razón de las ideas que dominan el debate público. De esa forma es como la derecha y sus corporaciones se han aprovechado de la tragedia para apretar la soga y desmantelar al Estado, pero es también en esos momentos de shock cuando se distinguen a mejor contraste las injusticias del sistema, y las izquierdas tienen una gran oportunidad para imaginar nuevos comienzos y avanzar de manera organizada y persistente. En esta lógica es indispensable que la transformación que vivimos, además de combatir la enfermedad, pueda vislumbrar un escenario donde los gobiernos aumenten su presencia y capacidad. La búsqueda de poner en orden un aparato burocrático corrupto no debe traducirse en el adelgazamiento del Estado a un nivel tal que no pueda ni siquiera otorgar los insumos suficientes para que las y los servidores públicos puedan desempeñar sus tareas, tener empleos dignos y entornos seguros. La excusa de reordenar el presupuesto nacional para brindar apoyos económicos directos no tendría que poner en riesgo a los organismos democráticos que han permitido que en las últimas décadas se amplifique cada vez más el diálogo de la ciudadanía con sus instituciones, o que han servido de puente para que más personas puedan exigir sus derechos de manera efectiva. Un gobierno cuyo acercamiento más profundo con las personas es a través de un cajero, no estaría resolviendo las profundas necesidades por violencias y carencias que se radicalizan en la crisis. Un gobierno que fortalece su presencia únicamente en la milicia, y no a través de otras instancias y órganos que hacen contacto directo con la ciudadanía, se queda sin escuchar a quienes viven mayor marginación y discriminación. Esta crisis nos alcanza en un escenario diferente con respecto a los derrumbes de la economía en los 90’s o en 2008, donde se optó por la “obligación” de pagar para salvar a las empresas de interés privado y los banqueros. Ahora vemos un momento en el que se vislumbra con mayor claridad la necesidad de dirigir el rescate hacia otros lados, otros grupos, otras poblaciones, justo las que quedan más abandonadas en cada ocasión que se adelgaza el Estado y, de esta manera, se les deja a merced de la economía de mercado. Sigamos insistiendo. *
El juicio contra el maíz transgénico en México
Editoriales | 📰 Columna de opinión en la Revista Contralínea Web original | 📷 Imagen : Contralínea | David Manrique Por: Catherine Marielle* 📅 18 de julio de 2020 Ya pasaron 7 años desde que 53 personas, muchas de ellas de 20 organizaciones defensoras del maíz, el ambiente, los derechos humanos, la salud, el arte y la ciencia independiente –comprometidas con la sociedad y la Naturaleza– y también en calidad de consumidoras de maíz, decidimos ejercer una novedosa acción jurídica emanada de la reforma constitucional de 2010 sobre Acciones Colectivas y su regulación en ley secundaria en 2011, vigente desde 2012. Aquel 5 de julio de 2013, interpusimos una Demanda de Acción Colectiva contra la siembra del maíz transgénico en México, ante el Juzgado Federal 12 de Distrito en Materia Civil en el entonces Distrito Federal. Las demandadas fueron las Secretarías de Agricultura (Sagarpa, ahora Sader) –por haber otorgado los permisos de siembra de organismos genéticamente modificados de maíz de tipo experimental y en programa piloto precomercial– y la de Medio Ambiente (Semarnat) –por sus dictámenes favorables a los permisos a pesar de contar con las opiniones contrarias del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp). También demandamos a Monsanto, ahora Bayer, Dow AgroSciences, Syngenta y PHI-México filial de Pioneer-Dupont, ahora Corteva, empresas transnacionales beneficiarias de dichos permisos en nuestro país. En septiembre de 2020 se cumplen siete años de la Medida Precautoria judicial que ordenó suspender los permisos de siembra del maíz transgénico en todo el territorio nacional mientras dura el juicio, en cumplimiento de una sentencia previa del magistrado Marroquín Zaleta. Por supuesto, esta primera gran victoria ha sido combatida a la par de la propia Demanda Colectiva por las empresas y el gobierno federal a su servicio, que han compartido argumentos y ataques, obligándonos a atender más de 150 impugnaciones. Entre ésas, destacan los 26 juicios de amparo contra la Demanda y contra la Medida Precautoria, de los que sólo faltan cuatro por resolver en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Medida Precautoria que prohíbe al gobierno dar permisos de siembra ha sufrido muchos embates, en dos ocasiones fue levantada y reinstalada gracias a la celeridad de los recursos de apelación interpuestos por el abogado principal de la Colectividad Demandante, René Sánchez Galindo. Sin embargo, en 2016, un magistrado redujo la amplitud de esa medida cautelar, al permitir las siembras entre una y 50 hectáreas, exclusivamente con fines de investigación científica, con medidas de contención y bajo vigilancia judicial y de los científicos demandantes, con la obligación para la Sader que informe mensualmente sobre el estado en que se encuentran los permisos, además debe proporcionar informes con análisis por cada cultivo, sobre los posibles impactos del herbicida glifosato a cargo de la Semarnat y de la Comisión Federal para la Prevención contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). A la fecha no se ha tramitado ninguna solicitud ni otorgado permiso alguno para ese tipo de siembra con fines científicos. Ha sido un proceso laborioso y complejo, con recursos muy desiguales, obligando a un seguimiento cotidiano y ágil de todos esos actos jurídicos del gobierno federal y de las empresas en 19 tribunales distintos (incluso en fechas navideñas o de Semana Santa). Ha habido engaños por parte de las empresas demandadas que presentaron traducciones mutiladas de estudios científicos para resaltar sólo elementos a su favor; el gobierno federal ocultó información relevante, como los 89 casos de contaminación transgénica reconocidos por el INECC y los 130 del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Alimentaria (SENASICA), y ha litigado en favor de las corporaciones con recursos públicos, cuestión que denunciamos en 2014 como desvío de poder ante el Tribunal Permanente de los Pueblos-Capítulo México. Desde finales de 2017 ha habido un vaivén entre el Tribunal Colegiado donde se hallaba la Medida Precautoria y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya Primera Sala decidió en 2018 atraer el caso de la constitucionalidad del artículo 610 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Ésta fue impugnada por una transnacional, con respecto a las medidas precautorias que posibilitan “Cualquier otra medida que el juez considere pertinente dirigida a proteger los derechos e intereses de una colectividad”. Es decir, la industria cuestiona la facultad que tienen los jueces de dictar medidas cautelares que protejan la materia del juicio, así como la de aplicar el Principio de Precaución que estipula que “Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del ambiente y de la diversidad biológica”. Este principio –reconocido en la Declaración de Río (1992), el Convenio de Diversidad Biológica (1993) y el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología (2003), firmados por México– obliga los Estados a proteger frente a una duda razonable, es decir prever, prevenir y atacar en su fuente los riesgos y amenazas. Así, a 7 años de haber lanzado la Demanda contra el maíz transgénico en México, nuestro futuro común sigue en el aire… La sentencia sobre la Demanda Colectiva y la Medida Precautoria tendrá implicaciones trascendentales para la gran Colectividad de Maíz, es decir para los más de 126 millones de personas que lo consumimos. La Demanda es de todos, es para defender los derechos que están en peligro: el acceso a la diversidad de maíces nativos y a un ambiente sano sin los cuales no pueden garantizarse nuestros derechos a una alimentación nutritiva, sana y segura, ni la protección de la salud. Sigue vigente nuestra petición de la Demanda: que la autoridad judicial federal declare que la liberación o siembra de maíces transgénicos daña el derecho humano a la diversidad de los maíces nativos de las generaciones actuales y futuras, así como los derechos a la alimentación, a la salud, los derechos de las comunidades y de los pueblos originarios http://demandacolectivamaiz.mx/. Ya
Siete años defendiendo el maíz nativo
Editoriales | 📰 Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada Web original | 📷 Imagen : Jorge Luis AP Por: Miguel Concha Sábado 📅 11 de julio de 2020 La defensa de los bienes comunes se desdobla ahora en varios campos de lucha: social, político, jurídico, económico y cultural; los que están entretejidos en estrategias para enfrentar el despojo y la violencia estructural, y para crear e impulsar al mismo tiempo alternativas frente a una crisis multidimensional a escala planetaria. Esta defensa se ha dado local y globalmente desde diversos y amplios colectivos sociales del campo y la ciudad. Sin temor a equivocarnos, hoy estas luchas por los bienes comunes son por la defensa integral de toda forma de vida en nuestro planeta. Ésta y otras reflexiones las dimos hace siete años un grupo de organizaciones sociales y personas, quienes nos integramos para presentar una demanda colectiva contra la siembra de maíces transgénicos en territorio mexicano. El pensar en colectivo y llevar a cabo esta acción nos motivó a reunirnos y, así, usar creativa y críticamente una figura jurídica novedosa en el derecho mexicano, como son las acciones colectivas, surgidas en junio de 2011, casi a la par que la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Nos propusimos usarlas para hacer exigibles nuestros derechos y los de las generaciones presentes y futuras a la diversidad biológica de los maíces nativos, así como los derechos a la alimentación, la salud y el respeto irrestricto a los pueblos originarios y comunidades campesinas. En ese entonces nos convocó sobre todo, y nos sigue sosteniendo en esta lucha, el compromiso compartido de todas las personas con el cuidado de la vida, el respeto de los derechos humanos, y una sólida identificación con el maíz y sus aspectos identitarios en nuestra región. No olvidamos que México es centro de origen y diversidad de este grano, así como proceso histórico que, al paso de los siglos, nos dio un ecosistema que llamamos milpa, igualmente diverso, fuerte y capaz de alimentarnos a quienes habitamos o transitamos por estas tierras. Además, esta diversidad, reflejada en los maíces nativos, ha dado también paso, como se ha dicho muchas veces, a contar con una cocina mexicana invaluable, a causa de la multiplicidad de sabores e ingredientes que deleitan nuestros paladares y nos proporcionan los nutrientes necesarios para una buena vida y salud. Y así, con la firme esperanza de lograr como personas y comunidades la protección de nuestra alimentación, sana y de calidad, hace siete años acudimos a la justicia mexicana. Desde su presentación, el 5 de julio de 2013, esta demanda colectiva ha enfrentado adversarios al por mayor: se ha litigado en 19 tribunales federales, en los que se han realizado más de 150 impugnaciones por parte de empresas trasnacionales e instancias federales de gobierno, como Monsanto (Bayer), Syngenta, Dow Agrosciences y PHI México (DuPont-Corteva); así como Semarnat y Sader, antes Sagarpa. En septiembre de 2013 se nos otorgó una medida cautelar que detuvo todos los permisos de siembra de maíz genéticamente modificado; es decir, en cerca de 3 millones de hectáreas, y ha vencido 11 de los 15 juicios de amparo presentados por empresas e instituciones de gobierno. Actualmente cuatro amparos se encuentran bajo estudio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta lucha ha valido mucho la pena. En la actualidad es referente global, pues por primera vez ha logrado a escala mundial detener la siembra masiva de maíz transgénico. Asimismo, ha retado al sistema jurídico mexicano a innovar en sus formas de administración e impartición de justicia, cuando están de por medio derechos colectivos y la protección de bienes comunes naturales. Y, sin duda, nos ha dado también pistas para las modificaciones en la normatividad vigente del país, pues existen leyes que no corresponden a la imperiosa y urgente necesidad del cuidado de la naturaleza. En este proceso hemos ganado mucho, y debemos celebrarlo. Dado que las amenazas no cesan, desde la demanda colectiva las acciones y las estrategias de las organizaciones y movimientos sociales han sido integrales y amplias, usando el derecho de manera alternativa y crítica, siempre fortaleciendo el trabajo colectivo desde abajo. No vendría nada mal que la actual administración federal asumiera un papel más proactivo para concretar acciones contundentes que muestren su efectivo compromiso con un proyecto político que respete los derechos humanos y se comprometa en el cuidado de los bienes comunes naturales. Ayudará desde luego que el Presidente emita cuanto antes un decreto contra los transgénicos, como se lo acaban de volver a pedir 185 personalidades y 80 organizaciones y movimientos sociales, y que las instancias de gobierno implicadas en este juicio de demanda colectiva corrijan el camino, litigando y trabajando por nuestra soberanía alimentaria y por los derechos de quienes habitamos este país, sumándose ampliamente a los esfuerzos encaminados al cuidado de la naturaleza.
El CONAPRED
Editoriales | 📰 Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada Web original | 📷 Imagen : Conapred Por: Miguel Concha Sábado 📅 04 de julio de 2020 La discriminación es uno de los fenómenos estructurales que afectan a personas y grupos en nuestro país, particularmente a aquellos que, a causa de los tratos excluyentes o de sometimiento a que son sujetos por razón de alguna condición –como por ejemplo género, etnia, clase, discapacidad, preferencia u orientación sexual, y hasta apariencia física, entre otras–, históricamente se encuentran en situación de vulnerabilidad. Luego de una serie de luchas y reivindicaciones por parte de grupos tradicionalmente discriminados, así como de organizaciones, especialistas y actores sociales y políticos, como el compañero Gilberto Rincón Gallardo, el 11 de junio de 2003 se promulgó la Ley Federal para Prevenir y Erradicar la Discriminación. Desde su publicación, hasta el día de hoy, esta ley ha traído consigo importantes avances con respecto a la prevención y eliminación de la discriminación en materia de política pública, entre ellos la creación del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred). El Conapred es, como lo señala su estatuto orgánico, un organismo descentralizado y sectorizado de la Secretaría de Gobernación, con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuyo propósito fundamental es prevenir y eliminar todas las formas de discriminación ejercidas contra cualquier persona o grupo, especialmente aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Tiene además como objeto contribuir al desarrollo cultural, social y democrático de nuestro país, así como formular y promover políticas públicas para la igualdad de oportunidades y de trato a favor de las personas que habitan y transitan por México, y coordinar las acciones en materia de discriminación de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo Federal. Ello no obstante, es indudable que después de 17 años el Conapred tiene logros y desafíos importantes. Sobre estos últimos, es claro que no se ha erradicado totalmente la discriminación en el país y que falta mucho para conseguirlo. De igual manera, los empeños indudables por prevenir y erradicar la discriminación no han logrado transformar las instituciones del Estado ni transversalizar la igualdad y la no discriminación en el ámbito de las políticas públicas. Aunado a esto, desde sus inicios el Conapred cuenta con recursos humanos y materiales limitados y a veces precarios. Sin embargo, de la mano de grupos históricamente discriminados, de personas expertas, organizaciones de la sociedad civil y autoridades en sus diferentes ámbitos y niveles de competencia, el Conapred ha realizado numerosos aportes en la agenda antidiscriminatoria del país. Entre sus logros destacan estadísticas e investigaciones sobre el fenómeno discriminatorio; incidencias en legislación y políticas públicas; impacto en programas educativos; opiniones jurídicas; publicaciones y campañas referidas a la igualdad y a la no discriminación, con el fin de promover una cultura de inclusión y respeto a las diferencias, y servicios de orientación y mecanismos para presentar y resolver quejas por presuntos actos discriminatorios de autoridades y particulares. De esta manera, el Conapred ha defendido los derechos humanos de personas y grupos que coyuntural y tradicionalmente han venido siendo discriminados. Entre ellos la comunidad LGBTTTIQA+, pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, personas con discapacidad, personas adultas mayores, migrantes, refugiadas y trabajadoras del hogar, entre otras. Estas personas y grupos han encontrado en el Conapred escucha, orientación, ayuda y respuesta a sus demandas. Además de este patrimonio social acumulado, el Conapred cuenta entre sus fortalezas con su Asamblea Consultiva, integrada por personas pertenecientes a los distintos grupos discriminados, especialistas en diferentes problemas sobre discriminación, expertos en derecho, defensoras y defensores de derechos humanos y activistas sociales por la igualdad y la no discriminación. Y por ello cumple con su función de ser el órgano ciudadano de opinión, asesoría y promoción de las acciones, programas y proyectos que diseña o desarrolla el Conapred. Como rasgo excepcional, cuenta además con representatividad en la Junta de Gobierno. Por tanto, la apuesta por atender mejor la agenda antidiscriminatoria del país no debe ser el debilitamiento o la desaparición del Conapred, sino por el contrario su fortalecimiento mediante una nueva estrategia que contemple por lo menos las siguientes exigencias. La designación de la nueva persona titular, cuya trayectoria, capacidad y compromiso con la igualdad y no discriminación en todas sus expresiones sea indiscutible, mediante un proceso ordenado, transparente y participativo; el incremento, suficiencia y garantía de su presupuesto; la actualización y ampliación de sus capacidades y recursos; la promoción de una reforma de ley que dote de nuevas facultades al Conapred con base en el artículo primero constitucional, y la participación activa de su Asamblea Consultiva en todos estos procesos.
UPOV-91: Semillas en peligro
Editoriales | 📰 Blog «La dignidad en nuestras manos» del Plumaje de Animal Político Web original | 📷 Imagen : Victor Manuel Chima Por:Ana Kuhn Velázquez y Víctor Manuel Chima* 📅 01 de julio de 2020 Lo primero que nos viene a la mente al pensar en nuestro país es su comida: tacos, tlacoyos, pozole, sus chiles, tlayudas… y la lista sigue. Nuestra cultura alimentaria es resultado de siglos de interacción entre los habitantes de estas tierras y la biodiversidad que los rodea, evolucionando junto con las plantas y animales que se volvieron símbolos de nuestra identidad. La comida no es solo nuestro vínculo más cercano al medio ambiente, sino parte integral de quienes somos, reflejando nuestros valores como sociedad y las infinitas relaciones con el territorio del que somos parte. Estas relaciones se han ido moldeando a lo largo de los años, haciendo de México uno de los países más biodiversos y culturalmente ricos del mundo. Ahora, esta diversidad vital está en peligro con la nueva iniciativa de reforma de la Ley Federal de Variedades Vegetales, planteada tras la firma del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), este año, y el Tratado Transpacífico (TPP) en 2018. ¿Cómo inicia el camino hacia el T-MEC y el TPP? En 1990 se empezó a gestar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), acuerdo comercial entre Estados Unidos, Canadá y México, que privilegió las relaciones comerciales con empresas transnacionales, dando inicio a una etapa de abandono al campo mexicano, a comunidades campesinas e indígenas, y despojo de territorios y bienes comunes en nuestro país. El TLCAN entraría en vigor el 1 de enero de 1994. En 2018 -22 años después-, el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impulsó una “modernización” del TLCAN, resultando en un nuevo acuerdo comercial entre los mismos 3 países de América del Norte, al que llamaron USMCA (US Mexico Canada Agreement), o T-MEC en español. El 13 de marzo de 2020 se anunció la aprobación final por los 3 países, con fecha de entrada en vigor para este 1 de julio. El Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés), por otro lado, fue firmado en 2018 por once naciones de la región Asia-Pacífico, y en el que se encuentran Chile, Perú y México, de Latinoamérica; aquí, Estados Unidos no firmaría. Ambos Tratados establecen en sus cláusulas, que México deberá adherirse al UPOV-91. La Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales1 (UPOV) es una organización que busca proteger la propiedad intelectual de los llamados «obtentores». Aunque en un inicio reconocía el derecho de los campesinos al libre intercambio y utilización de sus semillas, en su versión más reciente de 1991 resulta en el despojo y privatización de estas, aplicándole la misma lógica empresarial y mercantilista a todos los productores, ignorando sus particularidades y tratando a las semillas como si fueran un bien de mercado en lugar de la base sobre la cual se construye la vida. México se encuentra actualmente en la versión de 1978, pero con la firma del T-MEC y del TPP, se busca que entre en la versión de 1991, lo cual podría traer resultados desastrosos tanto a nivel social como ambiental. Esta no es una situación hipotética, sino que ha sido vivida en países vecinos, como fue el caso de Colombia quienes tras firmar el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos en 2011 sacaron la Resolución 9.70, la cual al incluir a las semillas campesinas y nativas dentro de las definiciones utilizadas, provocó su criminalización. En un país que, como México, sufre de hambre, toneladas de arroz fueron destruidas y sus productores acusados de piratería y delincuentes, sin que estos hayan sido ni consultados ni informados de los cambios en la normativa2. Estas y otras violaciones a derechos humanos —así como las malas cosechas resultantes de que las semillas importadas no estaban adaptadas a la realidad colombiana— fueron uno de los factores que llevó al paro agrario que paralizó al país en el 20133. Al entrar en la UPOV91 Colombia profundizó las desigualdades, reforzando a los grandes productores y multinacionales en detrimento de su propia población y soberanía alimentaria. Una iniciativa de Reforma a la Ley Federal de Variedades Vegetales presentada en marzo de este año por el diputado Eraclio Rodríguez, y con proximidad para discutirse en la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, de la Cámara de Diputados, pone en mayor riesgo a las semillas nativas, que principalmente han sido afectadas por el TLCAN (ahora T-MEC) y el TPP. Esta iniciativa de Reforma estaría facilitando que México se adhiera a la versión de UPOV-91, con lo que los daños serán aún más graves. Por un lado, las empresas transnacionales tendrían la facilidad de registrar semillas que han sido mejoradas, intercambiadas y protegidas por las mismas comunidades campesinas e indígenas. Por otro lado, el intercambio libre de semillas sería criminalizado, estableciendo “costosas multas, penas de cárcel e incluso la quema de las cosechas, si los campesinos intercambian libremente las semillas, las pencas de nopales y los esquejes de plantas que han heredado”4. El caso de Colombia es un claro ejemplo de la gravedad de adherirse a la versión de UPOV-91, con la que la diversidad de semillas nativas en nuestro país -que además es centro de origen del maíz, el cacao, el nopal, el jitomate, el frijol, entre otras-, el medio ambiente, la salud de mexicanas y mexicanos, estarían en un riesgo inminente5. Otro elemento a considerar es el valor intrínseco de la naturaleza y sus derechos, en este caso las semillas y toda la biodiversidad que depende de ellas. Las semillas tienen que ser defendidas no solo por lo que aportan a los humanos, sino por su papel esencial en la cadena trófica y por el simple hecho de también ser seres vivos. Poder patentar semillas abre la puerta a la apropiación de la vida misma. Esta advertencia toma un sentido mayor en el contexto de la pandemia de SARS-COV2, en el que se hacen evidentes
75 años de Jtatik Raúl
Editoriales | 📰 Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada Web original | 📷 Imagen : Jorge Aguilar Por: Miguel Concha Sábado 📅 27 de junio de 2020 En los lugares más invisibles y los hogares más cálidos y sencillos nacen las personas que dejan una fuerte huella en el tiempo. José Raúl Vera López pertenece a ellos.” Así inicia una carta firmada por 944 personas y organizaciones que reconocen la labor de don Raúl, obispo de Saltillo, quien al cumplir el primero de junio 75 años presentó al Papa Francisco su dimisión. La misiva se hizo pública el pasado 21 de junio, día de su cumpleaños, y constituye un reconocimiento a su compromiso y labor pastoral. Vale la pena enfatizar que, signada por comunidades indígenas, colectivos de víctimas, organizaciones y movimientos populares, organizaciones de derechos humanos, organismos socio eclesiales y religiosos, así como por diversas personas de amplios sectores de la población, sin mencionar a alguien en particular, las personas y grupos que firman representan, sin duda, junto con fray Raúl, parte importante de la reserva moral del país. Conocí a Raúl en la Ciudad de México cuando ingresó a la Orden de Predicadores. Desde entonces nuestras vidas se han entretejido en diversos momentos. Cuando en noviembre de 1987 fue nombrado obispo de la Diócesis de Altamirano, Guerrero, me encontré con él para recordarle que no debía olvidar la situación convulsa del país, las transformaciones que vivía la Iglesia, en el marco del Concilio Vaticano II, las prioridades apostólicas asumidas por la Orden y los compromisos pastorales de la Iglesia latinoamericana, así como el testimonio profético de muchos hermanos dominicos y de obispos como don Sergio Méndez Arceo. La carta reconstruye parte de la trayectoria pastoral de Raúl, y dedica especial atención a su labor como obispo coadjutor en San Cristóbal de las Casas, y a su tránsito al obispado de Saltillo (1999). Sobre esto literalmente menciona lo que sigue. En el marco del levantamiento de los pobres del color de la tierra, que cimbró al mundo y convirtió a Chiapas en un torbellino de horror y búsqueda de paz con justicia y dignidad, don Raúl fue nombrado coadjutor de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas en agosto de 1995. Allí se entregó por completo a cultivar la dignidad recuperada por la rebeldía de los pueblos y a profundizar el trabajo pastoral y profético del obispo Samuel Ruiz García, el querido y reconocido Jtatik Samuel. Al lado de los pueblos indígenas –que le enseñaron mucho– de don Samuel y de un gran e incansable cuerpo pastoral, sufrió amenazas, insultos, ataques e intentos de homicidio. Nada lo detuvo. Lejos de ello, la fuerza de su predicación se hizo más poderosa y clara, al grado de denunciar internacionalmente la matanza de Acteal. Tanto creció la fuerza de su voz, que se le negó el derecho a suceder a don Samuel en la Diócesis de San Cristóbal. Designado obispo de Saltillo en diciembre de 1999, llevó consigo el mandato del Jtatik. Al frente de esa diócesis –y a lo largo de 20 años– no ha dejado de caminar al lado de las comunidades más vulnerables y vulneradas, de levantar la voz frente a las injusticias y de reconstruir la Iglesia. Y así, ha apoyado la lucha por las mejoras laborales de los trabajadores mineros y acompañado el reclamo de justicia de la Organización Familia Pasta de Conchos. Se ha solidarizado con las comunidades que enfrentan despojos y contaminación por parte de las grandes empresas, y ha alzado la voz en defensa de los migrantes. Ha apoyado el trabajo, tanto del albergue, como de la pastoral migrante de su diócesis, así como el trabajo del Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios. Ha defendido a las trabajadoras sexuales y denunciado los crímenes que en 2006 perpetraron militares en Castaños contra ellas. Ha acompañado incondicionalmente y de muchas maneras a las víctimas y familiares que sufren violencia y desaparición y ha denunciado también los crímenes cometidos al amparo de la Iglesia. Promueve igualmente una reforma para evitarlos. La carta recupera también su apoyo y acompañamiento a diversos organismos de derechos humanos, su labor internacional y su trabajo en el Tribunal Permanente de los Pueblos-Capítulo México (2012-2014), que derivó en el planteamiento de una Nueva Constituyente Ciudadana Popular. Concluye con el reconocimiento y compromiso con su labor pastoral. Los que lo hemos acompañado y hemos sido acompañados por él le damos en su 75 aniversario las gracias. Pastores como él sostienen viva la esperanza. Además de reiterarle su nombre y calidad de Jtatik, queremos ahora constatar su calidad de hermano y compañero. Le acompañamos en la cosecha final de su tarea diocesana en Saltillo. Y le damos la bienvenida a su nueva etapa de emeritez. Sabemos que su fuerza, madurez y experiencia seguirán latiendo en el reto profético y estratégico de abrir nuevos horizontes, para que la paz, la justicia y la libertad reinen en México y el mundo. La versión completa de la carta se puede consultar en: https://bit.ly/37ViIRU
Derecho humano a la vivienda adecuada y sus garantías en México
Editoriales | 📰 Columna de opinión en la Revista Contralínea Web original | 📷 Imagen : Cuartoscuro Por: Ariadna Rosales y Gisel Mateos* 📅 23 de junio de 2020 Las personas requerimos más que un listado de derechos reconocidos para nuestro desarrollo integral, el cual depende, en gran medida, que en principio contemos con una vivienda adecuada. Así, toda persona tiene el derecho a una vivienda digna. Este derecho está reconocido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales, Culturales, en sus artículos 2 y 11, por lo cual los Estados están obligados a adoptar las medidas necesarias y asegurar su plena efectividad y goce. Pero, ¿qué implica esto para los gobiernos? Reconocer el derecho humano a una vivienda adecuada (en adelante “derecho a la vivienda”), implica que éste deberá garantizarse independientemente de las circunstancias, atendiendo a su inherencia, interdependencia e indivisibilidad con los otros derechos humanos, para que de esta forma las personas tengamos un mínimo de seguridad, es decir, gastos soportables para su construcción, seguridad jurídica en la tenencia, disponibilidad de servicios materiales e infraestructura; habitabilidad, accesibilidad, un lugar conveniente y adecuación cultural (cfr. https://bit.ly/3awakbo), por mencionar algunos ejemplos. A nivel nacional, el derecho a la vivienda tiene su fundamento en la Constitución mexicana, en su Artículo 4, el cual establece el derecho de las familias a disfrutar una vivienda digna y decorosa. En ese sentido, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado tal derecho haciendo una explicación de sus elementos, a saber, una infraestructura adecuada que proteja a las personas del medio ambiente y frente a desastres naturales, con instalaciones sanitarias, acceso a servicios básicos (energía, agua y drenaje) y espacio suficiente para habitarla (véase https://bit.ly/2VtjvVx). Sin embargo, existen obstáculos de facto y de iure que impiden el goce de este derecho social, uno de ellos, el desalojo forzoso. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su observación general 7, se pronunció en relación con la figura del desalojo forzoso, definiéndolo como “[…] el hecho de hacer salir a personas, familias y/o comunidades de los hogares y/o las tierras que ocupan, en forma permanente o provisional, sin ofrecerles medios apropiados de protección legal o de otra índole ni permitirles su acceso a ellos” (https://bit.ly/2KsMUZT). De esta manera, el Estado deberá ofrecer las garantías procesales adecuadas a las personas sujetas a desalojos forzosos. Así, antes del desalojo, se deberá consultar a la comunidad afectada por el futuro desalojo, notificarle la fecha del mismo en un plazo razonable y suficiente, y facilitarle la información sobre el desalojo, así como de alternativas de vivienda y recursos legales. Ahora bien, una vez que esté en curso el desalojo, se debe asegurar la presencia de autoridades debidamente identificadas, realizarlo en condiciones adecuadas, y ofrecer asistencia jurídica si se desea solicitar alguna clase de reparación ante órganos judiciales. Finalmente, una vez que terminó se debe garantizar la reubicación de las personas desalojadas en una vivienda adecuada, asegurando su tenencia. Atendiendo a las responsabilidades anteriores, en la Ley Constitucional de los Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México, en el artículo 60, contemplaba el desalojo bajo ciertas condiciones. El punto anterior significaba que la autoridad, para poder realizar un desalojo, debía estudiar todas las posibilidades, a fin de evitarlo y en todo caso evitar o minimizar el uso de la fuerza pública, e igualmente indemnizar a las personas en caso de ser privadas de sus bienes o sufrir pérdidas inmateriales, respetando en todo el proceso las garantías procesales de las personas afectadas, como lo es la audiencia, y también hacerlo garantizando un adecuado realojamiento a las personas sin recursos. Sin embargo, el 7 de junio de 2019 el anterior texto fue modificado, y ahora sólo prevé que “ninguna persona podrá ser desalojada sin mandamiento judicial emitido de conformidad a las disposiciones constitucionales y legales aplicables al caso concreto. […] para garantizar el derecho de audiencia y respetar el debido proceso…”, dando así un paso atrás en la protección del derecho a la vivienda adecuada y al derecho de tenencia. Si se hace una radiografía sobre la tenencia de las tierras en la Ciudad de México, en términos generales, se podría vislumbrar la coexistencia de las propiedades pública, privada y social. En específico, los núcleos ejidales y los bienes comunales, cuyo reconocimiento y otorgamiento fueron conquistas de la Revolución Mexicana a favor del campesinado y han representado un reto en materia de regularización territorial, toda vez que la transmisión de la propiedad social tiene reglas muy específicas, por lo que las personas que realizan operaciones para adquirirlas deben pasar por procesos judiciales o administrativos usualmente agotadores. Tal es el caso de la Colonia Solidaridad, fincada en tierras de naturaleza ejidal ubicada en el paraje 8.5 de la carretera Picacho-Ajusco, en la Alcaldía Tlalpan. Por ello, numerosas familias han podido residir ahí desde hace décadas, gracias a la compra de sus casas, resultado de grandes esfuerzos. No obstante, estas familias han sido desalojadas de sus hogares en tres diferentes ocasiones hasta el día de hoy durante los años 2013, 2017 y 2019. El Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, OP, AC, en su calidad de organización observadora, tuvo oportunidad de conocer las violaciones a derechos humanos derivadas del primer desalojo ocurrido en 2013 a manos de autoridades capitalinas. Contrario a lo que mandata la Ley Constitucional de los Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México, en sus artículos 59 y 60, el 19 de octubre de 2019, de nueva cuenta, se dio otro desalojo forzoso a manos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, que, según la propia versión de las personas de la Colonia Solidaridad, fueron alrededor de 1 mil 800 efectivos, todo lo cual afectó a cerca de 200 familias. Por lo tanto, la actuación de las autoridades, conforme lo relatado por las personas habitantes de la Colonia Solidaridad, también careció de las garantías procesales mínimas en los desalojos forzosos de 2017 y 2019, porque, entre otras
La emergencia permanente
Editoriales | 📰 Blog «La dignidad en nuestras manos» del Plumaje de Animal Político Web original | 📷 Imagen : Cristopher Rogel Blanquet Por: Angélica Díaz 📅 22 de junio de 2020 Desde hace más de 10 años hacer periodismo en México es una labor de alto riesgo para quienes lo ejercen, llegando incluso a sobrepasar a países que se encuentran en guerra declarada. Asesinatos, agresiones y censura a cientos de periodistas forman parte de una enorme deuda que tiene el Estado con el incumplimiento de sus derechos, ya que no solo se enfrentan a este panorama de violencia, sino también a la impunidad que se ha ejercido ante el asesinato de al menos 160 compañeros desde el 2000 hasta el 16 de mayo en el que el periodista Armenta Ávalos fue asesinado afuera de un comercio en Ciudad Obregón, hecho que ocurre debido a la ineficiencia de condiciones que aseguren garantías y leyes que protejan de una manera integral el ejercicio del periodismo. En el 2012 se publicó la Ley de Protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, en donde se establece la responsabilidad de cooperación entre las entidades federativas para garantizar la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentran en riesgo por el ejercicio de la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos. Dicha Ley, a más de ocho años de su publicación, no ha logrado garantizar lo que prometía, pues no se han generado las condiciones necesarias para que su efectiva protección sea una realidad. Muestra de ello es que, por ejemplo, Javier Valdez y Miroslava Brech, periodistas asesinados en 2017, contaban ya con medidas de protección por parte del Estado. Familiares y activistas enfatizaban en que la exigencia de seguridad tanto para Miroslava como para Javier fue muchas veces retrasada e ignorada por las autoridades, siendo esta falta de atención uno de los factores que finalmente permitieron los crímenes que terminaron con sus vidas. Ante todo este panorama que acompaña el ejercicio del periodismo en México y sumando la situación extraordinaria que enfrentamos en gran parte del mundo ante el virus SARS-COV2, se van agravando las violencias que ya se vivían pero que ahora se recrudecen: desde el despido masivo de personas que trabajan en medios, la falta de cuidado de las empresas de comunicación ante sus trabajadores y la información que emiten, agresiones por parte de la ciudadanía, nulos derechos laborales y una incertidumbre constante sobre qué es lo que pasará a futuro con esta profesión a nivel mundial. Algunos de los medios de comunicación más importante del país se han visto salpicados por sus posturas e investigaciones críticas sobre la forma en la que el gobierno está enfrentando la contingencia sanitaria, algunos de ellos se han visto expuestos también ante el descubrimiento de información falsa e incluso ataques hacia otros periodistas, lo que habla de una crisis de la libertad de expresión e información en un momento de suma importancia para evitar la propagación aún más extensa del virus en el país. Por su cuenta, la prensa mexicana independiente ha aportado coberturas desde lugares alternativos, presentando datos e historias que van surgiendo ya desde años anteriores en donde muchos de estos pequeños medios se habían visto censurados; medios que además constantemente se encuentran en crisis y acentúan el hecho de que ser periodista en México es una dinámica constante de emergencia. Para dar cuenta de algunos desafíos tuve la oportunidad de charlar con cuatro personas que trabajan en diferentes geografías y medios de comunicación para tener un panorama de lo que el gremio de personas periodistas están viviendo en medio de esta emergencia sanitaria, se han cambiado algunos nombres por motivos de seguridad. En primer lugar resalta que la incertidumbre, el miedo y la irresponsabilidad que muchas empresas de comunicación están ejerciendo sobre sus trabajadoras y trabajadores viola derechos humanos básicos para el libre desarrollo de su labor. Hay una aparente preocupación, pero la realidad que reflejan la precarización y violencia que enfrentan todos los días y las pocas medidas de seguridad al tratar de cubrir ciertas noticias son responsabilidades que ya han cobrado vidas. Mariana Hdz, que trabaja como camarógrafa de un canal de televisión en la Ciudad de México expresa: “La verdad sí me da miedo cuando nos mandan a cubrir hospitales, cuando empezó todo esto, muy, muy al principio me mandaron con una reportera al INER, literal nos mandaron hasta el laboratorio en donde entregan las pruebas y ahí no nos dieron protección de nada, ni en el hospital, ni el canal, nos pusimos un cubrebocas y eso gracias a que mi reportera llevaba. Me sentí muy insegura, quizá de COVID no me pude contagiar, pero era la sala de muestras y de cualquier otra cosa te puedes haber contagiado”. Por su cuenta, Christopher Rogel Blanquet, que es fotoperiodista freelance para diversas agencias, reflexiona que posiblemente “el índice de probabilidades de que el COVID nos dé a nosotros es más alto que a otras personas, eso partiendo de que no solamente estamos saliendo como muchos, sino que estamos buscando las historias a partir de lo que ocurre con el COVID, eso nos está afectando; además, en mi caso como freelance ya perdí muchos proyectos. Para otros hay preocupación por la solvencia económica. A muchos de los colegas que están trabajando les han bajado el salario, algunos del 30% al 40% y no así la carga de trabajo”. Mientras tanto, Isael Rosales Sierra, periodista en el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, resalta que “hay una carencia desde antes de la pandemia en el sistema de salud, es nula la presencia, no hay infraestructura, incluso en algunas comunidades no hay medicamentos, tienen que curarse las personas con yerbitas y ahí le van buscando, el sistema de salud en las comunidades muy poco ha funcionado, ha funcionado en algunas por las personas que se organizan, alzan la voz, pero si no, no hay nada. La marginación, la discriminación, el olvido de las comunidades sirve también para
Verdad y justicia
Editoriales | 📰 Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada Web original | 📷 Imagen : Jorge Aguilar Por: Miguel Concha Sábado 📅 20 de junio de 2020 Ayer se cumplieron cuatro años de los actos de represión y las violaciones graves a derechos humanos perpetradas por elementos de las policías estatal y Federal, y la entonces Gendarmería, en contra de integrantes de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), familiares y personas pertenecientes a la comunidad de Asunción Nochixtlán, Oaxaca, quienes se pronunciaban en oposición a la reforma educativa promovida en el sexenio del ex presidente Enrique Peña Nieto. Aunque el gobierno de Oaxaca afirmó que dichos actos respondían al desalojo del bloqueo de la carretera federal en la que se encontraban los manifestantes aquella mañana del domingo 19 de junio de 2016, gracias a varias fuentes periodísticas se pudo evidenciar que el operativo respondió más bien a un mecanismo de desarticulación social empleado por el Estado. Y ello mediante el uso desproporcionado e injustificado de la fuerza, el cual incluyó la detonación de armas de uso exclusivo del Ejército en contra de quienes se manifestaban. El operativo resultó en la privación de la vida de ocho personas: Yalid Jiménez Santiago, Anselmo Cruz Aquino, Jesús Cadena Sánchez, Óscar Luna Aguilar, Omar Gonzáles Santiago, Óscar Nicolás Santiago, Silvano Sosa Sánchez y Juan Galán Mendoza, así como en la detención arbitraria de numerosas personas, y otras más que resultaron heridas de gravedad. A raíz de los hechos ocurridos, familiares de las víctimas y sobrevivientes y miembros de la sección 22 de la CNTE protestaron con la finalidad de que se investigara y sancionara a los responsables materiales de la masacre de Nochixtlán, enfatizando en el esclarecimiento de la verdad en cuanto a la participación de altos funcionarios públicos de los ámbitos estatal y federal. Ello no obstante, y ante la indolencia e impunidad por parte de las autoridades encargadas de investigar y sancionar a los responsables, se inició el doloroso y arduo camino por la búsqueda de la verdad y el acceso a la justicia por parte del Comité de Víctimas por Justicia y Verdad 19 de Junio (Covic), con la finalidad de impulsar las líneas de investigación propuestas por las víctimas y sobrevivientes, de la mano con otros movimientos sociales, organizaciones de la sociedad civil, colectivos y grupos de víctimas. De esta manera, no sólo se impulsó la exigencia de verdad y justicia en el proceso de la comunidad de Nochixtlán, sino que también se comenzó a exigir a las autoridades una respuesta integral en función de los intereses y necesidades de las víctimas y sobrevivientes, bajo la consigna de reclamar justicia para todas las víctimas y sobrevivientes del país. Consigna que fue retomada en el primer y segundo Encuentro Internacional de Defensores y Víctimas de Graves Violaciones a Derechos Humanos, que durante 2018 y 2019 realizaron foros y espacios de participación convocados por el Covic y diversos actores de la sociedad civil. Con ello se generó una articulación de personas, colectivos, comunidades, movimientos sociales, organizaciones de víctimas y sobrevivientes de violaciones graves a derechos humanos, quienes a partir de entonces se autodenominan como Segundo Encuentro, y se identifican con el lema de Justicia para todas las víctimas y sobrevivientes del país, como principal objetivo de la articulación. Gracias a la movilización que llevó a cabo a mediados de abril de 2019, el Segundo Encuentro impulsó mesas de trabajo con diversas autoridades federales. Cabe mencionar que dichas mesas son producto de amplios espacios de participación, en los que se han acordado propuestas y estrategias colectivas, en función de las exigencias de quienes integran el Segundo Encuentro. Ahora bien, es importante señalar que para dar seguimiento a las acciones de exigencia de las víctimas y sobrevivientes en el contexto de la pandemia que hoy se vive, que por su propia naturaleza ha impactado de diversas maneras en los espacios organizativos, el pasado jueves, en el marco de la Jornada de Actividades de Conmemoración por la Lucha y Resistencia de las Víctimas y Sobrevivientes del 19 de Junio. Cuatro Años sin Verdad y sin Justicia, se realizó una asamblea virtual de víctimas. Por esto es necesario hacer un amplio reconocimiento al impulso que este tipo de alternativas dan en continuidad a la búsqueda tan sentida de verdad, justicia, reparación y no repetición por parte de las víctimas y sobrevivientes de violaciones graves a derechos humanos, ya que a pesar de todos los obstáculos y circunstancias adversas, implican un notable esfuerzo colectivo por sostener los movimientos organizativos de base, y por resignificar los diversos procesos de lucha y resistencia.
Decreto por el maíz nativo
Editoriales | 📰 Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada Web original | 📷 Imagen : Twitter Por: Miguel Concha Sábado 📅 13 de junio de 2020 Sabemos que los bienes comunes naturales están hoy amenazados por intereses de grandes capitales nacionales e internacionales. Se hace por ello aún más necesaria la efectiva defensa de éstos, a los que no podemos asignar un precio, pues guardan en sí mismos una importancia vital para la existencia y reproducción de la vida en el planeta. Con base en este principio, y dada la preocupación que nos ha generado la presencia de maíces transgénicos en nuestros territorios, un grupo amplio de personas y organizaciones solicitamos al titular del Ejecutivo federal acciones contundentes en favor de los maíces nativos y los derechos de los campesinos y comunidades indígenas. Retomando las declaraciones del Presidente al tomar posesión en 2018, y al cumplirse los primeros 100 días de su mandato, cuando expresó que en México no se permitirían las siembras de maíces transgénicos, este grupo plural y diverso de personas nos animamos a presentar una petición de decreto presidencial. Éste debiera establecer condiciones suficientes para una política integral de bioseguridad en México, en la que se incluyan legislaciones y políticas públicas de gobierno que aseguren derechos colectivos, así como la preservación de la integridad de nuestra nación como centro de origen del maíz y de otras especies fundamentales para la alimentación humana y animal, y la riqueza histórica y cultural que existe en nuestro país en torno a las semillas. Esta petición fue entregada el pasado 30 de junio de 2019 pero, por desgracia, a casi un año de ello, no hemos tenido respuesta a nuestra solicitud. Sin embargo, mediante la entrega y publicación de otra carta, con fecha próxima, renovamos e insistimos en nuestra petición, y ahora, frente a más amenazas actuales para el maíz, la milpa y la biodiversidad en general, con mayor razón. Entre éstas, por un lado, está la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) y, por otro, nuevas propuestas legislativas de reformas a la Ley Federal de Variedades Vegetales, que criminalizan a campesinos y pueblos indígenas, y los despojan de sus semillas. Además, la intención de algunos sectores de gobierno para que México se adhiera al Acta 1991 de la Unión Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales (UPOV91), acción contraria a la protección de la biodiversidad y a la prohibición de los organismos genéticamente modificados (OGM), a los que, por cierto, el propio Presidente de la República se ha referido y señalado como ser susceptibles de prohibirse. En nuestra petición renovada volvemos a subrayar la importancia de proteger la diversidad agrícola en México. En efecto, se hace cada vez más necesaria la prohibición de emitir permisos de liberación de OGM, sea en su fase experimental, piloto o comercial en el territorio mexicano, incluidos los obtenidos con nuevas técnicas, como edición genética o mutagénesis. Por ejemplo, una medida urgente de política pública efectiva a este respecto sería implementar el compromiso de Diconsa de no distribuir granos de maíz importado en sus más de 25 mil tiendas y almacenes, así como transparentar regularmente resultados sobre detección de OGM en territorio mexicano. Este decreto podría ser una señal clara del compromiso de la actual administración con los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y campesinas, y con la protección de la biodiversidad, así como un avance significativo en la garantía del derecho a la alimentación y a la salud de las personas que habitamos o transitamos por México. Los cientos de personas y organizaciones que se han sumado a esta nueva petición de decreto son conscientes de que en medio de una crisis como la que enfrentamos por la pandemia del Covid-19, es fundamental transitar gradualmente hacia otros paradigmas de relacionamiento con la naturaleza, poniendo en el centro el cuidado de los bienes comunes y de toda forma de vida en el planeta. Nuestra petición de decreto no es troglodita, como muchos sectores privilegiados han querido suponer. Es más bien una acción social organizada que nace de la imperiosa tarea de cuidar la naturaleza, centrando esfuerzos en la milpa y en los productores de alimentos de pequeña y mediana escala. Necesitamos un paradigma agrícola liberador y ecológico, como el que practican pueblos y comunidades indígenas y campesinas. De seguir con el modelo industrial vigente, atentamos contra la reproducción de la vida misma y restamos nuestras capacidades para enfrentar la crisis civilizatoria actual en sus diversas facetas. La actual administración tiene la oportunidad de construir verdaderamente las bases de un nuevo proyecto de país, el cual pasa por darle institucionalidad a las propuestas que desde las diversas organizaciones, colectivas y movimientos sociales hemos elaborado y presentado en sintonía con exigencias de comunidades y pueblos indígenas y campesinos. Esperamos que esta vez se recoja nuestra petición.
