Aprueban en Comisión la Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo
Diputados buscarán que esta ley tenga asignación presupuestal para que no quede sólo en papel.
OSC y academia llaman al gobierno de la Ciudad de México a tomar acciones contundentes en el marco de la Alerta de Violencia de Género contra las mujeres
Ciudad de México, 24 de febrero de 2020 El 21 de noviembre de 2019, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, decretó la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM). La decisión vino no solo después de dos años de lucha, por parte del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, O.P., A.C. y Justicia Pro Persona, A.C., por activar este mecanismo a nivel federal, sino después de meses de movilizaciones sociales de mujeres y activistas feministas que denunciaron las distintas violencias machistas que afectan a las mujeres y las niñas en la Ciudad. A cuatro meses de la declaratoria, y frente a los recientes feminicidios de Abril, Ingrid, Fátima y Jocelyn, las académicas y organizaciones feministas que integramos el grupo de seguimiento a la alerta reconocemos la necesidad de atender los actos y omisiones que dilatan, obstaculizan o impiden el ejercicio de nuestros derechos y, en específico, nuestro acceso a la justicia y a vivir una vida libre de violencias. En particular, expresamos nuestra profunda preocupación por las reiteradas filtraciones de datos e información confidencial que atentan contra la dignidad de las personas, revictimizan a las víctimas y sus familias, y perjudican tanto la investigación como el acceso a la justicia de las mujeres y las niñas. Por lo anterior, exigimos que el gobierno de la Ciudad de México brinde respuestas que estén a la altura de la gravedad de la situación. A la fecha, el grupo de seguimiento no cuenta con las metas e indicadores respecto a las medidas contempladas en el decreto de Declaratoria. Tampoco se ha desarrollado un plan de acción que incorpore otras medidas estratégicas para atender la violencia feminicida, a pesar de existir una clara necesidad de implementar acciones inmediatas que pongan fin a la violencia institucional. Si bien las alertas no son un objetivo en sí mismo, y su existencia no acaba automáticamente con la violencia, consideramos urgente que se tomen en cuenta los siguientes puntos para evitar se queden en un acto simbólico: Es urgente diseñar e implementar estrategias que busquen fortalecer las capacidades en materia de procuración y administración de justicia desde una perspectiva de género y de derechos humanos. Se debe asegurar la reparación integral del daño infligido a las víctimas directas e indirectas de la violencia feminicida incluyendo su derecho a la verdad y justicia, a la indemnización, a las garantías de no repetición y al reconocimiento y disculpa pública del Estado mexicano por no respetar y garantizar su derecho a una vida libre de violencia. Es preciso que se diseñen estrategias multidisciplinarias, integrales e interseccionales para prevenir y atender la violencia contra las mujeres y las niñas, que incluyan protocolos de actuación y mecanismos claros y eficientes de coordinación interinstitucional de las autoridades con facultades y atribuciones para implementar este tipo de políticas. Reconocer en la ley la existencia de las violencias no basta, se debe dotar a las instituciones de las estructuras, capacidad, recursos y condiciones necesarias para que cumplan con su papel de garantes. Los mecanismos de seguimiento son cruciales: anunciar que se tomarán medidas no es suficiente, se tiene que garantizar que existan metodologías de seguimiento y evaluación, así como la posibilidad de corregir el rumbo a partir de los resultados obtenidos. Es crucial que se rinda cuentas a la ciudadanía en general y a las mujeres en particular sobre las acciones emprendidas, los avances, retos y los resultados esperados y alcanzados. El grupo de seguimiento se debe vincular y relacionar con otros esfuerzos, mecanismos, espacios e instrumentos de política pública del gobierno de la Ciudad de México relacionados con la prevención, atención, investigación, sanción, reparación del daño y erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres. Es necesario crear y fortalecer espacios de participación ciudadana y los mecanismos ordinarios para el diseño, implementación y evaluación de la política pública como es la Coordinación Interinstitucional y los Comités de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal. La Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres es una oportunidad para impulsar políticas integrales, estructurales, transparentes e incluso replicables, tanto para cambiar el rumbo tradicional de la política pública y atender las carencias institucionales del Estado, como para garantizar el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencias y su acceso a la justicia. No podemos desperdiciarla. Firman: Las integrantes de Organizaciones de la Sociedad Civil y Academia del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario de Seguimiento a la Declaratoria de Alerta por Violencia contra las Mujeres en la Ciudad de México (Aleida Hernández Cervantes, Alejandra Rios-Cazares, Emanuela Borzacchiello Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, O.P., A.C., Cohesión Comunitaria e Innovación Social A.C., Equis: Justicia para las Mujeres A.C. , Frente para la Sororidad, Justicia Pro Persona, A.C., Las del Aquelarre Feminista, Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio) [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Imagen destacada: Angélica Díaz Molina [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget]
Resultados de la Misión Civil de Observación: Autonomía Purépecha, violencia y criminalización.
Del 17 al 19 de febrero, organizaciones de la sociedad civil y periodistas, realizamos una Misión Civil de Observación (MCO) en la Meseta Purépecha del estado de Michoacán, con el objetivo de conocer los procesos de las comunidades en el ejercicio de la libre determinación y autonomía, y documentar las graves violaciones a derechos humanos de los que han sido víctimas. La Misión (MCO) permitió un fructífero encuentro entre las comunidades de Comachuén, Sevina, Arantepacua y Nahuatzen, además de que nos permitió conocer el importante papel que han tenido las mujeres Purépechas en los procesos comunitarios: formar parte y ser reconocidas en los Concejos es el resultado de un gran esfuerzo colectivo de las compañeras. Tras la visita, los Concejos Indígenas y el propio pueblo nos han dejado ver que la violencia, ejecuciones extrajudiciales, hostigamientos, criminalización, encarcelamientos injustos, y la sistemática intervención de Celerino Cruz contra los consejos, son una práctica sistemática que se han convertido en una estrategia del Estado para desmovilizar a las comunidades y obstaculizarles el derecho a su libre determinación y autonomía. Documentamos las violaciones de derechos humanos del 4 y 5 de abril de 2017 en Arantepacua, como la ejecución extrajudicial de 4 personas (entre ellas un menor de edad), uso excesivo de la fuerza pública, allanamiento, detención arbitraria de 48 comuneros (con tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes durante su detención) y faltas al debido proceso. Hasta ahora, a casi 3 años de los hechos, las familias de las personas ejecutadas extrajudicialmente y la comunidad profundamente afectada, no han tenido acceso a la justicia y reparación, al contrario, siguen siendo víctimas de hostigamientos y amenazas. En Nahuatzen, el Concejo Ciudadano Indígena enfrenta un proceso de criminalización e intimidación mediante el encarcelamiento de dos Concejales, José Antonio Arreola y José Luis Jiménez, y un comunero, Gerardo Talavera; además de órdenes de aprehensión que mantienen en incertidumbre a dos concejales más. A estas situaciones se suman las agresiones perpetradas por actores de las fuerzas de seguridad púbica, así como la difamación y descrédito constante de su trabajo como Concejo. Estos actos violentos por parte de autoridades estatales y municipales, tienen el objetivo de desarticular la autoridad tradicional e impedir el ejercicio de su derecho a la autonomía comunitaria. En Comachuén hay actores comunitarios vinculados con el sistema de partidos y diversos funcionarios públicos que han intentado inhibir la participación de las mujeres en el Concejo, argumentando que no tienen derechos ni capacidades para cumplir con sus funciones. Esto ha implicado un constante cuestionamiento al gobierno comunitario, caracterizado por la gestión participativa y la buena administración de los recursos, a pesar de la retención ilegal del presupuesto por parte del Ayuntamiento. Muestra de ello es que el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán ha ordenado la celebración de una asamblea el próximo domingo 23 de febrero para ratificar a las autoridades tradicionales, sin tener ningún fundamento legal y a pesar de que al Concejo le restan 2 años de administración. La comunidad de Sevina está impulsando un proyecto comunitario integral que implica un gobierno propio, recuperación de la lengua materna y capacitación a la comunidad para ejercer funciones públicas, entre otros. Fruto de esto, la sala regional de Toluca emitió una sentencia dictando que la comunidad tiene derecho a administrar sus recursos de manera directa, a pesar de esto no les fue entregado lo correspondiente a 2019, afectando la administración del Concejo y el acceso a servicios para la comunidad. Este año, ya les ha sido entregada una parte del ejercicio 2020. A estas trabas presupuestales para el ejercicio del Concejo, y al igual que en las otras 3 comunidades, se suman descrédito y cuestionamiento de las capacidades y poder de decisión de las mujeres para ejercer sus labores como concejalas. La Misión Civil de Observación, manifiesta su preocupación ante un posible escalada de violencia y hace un llamado a las autoridades estatales, municipales y federales para que: La Fiscalía General del Estado realice las investigaciones correspondientes para que las familias de las personas ejecutadas extrajudicialmente en Arantepacua, tengan acceso a la justicia, reparación integral de los daños, medidas de no repetición y que se castigue a los culpables. La libertad para los presos políticos de Nahuatzen y el retiro de las dos órdenes de aprehensión contra los dos concejales, así como el cese a la persecución, hostigamiento y actos violentos contra el Concejo Ciudadano Indígena. Que se cumpla con la entrega puntual y directa del presupuesto para las comunidades, sin intervención del Ayuntamiento de Nahuatzen. Respeto a los derechos políticos de las mujeres y cese de las agresiones y actos de intimidación de quienes ejercen su derecho a ser autoridades y a trabajar por la libre determinación de sus comunidades. El cese a las consultas y concejos impuestos que intentan desacreditar y desarticular los procesos de autonomía comunitaria y que se garanticen las condiciones mínimas de seguridad para la consulta que se llevará a cabo este 23 de febrero en Comachuén. Que el Tribunal Electoral actúe bajo los más altos estándares internacionales Que el Gobierno del Estado tenga disposición al diálogo con los Concejos Indígenas de las comunidades La destitución de aquellos servidores públicos que fomentan la corrupción y el mal uso de los recursos públicos en las comunidades. Y el cese al las prácticas sistemáticas de hostigamiento y criminalización de las comunidades que impiden el derecho de las comunidades a ejercer su libre determinación y autonomía. Atentamente Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria Red Solidaria de Derechos Humanos Instituto Mexicano Para el Desarrollo Comunitario, A.C. (IMDEC) Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (conformada por 86 organizaciones en 23 estados de la República mexicana) Servicios y Asesorías para la Paz, A.C. SERAPAZ [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Foto destacada: Red TDT [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget]
Relevo en la Coordinación General del CDHVitoria
El Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.” A.C. es una asociación civil de la Orden de Predicadores en México, sin fines de lucro e independiente de cualquier partido político. Por tres décadas y media nuestro trabajo se ha enfocado en la difusión, educación, investigación, promoción y defensa legal de los derechos humanos de forma integral y multidisciplinaria, en particular de los sectores más vulnerabilizados y discriminados. Por este medio, el equipo del CDHVitoria informamos a las organizaciones, articulaciones sociales, espacios institucionales y sociedad en general, que tenemos un relevo en la Coordinación General de esta organización. Queremos agradecer en primer lugar a Carlos A. Ventura Callejas, Coordinador General del Centro hasta ahora, quien continuará participando en la defensa de derechos humanos y la organización social desde otros espacios y quien al finalizar 2019 ha terminado su responsabilidad en dicho cargo luego de ocuparlo por tres años, además de participar por otros cinco años como colaborador, acompañando logros institucionales fundamentales y compartiendo su experiencia y en procesos en los que el CDH Vitoria es parte. De la misma forma, agradecemos y resaltamos su solidaridad y acompañamiento al equipo en valiosos ejercicios de crítica y autocrítica que han permitido la construcción de diversos procesos encaminados al fortalecimiento interno de la organización. Al mismo tiempo, compartimos con todas y todos que a partir de este mes de febrero de 2020, la Coordinación General estará a cargo de Esmeralda García Rivero, quien ha venido colaborando en esta organización desde la coordinación del Área de Fortalecimiento Institucional, participando en procesos fundamentales para el Centro Vitoria y trabajando en el robustecimiento de las capacidades de la organización con la intención de tener una más amplia capacidad de alcance con las instancias de la sociedad civil y movimientos sociales con los cuales colaboramos. Este cambio en la Coordinación General reafirma nuestra apuesta colectiva por la defensa integral de los derechos humanos desde una postura política crítica y transformadora, también con el compromiso que debe fortalecerse desde la perspectiva del cuidado y el ánimo de seguir colaborando en la construcción de procesos de liberación, ajenos a toda forma de opresión y discriminación. En el CDHvitoria estamos convencidas y convencidos de que este relevo fortalecerá el trabajo que ya se viene realizando en acompañar de manera sensible y comprometida a las personas, comunidades y grupos que están construyendo espacios de defensa de derechos humanos y resistencia frente la crisis de derechos humanos que persiste en nuestro país y la región. En la actualidad, el equipo del CDHVitoria está conformado por alrededor de 25 personas, la mayor parte jóvenes, que colaboramos en procesos como la Escuela de Personas Jóvenes Defensoras de DH (que este año alcanza su 18va generación), el seguimiento e implementación del Programa Nacional de Derechos Humanos (2019-2024), la solicitud de la Alerta de Género en la Ciudad de México, así como la organización e implementación de diversas acciones de educación, formación y acompañamiento integral a personas defensoras de DH, víctimas y sus familiares, así como con movimientos sociales y organizaciones populares. La comunicación con la Coordinación General será a través del correo electrónico coordinacion@derechoshumanos.org.mx y del teléfono 56596797 ext. 227. Nuestra solidaridad está en los procesos colectivos donde se colabora en la construcción de Otro Mundo Posible. Les enviamos un cordial saludo. Atentamente: Equipo del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P. A.C. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget]
Tiempos de desafíos, respuestas desde el corazón (II)
A todas las personas que han venido acompañando al CDH Vitoria en estos 35 años. A las víctimas y sobrevivientes de violaciones a derechos humanos y a las organizaciones de la Red TDT. A todas las organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales que defienden y promueven los derechos humanos. P R E S E N T E S Somos una organización defensora de los derechos humanos y de los derechos de las mujeres de forma intergeneracional. Reconocemos el reto que enfrentamos en estos momentos y desde años anteriores en la vida de nuestras organizaciones. Por ello refrendamos nuestro compromiso, como lo hemos asumido entre las redes de organizaciones en las que participamos, de no aceptar y mostrar cero tolerancia a la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus expresiones. Ante las denuncias suscitadas con anterioridad en contra de uno de los integrantes del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, O.P., A.C. y de la propia organización, damos a conocer algunos aspectos esenciales para abonar, compartir reflexiones, y colaborar en la construcción de espacios seguros y libres de violencia en nuestra organización y en la sociedad. Para ello es preciso aclarar, en primer lugar, que la denuncia presentada que se nos ha hecho no se relaciona con hechos de violencia sexual, hostigamiento sexual o acoso sexual, sino que más bien estamos frente a un conflicto laboral que se interpreta con perspectiva de género. Compartimos asimismo que todas las personas integrantes de la organización hemos reflexionado seria y colectivamente sobre la importancia de atender las áreas de oportunidad que se presentan en el Centro, con miras a desarrollar mejor una política institucional de protección integral que garantice, respete y promueva los derechos humanos laborales de todas las personas colaboradoras del CDH Vitoria. En este sentido, deseamos transparentar que sobre el caso de las recientes salidas de dos compañeras del área de Seguimiento a Procesos Organizativos y de Formación, es importante precisar que son casos diferentes. Uno de ellos se refiere a un despido por causas que en su momento se explicitaron a la compañera, y que, en congruencia con la labor que realiza el Centro, se firmó el convenio de terminación ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, y se le otorgó el finiquito respectivo, de conformidad con la Ley Federal de Trabajo. El segundo caso se trató de una renuncia, a la que la Dirección General externó su petición de que la compañera continuara su colaboración en la organización. Sin embargo, mantuvo la renuncia y el procedimiento también fue atendido en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, otorgándole una gratificación superior a la estipulada en la ley en casos de renuncia. También compartimos que agradecemos la colaboración que todas las compañeras tuvieron a lo largo de sus respectivos tiempos y años dentro del CDH Vitoria, y damos lugar a sus críticas constructivas enmarcadas en este conflicto y en los retos que ha venido enfrentando este Centro en los últimos 35 años. Considerando que su intención es abonar al fortalecimiento de este Centro de Derechos Humanos, y muy seguramente de otros espacios de defensa y promoción de los mismos. De acuerdo a esto, creemos igualmente pertinente compartir que desde que se suscitaron estos hechos por parte de las compañeras, exploramos procesos de transformación positiva del conflicto con ellas, entre los cuales se acordó un proceso de mediación, acompañado por una organización externa y experta en este tipo de situaciones, que fue aceptado por las dos partes (tanto el CDH Vitoria, como las compañeras que aprobaron esta gestión), todo ello realizado en sesiones de deliberación y establecimiento de acuerdos, entre los cuales se destaca el que no se comunicaría información relacionada con el proceso de mediación. Premisa y acuerdo del que hasta hoy el CDH Vitoria ha sido respetuoso. Dicho proceso quedó incompleto, dado que las compañeras que presentaron esta denuncia manifestaron posteriormente que habían decidido por su parte no continuarlo. Sin embargo, desde nuestra perspectiva, este proceso de diálogo y mediación sigue abierto. Actualmente, el CDH Vitoria continúa, como ha venido siendo en los últimos años, en un trabajo de mejora de las condiciones laborales, puntualmente mediante el acompañamiento de un despacho que da asesoramiento técnico y jurídico adecuado, con esta expertise. Creemos también necesario dar a conocer que la persona que desempeñaba el cargo de Coordinador General del CDH Vitoria ya no se encuentra al frente de esa responsabilidad, dado el fin de su trienio en dicho puesto, y porque se encuentra en un proceso de reflexión personal e institucional con la Dirección General, con el fin de definir su situación dentro de la organización. Siendo esto así, actualmente dos compañeras de la organización desempeñan de manera interina el cargo de la Coordinación General. Reafirmando nuestro compromiso con los derechos humanos y con los derechos de las mujeres, continuamos por coherencia en procesos y esfuerzos de construcción de un Protocolo, propuestas metodológicas y cuestiones prácticas al interior de la organización para generar políticas institucionales orientadas a generar y establecer las medidas más efectivas para atender los conflictos y las violencias con una perspectiva de género y de manera integral. Proceso en el que nos acompañan organizaciones expertas en el tema de violencia contra las mujeres y la creación de protocolos con estos fines. A su vez, este proceso será acompañado con el establecimiento de una instancia interna, integrada por compañeras del Equipo del Vitoria y del Consejo Consultivo de nuestra institución, para la atención a los casos de violencia de género que se llegaran a presentar dentro de la organización en los próximos años. A modo de ampliar información, en nuestra política institucional se asienta que serán las compañeras quienes lleven la vocería en procesos de mujeres y estrategias de mujeres. De igual manera, hemos institucionalizado espacios de reflexión diferenciados por género, libres de discriminación, y con inclusión de las diversidades sexuales y de identidad de género al interior de la organización. Asimismo, en los últimos cinco años el impulso en nuestra planeación
Nuevo intento de privatizar nuestras semillas
EL DIP. ERACLIO RODRÍGUEZ INTENTA DAR ALBAZO Y MODIFICAR LEY FEDERAL DE VARIEDADES VEGETALES. ¿DE QUÉ LADO ESTÁ EL DIPUTADO ERACLIO? ¿DE LAS Y LOS CAMPESINOS, PUEBLOS ORIGINARIOS O DE LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES? UPOV 91 REPRESENTA RIESGO A NUESTRAS SEMILLAS La Campaña Nacional “Sin maíz no hay país” alerta sobre el intento de albazo legislativo del diputado Eraclio Rodríguez Gómez (presidente de la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria) de dictaminar modificaciones a la Ley Federal de Variedades Vegetales. Recordemos que México al firmar en 1994, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se vio obligado a ingresar a la Convención Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV, por sus siglas en francés). En 1996 se aprobó en la Cámara de Diputados la Ley Federal de Variedades Vegetales y en 1997 firmó el acta UPOV78. En la UPOV78 no se “patentan genes ni variedades, se privilegia el derecho milenario de los agricultores a usar e intercambiar libremente sus semillas, se favorece la diversidad genética y se permite que los campesinos obtengan nuevas variedades mediante cruzas de otras …” Sin embargo, durante el gobierno de Peña Nieto, México ratificó el Tratado Transpacífico (TTP) y recientemente el Senado mexicano ratificó el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (TMEC). Donde nuestro país tiene la obligación de ingresar a la UPOV91 en “máximo 4 años”, lo cual implica prácticamente la privatización de nuestras semillas. El Dr. Alejandro Espinosa explica que el acta UPOV 91, patenta genes y variedades, limita el uso e intercambio de las semillas por parte de los agricultores, como lo hacen de manera milenaria, prohíbe la derivación esencial de variedades, afecta directamente la diversidad genética y extiende los derechos de las semillas patentadas incluso a los productos que genera la variedad patentada. Es el escenario jurídico ideal para que los oligopolios controlen completamente las semillas y los transgénicos. Permitiría el despojo más grave en la historia de la humanidad, ya que, si se contaminan los maíces nativos por transgenes patentados, los genes que tendrían los maíces nativos otorgarían el derecho de propiedad a los dueños de las patentes. El artículo 54 de esta iniciativa, atenta contra el campo mexicano, las y los campesinos y los pueblos originarios y beneficia a las grandes empresas agroalimentarias, ya que establece: “Se impondrá de dos a seis años de prisión y multa de diez mil a cuarenta mil unidades de medida y actualización, a quien aproveche o explote una variedad vegetal protegida, su material de propagación o el producto de la cosecha, para su producción, reproducción, preparación, oferta, distribución, venta, producción comercial de otras variedades vegetales o variedades esencialmente derivadas, o cualquier otra forma de aprovechamiento conforme lo establecido en los artículos 4o. Bis y 4o. Bis 1 de esta Ley, sin la autorización del titular en forma reincidente”. La intentona del diputado Eraclio de dictaminar y modificar dicha ley, en la próxima reunión de la comisión que él preside, que se realizará mañana jueves 28 de noviembre de 2019, atenta contra los intereses de las y los campesinos, de los pueblos originarios de usar e intercambiar sus semillas; atenta contra la autosuficiencia y soberanía alimentaria, abre paso a la utilización de semillas Genéticamente Modificadas (OGMs); atenta conta el proyecto de la Cuarta Transformación (4T) de rescatar al campo mexicano y la autosuficiencia y soberanía alimentarias, la prohibición de semillas transgénicas, etcétera. Exigimos al diputado Eraclio Rodríguez y al Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados: Que no aprueben el dictamen de la Ley Federal de Variedades Vegetales; 2. Aprueben en sus términos la Ley Federal de Fomento y Protección del Maíz Nativo, boicoteada por el diputado y por la industria agroalimentaria; 3. Que protejan los intereses nacionales y no los de las empresas transnacionales. Atentamente Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País Imagen destacada: Jorge Luis Aguilar
Designación en la CNDH: oportunidad perdida y crisis de legitimidad para la protección de los derechos humanos en México
En medio de una crisis de derechos humanos, la designación de la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) constituía no sólo un asunto del más alto interés público, sino también una oportunidad para cambiar el paradigma de las designaciones de personas titulares de los órganos constitucionales autónomos de nuestro país. El proceso de designación de la CNDH incumplió con su principal razón de ser: brindar de legitimidad de origen a la figura del Ombudsperson para que pueda cumplir con su mandato adecuadamente, por lo que su margen de acción, autonomía e independencia se ponen en riesgo. El proceso arrancó con una convocatoria en la que se incorporaron estándares participativos y de transparencia que darían certeza y legitimidad a la designación. Las y los senadores aprobaron una serie de criterios de idoneidad y probidad, con carácter vinculante, para definir las tres mejores candidaturas a presidir la Comisión, con lo que se comprometían a basar en evidencia todas sus decisiones. Pese a los estándares incorporados en la convocatoria, se incumplió el proceso y como resultado tenemos una actuación muy cuestionada del Senado de la República, una Ombudsperson sin legitimidad de origen, y descalificaciones por parte de la clase política sobre la actuación de organizaciones sociales y personas defensoras de derechos humanos que seguimos este proceso. En este marco, consideramos que el Senado de la República le quedó a deber a la sociedad mayor profesionalismo y compromiso para asumirse como un contrapeso real del poder ejecutivo, además de fortalecer el Estado de Derecho, ya que: 1. No hubo un escrutinio profundo de los perfiles, a pesar de algunos cuestionamientos a los mismos en torno a su falta de idoneidad e independencia que presentaban algunas postulaciones. 2. No se motivó debidamente la decisión en la elección de la terna, como lo indica la Ley. 3. La valoración de los perfiles terminó siendo discrecional y no se tomaron en cuenta los indicadores para evaluar la idoneidad de las personas candidatas. Inclusive, dichos indicadores no fueron públicos durante todo el proceso. 4. La votación de la terna, realizada en tres ocasiones, violó lo dispuesto en la Ley de la CNDH. 5. Las rondas de votaciones en el pleno del Senado, su cómputo y la decisión final no brindaron la certeza jurídica y legitimidad necesarias que el proceso de designación ameritaba. Por lo anterior, el Senado perdió la oportunidad, una vez más, de dar certeza y credibilidad a los procesos de designación con lo que se crea un mal precedente para la consecución de un verdadero Estado Democrático de Derecho en nuestro país. Con esta designación se ha debilitado gravemente la legitimidad de la CNDH y la protección de los derechos humanos en México. Imagen destacada: #CNDHAutónoma
Ignacio Ellacuría y los pobres
Sábado 16 de noviembre de 2019 Miguel Concha Como informé en mi colaboración anterior, hoy se cumplen 30 años de la matanza de seis jesuitas de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de San Salvador (UCA), y de sus dos trabajadoras domésticas. Recordé también que según un informe de la ONU de 1993, el principal objetivo de la agresión era Ignacio Ellacuría, filósofo, teólogo, analista político y rector de la UCA, a causa de la rabia que le causaban a la oligarquía salvadoreña sus explicaciones estructurales sobre el origen de la injusticia y la violencia, a pesar de que por razones particulares éticas y teológicas él siempre tuvo reparos frente a la violencia física revolucionaria. Por la trascendencia de este acontecimiento en la memoria de los pobres del continente, pensamos que su conmemoración no puede pasar desapercibida en El Salvador, en México y en toda América Latina. Ignacio Ellacuría fue un gran mediador del conflicto armado salvadoreño. Pugnó siempre por el diálogo entre el gobierno y el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, la entonces fuerza guerrillera y hoy partido político que ha llegado a gobernar ese país, tras firmar la paz en el Castillo de Chapultepec, tres años después de la masacre de los jesuitas. Para el proceso de paz salvadoreño, el legado de Ellacuría no puede entenderse sin la vigencia de su pensamiento teológico y filosófico, pues Ellacuría creía en una paz con justicia social. Además, como creyente, veía en los pobres del continente el rostro del Cristo Crucificado por la opresión de las estructuras económicas, sociales, políticas y culturales. Como aporte original, en su tiempo como rector impulsó la cátedra de la Realidad Nacional, que hoy lleva su nombre y se imparte en muchas universidades jesuitas y no jesuitas en varios países de Iberoamérica. En esas sesiones se hacía un agudo análisis de las razones que dan cuenta de las injusticias que se cometen contra los pobres por razones ideológicas e intereses económicos y políticos particulares. Su formación filosófica le enseñó a buscar la verdad de las intenciones de quienes dicen trabajar por el desarrollo, pero esconden intereses que benefician a unos pocos, en detrimento de las condiciones de vida de las mayorías populares. El legado de Ellacuría en teología y en filosofía puede resumirse en las frases, que retomando al filósofo vasco Xavier Zubiri, desarrolló en sus escritos: hacerse cargo de la realidad (momento noético), cargar con la realidad (momento ético) y encargarse de ella (momento práxico). Lo que significa reconocer las injusticias del mundo a través del análisis, asumirlas como inaceptables y hacer algo para cambiarlas. Una obra, como la desarrollada por él, es en sí misma de gran actualidad, porque pretende desentrañar analíticamente las claves de esa realidad, para transformarla en beneficio del pueblo crucificado. En El Salvador de hoy, como en México y en muchos países de América Latina, las condiciones sociales y económicas son prácticamente las mismas: una enorme desigualdad social, en la que millones de personas viven en condiciones de pobreza y sufren violaciones de sus derechos humanos, que contrasta con una pequeña minoría que acumula riquezas y provoca de facto la imposibilidad de una verdadera democracia, y la impunidad por sobre el poder mismo del Estado. Como recién dijo Lula, es lamentable que América Latina tenga una élite económica que no sabe convivir con la democracia. La región vive hoy en medio de una globalización económica, en la que el crimen organizado –narcotráfico, trata de personas y delitos de cuello blanco– juega un rol preponderante y profundiza esta polarización social en los distintos países, imponiéndose en los territorios a través de la fuerza y de las armas. La exclusión social que viven niños, mujeres, jóvenes y adultos mayores, frente a las escasas oportunidades de empleo y las pocas posibilidades de reconstrucción del tejido social, se expresan en la migración y la sobrevivencia de sus familias. El análisis de las condiciones de vida de los conflictos específicos que viven las mayorías populares, puede haber cambiado respecto a los conflictos armados de los años 70 y 80 del siglo pasado. Pero los intereses rapaces delas grandes corporaciones, el neo-extractivismo, el desarrollo de ne-gocios en telecomunicaciones, el propio narco, y el tráfico de personas y armas, al amparo del poder político, siguen el mismo patrón de acumulación capitalista, con unos pocos beneficiados y unos muchos excluidos, enajenados y oprimidos. El método, el pensamiento y la obra de Ignacio Ellacuría siguen vigentes para analizar lo que nos está pasando. Sin embargo, habrá que buscar releer sus escritos con nuevos ojos, para desentrañar cómo podemos salir de la barbarie en la que nos encontramos. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Reuters
Nuevamente el Consejo Nacional Agropecuario miente
El día de ayer se llevó a cabo la 12va. Reunión Ordinaria de la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, de la Cámara de Diputados. Efectivamente, el dictamen de la Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo (LFFPMN) se retiró de la orden del día de la agenda de dicha reunión, “debido a la campaña de desprestigio y mentiras que se difundieron días previos, generando en la opinión pública incertidumbre y caos”, argumentan diversos diputados. Incluso, al revisar la agenda, se retiraron dos temas: el dictamen de la LFFPMN y el tema de la Ley de Fondos de Aseguramiento Agropecuario y Rural. Ambos casos se votaron y fueron retirados. Se plantearon diversos argumentos para que el dictamen no se discutiera el día de ayer y fue turnado a otra sesión. Se presentó la propuesta de abrir el tema a Parlamento Abierto, generando opiniones encontradas con respecto a la viabilidad de hacerlo de esa manera, pero en ningún momento hubo consenso y mucho menos se aprobó dicha propuesta. La propuesta del Parlamento Abierto se mandó para asuntos generales. Al llegar al punto, no se puso sobre la mesa y por obvias razones no se discutió ni se votó. Inclusive, a la mitad de los temas de asuntos generales, la reunión se disolvió ya que los diputados tuvieron que ir a la sesión del pleno, para hacer la votación correspondiente. Minutos después, regresaron no más de 5 diputados, clausurando así los trabajos de la 12va. Reunión Ordinaria de dicha Comisión. Enlistamos los eventos acontecidos durante la Reunión: Tal como se aprecia en el video siguiente https://www.youtube.com/watch?v=O88Qds8Fczw el Presidente de la Comisión, Eraclio Rodríguez comenta (1:03:57): “por lo pronto el punto era si los mantenemos o no en el orden del día y luego si quieren vemos la posibilidad de ver en asuntos generales, si nos vamos a Parlamento Abierto o no”. Le da la palabra al Secretario de la Comisión para que voten que se saquen de la orden del día ambos temas, arriba mencionados. Insisten en que la propuesta del Parlamento Abierto se vaya a asuntos generales, sin embargo, se cambia de tema (PEF 2020, tema que se va a discusión al punto 4 de la orden del día). Minutos de silencio y pasan a otro tema, ajeno a LFFPMN. En dicho video, se observa claramente cómo se retiran los diputados de la sesión. Al continuar el video, se observa al diputado Eraclio Rodríguez, dando fin a la sesión. Se ve el salón vacío al final. Es lamentable que el Consejo Nacional Agropecuario (CNA), sus ‘bots’ y sus opinólogos sigan mintiendo y pretendan seguir confundiendo a la Opinión Pública. Hacemos un llamado a las y los diputados a que no se dejen llevar por las difamaciones del CNA, y que no traicionen al maíz nativo, a las comunidades campesinas e indígenas. Atentamente Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País Imagen destacada: Víctor Manuel Chima
Tiempos de desafíos, respuestas desde el corazón
A todas las personas que han venido acompañando al CDH Vitoria en estos 35 años; a las víctimas y sobrevivientes de violaciones a derechos humanos y a las organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales que defienden y promueven los derechos humanos P R E S E N T E S En el momento histórico en el que vivimos, la defensa y promoción de los derechos humanos toma una nueva dimensión ante el recrudecimiento de los contextos de violencia, precarización y desigualdad; de modo que el trabajo que realizamos quienes defendemos derechos humanos pueda responder apropiadamente al complejo tejido de opresiones en el que se abre paso la vida. Las organizaciones de la sociedad civil y las personas que las conformamos, estamos emplazadas a generar procesos de análisis ético y político, no sólo del trabajo que realizamos, sino de cómo lo realizamos. Para esto, es fundamental reconocer que no estamos por encima del sistema contra el que luchamos, y que es una responsabilidad cotidiana mirar los procesos y dinámicas de las que somos parte, para poder transitar hacia la construcción de espacios de colaboración y de accionar político más dignos, de confianza y seguros, habitados por la solidaridad, sororidad y creatividad, entre otros aspectos. Desde el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, O.P., A.C. entendemos los derechos humanos como una apuesta para transformar esas realidades adversas y construir un mundo más justo, a partir de una posición crítica y autocrítica. Esto nos moviliza y anima en los acompañamientos colaborativos que llevamos a cabo desde hace 35 años con víctimas y sobrevivientes de violaciones a los derechos humanos, colectividades, movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil. Para que estos acompañamientos colaborativos sean una respuesta viable y factible, desde hace tiempo estamos reflexionando y construyendo en el CDH Vitoria políticas institucionales encaminadas a fortalecer condiciones más dignas para las personas defensoras de derechos humanos que colaboramos en esta organización. Debido a lo anterior, asumimos la importante y urgente tarea de seguir atendiendo los retos y desafíos creativa y éticamente. Hoy más que nunca sabemos que mirarnos para adentro es una tarea inaplazable, y que se articula con esta etapa inédita en el CDH Vitoria, en la que nos encontramos en un proceso de fortalecimiento institucional, mismo que está enfocado en gran parte a la consolidación de esta generación, de las siguientes y desde las experiencias de quienes han sido parte de este Centro. Un ejemplo concreto de lo anterior es el desarrollo, implementación y evaluación de un instrumento diagnóstico que surgió desde y para el equipo, el cual está basado en seis rubros: género e interseccionalidad autocuidado y bienestar convivencia y comunidad seguridad física seguridad laboral seguridad digital En consecuencia, se está llevando a cabo un análisis ampliamente participativo de toda la organización, en la construcción e implementación de rutas específicas y efectivas de atención a las necesidades del equipo y de los desafíos del contexto, tales como seguir consolidando espacios seguros para todas, todxs y todos. Reconociendo la importancia de reflexionar y actuar articulada y transparentemente, con ánimos de proseguir contribuyendo a la construcción de movimientos y organizaciones más fortalecidas para el desarrollo de sus actividades, desde el CDH Vitoria nos comprometemos a generar un primer espacio para compartir experiencias y herramientas en torno a los retos y desafíos que se viven dentro de las organizaciones, refrendando la convicción de este Centro de Derechos Humanos para generar plataformas de diálogo y construcción colectiva, del cual estaremos informando más detalles próximamente. Por último, queremos reiterar el compromiso que tenemos desde hace 35 años para fortalecer las acciones de acompañamiento a todas las víctimas y sobrevivientes, colectivas, movimientos y organizaciones, así como a las redes de personas que trabajan y desean habitar realidades de mayor justicia y dignidad. Sigamos juntas, juntxs y juntos pensando, dialogando, proponiendo, caminando y acompañando. Atentamente Desde el corazón del CDH Vitoria
