Autoridades en Jalisco deben respetar los Derechos Humanos en el contexto de protestas
A raíz de la protesta que tuvo lugar el día de hoy 4 de junio en Guadalajara Jalisco
reiteramos que la Policía debe abstenerse de realizar detenciones arbitrarias, disolver
la manifestación en su conjunto, encapsular a personas, y abstenerse de hacer un uso
arbitrario de la fuerza.
Ante la emergencia del COVID-19, llamamos a una respuesta integral y con perspectiva de Derechos Humanos
Comunicados | Adhesiones del CDHVitoria | 📷 Imagen : La 4 D 📅 Ciudad de México, a 1 de junio de 2020 Actores sociales urgen al gobierno actual a ponerse a la cabeza de un acuerdo nacional para atender situación post COVID19 Central que gobierno establezca acciones con apego a derechos humanos y participación social Presentamos el llamado que más de 300 personas y organizaciones sociales formulamos a la sociedad civil y al gobierno actual sobre la urgente necesidad de promover que la salida a la crisis generada por la pandemia del COVID-19 sea integral y apegada a los derechos humanos. Este llamado fue inicialmente promovido por personas que nos reconocemos en la expresión “La 4D”, que incorpora los Derechos, la Democracia, el Desarrollo y la Diversidad. Desde inicios del año pasado hemos invitado a la sociedad civil a pronunciarse sobre los temas relevantes del país buscando canales de comunicación con el gobierno federal. Nos ubicamos en la izquierda social, ese espacio en el que, más allá de los partidos políticos y desde hace décadas, multiplicidad de organizaciones hemos luchado por los derechos humanos, la democracia, los derechos de las personas trabajadoras, la igualdad social, el respeto a las múltiples diferencias, la igualdad de género y la justicia social. En esta ocasión, quienes hemos hecho este llamado somos, por orden alfabético, Mariclaire Acosta Urquidi, Pilar Berrios Navarro, Manuel Canto Chac, Miguel Concha, Emilienne De León, Saúl Escobar Toledo, Fernando Escobedo Reyes, Jorge Fernández Souza, Olinca Marino, David Peña Rodríguez, Karla Micheel Salas Rodríguez y Carlos Ventura Callejas. A esta convocatoria se han unido víctimas y sobrevivientes, personas y organizaciones defensoras de los derechos humanos, feministas, académicas y sindicalistas, movimientos sociales y populares, así como organizaciones de diversos estados del país. Este no es el punto final sino el inicio de las adhesiones que promoveremos todas las personas y organizaciones firmantes, sobre todo, porque coincidimos en impulsar un amplio proceso de debate, análisis y articulación de esfuerzos, con el fin de unir perspectivas, propuestas, y llegar a acuerdos para construir alternativas que favorezcan a los sectores sociales excluidos de los beneficios del desarrollo, y para que se aproveche la oportunidad de avanzar en disminuir la desigualdad y en fortalecer la democracia. Consideramos que en este esfuerzo todos los sectores que estén por el desarrollo sostenible como derecho humano tienen algo qué decir y algo que hacer, por lo que es fundamental llegar a acuerdos, sumar otras voces a este llamado y lograr impulsar una visión integral apegada a los derechos humanos para transitar en los meses posteriores a esta pandemia a un modelo social y económicamente más justo y solidario. Por lo anterior, el gobierno debe ser capaz de escuchar todas las voces, dialogar con todos los sectores y ponerse a la cabeza de un gran acuerdo nacional. No apostamos al fracaso del gobierno, sino todo lo contrario. Tampoco compartimos las posiciones de quienes sistemáticamente se oponen a las acciones de gobierno, y al mismo tiempo como un espacio de la izquierda social mexicana reivindicamos y ejercemos el derecho a la crítica proactiva y a la construcción de propuestas alternativas, por lo que pedimos a las autoridades el escuchar y debatir con base en las ideas, las propuestas y las visiones desde el mismo espectro político, sin descalificaciones tempranas, sin tergiversar los argumentos y sin menospreciar los planteamientos por distintos que éstos sean a la perspectiva oficial. Para todas las personas y organizaciones que quieran adherirse a este llamado y a las acciones que en él se proponen, se pueden comunicar a: lacuatrod@gmail.com Para conocer el texto completo del llamado vaya aquí #DiálogosDesdeIzquierdaSocial #PropuestasPostCOVID
Llamado urgente a transformar la emergencia del Covid-19
NUESTRO PROPÓSITO Frente a la pandemia de COVID-19, México vive un momento que requiere de la mayor solidaridad y cooperación. El Gobierno federal ha tomado diversas decisiones que son de reconocer; sin embargo, es importante hacer un llamado a la revisión de otras, pues consideramos que con algunas se corre el riesgo de impactos negativos para el país. En este sentido, hacemos una invitación a la reflexión colectiva y a la construcción de encuentros entre sectores de la sociedad civil que impulsen diálogos y acuerdos que contribuyan a la interlocución con diversas esferas de gobierno; diálogos tan ausentes como necesarios en estos momentos. Con este fin, exponemos algunos elementos sobre los que consideramos fundamental reflexionar. NUESTRAS REFLEXIONES En tanto la pandemia del COVID-19 es “una crisis humana que se está convirtiendo con rapidez en una crisis de derechos humanos”, es importante observar algunos aspectos. En primer lugar, resulta fundamental garantizar y profundizar en la disponibilidad, aceptabilidad, calidad y accesibilidad en los servicios de salud pública. Éstos deben de ser universales, gratuitos, accesibles y disponibles para todas y todos en México. A raíz de la declaración del Consejo de Salubridad General, llamada “emergencia por causa de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2 (Covid-19)”, algunos gobiernos estatales y municipales han adoptado medidas que restringen la libertad de movimiento y de tránsito, que pueden resultar violatorias de los derechos humanos. No se puede pretextar la emergencia sanitaria como una excluyente de responsabilidad frente a los derechos fundamentales. Es importante no olvidar que los estados de emergencia deben tener una duración limitada; no se puede avalar ninguna medida que sea innecesaria, ilegal o desproporcionada, con el fin de contención de la propagación del virus, y mucho menos aquellas que pudieran abrir la puerta para decisiones autoritarias o inconstitucionales. La propagación del COVID-19 representa una amenaza sanitaria, pero también un riesgo económico y social. Varios son los elementos a destacar en este aspecto. Se han ido construyendo algunos consensos en torno a la necesidad de regular al mercado y de recuperar, por parte de los Estados, su capacidad de conducción sobre la economía, para impulsar el crecimiento y salir de la depresión de crisis y postcrisis sanitaria. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) considera que es necesario actuar sobre los tres canales de la disrupción: la demanda, la oferta y el sector financiero. En esta lógica es indispensable que además de seguir obteniendo los bienes necesarios para combatir la enfermedad, los gobiernos aumenten su gasto en otros rubros. Resulta de igual manera necesario facilitar créditos directos a la producción. Instituciones multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) deben ofrecer mecanismos de bajo costo para financiar a los países menos desarrollados. Una moratoria de la deuda pública externa para las naciones más necesitadas tiene que ser considerada. En la política social también se requieren cambios. No se trata solo del incremento del gasto para seguir haciendo lo mismo. Pero a mayor escala no se trata solo de continuar con la estrategia basada en las transferencias monetarias. Éstas se deben ubicar en un contexto más amplio, de manera complementaria con otras acciones. En este sentido ha resurgido la propuesta de la renta básica, que sería proporcionada a todas las personas que la requieran, con carácter temporal. La emergencia sanitaria ha puesto de relieve los costos de haber disminuido las instituciones para la seguridad social, por lo que urge fortalecerlas, sin olvidar que el Derecho al Desarrollo no es nada más la prestación de determinados servicios, sino el desarrollo integral de las personas, cuyo principal desafío actual es el acceso al trabajo, la llave que permite la salud, la vivienda, la alimentación y los demás satisfactores reconocidos como derechos. Además, se requiere de ocupación en condiciones de Trabajo Digno . El reto hoy ya no es que el empleo sea condición para tener protección social, sino que ésta tenga como sentido la reconducción de la población hacia la ocupación. Se trata entonces de una estrategia social que propicie el derecho al trabajo. Consideramos que hay tres ámbitos en los que se debe actuar: 1.- en el sector público: i) éste debe aumentar su eficiencia para incrementar su capacidad de generar empleos dignos, y no pensar que eficiencia es igual a menos empleados; para ello se requiere de una verdadera reforma en la administración pública; ii) inversión pública hacia sectores estratégicos como incremento a los créditos para vivienda popular, e infraestructura para atención a la salud; 2.- en el sector privado se requiere de créditos -no transferencias- para que sobrevivan las empresas, particularmente las que son mano de obra intensiva; 3.- en el sector social, a través de la ocupación autogenerada, como cooperativas o empresas sociales. Un caso aparte son quienes trabajan por su cuenta en la informalidad, personas a quienes se les debe garantizar atención médica gratuita, ayudarlas a mitigar la caída de sus ingresos con medidas generales (reducción de IVA) o selectivas (transferencias focalizadas en efectivo). También, en el aspecto laboral, es necesario decir que algunas medidas anunciadas por el Gobierno contravienen los principios de estabilidad en el empleo e irrenunciabilidad del salario, incluyendo el aguinaldo. Entendemos la urgencia para conseguir más recursos, pero esas medidas no resultan proporcionales frente a la cantidad de dinero público que se obtendrá a costa de la violación de principios legales. En la política fiscal hay que dejar a un lado la meta del déficit presupuestal de 2.1%; reorganizar el presupuesto y revisar las alternativas de financiamiento; y analizar la reducción del IVA. El crédito de la banca de desarrollo a las empresas deberá aumentarse de manera programada, en la medida en que la pandemia ceda. Existe la oportunidad de que la deuda externa pueda ser reestructurada. En síntesis, consideramos que México requiere: 1) mantener un consumo responsable; 2) cuidar que no se desplome la oferta de productos y servicios más necesarios; 3) conducir una política de créditos agresiva para sostener la oferta y la demanda efectiva; 4) impulsar
Gobierno de Michoacán niega acceso a apoyos alimentarios a comunidades P’urhépecha de Michoacán
Comunicados | Adhesiones del CDHVitoria | 📷 Imagen : Web 📅 18 de mayo de 2020 Sin tomar en cuenta los enfoques de derechos humanos y el diferenciado, se negó el acceso al apoyo alimentario a las personas de comunidades P’urhépecha del estado de Michoacán. El gobernador del estado de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo se comprometió a otorgar apoyos alimentarios a la población vulnerable del estado de Michoacán, de acuerdo con el anuncio que realizó el 20 de abril del presente año. En el mismo sentido el pasado 15 de mayo en conjunto con los gobernadores de Tamaulipas, Colima, Durango, Nuevo León y Coahuila, Aureoles Conejo señaló que solicitaría a la federación la devolución del monto invertido por su gobierno en material médico y por el plan alimentario para las personas que han perdido sus ingresos. Ante lo decretado en el estado de Michoacán, el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria AC y la Red Solidaria de Derechos Humanos, suscribimos un pronunciamiento fechado el 23 de abril de 2020[1] en el que la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para todas y todos” (Red TDT) señalaba con preocupación que en el decreto no se consideraba dentro de la población beneficiaria del Plan Alimentario a los pueblos originarios del estado de Michoacán. No obstante, esta omisión, varias de las comunidades a las que las organizaciones firmantes acompañamos, hicieron de nuestro conocimiento que habían solicitado apoyo alimentario para sus poblaciones, señalando que se les había negado el acceso a dichos beneficios pues para obtenerlos les eran requeridos documentos que acreditaran que formaban parte de alguna población vulnerable, haciendo evidente que el Plan Alimentario antes mencionado, carece de un enfoque de derechos humanos y del necesario enfoque diferenciado para atender las necesidades de la población indígena. Ante el contexto de pandemia que en varios municipios de la región P’urhépecha implica el incremento de contagios, hacemos un llamado a las autoridades estatales para que de manera inmediata y sin condiciones, provean de apoyos alimentarios a las personas de los pueblos indígenas que así lo soliciten. Además, ante lo declarado por el gobernador el 15 de mayo, solicitamos se haga de conocimiento público la forma en que se ha utilizado el recurso destinado al Plan Alimentario, especificando cuánta de la población beneficiaria forma parte de los pueblos indígenas que habitan en Michoacán. [1] https://redtdt.org.mx/?p=15430 ATENTAMENTE Red Solidaria, IMDEC A.C. y Centro Vitoria
Verdad y justicia para Manuel Gaspar
El 14 de mayo de 2020 se cumplen 2 dos años de que fue brutalmente torturado y asesinado el compañero Manuel Gaspar Rodríguez, en Cuetzalan del Progreso, estado de Puebla.
Pronunciamiento por las amenazas contra compañeros del COVIC de Nochixtlán, Oaxaca
Como Segundo Encuentro Internacional de Defensores y Víctimas de Graves Violaciones a Derechos Humanos nos pronunciamos con firmeza contra esta amenaza de muerte hacia nuestros compañeros, y responsabilizamos públicamente a los funcionarios estatales y federales que ahora están siendo investigados por la Fiscalía General de la República por el caso Nochixtlán
Garantía del derecho a la participación de la sociedad civil en el marco de las reuniones virtuales con motivo del COVID-19. Aportes desde la experiencia latinoamericana
Comunicados | Adhesiones del CDHVitoria | 📷 Imagen : UNHumanRights Ginebra 📅 30 de abril de 2020 Apreciadas Presidenta del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y Señora Alta Comisionada, En el marco de la crisis generada por el COVID 19 y las medidas para contenerlo, las organizaciones del grupo ONG-LAC y otras organizaciones que colaboramos con la misma agradecemos a la Alta Comisionada y al Consejo de Derechos Humanos por hacer todos los esfuerzos por asegurar el funcionamiento del Sistema de Derechos Humanos, incluyendo mediante mecanismos virtuales. Entendemos que el Consejo de Derechos Humanos y la Oficina de la Alta Comisionada estén explorando esta vía para continuar con su importante trabajo a pesar de las limitaciones existentes. Consideramos que uno de los potenciales beneficios de estos mecanismos sería una participación más amplia de sociedad civil desde distintos países que también son usuarios del Sistema. Sin embargo, desde nuestra experiencia como organizaciones trabajando en América Latina y el Caribe, quisiéramos señalar aspectos que ameritan cuidadosa consideración al respecto de los riesgos que conlleva la virtualización de los espacios internacionales de gobernanza. Compartimos recomendaciones concretas para garantizar que el CDH y la OACDH sigan operando en reuniones virtuales de acuerdo a su mandato, en particular garantizando la participación efectiva de la sociedad civil, y facilitando la participación de los sectores más afectados por las violaciones de derechos humanos en estos contextos y de las organizaciones que los apoyan. En el marco de esta discusión, reconocemos los insumos existentes por parte de organizaciones de sociedad civil, en particular dentro de la ‘encuesta sobre participación de sociedad civil en tiempos de COVID-19’ recopilada por ISHR y compartida con la presidencia del CDH. En muchas comunidades y regiones del mundo, incluyendo en América Latina y el Caribe, las personas no tienen acceso a Internet o tienen que desplazarse fuera de sus hogares para obtener dicho acceso, algo que no es posible en la situación actual de confinamiento. Igualmente, en muchos lugares la conexión no es estable o suficiente, por lo que puede permitir enviar o recibir emails, pero no hacer un seguimiento por tiempo prolongado de una reunión. Esto no solo limita la participación en la propia reunión, sino también la preparación previa entre las organizaciones con estatus ECOSOC y las organizaciones de base que éstas apoyan y para las cuales sirven como canal de comunicación. La accesibilidad de espacios y discusiones virtuales también puede verse obstaculizada por razones lingüísticas y de huso horario. Por otra parte, muchas organizaciones de sociedad civil operan en regiones o contextos opresivos, bajo la mirada vigilante de los Estados y otros agentes. Estas condiciones conllevan riesgos digitales importantes que pueden comprometer la seguridad de la información, de la comunicación, y por consecuente, de los miembros y organizaciones de sociedad civil involucrados. La ausencia e un pleno acceso a Internet amplifica exponencialmente esta vulnerabilidad. Será muy importante que se aclare cuáles son las normas de procedimiento del CDH y de la OACDH que regirán para deliberaciones virtuales, incluyendo el estatus de las decisiones y acuerdos que se tomen en estas sesiones. Entre otros aspectos también se deberían adoptar las siguientes medidas: • Fijación de plazos con suficiente antelación para la convocatoria de la reunión: Muchas personas no cuentan con los medios o el tiempo para un acceso diario a Internet por lo que las convocatorias de reuniones deben realizarse con suficiente antelación, tras consultar con grupos de sociedad civil, y contar en ese momento con la documentación necesaria de antecedentes. • Elección de la hora para las reuniones: Las personas estarán en distintas zonas horarias, por lo que será importante convocar las reuniones en horas que aseguren una participación representativa, garantizando la participación efectiva de sociedad civil de diferentes regiones del mundo. • Claridad y transparencia en el establecimiento previo de las normas que van a regir la reunión, dentro de un plazo razonable: cómo se registran las personas para participar; cuál es la política de protección de datos y privacidad que la plataforma digital usada aplica; cómo se deben identificar las personas en la plataforma digital; cómo se solicita el uso de la palabra y cómo se determina el orden del uso de la palabra; cual es el tiempo de palabra de cada interviniente, si se harán en paralelo comentarios o preguntas en el chat, y si estas contribuciones serán documentadas como parte de las deliberaciones; si se puede hacer uso de presentaciones o de video clips. De igual forma, señalar con suficiente antelación los requerimientos técnicos necesarios para poder participar en ella. • Traducción en español de documentación previa: La comunicación on-line ya dificulta la comprensión de los mensajes, por lo que creemos que es fundamental que los documentos de antecedentes o borradores sobre los que se vaya a discutir estén traducidos con la suficiente antelación para ser enviados junto a la convocatoria, lo antes posible. • Garantía de sesiones con interpretación simultánea: Explicar detalladamente en la convocatoria las instrucciones para acceder a ella en los distintos idiomas. En algunos casos y para algunos eventos se debería ponderar si hace más sentido organizar reuniones regionales. Esto para América Latina y el Caribe implicaría que la reunión fuera en español y habría más facilidad para lograr una hora pertinente. • Garantía de un mínimo de intervenciones para los distintos grupos de sociedad civil con un tiempo de palabra suficiente, garantizando así la inclusión de sus voces y sus mensajes en la reunión y la pluralidad de visiones. La reducción de las intervenciones de sociedad civil a algunas organizaciones que por lo general tienen una relación fuerte y consolidada con el Sistema, puede dejar excluidas voces divergentes, cuyas opiniones son importantes para asegurar el proceso democrático. • Contribuciones escritas: Por la limitación del tiempo de las sesiones, especialmente de aquellas de carácter informal, para las cuales no existe un sistema formal de contribuciones, es importante que las y los participantes puedan enviar de forma escrita sus aportaciones al tema, sin limitar sus aportes a lo compartido en
Se cumplen 3 años del feminicidio de Lesvy Berlín
Comunicados | 📷 Imagen : Victor Manuel Chima 📅 03 de mayo de 2020 Búsqueda de justicia para Lesvy, lucha ejemplar de familiares, estudiantes, colectivas, OSC y defensoras de DH. Pendiente políticas públicas integrales para el acceso a la justicia de las mujeres en la CDMX. Hoy se cumplen tres años del feminicidio de Lesvy Berlín Rivera Osorio, joven universitaria asesinada en Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) el 3 de mayo de 2017, a la edad de 22 años. Desde ese día, su familia emprendió una lucha por alcanzar la verdad y la justicia para Lesvy, que a su vez se convirtió en una lucha por y para todas; un camino lleno de obstáculos que evidenció, de nueva cuenta, las graves fallas dentro del sistema de procuración e impartición de justicia en la Ciudad de México y el país. A tres años de los hechos ocurridos, aún quedan pendientes políticas públicas integrales para el acceso a la justicia de las mujeres en la CDMX. Desde que acontecieron los hechos que privaron de la vida a Lesvy, diversas organizaciones y defensoras de los derechos de las mujeres hemos dado acompañamiento a sus familiares. El Centro de Derechos Fray Francisco de Vitoria, O.P, A.C., el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y Justicia Pro Persona A.C dimos acompañamiento jurídico con el respaldo de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos (RedTDT). Además de darle pleno seguimiento al caso en todas las etapas procesales hasta ahora recorridas, señalamos y denunciamos aquellas omisiones e irregularidades que, por parte de las autoridades correspondientes, se presentaron a lo largo de la investigación y que hoy sabemos, obstruyeron considerablemente en el esclarecimiento de los hechos y la justicia para Lesvy, así como para las mujeres víctimas de violencia feminicida y de género. La familia de Lesvy ha luchado por el respeto de sus derechos como víctimas y por revertir la imagen estereotipada y criminalizante que las autoridades y su agresor impulsaron en contra de Lesvy Berlín, al tiempo que se ha iniciado una reflexión y una serie de exigencias profundas sobre la violencia de género y la violencia feminicida que enfrentan las mujeres que habitan y/o transitan por la ciudad. Desde el inicio de la investigación, la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX) actuó de manera negligente reiteradamente: divulgó información sensible, estigmatizante y revictimizante para Lesvy y su familia; negó el acceso a la carpeta de investigación a familiares y abogadas acompañantes; en un principio pretendió dar al feminicida la calidad de víctima; no utilizó la perspectiva de género para la integración de la carpeta y la interpretación de sus hallazgos; siendo así, que formuló una imputación por el delito de homicidio simple doloso de comisión por omisión, obedeciendo a la hipótesis de que Lesvy se habría suicidado. Resolución que en su debido momento, la defensa de Lesvy y su familia apelaron, logrando que en octubre de 2017 la 5ta Sala del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX) resolviera que el caso debía ser investigado y juzgado con perspectiva de género y bajo el tipo penal de feminicidio agravado. La etapa intermedia, conforme al nuevo Sistema de Justicia Penal en México, avanzó conforme a los meses del año 2018 con diversas audiencias donde se defendió la importancia de la perspectiva de género para garantizar el debido proceso. En mayo de 2018, en el marco del primer aniversario del feminicidio de Lesvy, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCDMX) confirmó a falta de debida diligencia en la investigación y la negligencia en la atención a sus familiares mediante la emisión de la Recomendación 01/2018. De esta forma, se identificaron violaciones a los derechos humanos cometidas por autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), de la PGJCDMX y del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX) En atención a esta recomendación, las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública, del Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO) y de la PGJCDMX, asumieron plenamente haber cometido acciones y omisiones que entorpecieron el caso, el acceso a la verdad y a la justicia, participando en actos de disculpas públicas a Lesvy, su familia, a la comunidad universitaria y a la sociedad mexicana en general. El 11 de octubre de 2019 el Tribunal de Enjuiciamiento del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México conformado por los jueces: José Juan Pérez Soto, Octavio Israel Ceballos Orozco y Adolfo Rodríguez Campuzano, dictó el fallo condenatorio de 45 años de prisión a Jorge Luis González Hernández, considerándolo culpable del delito de Feminicidio Agravado contra Lesvy Berlín Rivera Osorio. Este fallo logró incorporar la perspectiva de género en la sentencia y lograron identificar las razones de género que permitieron deliberar por el delito feminicidio. Las razones de género reconocidas por dicho Tribunal fueron: Haberse infligido lesiones infamantes. Haber existido datos que establecieron que se cometieron violencia del sujeto activo contra la víctima. Y haber expuesto el cuerpo de la joven en un lugar público, como lo es Ciudad de Universitaria. Asimismo, se acreditó la relación sentimental entre Lesvy y su agresor, por lo que también se actualizó la agravante del delito. Dicha sentencia fue apelada por las partes. De lado de la familia y sus representantes con el objetivo de que la sentencia sea fortalecida para garantizar el acceso a la justicia y la reparación integral del daño. La próxima resolución está a cargo de la Quinta Sala Penal, la cual definirá si se confirma, revoca o modifica la sentencia de primera instancia. Sin duda, la lucha de Araceli Osorio Martínez y Lesvy Rivera Calderón, madre y padre de Lesvy sienta un precedente para el acceso a la justicia con perspectiva de género y de la exigencia colectiva de su familia, asesoras jurídicas, defensoras de los derechos humanos, colectivos y organizaciones de la sociedad civil, hacia la reivindicación de las víctimas y el cero tolerancia a la violencia feminicida. Hoy, Lesvy
Ante la pandemia, desde abajo
Editoriales | 📰 Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada Web original | 📷 Imagen : Web Por: Miguel Concha Sábado 📅 02 de mayo de 2020 Diversos posicionamientos de personas, organizaciones e instituciones defensoras de derechos humanos concuerdan, de una u otra manera, con respecto al Covid-19, en un aspecto común: cualquier medida que tome el Estado mexicano para atender y contener la pandemia debe tener como centro el pleno respeto y garantía de los derechos humanos de todas las personas, especialmente los de los grupos de atención prioritaria o que histórica o coyunturalmente se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad. Ejemplo de esto es la Resolución 1/2020, titulada Pandemia y Derechos Humanos en las Américas (https://bit.ly/3csq9RE), adoptada el pasado 10 de abril por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, Comisión). En términos generales, esta resolución hace un llamado a los 35 estados miembros de la Organización de Estados Americanos, uno de ellos México, para que adopten la perspectiva de derechos humanos de manera inmediata e interseccionalmente en toda estrategia, política o medida dirigida a enfrentar la pandemia. Asimismo, la resolución señala que toda medida que restrinja, suspenda o limite derechos necesita ser adecuadamente justificada. Por ejemplo, con la mejor evidencia científica y ajustándose a los principios pro persona, de proporcionalidad y temporalidad, los cuales han de procurar el estricto cumplimiento de los objetivos de salud pública y protección integral. Así, la resolución también expone que los estados deben abstenerse de suspender ciertos derechos, entre ellos el reconocimiento a la personalidad jurídica de las personas, a la vida, a la integridad personal y los derechos políticos. Aunado a esto, la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, compuesta por 33 organismos del Estado nacional, dedicados a la defensa y promoción de los derechos humanos, emitió un pronunciamiento (https://bit.ly/3eBrqrw) en el que declaró, entre otras cosas, que la emergencia sanitaria no debe convertirse en una crisis de derechos humanos, sino que debe considerarse como una oportunidad para hacer efectivos los deberes de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. De esta manera, y según la doctora Fabiola Martínez Ramírez, la emergencia sanitaria desencadenada por el Covid-19 no justifica de ninguna manera que el Estado mexicano pase por encima de los derechos humanos, sino que todas las autoridades, en sus diferentes ámbitos y niveles de competencia, están obligadas a respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos, así como a cumplir con sus deberes específicos. Es decir, a prevenir, investigar, sancionar y reparar sus violaciones. Sin embargo, medidas como la publicación de la controvertida Guía Bioética de Asignación de Recursos de Medicina Crítica (en adelante, Guía), actualmente en revisión, que después fue manejada por las autoridades como un proyecto no aprobado, representaba un claro desconocimiento e inaplicación de las obligaciones generales y deberes específicos del Estado o, por lo menos, de quienes integran el Consejo de Salubridad General. Así, parecía que la Guía se tomaba la atribución para decidir arbitrariamente quién viviría y quién moriría en situaciones de asignación de recursos escasos, a través de meros criterios utilitaristas, hoy aparentemente eliminados, como el llamado vidas-por-completarse, o el Triaje, el cual es, parafraseando a Mauro González Luna ( Proceso, Num. 2268, p. 12), una suerte de volado, donde el azar toma la decisión. Medidas como la Guía son la puerta de entrada a numerosas violaciones a derechos humanos por acción, omisión o aquiescencia. Una de éstas es la discriminación o los tratos diferenciados e injustificados contra grupos de atención prioritaria o en situación de vulnerabilidad; entre ellos las personas adultas mayores, contraviniendo con ello instrumentos jurídicos vinculantes, como la Constitución (artículo 1), la Ley Federal Para Prevenir y Erradicar la Discriminación (artículos 1-4) y la Resolución 1/2020 de la Comisión Interamericana (resolutivos 3, 36, 40, 43, 58, 67, 69, 71 y 76). Por estos y otros motivos, saludamos los genuinos esfuerzos de las autoridades, pero a la vez las llamamos a reali-zar dos tareas esenciales en estos tiempos de crisis: cumplir con sus obligaciones generales y deberes específicos, para que durante y después de esta pan-demia, todas las personas gocen plenamente de los derechos humanos reconocidos en la Constitución de nuestro país y en los tratados internacionales ratificados en México, mediante procedimientos de protección adecuados que permitan su materialización. Y en segundo lugar, adoptar criterios razonablemente objetivos, bajo la perspectiva de derechos humanos que permitan priorizar, sin discriminar, como los test de proporcionalidad (https://bit.ly/2RWgxXD) y de máximo uso de recursos disponibles (https://bit.ly/2KpbbA0), así como modelos bioéticos congruentes para deliberar problemas y dilemas éticos.
Condenamos las agresiones de la Guardia Nacional y Policía de Michoacán contra estudiantes Normalistas que se dirigían a realizar una actividad en las vías de Caltzontzin
Comunicados 📅 28 de abril de 2020 El día de hoy compañerxs de la Organización de Normales del Estado de Michoacán (ONOEM) en el marco de la difusión y protesta contra el recorte de matrícula, fueron agredidos con arma de fuego por parte de las fuerzas del Estado. Los compañerxs se dirigían a la comunidad de Caltzontzin para la realización de actividades de protesta cuando fueron atacadxs por miembros de la Policía de Michoacán y activos de la Guardia Nacional. Tres estudiantes resultaron lesionados y ya fueron llevados al hospital. Con este ataque, la Guardia Nacional y la Policía de Michoacán habrían violado la Convención Americana de los Derechos Humanos en el artículo 13° sobre libertad de Pensamiento y de Expresión; también en el artículo 15 sobre el derecho de reunión y en el artículo 16 sobre libertad de asociación, además de afectar la integridad personal de los lesionados. Recordemos que de acuerdo a los Principios Básicos sobre el uso de la fuerza de la ONU (1990), las intervenciones de la Fuerza Pública deben atender estrictamente a los principios de necesidad, legalidad y proporcionalidad. En este caso el ataque fue ilegal, innecesario y desproporcionado, dado que los estudiantes estaban desarmados e indefensos y no constituían una amenaza para el orden público. Por lo anterior exigimos que se inicien las investigaciones conducentes a sancionar los responsables de las lesiones de los tres estudiantes comprometidos y que se garantice la integridad personal de todos los estudiantes que participaron en la manifestación. Así mismo solicitamos que se indague sobre la presunta participación de la Guardia Nacional en la agresión. Repudiamos la represión y recordamos que el Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, es responsable de respetar y garantizar los derechos humanos de los compañeros normalistas. ATENTAMENTE Organizaciones participantes en el 2do Encuentro Internacional de Defensores y Víctimas de Graves Violaciones a los Derechos Humanos Coordinadora de Personas Desplazadas de Chiapas Centro de Derechos Humanos Ku´untik (CDH Ku´untik) Consejo de Gobierno Comunal Indígena de Arantepacua Comité de Víctimas por Justicia y Verdad de Nochixtlán 19 de Junio (COVIC) Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria (CDH VITORIA) Defensoría de los Derechos Humanos por la Justicia A.C. (DDHHJUSTICIA) Centro de Derechos Humanos Antonio Esteban A. C. (CDHAE A. C.) Colectivo Liquidámbar Coordinación de Familiares de Estudiantes Víctimas de Violencia Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional (CNPA MN) Comité de Familiares de Desaparecidos de San Miguel Cajonos CNPA MN Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre (UPVA 28 de Octubre) Movimiento por los Presos Políticos del Estado de Guerrero (MOLPPEG) Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI) Unión de Lucha Anticapitalista (ULA) Colectivo de Grupos de la Asamblea de Barrios de la Ciudad de México (CG-ABCM) Brigadas Emiliano Zapata de México (BEZ-MÉX) Frente Popular de la Montaña de Guerrero (FPG-G) Unión General de Trabajadores de México (UGTM) Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) Sección XXII – Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación Comisión Magisterial de Derechos Humanos sección XXII (COMADH) Sección XVIII – Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación Sector IX de Educación Indígena – Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación Encuentro Nacional por la Unidad del Pueblo Mexicano (ENUPM) Liga de Juristas “26 de septiembre” A. C.
