Las personas defensoras de derechos humanos en México son una muestra de la fortaleza que tiene nuestra sociedad para combatir fehacientemente la impunidad y la injusticia. Son personas que han hecho vida el proyecto de construir un mundo más justo, digno, habitable, y que asumen el cuidado de su entorno y la naturaleza.

En los últimos años las hemos visto con más fuerza trabajando al lado de las víctimas de desaparición forzada o de desaparición a manos de particulares; defendiendo a las comunidades indígenas y campesinas, frente a los proyectos de despojo; acompañando a los migrantes al lado de las vías del tren, o luchando desde muy distintas regiones contra la violencia feminicida en centros de derechos humanos. Las y los defensores son la contraparte de la crisis que vivimos en México. Una crisis que tiene su expresión desgarradora en el relato de las víctimas y en el sufrimiento de grandes colectivos de personas y comunidades. Son por ello esperanza que se comparte y se hace valer en la de protección de todas y todos.

El más reciente informe de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT), publicado con el título de La esperanza no se agota. Situación de las personas defensoras de derechos humanos durante la presidencia de Enrique Peña Nieto, documenta 862 eventos en 302 casos, en los que fueron afectadas mil 37 personas, y violentados por su trabajo en derechos humanos 422 colectivos. Por su gravedad destaca la cifra de 106 personas defensoras ejecutadas extrajudicialmente, y la de 81 desaparecidas desde el primero de diciembre de 2012.

Esta grave situación muestra el sello de la actual administración: la indiferencia relacionada con el derecho a defender los derechos humanos en México, como una labor fundamental en la construcción de un país democrático con justicia y en paz. La preocupación expresada por Zeid Al Hussein, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, definida en su anterior visita a México como matar al mensajero, es válida hoy más que nunca. De esta forma se perfila el rostro de quien aceptó públicamente su responsabilidad por el brutal operativo de San Salvador Atenco en mayo de 2006, y quien ha roto récords en términos de violencia, como quedó claro cuando junio de 2017 se convirtió en el mes con más homicidios en 20 años.

Pero estos números se vuelven aún más graves cuando vemos la situación en las cuatro regiones donde este fenómeno de violencia contra las personas defensoras se expresa con más crudeza. Chiapas, Oaxaca, Guerrero y la Sierra Tarahumara son lugares en donde la Red TDT ha encontrado un peligro acentuado para el trabajo de las personas y colectivos que defienden los derechos humanos. Tan sólo Chiapas, Oaxaca y Guerrero conjuntan 40 por ciento de los casos registrados en el informe, y de la misma manera Chiapas y Oaxaca tienen el registro más alto de eventos. Lo que implica que los ataques persisten a lo largo del tiempo, sin que el Estado mexicano tome medidas efectivas para generar un ambiente de seguridad y garantía en la práctica. En total, en estas tres entidades federativas está documentado 46 por ciento de los eventos en el periodo del informe.

El caso de Guerrero tiene condiciones particularmente preocupantes, pues históricamente es un estado emblemático de la violencia contra las personas defensoras. Ahí se dieron hace ya tres años los hechos lamentables y reprobables contra los normalistas de Ayotzinapa. Y ahí, según el informe de la Red TDT, han sido ejecutadas extrajudicialmente 21 personas defensoras de derechos humanos en lo que va del sexenio. Más impresionante resulta aún –si cabe– la proporción de personas defensoras desaparecidas, pues de las 81 situaciones de este tipo registradas en el informe a escala nacional, 58 corresponden a Guerrero. Ante esta situación, y por la falta de voluntad e incapacidad del Estado de ofrecer garantías para poder ejercer el derecho a defender los derechos humanos, las organizaciones no gubernamentales hemos estado sumamente preocupadas por el incremento de los riesgos para las personas defensoras y para las víctimas de esa violencia atroz.

Debido a esto, un colectivo amplio de organizaciones civiles ha iniciado, mediante la Misión Civil de Observación a Chilapa y Chilpancingo, que se realizó el 19 y 20 de septiembre pasados, un proceso de acompañamiento a las y los defensores de Guerrero. Pensamos que esta acción de solidaridad y búsqueda de alternativas, dirigida a personas defensoras emergentes y organizaciones que trabajan en la región de Chilapa (Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón); en las montañas de Tlapa (Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan), y en Acapulco (Colectivo contra la Tortura y la Impunidad), es necesaria, valiente y paradójicamente lamentable. Y ello porque, ante la ineficacia y la falta de voluntad política del Estado, son las mismas personas defensoras quienes están teniendo que generar medidas encaminadas a reestablecer el Estado de derecho.

Por eso es muy importante que se valore y respete el derecho a defender los derechos humanos, y que las autoridades implicadas en garantizarlo, como es el caso del gobernador guerrerense Héctor Astudillo, escuchen las experiencias de las y los defensores de la entidad, consideren sus exigencias, y tengan en cuenta los retos que se les habrá de compartir, si se reanuda la reunión que se canceló, debido al sismo del 19 de septiembre. Es fundamental que las acciones de protección a las y los defensores no sea sólo protocolaria, sino que implique un compromiso real y concreto al más alto nivel de gobierno, para establecer acciones que permitan cambiar esta situación tan grave, y que afecta especialmente a Guerrero, Chihuahua, Oaxaca y Chiapas.