Comunicado de organizaciones de América Latina sobre la situación de Honduras y la suspensión de garantías
Con motivo del Decreto Ejecutivo número PCM-084-2017 (en adelante, el Decreto Ejecutivo) emitido el pasado 1° de diciembre de 2017 por el Presidente de la República de Honduras en Consejo de Ministros, a través del cual determinó la suspensión del derecho a la libertad de tránsito previsto en el artículo 81 de la Constitución de la República de Honduras, que reconoce “el derecho a circular libremente, salir, entrar y permanecer en el territorio nacional” por un periodo de diez días contados a partir de su entrada en vigencia. Lo anterior se realiza en el marco de las elecciones presidenciales que se verificaron el pasado 26 de noviembre y que han derivado en diversas protestas sociales. El Decreto Ejecutivo señala como justificación y fundamentos para su emisión, entre otros, los siguientes: “Que la misma Ley de Policía y Convivencia Social en el Artículo 51 párrafo tercero establece que la policía podrá disolver a los grupos que protesten en toma de calles, puentes, carreteras, edificios e instalaciones afectando a servicios públicos cuando impidan la libre circulación o el acceso a los mismos si contrarían el orden público, la moral y las buenas costumbres y dañan la propiedad pública y privada.” Asimismo, refiere: “Que es deber ineludible del Presidente de la República, en Consejo de Ministros, tomar las acciones necesarias para mantener el orden y la gobernabilidad en la Nación la cual está siendo afectada seriamente por las acciones apuntadas.” En este sentido, mediante el Decreto Ejecutivo, “se prohíbe la libre circulación de las personas, prohibición que podrá aplicarse en horario de 6:00 p.m. a 6:00 a.m., en todo o parte del territorio nacional en atención a los hechos que ocasiona la restricción de esta libertad a recomendación de autoridad competente.” Asimismo, habilita a las Fuerzas Armadas para apoyar a la Policía Nacional, conjunta o separadamente, “cuando la situación así lo requiera”, “debiendo poner en ejecución los planes necesarios para mantener el orden y la seguridad de la República y garantizar el ejercicio de los derechos democráticos.” Por tanto, el Decreto Ejecutivo faculta a detener a toda persona encontrada fuera del horario de circulación establecido, o que de alguna manera sea sospechoso de causar daños a las personas o sus bienes, aquellos que se asocien con el objeto de cometer hechos delictivos o esté en peligro su propia vida”, así como a proceder al desalojo de toda instalación pública, carreteras, puentes y otras instalaciones públicas y privadas que haya sido tomado por manifestantes o se encuentren personas en su interior realizando actividades prohibidas por la Ley.” Es importante referir que el derecho a la libertad de expresión es el bastión y piedra angular de todo sistema democrático, tal como lo ha reconocido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por lo que, en la medida en que sea plenamente garantizado, podrán verificarse condiciones para que exista un importante flujo de información y el desarrollo de un debate público, abierto, plural y robusto. Asimismo, conforme a los estándares que tanto la Comisión como la Corte Interamericanas de Derechos Humanos han establecido, las expresiones o discursos políticos o sobre asuntos de interés público, forman parte de discursos que deben encontrarse especialmente protegidos. En efecto, este tipo de expresiones deben recibir especial protección “por su importancia para el ejercicio de los demás derechos humanos o para la consolidación, funcionamiento y preservación de la democracia. En la jurisprudencia interamericana, tales modos de discurso especialmente protegidos son los tres siguientes: (a) el discurso político y sobre asuntos de interés público; (b) el discurso sobre funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones y sobre candidatos a ocupar cargos públicos; y (c) el discurso que configura un elemento de la identidad o la dignidad personales de quien se expresa.”[1] La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH ha manifestado claramente que “en nuestra región es frecuente que las autoridades subordinen el ejercicio del derecho a la protesta social al presunto mantenimiento de intereses colectivos como el orden público y la paz social, basándose en la vaguedad o ambigüedad de estos términos para justificar decisiones restrictivas de los derechos. La noción de orden público y paz social que se impone parece preocupada únicamente en garantizar el orden como una expresión del poder del Estado y privilegiar los derechos e intereses de quienes se puedan ver afectados circunstancialmente por las protestas.” Por tanto, cuando los Estados pretendan emprender acciones o políticas tendientes a preservar cuestiones relacionadas con el “orden público”, la “paz pública”, así como la “moral o buenas costumbres” que menciona el Decreto Ejecutivo, deben realizarlo en clave de derechos humanos, con un enfoque de seguridad ciudadana, lo cual cumpla con las obligaciones de respetar, proteger y garantizar el ejercicio pleno de derechos humanos, sin que vayan en detrimento de estos, y observando en todo momento los principios de legalidad, proporcionalidad y necesidad, bajo normas claras y precisas. En este sentido, el Decreto Ejecutivo en referencia, además de determinar como medida extrema la suspensión de garantías en Honduras, contiene disposiciones y fundamentos sumamente preocupantes que, por su ambigüedad, abren la posibilidad de realizar un uso excesivo de la fuerza pública por parte de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. De entrada, limita en forma desproporcionada el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, al prohibir que las personas circulen y se manifiesten de manera totalmente libre, sin que existan restricciones de lugar u horarios para hacerlo. Además, contiene disposiciones sumamente ambiguas y amplias como las ya referidas, que pretenden preservar “el orden público, la moral y las buenas costumbres” con la facultad de detener a toda persona que circule o transite dentro de los horarios que prohíbe el Decreto Ejecutivo y que “sea sospechosa de causar daños a las personas o sus bienes”, así como desalojar cualquier instalación donde se encuentren personas manifestantes o que “en su interior estén realizando actividades prohibidas por la ley”. Esto sin duda, coloca en grave riesgo la libertad e integridad de las personas, ante el posible uso de
Tribunal en el Estado de México confirma resolución ejemplar en materia de libertad de expresión y protesta social
-Sentencia evidencia persecución y criminalización de la protesta social -Tribunal insiste en la protección de derechos frente a detenciones arbitrarias -Autoridades deben dejar de utilizar el derecho para inhibir la protesta social El Tribunal Unitario Especializado en Materia Penal del Segundo Circuito en Almoloya de Juárez ha reafirmado en días pasados una resolución judicial de no vinculación a proceso a integrantes de la ANUEE (Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica) que anteriormente habían sido criminalizados por la CFE al intentar imponer obras sin consulta ni justificación. La resolución resulta ser justa y sin precedentes para la protección de los derechos de las personas , en especial del derecho a la protesta y libertad de expresión. Integrantes de la ANUEE, particularmente en diversos municipios del Estado de México, se han visto hostigados por cuerpos de policías municipales y federales en contextos del ejercicio de la libertad de expresión y manifestación, por medio del cual exigen el detener los altos cobros de luz por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el reconocimiento de la energía eléctrica como un derecho humano, y exteriorizan su oposición al “proyecto de modernización de infraestructura eléctrica”, consistente en la instalación impuesta de medidores de luz y de cableado de aluminio, sin que esta empresa consulte o avise a las personas afectadas. En este contexto, en el municipio de Naucalpan el 9 de agosto de 2017 se detuvo de manera arbitraria e ilegal a Manuel Damián Mendoza y a José Pedro Moreno Herrera por manifestar, de manera pacífica, su rechazo a la instalación de medidores de luz de la CFE, acusándolos del delito de “oposición a obra o trabajo públicos”, previsto en el Artículo 185 del Código Penal Federal. A pesar de que la Procuraduría General de la República obstaculizó deliberadamente su defensa, en audiencia de 16 de octubre, el juez Saúl Cota Murillo resolvió apegado a derecho que no podía vincularse a estas personas a dicho delito, y dejó constancia de que la imputación al mismo consistía en un acto de criminalización de la protesta social. Luego de que la CFE apeló esta primer resolución, el Auto de No Vinculación a Proceso fue confirmado por el Tribunal Unitario de Almoloya de Juárez, insistiendo en la protección del derecho a la protesta y a la libre expresión de los movimientos sociales. En el periodo de abril a noviembre del presente año, se han detenido de manera arbitraria a por lo menos 18 personas por el supuesto delito ya mencionado, el cual es inconstitucional puesto que contraviene el derecho de libertad de expresión y manifestación. Con base en este tipo penal, se ha criminalizado y judicializado a integrantes de este movimiento social, representando un hecho clave para observar cómo autoridades estatales utilizan el derecho para inhibir la protesta social. En medio de este contexto, saludamos la resolución que confirma el Auto de No Vinculación a Proceso. Dicha decisión es una muestra de cómo las resoluciones judiciales pueden ser tomadas bajo una perspectiva de Derechos Humanos y reconociendo las obligaciones del Estado. Atentamente Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria, O.P”, A.C.
De Tlatelolco a Ayotzinapa, la lucha por la dignidad humana
DE TLATELOLCO A AYOTZINAPA, LA LUCHA POR LA DIGNIDAD HUMANA Noviembre de 2017 Ponencia presentada en el Marco de la Cátedra Sergio Méndez Arceo por Fray Miguel Concha Malo, O.P., Director General del Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria, O.P.”, A.C., en la Universidad La Salle de la Ciudad de Cuernavaca, Morelos Para el desarrollo de la presente ponencia echo mano de los siguientes textos universitarios: Tesis de Licenciatura sobre Historia Contemporánea de México, presentada en 1999 por Armando López Arcos, ex colaborador del Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria, O.P.”, A.C., en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, con el título de Intentamos un cambio por razones de fe. Tesis de Doctorado en Estudios Latinoamericanos presentada en su Examen de Grado este año por la Mtra. María Patricia González Chávez, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, con el título “El CIDOC de Cuernavaca en el Colegio de México. Contribuciones de un archivo a la lectura crítica de la historia reciente de Latinoamérica”. Libro titulado “La participación de los cristianos en el proceso popular de liberación en México”, coordinado por Miguel Concha Malo, Óscar González Gari, Lino F. Salas y Jean-Pierre Bastian, publicado en su primera edición el año de 1986 por el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y la Editorial Siglo XXI. El libro ha tenido varias reediciones. Artículo titulado Centros de derechos humanos: su misión y servicio”, publicado en la Agenda Latinoamericana mundial del Año 2015 por Miguel Concha Malo. Artículo titulado Solidaridad social nacional, publicado en 2015 por Miguel Concha Malo, en el libro compilado por Nayar López, en Ayotzinapa. Un grito desde la humanidad, a cargo de la Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad, y editado por Ocean Sur. Como sabemos, por la presencia del movimiento estudiantil, que desembocó en la masacre del 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, 1968 marcó un hito en la historia contemporánea de nuestro país. Lo que en un principio fue una riña entre estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (unam) y los del Instituto Politécnico Nacional (ipn), se fue transformando en un importante movimiento con demandas sociales. Conforme se fue desarrollando, bajo la dirección del Consejo Nacional de Huelga (cnh), se realizaron distintas marchas, huelgas, mítines en Tlatelolco y en el Zócalo de la Ciudad de México. Sin embargo, ante el avance del movimiento social y estudiantil, el gobierno respondió con una mayor cerrazón, y con medidas cada vez más represivas. Ante la situación provocada por este conflicto, el Secretariado Social Mexicano; el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); algunos profesores de la Universidad Iberoamericana; dirigentes y profesionistas de la Corporación de Estudiantes Mexicanos, y monseñor Sergio Méndez Arceo, VII Obispo de Cuernavaca, así como obreros y asesores de la Juventud Obrera Católica y otros cristianos, se reunieron y elaboraron un documento de información y reflexión –firmado por 37 sacerdotes–, para ayudar a grupos de la Iglesia a comprender el trasfondo estructural y las aspiraciones de justicia que estaban en el fondo de las demandas del movimiento estudiantil. En realidad la única voz de la Iglesia que se escuchó durante la crisis fue esta declaración “Al pueblo de México”, publicada en Excélsior el 10 de septiembre de aquel año. A esta declaración se adhirieron los sacerdotes que trabajaban en la Unión Mutua de Ayuda Episcopal, la Juventud Obrera Católica y la Acción Católica Obrera. No interpretaron los acontecimientos como derivados de “la conjura comunista internacional”, lo cual hizo que fueran vistos con desconfianza por sectores oficiales y empresariales. Por su parte, la misma jerarquía eclesiástica intentó silenciarlos. El 14 de septiembre la curia del arzobispado de México minimizó la declaración de los 37 sacerdotes y demás grupos solidarios, y dio la impresión de desautorizarla. En la carta los sacerdotes planteaban que el movimiento estudiantil les llevaba a reflexionar sobre su responsabilidad en el cambio y el desarrollo integral del país. Veían que la juventud tomaba conciencia de “ser un factor importante de influencia en el pueblo para el cambio social”. Reconocían también que nuestro país necesitaba cambios para lograr el desarrollo. Y en ese sentido declaraban: no, “al uso sistemático de la violencia”; y no, “a los que rechazan todo cambio por disfrutar de una situación privilegiada. Asimismo señalaban: sí, al diálogo; al pluralismo ideológico; a la reforma educativa y universitaria; a la “necesidad de cambios para la promoción y el progreso de las personas”; “a la creación de una sociedad nueva, basada en estructuras justas”, y “a la responsable participación política en orden al bien común”. Por último, llamaban a buscar la paz y la justicia, rechazando el odio y el temor: “Como sacerdotes y como mexicanos –decían– nos hacemos solidarios del actual despertar de la juventud, calculando que si son muchos sus riesgos, son mayores sus posibilidades para el futuro de un México mejor. Mientras el movimiento estudiantil cada vez tomaba más fuerza, el gobierno mostraba una mayor cerrazón y un más intenso autoritarismo. El 18 de septiembre el ejército tomó las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ante esos acontecimientos, en Cencos dieron a conocer su postura. Aclaraban sin embargo que en esa ocasión no lo hacían necesariamente como voceros de la Iglesia, sino como “cristianos comprometidos en la promoción y servicio de los medios de comunicación social”. Una semana después, tras un mensaje de Paulo vi, en torno a los conflictos estudiantiles en muchas partes del mundo, Cencos realizó un análisis en el que resaltaba que el Papa no condenaba a la juventud, sino que enjuiciaba a “las malas estructuras que deben ser cambiadas”. Y de manera excepcional, en los últimos días de aquel septiembre el obispo de Cuernavaca, Sergio Méndez Arceo, también hizo sonar su voz de protesta ante los hechos que se estaban viviendo en el país. En una de sus homilías señaló que le atemorizaba la idea de “ser perro mudo”, y
Colectividad del maíz logra mantener la suspensión de siembra por tiempo indefinido
Ciudad de México, 12 de julio de 2017 Remite a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que constitucionalidad sea estudiada #AlertaMaíz cientos expresiones de preocupación, solidaridad Llamado a seguir reaccionando ante el embate de desinformación En la sesión del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, integrado por los magistrados José Rigoberto Dueñas Calderón, María del Carmen Aurora Arroyo Moreno y Marco Antonio Rodríguez Barajas, se decidió sobre la medida que tiene suspendida la siembra de maíz transgénico en todo el país. Al salir de los tribunales, integrantes de la Colectividad informaron que la resolución es que se mantiene dicha suspención y remite a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que sea estudiada la constitucionalidad del Código Federal de Procedimientos Civiles. Integrantes de la colectividad expresaron que es un logro mantener la suspensión de siembra por un tiempo indefinido. “Estamos contentos por ello y felicitamos a todos por el gran esfuerzo que cada quien ha aportado. En el equipo jurídico estamos listos para seguir dando la batalla litigiosa” declararon. La Colectividad defensora del maíz nativo hace un llamado a la sociedad a seguir de cerca esta resolución, que hoy da una alegria al pueblo del maíz, en medio de la batalla que se libra en tribunales. Al mismo tiempo pide continuar reaccionando ante el embate de desinformación que rodea al tema de los transgénicos, “en cada lugar de la sociedad se puede compartir la información al respecto de los impactos de los trangénicos”, puntualizaron. Ante la #AlertaMaíz cientos de expresiones de preocupación y solidaridad se cruzan por los ojos del mundo expectantes en México, por el proceso jurídico histórico en el que peligra la planta que constituye el 69% del sostenimiento alimentario de toda la población y en su mayoría lo comemos sin procesamiento industrial. Por otro lado, el 66% de toda la superficie cultivada en el país corresponde a maíz. Consumimos como alimento tres cuartas partes del maíz blanco que producimos, al tiempo que destinamos como forraje el 75% de maíz amarillo mayormente importado. Informes: René Sánchez Galindo, 55-5436-4248 Francia Gutiérrez Hermosillo Comisión de Comunicación Demanda Colectiva Maíz
Alerta: siembra de maíz transgénico se podría decidir este viernes 24
ALERTA: SIEMBRA DE MAÍZ TRANSGÉNICO SE PODRÍA DECIDIR ESTE VIERNES 24 Ciudad de México, 12 de julio de 2017 A votación la medida precautoria que ha mantenido suspendida la siembra de maíz transgénico en México. Futuro del maíz en manos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito Afectaciones irreversibles si se autoriza sembrar millones de hectáreas Este viernes 24 de noviembre los magistrados José Rigoberto Dueñas Calderón, María del Carmen Aurora Arroyo Moreno y Marco Antonio Rodríguez Barajas, que integran el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, decidirán si se conserva la medida cautelar que ha mantenido suspendida la siembra de maíz transgénico por más de 4 años en todo el país. La suspensión judicial fue solicitada por un colectivo de científicos, campesinos y defensores de derechos humanos que en 2013 promovieron una demanda de acción colectiva. Hasta el momento la acción ha soportado 26 juicios de amparo y decenas de impugnaciones del gobierno federal y de la agroindustria en 17 tribunales federales. Los ojos del mundo están puestos sobre México, nuestro país es centro de origen y diversificación constante del maíz. Hoy contamos con las reservas genéticas más importantes en el mundo, que se mantienen como resultado de una herencia milenaria de la interacción entre las comunidades humanas y los ecosistemas agrícolas. México representa un escenario único en el que uno de los cultivos más importantes del mundo se siembra en diversos sistemas agroecológicos en algunas áreas, al tiempo que se plantan como monocultivos industriales masivos y sin transgénicos, en otros. Para México el maíz constituye el 69% del sostenimiento alimentación de toda la población y en su mayoría lo comemos sin procesamiento industrial. Por otro lado, el 66% de toda la superficie cultivada en el país corresponde a maíz. Consumimos como alimento tres cuartas partes del maíz blanco que producimos, al tiempo que destinamos como forraje el 75% de maíz amarillo mayormente importado. Sin embargo, en el mundo el maíz como alimento apenas alcanza el 13%, mientras que como forraje alcanza el 56%. Puede decirse que en México el maíz es un alimento básico y corazón del cocina tradicional reconocida por la UNESCO como patrimonio de la humanidad, mientras que el mundo lo utiliza como forraje. Esta diferencia en la utilización del maíz, aunada al carácter de país de origen, representan la importancia de conservar nuestros maíces nativos y de evitar el riesgo de la siembra de maíces transgénicos en más de tres millones de hectáreas. ¿Se mantendrá la medida cautelar otorgada desde septiembre de 2013, por lo menos mientras el juicio principal se resuelve? o ¿se levantará la medida, provocando afectaciones irreversibles en la conservación, utilización e intercambio de maíces nativos y sus parientes silvestres, además de los riesgos para la salud? Informes: René Sánchez Galindo, 55-5436-4248 Francia Gutiérrez Hermosillo Comisión de Comunicación Demanda Colectiva Maíz
Se extiende investigación por feminicidio de Lesvy Berlín
A solicitud de la familia y defensa de Lesvy la investigación seguirá abierta hasta enero del 2018 Familia y organizaciones acompañantes podrán seguir aportando material de prueba para esclarecer el caso Este viernes 17 de noviembre se llevó a cabo una audiencia para definir la ampliación del plazo para la investigación en el caso de Lesvy Berlín Rivera Osorio a petición de la familia de Lesvy, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P. A.C y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio; esto con el fin de seguir aportando datos de prueba en la carpeta de investigación. Dicha ampliación fue otorgada por la Jueza de Control de nombre Gloria Hernandez Franco adscrita a la Unidad de Gestión Judicial Número Seis, representando así un paso a favor de la búsqueda de la justicia para Lesvy y el esclarecimiento del feminicidio ocurrido el 3 de mayo en Ciudad Universitaria. La ampliación de este plazo es determinante para garantizar el acceso a la verdad y a la justicia ya que el periodo otorgado hasta ahora ha sido insuficiente, considerando que tanto a la familia como a su defensa les fue negado el acceso al expediente durante dos meses. La investigación continuará hasta el día 11 de enero del 2018, posibilitando que la familia de Lesvy sigan aportando material de prueba en el caso con la intención de no dejar dudas sobre lo que ocurrió. A siete meses del feminicidio de Lesvy, familiares y organizaciones acompañantes hemos exigido una debida investigación, el reconocimiento y ejercicio de los derechos humanos y garantías al debido proceso, así como congruencia en el proceso de justicia. ¡Ni un feminicidio más! ¡Justicia para Lesvy! ¡Justicia para todas las mujeres! Atentamente: Familiares de Lesvy Berlín Rivera Osorio Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria
FORO: Los rostros de la impunidad: Violencia Feminicida en la CDMX
SOBRE EL EVENTO: Les invitamos al Foro Alerta de Género para la Ciudad de México, el que, además de ser informativo, contará con la presencia de mujeres que han vivenciado la violencia institucional. La evidente violencia contra la mujeres en México es agravada por la respuesta omisa e insuficiente por parte de los poderes del Estado, la cual obstruye el derecho al acceso a la verdad y justicia de las mujeres. La Ciudad de México se ha convertido en una de las entidades con mayores índices de violencia de género y en particular de violencia feminicida que se traduce en hechos y delitos como violencia sexual, trata de personas, desapariciones de mujeres y niñas y feminicidios. Por ello, consideramos importante y necesario reunirnos para exigir una ciudad en la que podamos tener una vida libre de violencia; en donde se construyan horizontes con futuros seguros para todas las mujeres que tienen sueños y metas. Y que estos no se vean quebrantados por obstáculos en el acceso a la justicia y violencia institucional, los cuales solamente han permitido que vivamos rodeadas de impunidad. Convocan el Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria” O.P. A.C., Justicia Pro Persona A.C. y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), organizaciones peticionarias de la Alerta de Violencia de Género en la CDMX, les esperamos. Evento en facebook Miércoles 22 de noviembre. 09-14 hrs. Hotel Imperial Reforma: Paseo de La Reforma 64, Juarez, Juárez, 06600 Cuauhtemoc, CDMX
Investigación por feminicidio de Lesvy debe continuar
INVESTIGACIÓN POR FEMINICIDIO DE LESVY DEBE CONTINUAR El día 17 de noviembre el Juez de Control Adscrito a la Unidad de Gestión Judicial Número Seis decidirá si se amplia el plazo de investigación en el Caso Lesvy en una audiencia realizada a petición de la familia. La investigación debe continuar, el pasado 1o de noviembre terminó el plazo de cuatro meses que la autoridad judicial otorgó para que tanto la Procuraduría General de Justicia (PGJ-CDMX) como la familia y defensa aportaran datos y pruebas en la carpeta de investigación. Tanto la familia de Lesvy como organizaciones acompañantes buscamos la verdad por nuestra cuenta, por lo que ante el cierre de la investigación de parte de la PGJ-CDMX, solicitaremos la ampliación hasta por el máximo que prevé la ley, lo que significaría que se podrían seguir aportando datos de prueba hasta el próximo 17 de enero. Es necesario y urgente que la autoridad judicial responsable de conceder la ampliación de la investigación pondere el derecho a la verdad y a la justicia, que considere también la negativa al acceso a la carpeta de investigación que por dos meses enfrentó la familia de Lesvy así como diversas irregularidades y obstáculos que han sido descritos a lo largo de estos meses, entre ellos los que llevaron a la reclasificación del caso a feminicidio agravado ocurrida apenas en octubre y que evidenció la invalidez de la hipótesis que la PGJ-CDMX declaró e insistió como única desde mayo. ¡Ni un feminicidio más! ¡Justicia para Lesvy! ¡Justicia para todas las mujeres! Entradas relacionadas: Colectividad del maíz logra mantener la suspensión de siembra por tiempo indefinido Declaración de la relatora de pueblos indígenas Alerta: siembra de maíz transgénico se podría decidir este viernes 24 Defensa indígena del agua Se extiende investigación por feminicidio de Lesvy Berlín FORO: Los rostros de la impunidad: Violencia Feminicida en la CDMX Estado Mexicano rinde cuentas ante Corte IDH por tortura sexual en caso Atenco Una sentencia excepcional Relatora de la ONU se encontrará con representantes de pueblos indígenas para conocer la situación de sus derechos humanos y colectivos CONVERSATORIO: Ley del Sistema Integral de DDHH de la Ciudad de México
Estado Mexicano rinde cuentas ante Corte IDH por tortura sexual en caso Atenco
ESTADO MEXICANO RINDE CUENTAS ANTE CORTE IDH POR TORTURA SEXUAL EN CASO ATENCO 15 de noviembre de 2017 Los días 16 y 17 de noviembre del presente año, 11 mujeres sobrevivientes de tortura sexual tras la represión de Atenco en 2006 sostendrán una audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para denunciar las violaciones a derechos fundamentales que el Estado Mexicano perpetró y busca mantener en la impunidad durante 11 años El 3 y el 4 de mayo de 2006, habitantes de Texcoco y de San Salvador Atenco se manifestaron en apoyo a un grupo de hombres y mujeres que se habían instalado afuera de un mercado para vender flores. Los vendedores fueron rodeados por granaderos y pidieron el auxilio del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Ante la presencia de los ejidatarios la respuesta del Gobierno del Estado de México fue desatar una brutal represión con gas lacrimógeno, agresiones físicas y petardos. El operativo resultó en 2 personas muertas (entre ellas, un menor de edad), 207 detenciones arbitrarias y 27 mujeres víctimas de tortura sexual por parte de elementos policiacos. Once de estas mujeres decidieron denunciar al Estado, y a partir de ello se ha visto el intento de las autoridades de encubrir y dejar impunes estos hechos. El caso que ha sido visibilizado con el hashtag #MujeresDeAtenco, después de más de 11 años, ha llegado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A lo largo de ese tiempo, el entonces Gobernador del Estado de México y ahora Presidente de la República Mexicana, Enrique Peña Nieto, ha marcado una tendencia de criminalización, estigmatización y represión de la protesta social. Hasta la fecha, el Estado ha incumplido con su deber de garantizar el pleno ejercicio de la libertad de expresión y la protesta social, respondiendo de manera sistemática a través del uso excesivo de la fuerza por parte de sus aparatos policiales, teniendo consecuencias graves desde detenciones arbitrarias masivas hasta la comisión de actos de tortura y ejecuciones extrajudiciales, por medio del uso de armas letales. Las organizaciones que conformamos el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (FLEPS) consideramos de vital importancia que el Estado Mexicano acate las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y la resolución que en particular emita en este caso, tomando todas aquellas medidas estructurales que garanticen la no repetición de este tipo de hechos, además de la reparación que de manera integral proporcione a las mujeres víctimas de violaciones en sus derechos. Asimismo, hacemos énfasis en el hecho de que el Estado Mexicano es cómplice y partícipe de la violencia machista y misógina; y, en este caso, ha hecho uso de la tortura sexual como un medio para castigar la protesta social. Consideramos esta situación particularmente indignante y repudiable en un país donde diariamente se cometen 7 casos de feminicidio, quedando la mayoría impunes. Así, denunciamos que las autoridades perpetúan la violencia en contra de las mujeres, así como la represión de la protesta social, cuando está obligado a respetar, proteger y garantizar los derechos a la integridad personal, a la libre expresión de todas las personas. Frente a un contexto de graves violaciones a derechos humanos como el que atraviesa México, aunado a la imperante impunidad que existe y que incentiva a que se sigan cometiendo este tipo de hechos, exigimos a las autoridades de todos los niveles que garanticen de manera plena la verdad, justicia y reparación de todas las personas víctimas, sin simulaciones ni paliativos. Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social: ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica, Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP”, A.C., Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C., Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo CEPAD, A.C., Centro Nacional de Comunicación Social A.C. Cencos, Colectivo de Abogadas y Abogados Solidarios CAUSA, Espacio Libre e Independiente Marabunta A.C., Fundar Centro de Análisis e Investigación, A.C., Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C., Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica, A.C., Servicios y Asesoría para la Paz, A.C., Red de Organismos Civiles “Todos los Derechos para Todas y Todos”, A.C., Resonar. Imagen destacada: Eneas De Troya Entradas relacionadas: Estado Mexicano rinde cuentas ante Corte IDH por tortura sexual en caso Atenco Relatora de la ONU se encontrará con representantes de pueblos indígenas para conocer la situación de sus derechos humanos y colectivos CONVERSATORIO: Ley del Sistema Integral de DDHH de la Ciudad de México Organizaciones de DH y académicos publican Informe presentado a la CNDH a partir de la documentación del 19S Organizaciones sociales denuncian puntos de riesgo en la “modernización” del TLCAN Amenazas contra el derecho a la información El Protocolo sobre uso de la fuerza para la Policía Federal debe modificarse ya que es ambiguo, presenta ausencias y podría usarse de manera arbitraria Por el diálogo y la libertad de los presos en Cataluña Tribunal Superior de Justicia resuelve reclasificar caso de Lesvy como feminicidio agravado Clausura de la 15a generación de La Escuelita (EDJDH)
Relatora de la ONU se encontrará con representantes de pueblos indígenas para conocer la situación de sus derechos humanos y colectivos
RELATORA DE LA ONU SE ENCONTRARÁ CON REPRESENTANTES DE PUEBLOS INDÍGENAS PARA CONOCER LA SITUACIÓN DE SUS DERECHOS HUMANOS Y COLECTIVOS La Relatora especial de los derechos de los pueblos indígenas visitará Chiapas, Chihuahua y Guerrero, a fin de conocer las problemáticas específicas en los territorios Los temas principales que se abordarán son discriminación, autonomía y territorios indígenas, armonización de la legislación interna, megaproyectos, acceso a la justicia e impactos de la violencia en las mujeres y pueblos indígenas. La situación de los derechos de las mujeres indígenas es de especial interés para la Relatora, por lo que proporcionará espacios especiales de diálogo con ellas durante su visita. Victoria Tauli-Corpuz, Relatora especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, llevará a cabo una visita oficial a México durante los días 8 al 17 de noviembre. Durante esos días recibirá información de los pueblos y comunidades indígenas, los gobiernos estatales y federal, así como de empresarios, sobre las diferentes problemáticas que les afectan, como las diversas formas de despojo del territorio y bienes naturales; megaproyectos violatorios de los derechos de los pueblos indígenas; discriminación; agresiones, desplazamiento e inseguridad a causa de la defensa del territorio y de la violencia creciente en el país; e impunidad y obstáculos en el acceso a la justicia. Será en la Ciudad de México y en los estados de Guerrero, Chiapas y Chihuahua donde la Relatora escuchará los planteamientos que representantes indígenas y organizaciones aliadas le harán. Le hablarán de casos emblemáticos, como el de la hidroeléctrica Las Cruces, en Nayarit; el de siembra de transgénicos en la Península de Yucatán; los impactos de la violencia y devastación de los bosques en Chihuahua; el Acueducto Independencia en Sonora; Eólicas del Sur en Juchitán; Proyecto hidroeléctrico en la Sierra Norte de Puebla; la minera de San Miguel del Progreso en Guerrero; la sistemática tortura y privación arbitraria de la libertad, así como la falta de justicia en Chiapas en un contexto de guerra de baja intensidad; el impacto de los sismos en Chiapas; y la discriminación en las políticas públicas que mantiene empobrecidos a los pueblos indígenas, entre otros. Particularmente, la Relatora se encuentra interesada en conocer las situaciones de exclusión y violencia que viven las mujeres indígenas en México. Es por ello que destinará espacios especiales para dialogar con mujeres cuyos derechos han sido negados. Con ella compartirán casos de feminicidio, violencia obstétrica, muerte materna, esterilización forzada, defensoras de derechos humanos en riesgo, en otros. Como resultado de su visita, la Relatora presentará un informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el que elaborará señalamientos y recomendaciones, de modo que dicho organismo los considere para evaluar el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado mexicano adoptadas en la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y demás tratados internacionales adoptados en la materia. La importancia de este documento es un instrumento de rendición de cuentas internacional que señalará nuevamente los pendientes del Estado mexicano. En 2003, el entonces Relator Rodolfo Stavenhagen realizó una visita a México en la que evidenció la grave situación de violación de los derechos de los pueblos indígenas. A 14 años de dicha visita, la situación de los pueblos indígenas no ha mejorado. Al contrario, las causas estructurales responsables del despojo y agresiones que viven día con día se han agudizado y los actores no estatales, especialmente las empresas mineras, que contribuyen a esto se han multiplicado. Por ello, la visitay su posterior informe representan una oportunidad para abordar seriamente las razones de la negación de sus derechos y establecer un consenso sobre la necesidad de corregir el modelo económico y político que el Estado mexicano promueve. A pesar de las omisiones y complicidades estatales e histórica exclusión social, hoy las personas y pueblos indígenas de México permanecen de pie, enfrentando nuevos desafíos y demostrando su respeto y capacidad para vivir y cuidar de su cultura, sus valores, sus territorios y el medio ambiente, con base en su organización tradicional y sistemas normativos propios. Bienvenida la visita de la Relatora. Organizaciones firmantes: Alerta Temprana Red, Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos A.C. (Limeddh), Fundación Diego Lucero A.C., Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en México (AFADEM FEDEFAM), Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), el Observatorio Nacional de Prisiones México (ONP México), la Red Universitaria de Monitores de Derechos Humanos (RUMODH), el Centro de Derechos Humanos Coordinadora 28 de Mayo A.C., la Asociación de Derechos Humanos del Estado de México (ADHEM), Comité de Familiares de Personas desaparecidas en México, Alzando Voces y Comité de Defensa de Derechos Humanos CHOLOLLAN, Actuar Familiares contra la Tortura, Centro de Derechos Humanos “Antonio Esteban”, Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad (EN VERO), Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna A.C., Frente Mexicano Pro Derechos Humanos (FREMDEHU), Zihuame., Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales A.C. (ProDESC), Red en defensa de los territorios indígenas de la Sierra Tarahumara (Consultoría Técnica Comunitaria, Alianza Sierra Madre y Awé Tibúame), Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, A. C., Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, Centro de Derechos Humanos de la Montaña «Tlachinollan», DECA Equipo Pueblo A.C., Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero , Asociación Mexicana de Abogados del Pueblo(AMAP), OXFAM México, Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA).Fundación Diego Lucero, Frente Mexicano Pro Derechos Humanos, En Vero, Centro de Derechos Humanos Antonio Esteban , A.C. , Asociación de Familiares Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violación de Derechos Humanos en México, ANAD, RUMODH, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), MA OGM Colectivo, Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes, Business y Human Rights Resource Centre, Servicios para una Educación Alternativa A.C.- EDUCA, Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (Indignación, A.C), Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), Centro de Derechos Humanos Fr. Francisco de Victoria A.C., CONECTA CULTURA
