Lo que emerge en la emergencia
Editoriales | 📰 Columna de opinión en la Revista Contralínea Web original | 📷 Imagen : Cuartoscuro Por: Nery Chaves García (Costa Rica), Tanja Vultier (Colombia), Amy Roca Sinay (Guatemala) y Viridiana Martínez Ortiz* 📅 18 de abril de 2020 El presente artículo de opinión guarda una serie de diálogos, reflexiones y sentires, de cuatro mujeres jóvenes que habitan y transitan diversas realidades, desde Colombia, Costa Rica, Guatemala y México. Lugares en los cuales se ha instalado una pandemia, suscitada por un virus nombrado Covid-19, descubrimiento viral de la época que se ha tornado como punto de quiebre de lo que se vivía cotidianamente, siendo también un tiempo representado como un espacio suspendido desde las incertidumbres; sin embargo que se presenta como una posibilidad para conversar regionalmente. Con todo y las distancias geográficas, mas no históricas, intentamos aproximarnos y sentirnos cercanas. Esto requiere de paciencia, ternura, buena señal de internet y mucha escucha para comprendernos y reconocernos, desde las vivencias situadas que nos están doliendo, trastocando y, que sin duda, evidencian un momento histórico que implica reorganización, pausa y reinvención de los procesos sociales que luchan y apuestan a la transformación de sentidos, subjetividades y dimensiones materiales de las realidades. El despojo, concentración de bienes comunes y de riqueza, la misoginia, racismo, odio, represión, criminalización y judicialización a los cuerpos, formas, sentidos y organizaciones de vida contrahegemónicas, son algunas de las características comunes de Mesoamérica. Poblaciones enteras que sobreviven día a día a desigualdades y violencias estructurales que forman la base de los Estado-Nación que les empobrecen, expulsan y asesinan. Sobre esas dinámicas se gobierna desde el control, la militarización y/o securitización de la vida cotidiana, como mecanismos de aleccionamiento contra la organización comunitaria y política. La crisis sanitaria llegó a la región importada desde los cuerpos que pueden movilizarse extracontinentalmente. El norte mundial importó la Covid-19 al sur latinoamericano, recordando a la época colonial y evidenciando que aún sobrevivimos entre políticas coloniales, patriarcales, racistas, misóginas y capitalistas. Hoy es la desigualdad la que explota en nuestras caras, donde los Estados mesoamericanos, lejos de atenderlas, acentúan esas diferencias al generar recetas uniformes a sociedades tan desiguales. ¿Qué evidencia la crisis? Desde estas aproximaciones regionales, si algo nos hace entender esta pandemia es la magnitud de la inequidad estructural en lo social, económico y político en la que vivimos. Muchos estaban diciendo que el virus afecta a todas las personas por igual, pero esto contiene diversas condiciones estructurales y para ello basta echar una mirada a los barrios, comunidades y espacios sociales que históricamente han sido desposeídos, siempre los más afectados, más aún en Estados donde lo social nunca ha sido una prioridad en la política pública. En ese sentido, la Covid-19 está alimentado por el capitalismo. Con este temor, desde las realidades latinoamericanas se están configurando medidas drásticas de control social que se han implementado para “prevenir” su expansión desmedida; sin embargo esta situación también responde a estrategias de represión que continúan violentando con mayor agresividad los derechos humanos individuales y colectivos. Las medidas más restrictivas en la región han sido precedidas de movilizaciones importantes y señalamientos profundos al ordenamiento social y el status quo. En Mesoamérica, propiamente, es un devenir autoritario el que dice prevenir a Covid-19, devenir legitimado por el miedo. Lo anterior puede ser ejemplificado a través de las diversas medidas y estrategias de represión comunes que se están tomando en los diversos países latinoamericanos, evidenciando una serie de problemáticas: las medidas como la cuarentena, el aislamiento social preventivo, toque de queda o incluso estados de excepción, están dando pie a una serie de reconfiguraciones sociales y desde la lógica neoliberal se está mostrando una cara estatal asistencialista. Es por ello que en términos macroeconómicos se construyen fondos económicos a partir del adelgazamiento de presupuestos de programas sociales, cobrando impuestos llamados “solidarios”, que centran su peso en las personas empleadas públicas, reduciendo las jornadas laborales, flexibilizando las condiciones laborales y ampliando la deuda a nivel interno y externo. Estas medidas, sin duda, van a impactar y a precarizar aún más la vida de millones de personas a nivel regional. En términos microeconómicos se visualiza un gran número de personas trabajando en el sector informal, sin contrato o seguridad social, dependiendo de los ingresos que pueden generar a diario. Seis de cada 10 personas empleadas en la región están en la informalidad; para ellas, un sólo día de cuarentena significa un gran problema para su sustento y el de sus familias. En el cotidiano, la pandemia también está visibilizando la gestión de la vida y muerte. Existen muchos grupos sociales que están siendo desprotegidos y olvidados, como las personas que se encuentran en situación de calle, personas migrantes, desplazadas, internas, defensoras y activistas u otras personas para quienes la medida “Quédate en casa” puede sonar como una burla, un asunto impensable, inhabitable. Lo mismo vale para las muchas mujeres y la niñez que, más allá de desconocer cómo organizar clases virtuales para sus hijas e hijos por falta de internet, están viviendo con sus agresores en casa y para quienes una cuarentena puede resultar incluso letal. Los feminicidios y los asesinatos a personas defensoras de tierra y territorio y defensoras de derechos humanos no se van a cuarentena. Para muchas comunidades indígenas o rurales abandonadas históricamente o afectadas por multinacionales, o en muchos barrios periféricos de las ciudades, tan sólo las medidas de saneamiento básico como lavarse las manos continuamente se complica por la falta de agua constante. La batalla contra la Covid-19 se empina cuando se evidencia que la salud no ha sido prioridad política. Según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2017 América Latina destinó a salud tres veces menos que los países de la Unión Europea [1]. El desfalco a la salud pública corresponde a una crisis que antecedió al virus; en ese sentido la emergencia sanitaria que vive la región tiene raíces profundamente políticas: las inequidades entre los sectores de salud privada y pública, así como las inequidades de acceso a
Esto lo cambia todo: la crisis que ya vivíamos
Editoriales | 📰 Blog «La dignidad en nuestras manos» del Plumaje de Animal Político Web original | 📷 Imagen : Eneas de Troya Por: Jorge Luis Aguilar y Donovan Ortega (@ donoortega)* 📅 10 de abril de 2020 Aceptémoslo, la incertidumbre que permea a buena parte de la humanidad lo cambiará todo. Es difícil imaginar lo que representarán en términos sociales, económicos y políticos las medidas urgentes que se han tomado en diversos países para atender el riesgo del virus, su peligro es el más alto desde los eventos de influenza ocurridos en 1918 y 2009, según el modelo del Imperial College de Londres. Nos han dicho que para detener la pandemia debemos cambiar la forma en que hacemos todo. La radicalidad de las medidas de confinamiento podrían alargarse indefinidamente de acuerdo al mismo colegio experto; una alternativa propuesta es el planteamiento de una cuarentena extendida que se flexibiliza cuando el ritmo de los ingresos a cuidados intensivos de los hospitales se relaja, pero que eventualmente reactiva las medidas de aislamiento social con la llegada de hipotéticos picos en el futuro de ingresos a urgencias. De esta forma, la aparente mejor estrategia supondría que nos confinemos durante dos de cada tres meses consecutivamente, eso al menos hasta que existan avances en el tratamiento a los síntomas o se termine y distribuya satisfactoriamente una vacuna. Por otro lado, aún en el escenario de que todo “volverá a la normalidad” después de algunas semanas o meses, la pandemia supone ya un cambio importante a las normas sociales y algunas reorientaciones que se asoman a largo plazo. Se profundizará, por ejemplo, la alternativa del trabajo y estudio a distancia como una dinámica con mayor presencia, pero que supone una opción al alcance exclusivo de quienes tienen de una u otra forma acceso a internet y la tecnología necesaria para dicha tarea, así como garantías sociales, educativas o laborales que les permiten “adaptarse” a la situación, aspecto que en el contexto actual sólo podría profundizar la desigualdad de oportunidades y el ejercicio de derechos. Y sólo en ese punto ya existe un indicador del momento en el cual llega la llamada crisis sanitaria a algunos países, contrastando con mayor nitidez la inequidad estructural en todos los ámbitos en los que vivimos, pero también para reimaginar las formas de hacerles frente. Si las protestas masivas y calles abarrotadas de reclamos contra el cambio climático, la violencia feminicida y la concentración de la riqueza ocuparon las primeras planas en todos los continentes, a partir de este momento los movimientos sociales tendrán oportunidad de explorar con mayor creatividad su alcance a través de medios tecnológicos y la organización con las y los más próximos, reflexionar sobre los horizontes políticos y el hacer voz en común aún con la distancia física y las plazas restringidas. Al mismo tiempo se pone en el centro de la discusión la obligación del Estado de garantizar los derechos humanos. El sentido de su encargo se hace más presente cuando es tan palpable que para vivir dignamente falta que todas y todos puedan tener un techo donde resguardarse, acceder a servicios médicos de calidad, agua y energía, alimentos con los cuales subsistir y los medios necesarios que permitan de alguna forma atenerse al resguardo, son en primer lugar condiciones fundamentales e irrenunciables. Son realidades que no pueden esperar y el evento actual permite visibilizar con mayor crudeza las desigualdades estructurales y la precarización de las sociedades profundizada en las últimas décadas por el avance del libre mercado. No sólo es atender la indicación del confinamiento, medida planteada unilateralmente desde la lógica clínica para disminuir la anunciada crisis, sino además generar las condiciones necesarias y adecuadas para reducir las brechas sociales que se han exacerbado con el impacto de la medida, afectando diferenciadamente a los grupos históricamente marginados. Han destacado desde muchas organizaciones de la sociedad civil, instituciones y movimientos comunitarios muchas propuestas para reducir los riesgos de las personas migrantes, resguardar a las personas que viven en poblaciones de calle, monitorear los riesgos de quienes están privadas de su libertad, dar alternativas a las mujeres cuyo riesgo a la violencia aumenta al estar enclaustradas con su agresor y asegurar un dialogo atento, cercano y digno con las personas adultas mayores, más vulnerables a padecer de las consecuencias físicas de la enfermedad, pero también de estar en situación de pobreza y olvido institucional, situación que hace crecer exponencialmente el riesgo. Las situaciones excepcionales, de crisis, han ofrecido el combustible para que los diversos mecanismos del poder –políticos, simbólicos, económicos, (…)- se afiancen y radicalicen en las sociedades. Del shock y la conmoción surgen miedos más o menos profundos que paralizan y aturden a las comunidades, generando escenarios sociales ideales para el avance de políticas draconianas y de libre mercado que difícilmente pasarían sin protesta y desencuentro con la población en circunstancias democráticas. De esa forma mientras la guerra representa probablemente el evento más traumático para una sociedad, la naturaleza en forma de volcanes, terremotos, tsunamis, hambrunas y epidemias también puede despejar el camino para que los grupos que acaparan el poder y los recursos destraben medidas impopulares para las mayorías y, además, que esto se haga en nombre de la seguridad o en búsqueda de salir de la sensación de emergencia (sea dicha emergencia real o percibida). No hace falta buscar demasiado para distinguir la tendencia de algunos gobiernos, proclives de por sí a ser autoritarios, para aprovechar de manera oportunista el pánico colectivo y desplegar respuestas que suenan desproporcionadas y que podrían sumar al miedo amplificado por el despliegue mediático. Para nombrar algunos ejemplos está Chile que ha decretado una prohibición explícita de movilizaciones y asambleas; en la misma región, Perú creó un registro de las personas detenidas por infringir el toque de queda y también ha publicado una ley que “faculta a las Fuerzas Armadas a hacer uso de la fuerza para garantizar el cumplimiento del Estado de Emergencia para frenar al COVID”. De esta forma, mientras avanza el contagio del virus le siguen también relatos y códigos
México, el maíz y su diversidad
Editoriales | 📰 Blog «La dignidad en nuestras manos» del Plumaje de Animal Político Web original | 📷 Imagen : Victor Manuel Chima Por: Víctor Manuel Chima y Logan Miller* 02 de abril de 2020 El maíz es base de la alimentación en México. Es fuente principal de potasio, ácido fólico, vitamina A, y cuando es maíz nixtamalizado es una fuente importante de calcio. La planta del maíz forma parte de la milpa, sistema agrícola tradicional utilizado por comunidades indígenas durante generaciones y que persiste al día de hoy, en el que coexiste con el chile, la calabaza, el frijol y los quelites. Es prácticamente imposible imaginar nuestro país sin el maíz, pero en las últimas décadas la soberanía alimentaria se ha visto amenazada, y con ella, la existencia y preservación de las distintas variedades de maíz nativo. Desafortunadamente, hoy en día nos confronta la posibilidad de perder su gran diversidad, junto con las culturas en las que se encuentra presente. ¿Por qué las campesinas y campesinos son importantes en la protección del maíz nativo? En los últimos años, campesinas y campesinos que conservan las semillas del maíz nativo han sufrido las implicaciones de las políticas neoliberales, el cambio climático y la violencia ocasionada por el crimen organizado. Tratados internacionales como el TLCAN abrieron la puerta a maíces híbridos, transgénicos y baratos, importados de Estados Unidos y otros países, afectando considerablemente la producción, distribución y consumo de los maíces nativos, y la soberanía alimentaria en general. El Estado Mexicano, además, redujo los programas de apoyo para el campo, empeorando aún más la situación de las comunidades campesinas, y resultando en el despojo de las tierras y los territorios por parte de proyectos extranjeros. Aún más, el cambio climático sigue afectando a comunidades campesinas e indígenas, dada la inestabilidad del clima, y las sequías cada vez más frecuentes en las últimas décadas. Las condiciones en las que el campo mexicano se encuentra dificultan la producción del maíz nativo, semilla de la que muchas comunidades dependen para subsistir, y que es un elemento esencial en la cultura y la alimentación en el país. Sin las comunidades campesinas cultivando el maíz, perderemos las raíces y tradiciones ancestrales que nos hacen quienes somos. ¿Una ley que protege al maíz nativo y la vida campesina? Por suerte, hay esperanzas para el maíz nativo. La iniciativa de Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo (de ahora en adelante, la llamaremos Ley Maíz) es una propuesta de ley que busca que el Estado mexicano garantice la protección de las distintas razas de maíz nativo que se producen, y que a partir de acciones y políticas públicas se fomenta su producción, distribución y consumo informado. Además, que se reconozca al maíz nativo como un patrimonio alimentario y cultural, directamente vinculado con los derechos humanos culturales y a la alimentación, reconocidos en el artículo 4to. de la Constitución. Fue aprobada en lo general y lo particular el pasado 24 de septiembre de 2019 en el Senado de la República, y el 18 de marzo pasado en la Cámara de Diputados, con modificaciones que se aprobaron recientemente, el 24 de marzo pasado, nuevamente en el Senado. Ha sido turnada al Ejecutivo Federal y sólo hace falta que sea publicada en el Diario Oficial de la Federación, para su entrada en vigor. La aprobación de La Ley Maíz fue muy esperada y muy bien recibida, ya que representa un cambio histórico y trascendental en el futuro del campo mexicano, puesto que impulsará la producción del maíz nativo, que además tiene un valor nutricional mayor que los maíces híbridos que se consumen actualmente en el país, y así garantizar a mexicanas y mexicanos el derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. La creación de bancos comunitarios de semillas que preservarán y distribuirán las variedades de maíz es una medida contemplada en esta Ley, de la mano de la conformación del Consejo Nacional del Maíz, organismo que buscará la participación activa de las instituciones gubernamentales, académicas y académicos, investigadoras e investigadores, sociedad civil, campesinas y campesinos de comunidades indígenas, en el desarrollo de programas de apoyo al campo mexicano y en relación con el maíz. Que el maíz vuelva a estar en las manos de campesinas y campesinos, que se promuevan los sistemas de producción tradicionales, como el sistema de la milpa, que se reactive la economía campesina y que sean las comunidades quienes obtengan los mayores beneficios. ¿Cuál es el horizonte para el maíz nativo y para el campo mexicano? Mientras que la aprobación de la Ley Maíz es un gran paso en la dirección correcta, aún nos falta desarrollar una amplia política pública de agricultura sostenible, enfocada en garantizar los derechos humanos, la conservación del medio ambiente, y la protección de las variedades vegetales de nuestro país. Aún hay amenazas fuertes al campo mexicano, y no podemos cerrar los ojos y fingir que no existen. La próxima entrada en vigor del T-MEC, el cambio climático y la dominación de los mercados por la industria extranjera ponen en riesgo la soberanía alimentaria y por eso es urgente dar seguimiento y continuidad a la Ley Maíz, desarrollar una política pública que respete la diversidad y, con esto, afrontar la multitud de peligros que tiene el maíz nativo y el campo mexicano. Desde la sociedad civil, las comunidades campesinas, y como consumidoras y consumidores, continuaremos luchando por los bienes comunes de mexicanas y mexicanos, por la preservación de nuestras culturas, por la exigencia del respeto a los derechos humanos y la protección del maíz nativo, porque #SinMaízNoHayPaís. *Víctor Manuel Chima es colaborador del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P. A.C, (@CDHVitoria). Logan Miller es estudiante de School of Sustainability de la Arizona State University.
Una deuda pendiente de verdad y justicia
Editoriales | 📰 Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada Web original | 📷 Imagen : 2do Encuentro Por: Miguel Concha Sábado 📅 28 de marzo de 2020 Hoy se cumplen tres años de las agresiones cometidas por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán contra la comunidad purépecha de Arantepacua, ubicada en el municipio de Nahuatzen. Ante la detención arbitraria de 38 de sus integrantes el 4 de abril de 2017, justo después de una reunión con la Secretaría de Gobierno del estado –con la que se buscaba una solución amistosa respecto a la delimitación territorial entre las comunidades de Arantepacua y Capácuaro– ese operativo reprimió el derecho a la protesta de la comunidad. Dichas agresiones dieron como resultado también la violación grave a los derechos humanos y las ejecuciones extrajudiciales de José Carlos Jiménez Crisóstomo, Francisco Jiménez Alejandre, Santiago Cristiano Luna y de un joven menor de 18 años, Luis Gustavo Hernández Cohenete. Después de actos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte de los policías de la entidad; otras personas fueron igualmente lesionadas, detenidas arbitrariamente y vulneradas en su integridad física y sicológica. A raíz de las violaciones graves a sus derechos humanos, la comunidad de Arantepacua buscó, como una forma de hacer justicia, y ante la impunidad e indolencia de las autoridades estatales encargadas de garantizar sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición y su derecho a la libre autodeterminación por medio de la designación del Consejo de Autoridades Comunales. Y de esta manera, las autoridades comunales e integrantes de la Comisión de Justicia de la comunidad de Arantepacua se vincularon con otras víctimas, organizaciones, colectivos y movimientos sociales, con la finalidad de exigir una verdadera justicia no sólo para su comunidad, sino para todas las víctimas y sobrevivientes del país. Lo cual originó la articulación del segundo Encuentro Internacional de Defensores y Víctimas de Violaciones Graves a los Derechos Humanos, celebrado en abril de 2019, precisamente en Arantepacua, Michoacán. Derivadas de los acuerdos de este segundo encuentro, se realizaron diversas movilizaciones pacíficas ese mismo año, tanto en la capital de Michoacán, como en la Ciudad de México, para impulsar mesas de trabajo en el ámbito federal, con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de Gobernación; el Mecanismo de Protección Para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, estas dos últimas instancias adscritas a la Subsecretaría mencionada. A pesar de que las gestiones realizadas por parte de la Comisión de Justicia de Arantepacua han buscado siempre la reivindicación de la memoria, así como la búsqueda de la verdad y la justicia para la comunidad, a través de la apertura de mesas de interlocución con distintas autoridades, estas últimas se han quedado cortas para atender y responder adecuadamente a las necesidades de las víctimas y sobrevivientes, quienes, dicho sea de paso, siempre deben ser reconocidas como colectividad, debi-do a las especificidades culturales de Arantepacua, en tanto comunidad indígena purépecha. A ello también se suma la falta de mecanismos generales que propicien la participación de las víctimas bajo un esquema de horizontalidad, mismo que les permita desarrollarse como sujetos de derechos capaces de generar propuestas dirigidas a obtener no sólo verdad y justicia, sino también a retomar y reconstruir sus proyectos de vida. En este sentido, es necesario enfatizar que el acceso a la justicia es el pilar fundamental de todo estado de derecho, independientemente del contexto por el que la nación atraviese, ya que es reconocido como una norma de ius cogens (derecho imperativo o necesario) en el contexto del derecho internacional de los derechos humanos; por ejemplo, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (https://bit.ly/39yFCxH). Por lo que el Estado mexicano debe emplear todos los recursos necesarios para garantizar la justiciabilidad, disponibilidad, accesibilidad, calidad, rendición de cuentas, así como un recurso sencillo y efectivo, como parte del cumplimiento de los componentes esenciales del derecho de acceso a la justicia. Y con ello evitar prácticas que tiendan a denegar y limitar su acceso a las víctimas. Por lo expuesto anteriormente, y aprovechando el llamado que ha lanzado el Estado mexicano a la organización social y a la solidaridad ante el actual estado de emergencia sanitaria para atender y salvaguardar la vida de la población que vive y transita por el país, se exhorta igualmente a las autoridades de todos los ámbitos y niveles, y a la sociedad en general, a reflexionar sobre la necesidad de extender dicho llamado para acompañar especialmente a las víctimas y sobrevivientes, así como a grupos, pueblos y comunidades que han sido afectados por la desigualdad, la violencia y las injusticias, como única vía para la construcción y materialización de la justicia social.
Coronavirus y derechos humanos
Editoriales | Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada 📰 Sábado 28 de marzo de 2020 Miguel Concha Muchos de los mitos de la antigua civilización griega fueron creados para explicar rasgos de la condición humana. A este respecto, el mito conocido como la Caja de Pandora cuenta cómo Pandora, según la versión del poeta Hesíodo, abrió con sus manos la tapa de una tinaja, de la que escaparon numerosos lugrá, es decir, males, penas, enfermedades y dolores que ocasionarían la muerte a los seres humanos. Análogamente, podemos decir que la pandemia del nuevo coronavirus (Covid-19) es uno de los lugrá que están afectando a México y el mundo, ya que, de acuerdo con el informe coordinado por el epidemiólogo Neil Ferguson, del Imperial College de Londres (https://bit.ly/2JdEKnk), es el virus, sin acceso hasta ahora a medicamentos y vacunas, más peligroso que ha enfrentado la humanidad desde la pandemia de la gripe A/H1N1 de 2009. Como se sabe, el Covid-19, notificado por primera vez en Wuhan, China, el 31 de diciembre de 2019, fue declarado como pandemia el pasado 11 de marzo por la Organización Mundial de la Salud, debido a que se ha diseminado en casi todos los países del mundo. Y el pasado 24 el gobierno federal mexicano declaró el inicio de la fase 2 de su expansión, lo que significa que el contagio del coronavirus ya no sólo se importa, sino que acontece en nuestro territorio, así co-mo que el avance de la enfermedad en la población será cada vez más progresivo. Ahora bien, es cierto que ante un estado de emergencia como el actual es necesario tomar medidas para enfrentar y erradicar los efectos nocivos del Covid-19. Esto no significa que las autoridades y el sector privado tengan que pasar por encima de los derechos humanos, especialmente de aquellos que son considerados como fundamentales por teóricos como Luigi Ferrajoli. Entre ellos, la protección de las personas que se hallan en peores situaciones de vulnerabilidad con respecto a quienes abusan de su poder, cualquiera que éste sea, o de derechos básicos como el acceso a salud, agua, alimentación, trabajo y a vivienda digna. Así, la lucha legítima contra el Covid-19 tampoco justifica en modo alguno la violación de derechos humanos, y hoy más que nunca todas las autoridades, en sus diferentes ámbitos y niveles de competencia, sobre todo las que están involucradas directamente en la toma de decisiones, deben tener presente en su actuar las obligaciones internacionales y constitucionales en materia de derechos humanos a que están sujetas. Entre ellas, el respetarlos, protegerlos, promoverlos y garantizarlos debidamente. Esto también significa, entre muchas otras cosas, que el Estado mexicano tiene la obligación de informar oportuna y cabalmente sobre el estado que guarda la pandemia, así como garantizar a todas las personas que resulten contagiadas el acceso al derecho a la salud. Y como planteó el martes pasado José Ramón Cossío, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, generar una acción extraordinaria en materia de salubridad pública, para que la administración ejecute todas las herramientas legales que le permitan movilizar recursos y personal, con la finalidad de atender adecuadamente esta emergencia sanitaria (https://bit.ly/2UDagQW). Por otro lado, el periodista Ricardo Raphael ha llamado acertadamente virus clasista al Covid-19, porque impacta negativamente a personas y grupos en forma diferenciada. Con esto se quiere decir que el coronavirus perjudicará a muchos mexicanos, sí, pero sus efectos sociales y en materia de salud serán más dañinos para quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad: mujeres víctimas de violencia de género, personas adultas mayores, migrantes y personas en situación de calle; la comunidad LGBTQ y quienes trabajan en el sector salud o se dedican al comercio informal. Forman parte también de estos grupos los trabajadores y trabajadoras que no pueden dejar de laborar para tener un ingreso, los que no tienen prestaciones de seguridad social y aquellos que están a punto de perder su empleo o viven con esa incertidumbre. Del mismo modo, es importante señalar que las víctimas y sobrevivientes están envueltas en una situación de vulnerabilidad ya de suyo compleja y particular, sobre todo en sus procesos de búsqueda de la verdad, acceso a la justicia, reparación integral y garantías de no repetición. México está atravesando sin duda por su mayor crisis económica, humanitaria y de derechos humanos, acentuada sobremanera por la emergencia sanitaria detonada por el Covid-19. No obstante, si regresamos al mito de la Caja de Pandora, veremos que en la tinaja únicamente quedó la esperanza, la cual puede manifestarse con la implementación de medidas integrales y efectivas en perspectiva de derechos humanos, para suprimir el Covid-19 y no sólo mitigarlo. Como propone Leonardo Boff, ahora, más que nunca, es momento de que las personas nos cuidemos unas a otras, seamos solidarias, corresponsables y compasivas. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Web
El Tmec y el campo mexicano
Editorial | Columna en la Revista Contralínea 📰 24 de marzo de 2020 Por: Víctor Manuel Chima | Davy Perlman El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (Tmec) fue firmado en noviembre de 2018 por el entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Después de 1 año de negociaciones y modificaciones, y ya durante el mandato de Andrés Manuel López Obrador, el Tmec fue ratificado por la Cámara de Senadores en México a finales de 2019, y luego por el Poder Legislativo de Estados Unidos en enero de este año, por lo que ahora sólo falta la aprobación por parte de Canadá para que, después de 90 días de su ratificación absoluta, el tratado entre en vigor reemplazando al actual Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Con la entrada en vigor del TLCAN hace más de 25 años no sólo se redujeron los apoyos directos a la producción agrícola, como los precios de garantía, sino que tampoco se desarrollaron políticas públicas de acceso a financiamiento e infraestructura que permitieran a productoras y productores campesinos ingresar a mercados de exportación. La parte del Tmec enfocada en la agricultura es, en muchos aspectos, una continuación del TLCAN debido a que, entre otras cosas, refuerza la imposición de políticas de libre mercado en regiones que aún conservan su colectividad, y en las que hace falta apoyo financiero y tecnológico que favorezcan la producción de alimentos de consumo local y nacional, para poder competir con grandes productores y preservar las formas de producción tradicionales. Así, las políticas del libre mercado buscan los mayores índices de producción al menor costo, lo que deriva en un mayor consumo. Por otro lado, el modelo agroindustrial que se impuso desde el TLCAN y se hereda ahora en el Tmec, se enfoca en la producción masiva sin atender la inocuidad, la calidad y el valor nutricional de los alimentos, ni tampoco los daños que ocasiona en el medio ambiente, en la salud de productores y consumidores, y en elementos bioculturales de las comunidades campesinas, como los procesos tradicionales de modificación de semillas y las mismas semillas nativas. Con respecto a la propiedad privada, un punto problemático del Tmec es el requerimiento al Estado mexicano de confirmar el Acta de 1991 del Convenio de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV 91), que establece la capacidad de patentar nuevas variaciones de semillas, particularmente por parte de empresas. México había confirmado el Convenio UPOV de 1978 con la Ley Federal de Variedades Vegetales (LFVV), pero todavía no ha firmado la actualización de 1991. Quienes proponen la confirmación del acta UPOV 91 sostienen que es necesaria para crear un incentivo de inversión en la creación de nuevas variedades de semillas más resistentes a las sequías o con mayor rendimiento, pero no consideran los daños que ocasionará en las comunidades campesinas, en las variedades de semillas de maíz, incluso las violaciones a derechos humanos, ya que no permitieron la participación por la parte de las comunidades afectadas por los cambios en la ley. El diputado federal Eraclio Rodríguez Gómez presentó en febrero de 2019 una iniciativa de reforma a la LFVV que, en sintonía con el acta UPOV 91, no sólo facilita la privatización de semillas nativas, sino que también criminaliza a “quien aproveche o explote una variedad vegetal protegida, su material de propagación o el producto de la cosecha, para su producción, reproducción, preparación, oferta, distribución, venta, producción comercial de otras variedades vegetales o variedades esencialmente derivadas, o cualquier otra forma de aprovechamiento”, con sanciones de dos a seis años de prisión, entre otras medidas similares. El sistema informal de intercambio de semillas por parte de comunidades campesinas ha permitido la diversificación del maíz con más de sesenta razas, las cuales pueden crecer en climas y suelos distintos. A simple vista no es posible identificar una semilla protegida, por lo que las amenazas de prisión y multas considerables reducirían la eficacia del sistema de intercambio que ha existido desde siglos atrás. El artículo tercero de la iniciativa de reforma a la LFVV dice que un propósito de la ley es “proteger el uso de variedades vegetales utilizadas por las comunidades rurales cuyo origen es el resultado de sus prácticas, usos y costumbres y que tendrán el derecho de explotarlas tradicionalmente, derecho que deberá expresarse claramente en el Reglamento de esta Ley”. Esta condición no es suficiente, ya que los intercambios son informales y también pueden incluir las semillas comerciales. Las semillas de los intercambios no vienen con documentación sobre sus orígenes, y por eso la frase “cuyo origen es el resultado de sus prácticas” es demasiado vaga. De este modo, existe el riesgo de que las semillas cuyo origen es el resultado de las prácticas tradicionales, también incluyan material genético de las semillas patentadas, poniendo en peligro a campesinas, campesinos, y a las mismas comunidades. Sin acceso a las semillas de intercambio, miles de campesinas y campesinos tendrían que decidir entre salir de sus comunidades para proveer de lo necesario a sus familias, o arriesgarse a ser dependientes de las semillas de las empresas. La privatización de las semillas es un peligro gigantesco en una sociedad en la que muchos campesinos y campesinas dependen del intercambio anual de semillas para siembra, lo cual es aún más peligroso en el caso de México, al ser el centro de origen de semillas como el maíz. El acervo genético de maíz mantiene su diversidad debido a que campesinos y campesinas intercambian las semillas. Por consiguiente, el derecho a la alimentación, el derecho colectivo a la biodiversidad y el derecho a la salud, se verán restringidos con la aprobación del T-MEC, y de ser aprobada la reforma a la LFVV, de igual manera los costos de producción incrementarían, y la agricultura para el autoconsumo sería afectada con el riesgo de prosecución por el uso de semillas patentadas, incluso si son resultado del intercambio
La justicia social que defendemos
Editorial | La dignidad en nuestras manos en Animal Político 📰 24 de marzo de 2020 Por: Beatríz Rivero* Para el Centro Vitoria, Justicia Social ha sido un sin número de preguntas que han alumbrado un camino comprometido con “las y los condenados del mundo” desde hace treinta y cinco años. La Justicia Social que defendemos ha sido una actividad mística y ética de acompañamiento político y social a las causas de los pueblos, para dignificar la vida a través de los derechos humanos como herramienta de liberación y búsqueda de democracia. Ha sido un esfuerzo consciente de construir puentes con las luchas de otras personas y es hoy también el aprendizaje que conlleva la politización de lo personal para continuar caminando colectivamente por la verdad, la memoria, la erradicación de toda forma de discriminación a las diferencias, por la libertad, la justicia territorial, por la vida toda. A lo largo de estos treinta y cinco años el Centro Vitoria ha sido escenario de cambios y sinergias en clave intergeneracional de los propios movimientos y las y los sujetos políticos que enfrentan la violencia estructural y sistémica del Estado mexicano. Hacia adentro, también ha sido un espacio de aprendizaje y compartición de experiencias de participación política de diversas juventudes comprometidas con la labor de defensa de los derechos humanos, al mismo tiempo que ha sido parte activa del surgimiento y consolidación del movimiento de derechos humanos en el país. Esta experiencia de “diálogo con la diferencia” ha sido más que enunciativa, significativa como herramienta de comunicación práctica del quehacer cotidiano de defensa y promoción de los derechos humanos, y en este sentido, uno de los pilares en la búsqueda y construcción colectiva de la Justicia Social, esa que por ser diversa, más no relativa, requiere para su exigibilidad jurídica y social la participación activa de amplios sectores de la sociedad: las víctimas de las violaciones a los derechos humanos, los pueblos y comunidades indígenas, movimientos campesinos, obreros, artistas, mujeres, movimientos LGBT+, periodistas, la academia comprometida y crítica, la sociedad civil organizada, los organismos internacionales no gubernamentales, entre otros igual de importantes. Es así que la justicia social que defendemos ha sido, obligadamente, contraparte de las violaciones a derechos humanos de las últimas décadas. Es heredera y baluarte de las luchas contra la represión y la impunidad de México y Centroamérica en las décadas de la Guerra Sucia y las dictaduras latinoamericanas; de la defensa contra casos de tortura, detención arbitraria, desapariciones forzadas y violaciones a los elementos del debido proceso; es respuesta organizada frente a las violaciones a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA), principalmente los relacionados por la tierra y el territorio, el agua, la vivienda y el medio ambiente; es bandera contra toda forma de discriminación, es milpa por el derecho a la alimentación y la defensa al maíz como pilar de la soberanía alimentaria y defensa territorial; es verdad, reparación del daño y garantías de no repetición para expresiones de violencia extrema contra las mujeres; es también el derecho a defender derechos desde un claro posicionamiento donde las juventudes acompañan y sostienen junto con otros y otras, procesos de lucha social diversos e igualmente necesarios. Frente a un contexto de grave crisis de violaciones a los derechos humanos en el país, como expresión de la crisis civilizatoria a nivel global, quienes hoy conformamos el Centro Vitoria nos reconocemos como parte de este continuado proceso de hacer de la Justicia Social, conquista y camino de los pueblos, el cual se nutre lo mismo de los aprendizajes adquiridos como de la experiencia colectiva, de los desafíos que siempre plantea la autocrítica individual y colectiva del presente construyéndose continuamente. Hoy, ante la deshumanización de las, los, lxs otrxs, la justicia que defendemos sustenta su potencial radicalidad en el diálogo, en el ánimo de abrazar lo que tenemos en común y de asumir como fortaleza lo que no es así, de modo que el ejercicio de nombrar y asumir las contradicciones de nuestras historias no sean motivo de desplome, pero tampoco de permanente cinismo. La justicia social que hoy defendemos está convencida, más que nunca, que debe ser puente de construcción de un mundo en el que, como dijeran en el Sur, quepan todos los mundos posibles, y por tanto, incisiva en seguir construyendo una narrativa de lucha social abiertamente intergeneracional e interseccional. *Beatriz Rivero es colaboradora del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P. A.C. (@CDHVitoria). Consultar artículo en Animal Político. Imagen destacada: Angélica Díaz
Fomento y protección del maíz nativo
Sábado 21 de marzo de 2020 Miguel Concha México es el centro de origen del maíz. Durante miles de años esta planta ha sido elemento fundamental en la vida de mexicanas y mexicanos, y las comunidades campesinas e indígenas han preservado no sólo esta semilla nativa, sino también sus formas tradicionales de mejoramiento y producción, como su adaptación, de acuerdo con las condiciones climáticas y de los suelos, el intercambio entre comunidades de distintas regiones, así como el sistema de la milpa y el resguardo de alimentos, como el propio maíz, el frijol, la calabaza y el chile, los cuales conforman una alimentación saludable y aportan nutrientes necesarios para un buen vivir. Es inmensa la diversidad de alimentos derivados de las 64 razas distintas de maíz que tenemos en México. Estos alimentos se encuentran presentes en las cocinas tradicionales de distintas culturas, incluso más allá de nuestras fronteras. La cocina mexicana no se podría imaginar sin los colores y sabores del maíz nativo: rojo, verde, azul, dulce, blando, palomero y cacahuazintle, entre muchos otros. El grano, además de ser sustento para el bienestar económico y social, tiene un valor histórico y cultural para las comunidades y los pueblos originarios, especialmente los mesoamericanos, ya que ha permitido también la resistencia ante la colonización, la imposición del pensamiento occidental y el capitalismo en su fase neoliberal. Así, resulta fundamental la construcción de un modelo agroalimentario que asegure la soberanía alimentaria y garantice el derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, como lo enuncia la Constitución. Esto sólo será posible mediante la generación de políticas públicas y programas de apoyo para su producción, y por medio delegislaciones que establezcan la obligatoriedad del Estado al respecto, ya que debido a la producción de maíces transgénicos, el maíz nativo está en riesgo, incluso los procesados, los cuales contaminan genéticamente al maíz y abren la puerta a la extinción de muchas razas que aún se conservan. Cabe señalar que en abril de 2019 fue presentada en el Senado la iniciativa de Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo (LFFPMN), la cual fue aprobada en lo general y lo particular el pasado 24 de septiembre y turnada a la Cámara de Dipu-tados. La Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria discutió en la cámara el pasado 10 de marzo el dictamen de la iniciativa de ley, el cual fue aprobado por unanimidad en el Congreso de la Unión el 18 de marzo. La LFFPMN tiene por objeto reconocer el valor del maíz nativo y su diversificación constante en todo lo relativo con las prácticas relacionadas a su producción, comercialización y consumo, como patrimonio alimentario y cultural nacional directamente vinculado con los derechos humanos alimentarios y culturales reconocidos en el artículo 4 de la Constitución. Esta iniciativa de ley, que por cierto se corresponde con tratados internacionales firmados por México, como el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología, sentará un precedente en materia jurisdiccional, ya que establecerá mecanismos institucionales para la protección y fomento del maíz nativo, a través de medidas que prevengan su contaminación. Por ejemplo, la identificación y delimitación de las áreas geográficas de producción, al igual que el establecimiento de los sistemas tradicionales. En adelante será obligación del Estado garantizar y fomentar, a través de autoridades competentes, que todas las personas tengan acceso efectivo al consumo informado de maíz nativo en su diversificación constante, así como al de sus productos derivados. Por otro lado, a partir de la ley, se creará el Consejo Nacional del Maíz (Conam), como órgano de consulta del Poder Ejecutivo Federal. El Conam estará integrado por autoridades del gobierno federal y tendrá representación de la sociedad civil, campesinas y campesinos, pueblos y comunidades indígenas, e integrantes de la academia, quienes tendrán voz y voto para participar en las políticas públicas para el fomento y protección del maíz nativo. Porque precisamente son las propias comunidades y organizaciones campesinas, la sociedad civil organizada, las defensoras y defensores de derechos humanos y las colectividades dedi-cadas al cuidado del medio ambiente, quienes han empujado esta ley. Aunque la aprobación de la Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo no es suficiente para garantizar su protección, fomentar su producción y resguardar su valor histórico y cultural, es un paso importante en la defensa del maíz en la protección de sus variedades vegetales nativas y en la promoción de los derechos humanos de las comunidades campesinas, productoras, consumidoras y consumidores, pues #SinMaizNoHayPais. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Internet
Crisis capitalista y empresas sistémicas
Sábado 13 de marzo de 2020 Miguel Concha En la reciente reunión anual del Foro Económico Mundial, llevado a cabo en Davos, Suiza –por cierto, la número 50–, a la que acuden líderes mundiales de todos los órdenes con el propósito de proponer recomendaciones y estrategias que mejoren la situación del mundo, particularmente en las áreas sociales y económicas, se llegó a la siguiente conclusión: los resultados de la economía social de mercado, en la que hemos vivido inmersos los pasados 40 años, no han sido los esperados. Muy por el contrario, se han generado pobreza, desigualdad creciente, inestabilidad laboral y un fuerte deterioro del medio ambiente. Se señaló expresamente que en la globalización de la economía de mercado se descuidó el hecho de precisar que las empresas son organismos que participan en el logro del bienestar de la sociedad, y no únicamente entes con fines prioritarios de lucro; y que es indispensable que incluyan en su misión la responsabilidad que tienen con el bienestar de las personas que forman los grupos de interés que de hecho las integran y las hacen viables. Los llamados stake holders. Y ello a pesar de que desde la década de los años 70 del siglo pasado se ha promovido, reconocido e incluso premiado progresivamente en Estados Unidos, Europa y América Latina el compromiso social de las empresas con sus grupos de interés internos y externos, para restaurar la confianza del público, en el respeto de sus derechos sociales y humanos. El fundador de Davos, el Dr. Klaus Schwab, declaró en forma categórica que tal como se está gestionando el capitalismo actualmente, ya no es sostenible, y que de hecho se está autodestruyendo. Una de las conclusiones del Foro Económico de Davos 2020, en el que participaron líderes mundiales, figuras clave de las Naciones Unidas y la Unión Europea, así como jefes de grandes empresas, entre otros, fue la necesidad de que se aplique en las empresas globalizadas la práctica del denominado capitalismo de los grupos de interés ( stake holders). Es decir, lograr que las empresas asuman su responsabilidad no únicamente con sus accionistas, sino también con sus empleados, trabajadores, agentes, clientes, proveedores, gobiernos y comunidades. En una palabra, preocuparse solidariamente por el bienestar de todos ellos. En síntesis, está entonces fuera de toda duda que incluso en esta instancia de consulta mundial el modelo socioeconómico actual debe modificarse, y de hecho reinventarse, de tal manera que la riqueza creada por las empresas se distribuya tomando en cuenta auténticamente la responsabilidad social que tienen con los grupos de interés que las conforman, respetando sus derechos humanos y tomando en cuenta los valores morales de las sociedades en las que están establecidas. A lo que ahora habría que agregar su responsabilidad con la conservación de los recursos naturales y el cuidado del medio ambiente. En este contexto, se considera que la economía de mercado sigue siendo el mejor medio para generar riqueza, aun cuando también se piensa que es ineludible que el Estado debe vigilar activamente que se desarrolle respetando la auténtica competencia y evitando monopolios, monopsonios y prácticas oligopólicas. Quisiera concluir este artículo relacionando las recomendaciones y propuestas del Foro con la actitud reciente de los grupos empresariales de nuestro país. Hace algunas semanas, un grupo de 100 empresas se comprometió en forma pública a cubrir a sus trabajadores cuando menos el equivalente a dos salarios mínimos como remuneración por jornada de trabajo. En mi opinión es una decisión acertada, acorde con el espíritu de responsabilidad social de las empresas, que incluso sería deseable que se generalizara. Y en semanas pasadas se publicó también un decálogo empresarial, que en alguna forma recoge las recomendaciones del Foro Económico Mundial de Davos. Desde mi punto de vista, lo hace en forma amplia y con evidentes buenas intenciones. Pero a mi parecer, está lejos de establecer un auténtico compromiso empresarial con la responsabilidad social que tiene con los grupos de interés que se expresa en el comunicado del Foro. Aunque en este sentido vale la pena subrayar los principios 6, 7 y 8 de responsabilidad social del nuevo decálogo: 6) Demostrar nuestra obligación moral con la sociedad; participar activamente en el desarrollo de las comunidades y construir mejores condiciones de vida para los mexicanos. 7) Asumir y promover la inclusión, la diversidad y el respeto irrestricto a los derechos humanos. 8) Privilegiar la sustentabilidad en nuestras actividades económicas y un uso más consciente de los recursos naturales. Ojalá que estos principios no se queden, como muchas veces ha sucedido, en buenas intenciones y bellas declaraciones retóricas, sino en criterios que realmente informen nuevos códigos de conducta y buenas prácticas. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Internet
Una reflexión sobre las luchas de las mujeres
13 de marzo de 2020 Por: Viridiana Martínez, Leslie Joryet y Angélica Díaz* La fecha del 8 de marzo nos muestra la continuidad de reflexiones, encuentros, diálogos y exigencias históricas que desde diversos horizontes de luchas nos recuerdan a nuestras ancestras que buscaban mejoras en las condiciones sociales para las mujeres y que aún continúan sin ser una realidad plena, por ello la organización, la digna rabia y la palabra hacen ecos para seguir cuestionando políticamente y exigiendo el no retroceso de los derechos de las mujeres y la plena garantía de los mismos. Estos tiempos se encuentran atravesados por violencias y discriminación extremas, incrementando la brecha de desigualdad, y creciendo exponencialmente la violencia feminicida contra niñas y mujeres; negando las posibilidades de proyectos de vida, sueños y esperanzas a cientos de nosotras que enfrentamos día con día entornos hostiles por sus estructuras patriarcales y machistas. Ante esta grave situación, diversas mujeres desde diferentes trincheras y espacios hemos emprendido un camino organizativo de exigencias que ha florecido debido a los acompañamientos, escucha, compartición de experiencias, construcción de herramientas y reflexiones colectivas que permitan abrazarnos y debatir sobre lo que nos atraviesa y preocupa cotidianamente. Sin embargo estas revoluciones no han sido del todo posibles por la criminalización, estigmatización y narrativas que se han instalado en el imaginario social, descalificando las luchas políticas de la diversidad de mujeres que exigimos respeto a la memoria y dignidad de todas nuestras compañeras víctimas y sobrevivientes que han encarnado cotidianamente violencias extremas. La lucha de las mujeres no solo se ha gestado en las calles, es una constante batalla en todos los ámbitos de la sociedad, desde el 2018, los movimientos de mujeres a nivel mundial han tenido un fortalecimiento notable, visibilizando expresiones y cuestionando las formas en las que se aborda social y culturalmente la violencias hacia las niñas y mujeres en el mundo. En el caso de nuestro país se ha instalado un debate político ficticio que no supera el eterno cuestionamiento hacia las víctimas, contrario al propio sistema de atención y procuración de justicia y políticas públicas carentes de perspectiva de género y derechos humanos. Las acciones de estos días exigen pensar en todas las expresiones de violencia que además del feminicidio, abarcan el ámbito privado, y todas aquellas prácticas cotidianas que violentan sistemáticamente, incluso aquellos lugares que intentan generar ejercicios de reflexión tendremos que repensar la cotidianeidad. Ante ello, estamos en un momento coyuntural en el que exigimos que todas las mujeres que habiten o transiten por el país lo hagamos en condiciones de dignidad como un derecho de todas a vivir una vida libre de violencia, así como el respeto a la memoria, acceso a la verdad y justicia y medidas de no repetición que busquen acciones transformadoras en todos los espacios y niveles de responsabilidad. Las revoluciones como movimientos vivos, tienen la posibilidad de apelar a habitar los espacios más cotidianos tomando la ternura, palabra, mirada y autocrítica como horizontes que posibiliten nuevas condiciones para construir desde las cenizas. Abrazamos a todas las mujeres de todas las geografías, de todos los calendarios, de todas las expresiones y orientaciones sexoafectivas, deseando que nuestras diferencias sean fortalezas para continuar resistiendo y re-existiendo. *Viridiana Martínez Ortíz, Leslie Joryet y Angélica Díaz son colaboradoras del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria o.P. A.C. @CDHVitoria. Consultar artículo en Animal Político. Imagen destacada: Angélica Díaz
