Una salida apegada a derechos
Editoriales | 📰 Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada Web original | 📷 Imagen : Angélica Díaz Por: Miguel Concha Sábado 📅 06 de junio de 2020 Estamos en la cresta de la pandemia del Covid-19. Nadie sabe cuánto durará. Todos ansiamos que llegue su final, pero conforme éste se aproxime será más urgente construir alternativas para salir de la crisis, cuyas primeras manifestaciones apenas vemos, y cuya superación generará menor sufrimiento, en cuanto las estrategias puestas en práctica sean más creativas y de diseño más inclusivo. Nadie puede estar exento del esfuerzo de proponer y dialogar para alcanzar acuerdos, y nadie, mucho menos los responsables de las decisiones, pueden ser omisos en la escucha de los diversos planteamientos, y en la voluntad de convencer y dejarse convencer, con el criterio del máximo bien de las personas, basado en el respeto y garantía de sus derechos. Es alentador el llamado que más de 300 personas y organizaciones sociales formularon a la sociedad civil y al gobierno sobre la necesidad de promover que la salida a la crisis generada por la pandemia sea integral y apegada a los derechos humanos. Además del valor de los argumentos, es importante el testimonio de décadas de lucha social de todos los firmantes –personas y organizaciones– en los más diversos campos del reclamo de justicia para los excluidos y los desiguales. Promovida originalmente por un grupo de personas identificadas como La 4D, por su referencia a la letra inicial de los vocablos: Derechos, Democracia, Desarrollo y Diversidad, llaman a la sociedad civil y a los distintos niveles de gobierno a abrir, con el mejor de los compromisos, espacios de diálogo, interlocución y colaboración que permitan al país transformar la actual situación que aflige a millones de personas. “Será de suma importancia –añaden– compartir nuestras reflexiones y coordinar nuestras acciones”. El llamado no apela de manera ingenua a gestos de buena voluntad, sino que formula propuestas específicas para reformas y cambios que vayan a fondo. “Consideramos –dicen– que éste es el momento para comprometerse en serio con reformas estructurales para una justicia redistributiva, incluidas las tributarias progresivas, donde se requiera a los depositarios de grandes fortunas y a los grandes conglomerados corporativos contribuir con la sociedad en una medida proporcional a su riqueza”. “Es también –añaden– momento de profundizar en la democracia como condición de la fortaleza de la sociedad y de su Estado”. Hay un tercer asunto de interés, derivado de una característica de quienes formulan el llamado, y obliga a una interpretación más amplia de las implicaciones de sus propuestas: su gran mayoría tiene una reconocida trayectoria en la izquierda social. Aquella que no se desarrolló principalmente en los partidos políticos ni en los procesos electorales, sin que nieguen su utilidad, sino en los procesos organizativos y reivindicatorios de derechos de los diversos agrupamientos sociales. Su intervención, más que política, ha ocurrido invariablemente en los momentos de emergencia social, por ejemplo, en la situación generada por los sismos, en el levantamiento indígena en Chiapas, en el reclamo por las personas desaparecidas y en muchos momentos dolorosos para la sociedad, particularmente para los sectores excluidos. Este tercer elemento podrá contribuir a ubicar las diferencias en el nivel que corresponde. No se trata de un pleito entre dos, sino de construir un arreglo entre todos. Se trata del futuro del país. En el boletín de prensa, con el que presentó el lunes el llamado, se señaló: no apostamos al fracaso del gobierno, sino todo lo contrario. No compartimos las posiciones de quienes sistemáticamente se oponen a las acciones de gobierno, y al mismo tiempo, como un espacio de la izquierda social, reivindicamos y ejercemos el derecho a la crítica proactiva y a la construcción de propuestas alternativas. Por lo que pedimos a las autoridades escuchar y debatir con base en las ideas las propuestas desde el mismo espectro político, sin descalificaciones tempranas, sin tergiversar argumentos y sin menospreciar planteamientos, por distintos que éstos sean a la perspectiva oficial. No únicamente la sociedad, sino la propia izquierda, son diversas. En el pasado las posiciones distintas se consideraban como indisciplina. Hoy son signos de democracia, y ésta genera fortaleza. La construcción de alternativas requiere que la izquierda se ponga de acuerdo. Esto es necesario, pero no suficiente. El diálogo debe ser entre todos: las acciones de índole económica para salir de la crisis no son sólo una relación paternal entre gobierno y pobres, sino de toda la sociedad con el gobierno. Lo que tiene implicaciones políticas, puesto que requieren de un acuerdo entre todos los sectores de la sociedad y el poder público. No se trata de que más acción gubernamental sea igual a menos democracia. Hay que regular la economía, hay que regular el desarrollo social y, no podemos olvidarlo, hay que regular al regulador.
También morimos jóvenes: periferias y las luchas de hace tiempo
Editoriales | 📰 Blog «La dignidad en nuestras manos» del Plumaje de Animal Político Web original | 📷 Imagen :Web Por: Beatriz Rivero y Yoxmara Tapia 📅 03 de junio de 2020 Seguramente cuando José Enrique Rodó escribió Ariel y lo dedicó a “A la juventud de América”, buscaba que sus palabras resonaran en cada persona joven del continente. Hoy, con la misma intención pero desde otra mirada, escribimos este texto. Sabemos que las realidades se inscriben en nuestras acciones, posibilidades, apuestas y horizontes, y que son nuestras historias individuales y colectivas las que hablan desde nuestras corporalidades; (no) salimos porque nos matan, (no) gritamos porque nos callan, y (no) dejamos hacer y dejamos pasar porque “no tenemos alternativa”. Hoy América Latina se enfrenta a la pandemia desde las heridas abiertas que ha dejado la dominación, la explotación, el extractivismo y la violencia patriarcal en la región, pero también desde las lecciones que siglos de resistencia han tejido en la memoria de nuestras organizaciones, pueblos y colectividades. El desafío es tan grande que si bien no imaginamos las magnitudes de los impactos que tendrán estos tiempos en nuestras cotidianidades, sabemos que la vuelta a la normalidad tal y como la conocíamos será justificación genocida. Nombrar que son nuestras y nuestros, los de las precarias condiciones laborales, esos y esas sin seguridad social y económica y aquellas a las que se les obligó a confinarse con el agresor, son sólo algunas de las historias que forman parte del ejercicio de memoria popular durante y después de la crisis, y que permitirán organizar la indignación, el dolor y la rabia para seguir construyendo esas transformaciones tan urgentes que como sociedades necesitamos. Como juventudes de las periferias, vivimos la cuota sacrificial desde las exigencias de productividad instauradas desde antes del COVID-19, que configuran los mandatos para “ser autosuficientes, tener un título, estabilidad emocional y energía casi interminable por la vida”, sin embargo, esto no es posible en contextos de extrema violencia y desigualdad para el acceso a derechos como la educación, la salud, al trabajo digno, a la vivienda, a la participación ciudadana, a la seguridad, a la integridad personal, a la no discriminación, entre otros. Nuestras realidades diferenciadas, empobrecidas y precarizadas que hoy actualizan el mandato generacional que niega a las juventudes la posibilidad de padecer cansancio, dolor, enfermedad (o contagio) como afecciones de la improductividad, que invisibilizan las marcas de desigualdad racial, de clase, de género y orientación sexual que atraviesan nuestras corporalidades y nuestras condiciones desiguales de salud y de vida, las cuales aumentan factores de vulnerabilidad. Mientras alguien con las condiciones materiales suficientes puede decidir alimentarse más sano en esta cuarentena, jóvenes trabajadores de las periferias de la Ciudad de México y el Estado de México continúan con sus actividades laborales diariamente dirigiéndose hacia las empresas y zonas industriales, así como a las posibilidades que ofrecen las calles, en donde la informalidad del trabajo y la garantía de nada muestran con crudeza que la ganancia se sostiene sobre la vida, sacrificando ciertas identidades como expresión de la exclusión radical de ciertos sectores poblacionales. Basta mirar un día de cuarentena en algún municipio mexiquense que conforma la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) para dar cuenta que las circunstancias hoy añadidas con la pandemia muestran la profundización de los mecanismos para la gestión necropolítica de la crisis, en donde los derechos a la información sobre los temas de la pandemia son, como lo ha advertido la organización Artículo 19, parte fundamental de las acciones obligatorias de los Estados para mitigar las afectaciones. También es ejemplo claro del carácter de interdependencia de los derechos humanos, sobretodo en tiempos de crisis manifiesta. Recientemente el periodista Arturo Contreras retrataba mediante testimonios de habitantes de San Francisco Tepojaco, en Cuautitlán Izcalli, las diversas formas de habitar el coronavirus en las periferias: “La gente no sabe nada (…) la vida en las calles (…) se sigue como si nada. Tampoco se sabe mucho de la cuarentena por el coronavirus.”, refería al inicio de un reportaje que daba cuenta de la vulnerabilidad de once mil viviendas de esta colonia, habitadas por miles de obreros con enfermedades respiratorias ocasionadas por vivir cerca de los canales de aguas negras y basureros. Por generaciones, diversas organizaciones que han apostado a la defensa de los bienes comunes y del territorio que se encuentran en la Ciudad de México y su Zona Metropolitana han cuestionado el aceleramiento de los procesos de urbanización en la zona, la privatización de bienes comunes como el agua y el suelo, la construcción de basureros a cielo abierto, así como la construcción de megaproyectos inmobiliarios y aeroportuarios (el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía). Desde esta luz, como refieren los diálogos entre movimientos y organizaciones sociales de todo el mundo, la normalidad ha sido la crisis y a ésta pertenecen hoy las realidades de diversas colonias, barrios y comunidades que se enfrentan a la carencia de agua para lavarse las manos, la imposibilidad de llevar a cabo las medidas de distanciamiento social en medio del hacinamiento y el quedarse en casa como opciones reales de sobrevivencia. Como juventudes de las periferias, somos una ventana generacional a los procesos de lucha. Aunque nuestra voz suele ser silenciada o criminalizada, en tiempos de pandemia no dejamos espacio para el olvido, no frenamos nuestra colectividad, ni dejamos que el distanciamiento determine nuestras relaciones afectivas. Es tiempo de repensar nuestros entornos familiares, pero también de fortalecer nuestro compromiso afectivo con nuestros territorios. *Beatriz Rivero y Yoxmara Tapia son colaboradoras del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P. A.C. (@CDHVitoria).
Articulación de las OSC en México
Editoriales | 📰 Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada Web original | 📷 Imagen : Victor Manuel Chima Por: Miguel Concha Sábado 📅 30 de mayo de 2020 Durante más de una década, diversas organizaciones de la sociedad civil (OSC) del país demandaron una cobertura legal y consiguieron en 2004 la aprobación de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil (Lffarosc), un marco legal que las reconoce como actores de interés público y ofrece sustento jurídico para su participación y fomento. Sin embargo, el 14 de febrero de 2019, el gobierno federal emitió la Circular Uno, que canceló el acceso a los recursos públicos para sus proyectos de utilidad pública, y contradice lo establecido en dicha ley. Decisión acompañada con la desacreditación del compromiso con la democracia y los derechos humanos mostrado por la sociedad civil por décadas. Ante ello, diversas articulaciones de OSC reaccionaron ante la difícil situación provocada por las decisiones del gobierno federal y optaron por la denuncia pública para demandar una reconsideración. Dialogaron entre ellas para identificar medidas ante el inevitable debilitamiento y la eventual extinción del marco institucional y legal ganados con tantos esfuerzos. Producto de un proceso de reflexión sobre la permanencia y los derechos de las OSC en México, a través de consultas y diálogos entre OSC del país, Equipo Pueblo AC produjo el diagnóstico Impacto de las restricciones gubernamentales hacia las OSC en México-2020, del que recuperamos las principales valoraciones, recomendaciones y escenarios, que se reúnen en el último capítulo del texto. Las OSC consultadas identificaron impactos negativos de las decisiones gubernamentales que trastocaron su acción. La mayoría de las que trabajan directamente con la población restringieron su quehacer por falta de recursos para desplazamientos y operación de sus proyectos. Reportaron la suspensión de actividades estratégicas de investigación, profesionalización e incidencia. En algunos casos se han planteado el cierre total. Entre los ejes o ámbitos de acción sugeridos por y para las OSC, destacan: 1. La defensa del marco legal y los derechos de las OSC. Las acciones que proponen están dirigidas a sus derechos: la libertad de asociación, de expresión; el derecho a recibir financiamiento de cualquier fuente pública o privada nacional o internacional, independientemente de su posición ideológica, política y métodos de intervención. Además del marco legal federal, es fundamental que todas las entidades de la nación cuenten y/o cumplan con las leyes de fomento estatales. 2. La articulación para una estrategia y agenda común nacional, a partir de lo local. La coyuntura demanda promover nuevamente la estructuración de pensamientos y acciones desde lo local hasta lo nacional, porque continuarán actuando, a pesar del impacto de las decisiones del Poder Ejecutivo. Ratifican la convicción de fortalecerse de manera articulada en una plataforma que integre y difunda sus propuestas ante los asuntos de su interés y que, eventualmente, el gobierno federal y la sociedad les reconozcan. Se sugiere, considerando la diversidad de posiciones, identidades y geografías, por sus derechos explicitados en la Ley de Fomento y otros instrumentos internacionales, la construcción de una agenda común con base en el pleno ejercicio de los derechos humanos, en la que estén transversalizados los enfoques multinacional, multicultural e intergeneracional. Y enfocar las agendas a las transformaciones que exige el país, a los asuntos estratégicos, sin abandonar el seguimiento y evaluación de las políticas públicas que cada una realiza, porque ahí está su compromiso y vocación, tanto en la comunidad como en lo nacional. Para esa articulación hay que integrar las agendas locales y promoverlas, considerando los saberes socialmente adquiridos, la sensibilidad desarrollada y la voluntad de articularse, la cual supone la apertura para construirla conjuntamente. Es decir, una voluntad para ir más allá de las diferencias y tener en perspectiva lo que las une, independientemente de causas y estrategias, y que en la relación con el gobierno y otros actores no queden subordinadas y sigan aportando –de manera crítica y propositiva– a las políticas públicas. Hay quienes consideran que es necesario promover el diálogo político con el gobierno para defender su derecho a la participación. Aprovechar que en algunos ámbitos estatales locales existe apertura para la colaboración y la incidencia en niveles intermedios de gobierno. Para otras es claro que la decisión del gobierno federal de cancelar los recursos para las OSC no cambiará. Por ello importa explorar nuevos esquemas de financiamiento y de reformas a la Ley Federal del Presupuesto, la Ley del Impuesto Sobre la Renta, el Código Fiscal, la Miscelánea Fiscal y la Lffarosc, que apunten a una armonización legislativa que reconozca y fortalezca a las OSC del país. La sociedad civil quiere seguir siendo interlocutora válida, opinar e incidir ante los problemas que enfrenta la nación.
Una revisión indispensable
Editoriales | 📰 Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada Web original | 📷 Imagen : Internet Por: Miguel Concha Sábado 📅 23 de mayo de 2020 El pasado 11 de mayo se publicó en el Diario Oficial de la Federación ( DOF) el Acuerdo del Presidente de la República, por el que se dispone de la fuerza armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. Dicho acuerdo tiene su origen en diversas reformas en materia de Guardia Nacional a la Constitución, así como en la expedición de su ley reglamentaria. Ambas respectivamente publicadas en el DOF en marzo y mayo del año pasado. Sin embargo, llama la atención que esta medida haya sido tomada en medio de un panorama político y social caracterizado por la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia del Covid-19. En la reforma constitucional sobre la Guardia Nacional se estableció el artículo 5 transitorio que es punto de partida, pues habilita al Presidente para disponer de la fuerza armada permanente en tareas de esta índole por un tiempo máximo de cinco años; tiempo en el que se estima que la Guardia Nacional alcance su madurez operativa e institucional. Asimismo, en ese artículo se establecen las directrices para disponer de las fuerzas armadas, es decir, de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. Estos son además estándares internacionales delimitados por la Corte Interamerica-na de Derechos Humanos (Corte IDH) en la sentencia del caso Alvarado Espinoza y otros contra México, dictada en noviembre de 2018, donde señala la responsabilidad internacional del Estado mexicano por hechos constitutivos de desaparición forzada por elementos de las fuerzas armadas. Y esto en un contexto caracterizado por la implementación de una política de militarización de la estrategia de seguridad pública, iniciada por lo menos desde 2006. Asimismo, la Corte IDH señaló que la regla general respecto a las tareas de seguridad pública es que éstas deben de estar reservadas principalmente para los cuerpos civiles policiales, siendo la excepción la participación de las fuerzas armadas en esas actividades. Sin embargo, si se llegase a dar su intervención, éstas deben de observar los parámetros arriba mencionados. Al examinar el acuerdo en cuestión de manera puntual, y contrastándolo con las directrices de la Corte IDH, podemos encontrar diversas falencias que nos llaman la atención. Por una parte, en cuanto su uso extraordinario, no señala su justificación, además de que no delimita de manera geográfica o de cualquier otra forma su actuación para atender en concreto el problema, salvo las atribuciones de la misma Guardia Nacional. Parcialmente se habla de una temporalidad de cinco años, lo cual es bastante controversial, pues estaríamos frente a una política sexenal, lo que no da pauta a una evaluación periódica y, en definitiva, hace nugatoria cualquier evaluación. Y por lo que hace a estar subordinada y ser complementaria, en el acuerdo se habla de una coordinación de la Secretaría de la Defensa Nacional y la de Marina con la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, mas no de una subordinación, lo que llama poderosamente la atención. Respecto a la fiscalización, la actuación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública debe estar vigilada por órganos civiles competentes, independientes y técnicamente capaces, cuestión que no se cumple en el acuerdo. Por el contrario, se establece que las tareas de las fuerzas armadas estarán bajo la observancia de los propios órganos internos de control de la institución de que se trate, no previendo mecanismos ajenos e independientes que valoren su actuación. Si bien, en comparación con los sexenios pasados, las condiciones y el contexto político son diferentes, el disponer de las fuerzas armadas, sin parámetros basados en la observancia de los más altos estándares en materia de derechos humanos, que restrinjan y limiten su participación en tareas de seguridad pública, da cabida a que exista el riesgo de que se reproduzcan patrones de violaciones de derechos humanos, de los que México tiene un gran historial. Es necesario desarrollar una política de seguridad fundamentada en el fortalecimiento de las corporaciones policiacas civiles. Esta es y seguirá siendo nuestra apuesta principal, para que las fuerzas armadas sean la excepción y no la regla general. No esperamos bajo ningún motivo un sexenio con más titubeos que dejen a México bajo el paradigma de la militarización, como en administraciones anteriores. Por ello insistimos en que, conforme a los instrumentos internacionales de derechos humanos, se deben retomar los aspectos relevantes en la materia. Es indispensable entonces revisar el Acuerdo, involucrando a personas e instituciones nacionales e internacionales, públicas y privadas, autorizadas y expertas. Y aprovechar la experiencia de organizaciones defensoras de derechos humanos, que se han dedicado a buscar y construir propuestas para la mejora de condiciones democráticas de seguridad y respeto a los derechos humanos.
Justicia transicional: deuda pendiente en México
Editoriales | 📰 Blog «La dignidad en nuestras manos» del Plumaje de Animal Político Web original | 📷 Imagen : Angélica Díaz Por: CDH Vitoria 📅 22 de mayo de 2020 Los países que transitan de regímenes autoritarios con un significativo uso de sus fuerzas armadas contra la población hacia gobiernos que apuntan a ser democráticos, han implementado mecanismos ordinarios y extraordinarios que buscan investigar la verdad sobre las violaciones graves a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad cometidos en el pasado. Se han creado instituciones y leyes con el fin de sancionar a los responsables. Se ha aspirado a que víctimas y sobrevivientes, así como familias y comunidades afectadas accedan a medidas que reparen los daños a la par que los Estados garanticen que hechos similares no se repitan. Las leyes, instituciones, comisiones integradas por víctimas y sociedad civil creadas para tales fines han sido llamados, al cabo de los años, procesos de Justicia Transicional con cuatro ejes fundamentales: verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. En el caso de México, durante el año 2000 con el término de setenta años aproximadamente de gobiernos del mismo partido político, el gobierno alternante instaló un mecanismo extraordinario del que se esperaba atendiera algunas de las exigencias históricas y sentidas para la población. En el 2002 se creó la Fiscalía especial para movimientos sociales y políticos del pasado (FEMOSPP), para conocer la verdad sobre la perpetración de crímenes cometidos contra grupos, comunidades y movimientos sociales durante la segunda mitad del siglo XX en varias regiones del país, así como identificar y sancionar a los responsables en los distintos niveles. También durante ese sexenio se creó la Comisión de la verdad del estado de Guerrero (Comverdad); posteriormente en el año de 2015, como mecanismo de justicia alternativa, se creó la Comisión de la Verdad de Oaxaca. Es cierto que estas experiencias informaron que hubo una política de Estado que atentó sistemáticamente contra la integridad y la vida de participantes y líderes de distintos movimientos sociales en distintas épocas, aunque también es cierto que no se ha esclarecido la responsabilidad de los altos funcionarios del gobierno ni de las fuerzas de seguridad, al igual que la reparación integral para el total de las víctimas ha sido mínima. Además que en los sexenios siguientes las violaciones graves a los derechos humanos y el clima de violencia generalizada no ha cesado. A este último respecto, el gobierno federal electo en 2018 abrió una nueva expectativa para acceder a una política de justicia transicional como uno de sus principales ejes de gobierno, construida desde la participación efectiva de las decenas de miles de víctimas en el país. Asimismo, los primeros meses de la actual administración fueron de apertura para las colectivas de víctimas, organizaciones de la sociedad civil y academia que durante décadas han acompañado a las víctimas y sus colectivas, así como desarrollado un trabajo de documentación y discusión constante sobre las violencias extremas ejercidas diferenciadamente contra los distintos grupos de la sociedad (mujeres, comunidades indígenas, campesinos, estudiantes, entre otros), importante para la comprensión y transformación de las condiciones estructurales. Sin embargo, poco después del primer año de este sexenio en varias ocasiones el diálogo se ha tornado insuficiente, mientras que la creación de mecanismos extraordinarios que permitan conocer la verdad, acceder a la justicia y reparación integral, y garantías de no repetición ha sido para pocos casos. Las cifras más recientes conocidas sobre violencia y violaciones graves a los derechos humanos muestran que durante el actual sexenio prevalece la violencia feminicida, la desaparición de personas, la persecución y ejecuciones extrajudiciales contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas, así como distintos actos represivos por parte de algunos agentes del estado en contra de estudiantes normalistas y movimientos sociales. Con el empuje incesante de las víctimas, en este sexenio se han construido, por y desde sus necesidades, instancias como la Comisión Presidencial para la Verdad y el Acceso a la Justicia para el caso Ayotzinapa y la aprobación del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF). Sin embargo, instituciones creadas en sexenios anteriores que buscan favorecer el ejercicio pleno de los derechos humanos de las víctimas, como la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM), la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) o el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, junto con otros mecanismos creados en los últimos veinte años, son insuficientes para afirmar la existencia de una justicia transicional efectiva en México. Asimismo, la capacidad de las instancias de administración y procuración de justicia no ha permitido investigaciones en que se pueda conocer quiénes han sido los altos mandos responsables en los distintos casos de violaciones a graves a los derechos humanos, así como las circunstancias sociales y políticas que los sucitaron, en consecuencia tampoco se han llevado a cabo procesos donde se sancione a los perpetradores en todos los niveles de responsabilidad, persistiendo un clima de impunidad. Es el mismo caso para la implementación de medidas satisfactorias para resarcir los daños sufridos por las personas y las comunidades. Para que sea palpable la transición de gobierno a un régimen democrático y justo en México es indispensable el diseño de políticas públicas comprometidas en asegurar la construcción de procesos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, en un diálogo y participación constantes con víctimas, organizaciones de la sociedad civil y academia. Hasta entonces, la insuficiente respuesta del Estado mexicano se acumulará en la deplorable deuda histórica.
Una voz imprescindible
Editoriales | 📰 Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada Web original | 📷 Imagen : La Jornada Por: Miguel Concha Sábado 📅 16 de mayo de 2020 La incertidumbre por la que atravesamos hace imprescindible reflexionar sobre el futuro del sistema económico y social con el que la humanidad ha venido caminando desde hace décadas. La reflexión sobre el futuro da diversos resultados debido a las diferentes ideologías, intereses y valoresde las personas y los grupos sociales. Nunca en la historia el resultado ha sido totalmente el de una sola posición. La que avanza lo hace a condición de dialogar y acordar con otras. No puede oírse una sola voz. Es la pluralidad del diálogo lo que logrará que la salida acordada tenga mayores probabilidades de éxito, y que sus resultados se alcancen con el menor tiempo y sufrimiento posibles. Diversas voces se han manifestado para proponer acuerdos nacionales. Entre ellas las de los sindicatos, académicos y organizaciones empresariales. Desafortunadamente una parte fundamental del necesario diálogo, el gobierno, no ha manifestado interés, hasta ahora, poroír las propuestas. Digo hasta ahora porque la experiencia dice que tarde o temprano el diálogo tendrá lugar, pero para ello faltan voces. Una que se echa de menos es la de la izquierda social. De esa multiplicidad de organizaciones que, sin estar en un partido político, han luchado por los derechos humanos, la democracia, la distribución del ingreso. Hay algunos espacios que han tomado la iniciativa, pero urge que aceleren el paso, porque su entrada en la escena contribuirá a superar la polarización actual. Los planteamientos que hoy ocupan el espacio público son principalmente del gobierno y de los empresarios. El primero no podrá solo ylos segundos pueden hablar por sus intereses, pero no por toda la sociedad. Por ejemplo, el gobierno federal afirma que sus programas benefician a muchas personas en situación de pobreza, lo que es cierto y necesario. Pero será insuficiente si se queda sólo en eso. ¿Qué pasará con los cientos de miles de empleos que calculan organismos internacionales, como la Cepal, que se perderán e irán a engrosar las ya abultadas cifras de la pobreza? Como ha dicho sobre las transferencias la secretaria ejecutiva de ese organismo: son medidas importantes, pero debemos hacer un esfuerzo adicional. Lo adicional será evitar la pérdida de empleos e incluso aumentarlos para quienes antes de la crisis no gozaban del derecho al trabajo. Se requiere también mejorar el sistema de salud, llevarlo a los muchos que no lo tienen, mejorar la calidad de la educación, etcétera. Pero, ¿con qué recursos se hará todo eso? Por más que el gobierno se apriete el cinturón, se necesita mucho más, y ello sin descontar que con cada apretón se ha llevado en medio a muchos ciudadanos con salarios muy bajos. Se ha propuesto el endeudamiento externo. Ciertamente en el pasado eso ha servido para favorecer a los poderosos, pero esto no niega que ahora pueda utilizarse para favorecer al pueblo. Datos de la Cepal dicen que aún hay margen de maniobra, pues la situación de deuda de México es mejor que la de la mayoría de los países latinoamericanos. La deuda total del gobierno como proporción del PIB está en una media para la región de 41 por ciento, y México se ubica en 35 por ciento. Para pagarla hay alternativas. En un documento firmado por organismos empresariales se presentaron los acuerdos del encuentro convocado por el Consejo Coordinador Empresarial. Proponen que el gobierno se endeude para dar facilidades crediticias para que las empresas pequeñas y medianas mantengan los empleos. Esto es necesario, pero lo que no dicen es cómo se pagará esa deuda. Se podría decir que se puede hacer con el aporte proporcional al ingreso de cada ciudadano. Que haya una verdadera reforma fiscal que grave más a quien tenga más. Una reforma progresiva, redistributiva de la riqueza, que empiece por revertir la profunda desigualdad económica y social, que entre sus consecuencias trae consigo la penuria económica de la seguridad social de los trabajadores, dado que para pagar menos contribuciones es común que los empresarios declaren un salario menor de sus empleados. Sin modificar el porcentaje de las cuotas, pagando lo que es legal, en función de los ingresos reales, se podría hacer mucho por mejorar la seguridad social. No es previsible que tales propuestas las hagan los grupos empresariales. Pero abrirían un campo de negociación en donde el necesario apoyo financiero se puede dar a cambio de aceptar la aún más necesaria reforma fiscal. Hace falta quién lo diga. De aquí la importancia de la voz de la sociedad civil. No se trata de contraponerse con las posiciones que hasta ahora se han manifestado, sino de llegar a acuerdos que respondan al interés de todos. No es posible que México salga adelante sólo con las acciones del gobierno, ni sólo con las propuestas empresariales. México no tiene futuro sin su sociedad. Ya es tiempo de oír la voz y también las propuestas de la sociedad civil.
Guía bioética
Editoriales | 📰 Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada Web original | 📷 Imagen : La Jornada Por: Miguel Concha Sábado 📅 09 de mayo de 2020 El propósito de este artículo es contribuir a la búsqueda de soluciones a la emergencia sanitaria desencadenada por la pandemia de Covid-19, y a cómo atenderla y contenerla luego de que fuera decretado el inicio de la fase 3 por el nuevo coronavirus en nuestro país. Por tal motivo abordaré en esta ocasión el tema de la Guía bioética para asignación de recursos limitados de medicina crítica en situación de emergencia (en adelante Guía), aprobada por el Consejo de Salubridad General el pasado 30 de abril ( https://bit.ly/2yxekeH). Según opinión de la doctora María de Jesús Medina Arellano, una de las dos personas expertas que coordinó su elaboración, éste es el primer documen-to en la historia de la medicina, al menos en nuestro país, que ha sido tan democratizado y transparentado. Prueba de ello son las largas discusiones generadas desde la publicación del controvertido borrador, las cuales se han ido situando principalmente en dos grandes posturas: en contra y a favor, o al menos con apertura a ella. Por tal razón, resulta crucial exponer algunos puntos, no sin antes realizar una consideración previa sobre los derechos humanos. Una característica poco mencionada de los derechos humanos es que son esencialmente controvertidos, como lo ha indicado el doctor Ricardo Ortega Soriano. Lo cual significa, entre muchas otras cosas, que su interpretación es problemática, especialmente cuando chocan dos o más derechos entre sí, y por ende uno o unos tienen que restringirse o limitarse con respecto a otros. Lo que precede se complejiza aún más en situaciones como la actual emergencia sanitaria que se vive en la nación, porque tienen que tomarse decisiones en contextos de crisis y recursos escasos e indivisibles. Esto genera desacuerdos, debates y dilemas, sobre todo en materia de bioética y de derechos humanos, los cuales han de ser resueltos con criterios lo más razonablemente posible, bajo la perspectiva de los derechos humanos, para eliminar discrecionalidades y arbitrariedades que puedan derivar en violaciones a derechos humanos, especialmente contra grupos de atención prioritaria o que histórica o coyunturalmente se encuentran en situación de vulnerabilidad. De esta forma la Guía intenta, según su descripción, ser un instrumento con criterios razonablemente objetivos, sustentados en los derechos humanos y la bioética. A la letra, dice en su propósito: Ser una guía bioética que proporcione criterios para orientar la toma de decisiones de triaje cuando una emergencia de salud pública genera una demanda en los recursos de medicina crítica que no es posible satisfacer. Con esto, según la doctora Medina Arellano, uno de los efectos de la Guía es que desactiva el histórico privilegio médico para decidir arbitraria y discrecionalmente quién muere y quién vive, mediante la transparencia de las determinaciones a partir de un criterio dirigido al personal hospitalario que, actual o potencialmente, sea parte en los esfuerzos para combatir la pandemia de Covid-19, el cual entrará en operación si y sólo si la capacidad existente de cuidados críticos en un determinado hospital está sobrepasada, o está cerca de serlo, y no es posible referir pacientes que necesitan de cuidados críticos a otros hospitales donde puedan ser atendidos de manera adecuada. Algunos aspectos de la Guía son los siguientes: justifica cierta manera específica de asignar los recursos escasos de medicina crítica, y describe el procedimiento a utilizarse para dicha asignación (triaje); elimina los principios orden de llegada y necesidad médica; reconoce, a través del principio de justicia social, que todas las personas tienen el mismo valor y los mismos derechos, así como la dignidad humana, la solidaridad y la equidad en tanto principios orientadores; tratar al mayor número de pacientes y salvar la mayor cantidad de vidas según la posibilidad demostrable de beneficiarse de los recursos médicos. Asimismo, considera la situación de grupos de atención prioritaria, para no ser discriminados ni estereotipados; el respeto a la autonomía de las personas pacientes, y el deber ético de no abandonarlas. Por otro lado, especifica las características de los equipos de triaje, los procedimientos, las funciones y los pasos que éstos seguirán al momento de asignar los recursos escasos de medicina crítica, así como el sistema de apelación a la decisión de triaje. Saludamos el hecho de que la Guía haya eliminado criterios como el de vidas-por-completarse, y atendido e incorporado observaciones de instituciones como el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, lo cual le otorga un mayor grado de confiabilidad. Sin embargo, llamamos a asumir una posición crítica con respecto a los aspectos negativos de los sistemas de salud, que están evidenciando los impactos del Covid-19, así como a generar los mecanismos óptimos de aplicación y evaluación en los casos extremos de la Guía.
Ante la pandemia, desde abajo
Editoriales | 📰 Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada Web original | 📷 Imagen : Web Por: Miguel Concha Sábado 📅 02 de mayo de 2020 Diversos posicionamientos de personas, organizaciones e instituciones defensoras de derechos humanos concuerdan, de una u otra manera, con respecto al Covid-19, en un aspecto común: cualquier medida que tome el Estado mexicano para atender y contener la pandemia debe tener como centro el pleno respeto y garantía de los derechos humanos de todas las personas, especialmente los de los grupos de atención prioritaria o que histórica o coyunturalmente se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad. Ejemplo de esto es la Resolución 1/2020, titulada Pandemia y Derechos Humanos en las Américas (https://bit.ly/3csq9RE), adoptada el pasado 10 de abril por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, Comisión). En términos generales, esta resolución hace un llamado a los 35 estados miembros de la Organización de Estados Americanos, uno de ellos México, para que adopten la perspectiva de derechos humanos de manera inmediata e interseccionalmente en toda estrategia, política o medida dirigida a enfrentar la pandemia. Asimismo, la resolución señala que toda medida que restrinja, suspenda o limite derechos necesita ser adecuadamente justificada. Por ejemplo, con la mejor evidencia científica y ajustándose a los principios pro persona, de proporcionalidad y temporalidad, los cuales han de procurar el estricto cumplimiento de los objetivos de salud pública y protección integral. Así, la resolución también expone que los estados deben abstenerse de suspender ciertos derechos, entre ellos el reconocimiento a la personalidad jurídica de las personas, a la vida, a la integridad personal y los derechos políticos. Aunado a esto, la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, compuesta por 33 organismos del Estado nacional, dedicados a la defensa y promoción de los derechos humanos, emitió un pronunciamiento (https://bit.ly/3eBrqrw) en el que declaró, entre otras cosas, que la emergencia sanitaria no debe convertirse en una crisis de derechos humanos, sino que debe considerarse como una oportunidad para hacer efectivos los deberes de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. De esta manera, y según la doctora Fabiola Martínez Ramírez, la emergencia sanitaria desencadenada por el Covid-19 no justifica de ninguna manera que el Estado mexicano pase por encima de los derechos humanos, sino que todas las autoridades, en sus diferentes ámbitos y niveles de competencia, están obligadas a respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos, así como a cumplir con sus deberes específicos. Es decir, a prevenir, investigar, sancionar y reparar sus violaciones. Sin embargo, medidas como la publicación de la controvertida Guía Bioética de Asignación de Recursos de Medicina Crítica (en adelante, Guía), actualmente en revisión, que después fue manejada por las autoridades como un proyecto no aprobado, representaba un claro desconocimiento e inaplicación de las obligaciones generales y deberes específicos del Estado o, por lo menos, de quienes integran el Consejo de Salubridad General. Así, parecía que la Guía se tomaba la atribución para decidir arbitrariamente quién viviría y quién moriría en situaciones de asignación de recursos escasos, a través de meros criterios utilitaristas, hoy aparentemente eliminados, como el llamado vidas-por-completarse, o el Triaje, el cual es, parafraseando a Mauro González Luna ( Proceso, Num. 2268, p. 12), una suerte de volado, donde el azar toma la decisión. Medidas como la Guía son la puerta de entrada a numerosas violaciones a derechos humanos por acción, omisión o aquiescencia. Una de éstas es la discriminación o los tratos diferenciados e injustificados contra grupos de atención prioritaria o en situación de vulnerabilidad; entre ellos las personas adultas mayores, contraviniendo con ello instrumentos jurídicos vinculantes, como la Constitución (artículo 1), la Ley Federal Para Prevenir y Erradicar la Discriminación (artículos 1-4) y la Resolución 1/2020 de la Comisión Interamericana (resolutivos 3, 36, 40, 43, 58, 67, 69, 71 y 76). Por estos y otros motivos, saludamos los genuinos esfuerzos de las autoridades, pero a la vez las llamamos a reali-zar dos tareas esenciales en estos tiempos de crisis: cumplir con sus obligaciones generales y deberes específicos, para que durante y después de esta pan-demia, todas las personas gocen plenamente de los derechos humanos reconocidos en la Constitución de nuestro país y en los tratados internacionales ratificados en México, mediante procedimientos de protección adecuados que permitan su materialización. Y en segundo lugar, adoptar criterios razonablemente objetivos, bajo la perspectiva de derechos humanos que permitan priorizar, sin discriminar, como los test de proporcionalidad (https://bit.ly/2RWgxXD) y de máximo uso de recursos disponibles (https://bit.ly/2KpbbA0), así como modelos bioéticos congruentes para deliberar problemas y dilemas éticos.
Obligaciones y deberes del Estado
Editoriales | 📰 Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada Web original | 📷 Imagen : Web | AFP Por: Miguel Concha Sábado 📅 25 de abril de 2020 Diversos posicionamientos de personas, organizaciones e instituciones defensoras de derechos humanos concuerdan, de una u otra manera, con respecto al Covid-19, en un aspecto común: cualquier medida que tome el Estado mexicano para atender y contener la pandemia debe tener como centro el pleno respeto y garantía de los derechos humanos de todas las personas, especialmente los de los grupos de atención prioritaria o que histórica o coyunturalmente se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad. Ejemplo de esto es la Resolución 1/2020, titulada Pandemia y Derechos Humanos en las Américas (https://bit.ly/3csq9RE), adoptada el pasado 10 de abril por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, Comisión). En términos generales, esta resolución hace un llamado a los 35 estados miembros de la Organización de Estados Americanos, uno de ellos México, para que adopten la perspectiva de derechos humanos de manera inmediata e interseccionalmente en toda estrategia, política o medida dirigida a enfrentar la pandemia. Asimismo, la resolución señala que toda medida que restrinja, suspenda o limite derechos necesita ser adecuadamente justificada. Por ejemplo, con la mejor evidencia científica y ajustándose a los principios pro persona, de proporcionalidad y temporalidad, los cuales han de procurar el estricto cumplimiento de los objetivos de salud pública y protección integral. Así, la resolución también expone que los estados deben abstenerse de suspender ciertos derechos, entre ellos el reconocimiento a la personalidad jurídica de las personas, a la vida, a la integridad personal y los derechos políticos. Aunado a esto, la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, compuesta por 33 organismos del Estado nacional, dedicados a la defensa y promoción de los derechos humanos, emitió un pronunciamiento (https://bit.ly/3eBrqrw) en el que declaró, entre otras cosas, que la emergencia sanitaria no debe convertirse en una crisis de derechos humanos, sino que debe considerarse como una oportunidad para hacer efectivos los deberes de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. De esta manera, y según la doctora Fabiola Martínez Ramírez, la emergencia sanitaria desencadenada por el Covid-19 no justifica de ninguna manera que el Estado mexicano pase por encima de los derechos humanos, sino que todas las autoridades, en sus diferentes ámbitos y niveles de competencia, están obligadas a respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos, así como a cumplir con sus deberes específicos. Es decir, a prevenir, investigar, sancionar y reparar sus violaciones. Sin embargo, medidas como la publicación de la controvertida Guía Bioética de Asignación de Recursos de Medicina Crítica (en adelante, Guía), actualmente en revisión, que después fue manejada por las autoridades como un proyecto no aprobado, representaba un claro desconocimiento e inaplicación de las obligaciones generales y deberes específicos del Estado o, por lo menos, de quienes integran el Consejo de Salubridad General. Así, parecía que la Guía se tomaba la atribución para decidir arbitrariamente quién viviría y quién moriría en situaciones de asignación de recursos escasos, a través de meros criterios utilitaristas, hoy aparentemente eliminados, como el llamado vidas-por-completarse, o el Triaje, el cual es, parafraseando a Mauro González Luna ( Proceso, Num. 2268, p. 12), una suerte de volado, donde el azar toma la decisión. Medidas como la Guía son la puerta de entrada a numerosas violaciones a derechos humanos por acción, omisión o aquiescencia. Una de éstas es la discriminación o los tratos diferenciados e injustificados contra grupos de atención prioritaria o en situación de vulnerabilidad; entre ellos las personas adultas mayores, contraviniendo con ello instrumentos jurídicos vinculantes, como la Constitución (artículo 1), la Ley Federal Para Prevenir y Erradicar la Discriminación (artículos 1-4) y la Resolución 1/2020 de la Comisión Interamericana (resolutivos 3, 36, 40, 43, 58, 67, 69, 71 y 76). Por estos y otros motivos, saludamos los genuinos esfuerzos de las autoridades, pero a la vez las llamamos a reali-zar dos tareas esenciales en estos tiempos de crisis: cumplir con sus obligaciones generales y deberes específicos, para que durante y después de esta pan-demia, todas las personas gocen plenamente de los derechos humanos reconocidos en la Constitución de nuestro país y en los tratados internacionales ratificados en México, mediante procedimientos de protección adecuados que permitan su materialización. Y en segundo lugar, adoptar criterios razonablemente objetivos, bajo la perspectiva de derechos humanos que permitan priorizar, sin discriminar, como los test de proporcionalidad (https://bit.ly/2RWgxXD) y de máximo uso de recursos disponibles (https://bit.ly/2KpbbA0), así como modelos bioéticos congruentes para deliberar problemas y dilemas éticos.
Búsqueda de desaparecidos en Guanajuato
Editoriales | 📰 Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada Web original | 📷 Imagen : Jorge M. Por: Miguel Concha Sábado 📅 18 de abril de 2020 Desde noviembre de 2019 el Congreso de Guanajuato comenzó una nueva etapa en la discusión de tres iniciativas de ley: la de personas desaparecidas, la de víctimas y la de declaración especial de ausencia. Desde entonces las familias de personas desaparecidas han hecho aportes sustantivos a la discusión. Como se señaló recientemente en un comunicado, el colectivo A tu encuentro, con más de 170 familias, ha elaborado, mediante parlamento abierto al que se involucraron otras familias, distintas fórmulas a discutir. El colectivo Justicia y Esperanza, de San Luis de la Paz, ha estado igualmente en la discusión, a través de una de sus voceras, Evelina Guzmán Castañeda, quien busca a su hermano Samuel y a otros 21 migrantes guanajuatenses desaparecidos en 2011. Grace Fernández, del colectivo BÚSCAME-Buscando desaparecidos México ha sido clave en la articulación con la Oficina en México de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos (ONUDH), la Cruz Roja Internacional y la Comisión Nacional de Búsqueda, quienes también se han sumado. Es importante destacar que la iniciativa cambió de ser Ley sobre Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Estatal de Búsqueda, a Ley para la Identificación y Búsqueda de Personas Desaparecidas en Guanajuato. Es una muestra de cómo se han ido incorporando las recomendaciones que ONUDH ha hecho y que, en calidad de acompañantes del proceso, los doctores Fabrizio Lorusso y Raymundo Sandoval han ayudado a traducir en el documento de trabajo: eliminar la categoría de persona no localizada, fortalecer el Consejo Ciudadano y mecanismos claros de coordinación, así como incorporar principios rectores, recuperar experiencias exitosas de legislaciones locales, crear registros adicionales, integrar el concepto de fosa clandestina, establecer responsabilidades de los municipios, medidas de protección integral y un fondo efectivo para la búsqueda de personas. Una de las propuestas planteadas es que, al igual que en la Ciudad de México y el estado de México, se elimine la categoría de persona no localizada. Esta idea fue originalmente propuesta por el equipo de la ONUDH y la maestra Edith López, quien elaboró una nota técnica para el Congreso de Guanajuato, sugiriendo su eliminación para evitar diferenciaciones innecesarias e iniciar con mayor estándar de protección una verdadera búsqueda inmediata. No todas las voces expertas están de acuerdo con esta decisión, que desde la discusión de la Ley General, iniciada en 2014, fue un tema muy debatido y que, dada su complejidad, tuvo como solución la creación de dos categorías: la de persona no localizada y la de persona desaparecida. Quienes consideran que no se debe eliminar, alegan que podría generar errores en el reporte entregado al Registro Nacional y que se pueden reportar casos de personas no localizadas como si fueran desaparecidas, generando un sobrerregistro. Sin embargo, las malas prácticas en el registro de casos ya suceden en Guanajuato, pues la fiscalía considera a casi todas las personas desaparecidas como simplemente no localizadas. Durante la discusión de la ley, la misma fiscalía señaló que sólo tenía 11 carpetas de personas desaparecidas, mientras que cálculos independientes, basados en datos oficiales, señalan más de 2 mil. Si bien ninguna postura es perfecta, y todas señalan la importancia del contexto local en la formulación legislativa y en la decisión de eliminar o mantener la categoría, se planteó en la mesa una propuesta de eliminación, siguiendo la recomendación de la Organización de las Naciones Unidas. Para hacerlo, se deben establecer candados, para que tanto la investigación, como la búsqueda se hagan de acuerdo con el espíritu de esta eliminación; es decir: búsqueda inmediata e investigación, bajo la definición de persona desaparecida con presunción de delito. Un candado refiere al artículo 71 sobre los criterios mínimos para el registro de las personas localizadas: 1. Persona localizada que no fue víctima de ningún delito, ubicada antes o después de las primeras 72 horas; 2. Persona localizada víctima de un delito, materia de la Ley General; 3. Persona localizada, víctima de un delito diverso. El otro refiere al artículo 67, que señala la búsqueda y la comunicación con la fiscalía especializada de manera inmediata. Se ha propuesto también introducir la responsabilidad penal del servidor público o superior jerárquico directo de otros servidores públicos que sea conocedor de la conducta delictiva de sus subordinados u omiso ante ésta, para que sea sancionado según reglas de autoría y participación previstas en el Código Penal del Estado de Guanajuato. Aunque hay buena disposición del Congreso estatal para incluir estos cambios, no todos se han incorporado a los documen-tos de trabajo, por lo que existe la preocupación de que ciertas mejoras planteadas por las familias o por expertos no sean incorporadas en la ley. Exigimos que estas demandas se incluyan plenamente en ella.
