El derecho negado a quienes sobreviven en las calles
“De por sí vivir en la calle ya es un delito”, dijo un policía capitalino a Luz, quien se encontraba viviendo en la calle con sus dos hijos. La policía le quitó a sus dos hijos, a dos años de ser separados, siguen padeciendo de dicriminación y criminalización de diversas autoridades.
25 de octubre de de 2016
Por: Johana Sánchez
“De por sí vivir en la calle ya es un delito”, dijo un policía capitalino a Luz, quien se encontraba viviendo en la calle con sus dos hijos. Luego de eso, el policía le pidió que se subiera a la patrulla junto con los niños, pues había una denuncia en su contra por maltrato hacia ellos. Esto ocurrió en noviembre de 2014. Desde ese día los niños se encuentran separados de su madre.
La Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes le inició una averiguación previa por omisión de cuidado. Luz no entendía qué pasaba; nunca le explicaron que iniciarían una investigación para determinar si había cometido el delito imputado; tampoco que tenía derecho a una defensa adecuada, y mucho menos le avisaron que sus hijos permanecerían por tiempo indefinido lejos de ella.
Al leer dicha averiguación, Luz supo que la persona que la denunció fue la misma que en días pasados le había pedido que le regalara o vendiera a su hijo más pequeño. –Seguro que esa mujer se enojó porque yo no quise venderle a mi hijo; por eso inventó cosas y me denunció; pero los hijos no se venden, cómo cree.- dijo Luz a las organizaciones de la sociedad civil a las que se acercó para que le ayudaran a recuperar a los niños.
El trato en la Fiscalía
En repetidas ocasiones la mujer acudió a la Fiscalía para preguntar qué ocurría con sus hijos y cuándo se los iban a regresar.
-A ver señora, yo no tengo a sus hijos; se encuentran en la estancia transitoria de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF); vaya y pregunte allá; aquí yo investigo si usted es culpable de lo que la acusan-, le dijo, en tono grosero, el agente del Ministerio Público (MP).
Cuando su abogada se presentaba, el trato era muy diferente.
-Lic., ¿sí sabe por qué le quitaron a la señora a sus hijos?; vivía con ellos en la calle, imagínese; ellos tienen derecho a ser protegidos, no a que los ande arriesgando así su mamá. Nosotros como institución estamos preocupados por el interés superior del niño; es mejor que estén en una casa hogar y ella vaya a visitarlos-. De esa manera el MP intentaba hacer ver que la mejor opción era la “institucionalización” del cuidado de los niños.
Durante la investigación se presentaron pruebas en las que constaba que la madre en todo momento había brindado cuidados, alimentación, educación y servicios médicos a sus pequeños; incluso, que había solicitado a las instituciones del gobierno de la Ciudad de México acceder a un lugar de estancia que garantizara su seguridad y la de su familia, para ya no vivir en la calle.
El proceso ante el DIF
Los niños estuvieron cerca de un año en la estancia transitoria de la PGJDF. Dos o tres veces a la semana Luz se comunicaba para saber cómo estaban. –Estables-, era la única respuesta de la trabajadora social. En una ocasión la respuesta fue diferente. –Ellos ya no están aquí- y le colgaron.
Ante la angustia que le provocó, Luz acudió al DIF. Ahí le informaron que sus hijos ya estaban en una Casa Hogar de Monterrey. La devastadora noticia le hizo creer que ya no volvería a verlos. No entendía por qué se los llevaban tan lejos y sin avisarle. Quien entonces era encargado del caso en el DIF señaló que ellos podían enviarlos a donde quisieran, siempre y cuando hubiera convenio con esa Casa, lugares disponibles, y que los niños tuvieran la edad requerida para ser admitidos en la misma. Por lo tanto no veía ningún problema en que estuvieran allá.
Luego de 15 meses, el agente del MP determinó el no ejercicio de la acción penal. Luz no había cometido ningún delito. Por lo tanto se suponía que sus hijos debían regresar con ella.
El nuevo personal del DIF solicitó el traslado de los niños a otra Casa Hogar en la Ciudad de México, pues aun cuando ya había una determinación ministerial, Luz tenía que demostrar que “era viable” para estar con sus hijos. Es decir, recibir atención psicológica, comprobar que ya no vivía en la calle y que tenía un trabajo.
En mayo de 2016, una vez que la madre recibió apoyo psicológico y previa aprobación del DIF, se reunió nuevamente con sus hijos. Tenía miedo y nervios. Habían pasado más de 500 días sin verse, y no sabía cómo reaccionarían los niños. Sin embargo el anhelado encuentro se llevó a cabo.
No es un caso aislado
El Caracol A.C. aplicó una encuesta a 44 mujeres que sobreviven en las calles, para saber cuántos hijos o hijas tienen, dónde se encuentran y en qué condiciones. De los 126 niños, niñas y adolescentes, 38% se encuentran con familiares de sus mamás; 18.25 %, se encuentran viviendo en las calles; 12.6%, están institucionalizados, y 2.3% se encuentran desaparecidos.
Las y los niños que permanecen institucionalizados, 56.25% de sus mamás no saben si tienen algún documento de existencia legal; mientras que 31.25%, saben que tienen por lo menos acta de nacimiento.
El 100 por ciento de las mujeres entrevistadas, y que les han quitado a sus hijos o hijas, no ha recibido apoyo del gobierno para recuperarles. Del total de mujeres entrevistadas, y que les han quitado a un hijo o hija, 65.90% dejaron de dormir, comer; sienten tristeza y culpa[1].
El informe “El derecho del niño y la niña. Cuidado Alternativo. Poniendo fin a la institucionalización en las américas”, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), menciona que la niña y el niño deben permanecer con su familia, salvo que existan razones determinantes para optar por separarles de ella. Las condiciones de pobreza o cualquier forma de exclusión social que afecten a los progenitores, tampoco pueden, por sí mismas constituirse en un motivo suficiente para separarles. También que, previo a la separación se tienen que haber realizado todos los esfuerzos posibles por apoyar y asistir a la familia en el adecuado cuidado, protección y crianza del niño. La separación debe ser excepcional y, preferentemente, temporal.
Las mujeres que sobreviven en las calles no reciben alternativas previas para mejorar sus condiciones sociales, económicas, familiares, y así evitar un proceso de separación de su familia, tampoco reciben apoyo durante el proceso para recuperar a sus hijos.
Los estereotipos sociales, discriminación, prejuicios, criminalización y preconcepciones respecto de la maternidad en las poblaciones callejeras, siguen siendo el motivo generador de estas separaciones. Así se anula el ejercicio del derecho a vivir en familia de madres e hijos que viven en calle.
Actualmente Luz continúa visitando a sus hijos en la Casa Hogar, esperando la reintegración definitiva. Poco a poco ha ido construyendo su proyecto de vida fuera de las calles. Pero el daño es irreversible, los días que ha estado alejada de sus hijos no volverán.
* Johana Sánchez colabora en el Área Jurídica del Centro Vitoria.
Consultar en Animal Político.
Imagen destacada : Internet (*)
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