También morimos jóvenes: periferias y las luchas de hace tiempo

Editoriales | 📰 Blog «La dignidad en nuestras manos» del Plumaje de Animal Político Web original | 📷 Imagen :Web Por: Beatriz Rivero y Yoxmara Tapia 📅 03 de junio de 2020 Seguramente cuando José Enrique Rodó escribió Ariel y lo dedicó a “A la juventud de América”, buscaba que sus palabras resonaran en cada persona joven del continente. Hoy, con la misma intención pero desde otra mirada, escribimos este texto. Sabemos que las realidades se inscriben en nuestras acciones, posibilidades, apuestas y horizontes, y que son nuestras historias individuales y colectivas las que hablan desde nuestras corporalidades; (no) salimos porque nos matan, (no) gritamos porque nos callan, y (no) dejamos hacer y dejamos pasar porque “no tenemos alternativa”. Hoy América Latina se enfrenta a la pandemia desde las heridas abiertas que ha dejado la dominación, la explotación, el extractivismo y la violencia patriarcal en la región, pero también desde las lecciones que siglos de resistencia han tejido en la memoria de nuestras organizaciones, pueblos y colectividades. El desafío es tan grande que si bien no imaginamos las magnitudes de los impactos que tendrán estos tiempos en nuestras cotidianidades, sabemos que la vuelta a la normalidad tal y como la conocíamos será justificación genocida. Nombrar que son nuestras y nuestros, los de las precarias condiciones laborales, esos y esas sin seguridad social y económica y aquellas a las que se les obligó a confinarse con el agresor, son sólo algunas de las historias que forman parte del ejercicio de memoria popular durante y después de la crisis, y que permitirán organizar la indignación, el dolor y la rabia para seguir construyendo esas transformaciones tan urgentes que como sociedades necesitamos. Como juventudes de las periferias, vivimos la cuota sacrificial desde las exigencias de productividad instauradas desde antes del COVID-19, que configuran los mandatos para “ser autosuficientes, tener un título, estabilidad emocional y energía casi interminable por la vida”, sin embargo, esto no es posible en contextos de extrema violencia y desigualdad para el acceso a derechos como la educación, la salud, al trabajo digno, a la vivienda, a la participación ciudadana, a la seguridad, a la integridad personal, a la no discriminación, entre otros. Nuestras realidades diferenciadas, empobrecidas y precarizadas que hoy actualizan el mandato generacional que niega a las juventudes la posibilidad de padecer cansancio, dolor, enfermedad (o contagio) como afecciones de la improductividad, que invisibilizan las marcas de desigualdad racial, de clase, de género y orientación sexual que atraviesan nuestras corporalidades y nuestras condiciones desiguales de salud y de vida, las cuales aumentan factores de vulnerabilidad. Mientras alguien con las condiciones materiales suficientes puede decidir alimentarse más sano en esta cuarentena, jóvenes trabajadores de las periferias de la Ciudad de México y el Estado de México continúan con sus actividades laborales diariamente dirigiéndose hacia las empresas y zonas industriales, así como a las posibilidades que ofrecen las calles, en donde la informalidad del trabajo y la garantía de nada muestran con crudeza que la ganancia se sostiene sobre la vida, sacrificando ciertas identidades como expresión de la exclusión radical de ciertos sectores poblacionales. Basta mirar un día de cuarentena en algún municipio mexiquense que conforma la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) para dar cuenta que las circunstancias hoy añadidas con la pandemia muestran la profundización de los mecanismos para la gestión necropolítica de la crisis, en donde los derechos a la información sobre los temas de la pandemia son, como lo ha advertido la organización Artículo 19, parte fundamental de las acciones obligatorias de los Estados para mitigar las afectaciones. También es ejemplo claro del carácter de interdependencia de los derechos humanos, sobretodo en tiempos de crisis manifiesta. Recientemente el periodista Arturo Contreras retrataba mediante testimonios de habitantes de San Francisco Tepojaco, en Cuautitlán Izcalli, las diversas formas de habitar el coronavirus en las periferias: “La gente no sabe nada (…) la vida en las calles (…) se sigue como si nada. Tampoco se sabe mucho de la cuarentena por el coronavirus.”, refería al inicio de un reportaje que daba cuenta de la vulnerabilidad de once mil viviendas de esta colonia, habitadas por miles de obreros con enfermedades respiratorias ocasionadas por vivir cerca de los canales de aguas negras y basureros. Por generaciones, diversas organizaciones que han apostado a la defensa de los bienes comunes y del territorio que se encuentran en la Ciudad de México y su Zona Metropolitana han cuestionado el aceleramiento de los procesos de urbanización en la zona, la privatización de bienes comunes como el agua y el suelo, la construcción de basureros a cielo abierto, así como la construcción de megaproyectos inmobiliarios y aeroportuarios (el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía). Desde esta luz, como refieren los diálogos entre movimientos y organizaciones sociales de todo el mundo, la normalidad ha sido la crisis y a ésta pertenecen hoy las realidades de diversas colonias, barrios y comunidades que se enfrentan a la carencia de agua para lavarse las manos, la imposibilidad de llevar a cabo las medidas de distanciamiento social en medio del hacinamiento y el quedarse en casa como opciones reales de sobrevivencia. Como juventudes de las periferias, somos una ventana generacional a los procesos de lucha. Aunque nuestra voz suele ser silenciada o criminalizada, en tiempos de pandemia no dejamos espacio para el olvido, no frenamos nuestra colectividad, ni dejamos que el distanciamiento determine nuestras relaciones afectivas. Es tiempo de repensar nuestros entornos familiares, pero también de fortalecer nuestro compromiso afectivo con nuestros territorios. *Beatriz Rivero y Yoxmara Tapia son colaboradoras del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P. A.C. (@CDHVitoria).

Ante la emergencia del COVID-19, llamamos a una respuesta integral y con perspectiva de Derechos Humanos

Comunicados | Adhesiones del CDHVitoria | 📷 Imagen : La 4 D 📅 Ciudad de México, a 1 de junio de 2020 Actores sociales urgen al gobierno actual a ponerse a la cabeza de un acuerdo nacional para atender situación post COVID19 Central que gobierno establezca acciones con apego a derechos humanos y participación social Presentamos el llamado que más de 300 personas y organizaciones sociales formulamos a la sociedad civil y al gobierno actual sobre la urgente necesidad de promover que la salida a la crisis generada por la pandemia del COVID-19 sea integral y apegada a los derechos humanos. Este llamado fue inicialmente promovido por personas que nos reconocemos en la expresión “La 4D”, que incorpora los Derechos, la Democracia, el Desarrollo y la Diversidad. Desde inicios del año pasado hemos invitado a la sociedad civil a pronunciarse sobre los temas relevantes del país buscando canales de comunicación con el gobierno federal. Nos ubicamos en la izquierda social, ese espacio en el que, más allá de los partidos políticos y desde hace décadas, multiplicidad de organizaciones hemos luchado por los derechos humanos, la democracia, los derechos de las personas trabajadoras, la igualdad social, el respeto a las múltiples diferencias, la igualdad de género y la justicia social. En esta ocasión, quienes hemos hecho este llamado somos, por orden alfabético, Mariclaire Acosta Urquidi, Pilar Berrios Navarro, Manuel Canto Chac, Miguel Concha, Emilienne De León, Saúl Escobar Toledo, Fernando Escobedo Reyes, Jorge Fernández Souza, Olinca Marino, David Peña Rodríguez, Karla Micheel Salas Rodríguez y Carlos Ventura Callejas. A esta convocatoria se han unido víctimas y sobrevivientes, personas y organizaciones defensoras de los derechos humanos, feministas, académicas y sindicalistas, movimientos sociales y populares, así como organizaciones de diversos estados del país. Este no es el punto final sino el inicio de las adhesiones que promoveremos todas las personas y organizaciones firmantes, sobre todo, porque coincidimos en impulsar un amplio proceso de debate, análisis y articulación de esfuerzos, con el fin de unir perspectivas, propuestas, y llegar a acuerdos para construir alternativas que favorezcan a los sectores sociales excluidos de los beneficios del desarrollo, y para que se aproveche la oportunidad de avanzar en disminuir la desigualdad y en fortalecer la democracia. Consideramos que en este esfuerzo todos los sectores que estén por el desarrollo sostenible como derecho humano tienen algo qué decir y algo que hacer, por lo que es fundamental llegar a acuerdos, sumar otras voces a este llamado y lograr impulsar una visión integral apegada a los derechos humanos para transitar en los meses posteriores a esta pandemia a un modelo social y económicamente más justo y solidario. Por lo anterior, el gobierno debe ser capaz de escuchar todas las voces, dialogar con todos los sectores y ponerse a la cabeza de un gran acuerdo nacional. No apostamos al fracaso del gobierno, sino todo lo contrario. Tampoco compartimos las posiciones de quienes sistemáticamente se oponen a las acciones de gobierno, y al mismo tiempo como un espacio de la izquierda social mexicana reivindicamos y ejercemos el derecho a la crítica proactiva y a la construcción de propuestas alternativas, por lo que pedimos a las autoridades el escuchar y debatir con base en las ideas, las propuestas y las visiones desde el mismo espectro político, sin descalificaciones tempranas, sin tergiversar los argumentos y sin menospreciar los planteamientos por distintos que éstos sean a la perspectiva oficial. Para todas las personas y organizaciones que quieran adherirse a este llamado y a las acciones que en él se proponen, se pueden comunicar a: lacuatrod@gmail.com Para conocer el texto completo del llamado vaya aquí   #DiálogosDesdeIzquierdaSocial  #PropuestasPostCOVID

Llamado urgente a transformar la emergencia del Covid-19

NUESTRO PROPÓSITO Frente a la pandemia de COVID-19, México vive un momento que requiere de la mayor solidaridad y cooperación. El Gobierno federal ha tomado diversas decisiones que son de reconocer; sin embargo, es importante hacer un llamado a la revisión de otras, pues consideramos que con algunas se corre el riesgo de impactos negativos para el país. En este sentido, hacemos una invitación a la reflexión colectiva y a la construcción de encuentros entre sectores de la sociedad civil que impulsen diálogos y acuerdos que contribuyan a la interlocución con diversas esferas de gobierno; diálogos tan ausentes como necesarios en estos momentos. Con este fin, exponemos algunos elementos sobre los que consideramos fundamental reflexionar. NUESTRAS REFLEXIONES En tanto la pandemia del COVID-19 es “una crisis humana que se está convirtiendo con rapidez en una crisis de derechos humanos”, es importante observar algunos aspectos. En primer lugar, resulta fundamental garantizar y profundizar en la disponibilidad, aceptabilidad, calidad y accesibilidad en los servicios de salud pública. Éstos deben de ser universales, gratuitos, accesibles y disponibles para todas y todos en México. A raíz de la declaración del Consejo de Salubridad General, llamada “emergencia por causa de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2 (Covid-19)”, algunos gobiernos estatales y municipales han adoptado medidas que restringen la libertad de movimiento y de tránsito, que pueden resultar violatorias de los derechos humanos. No se puede pretextar la emergencia sanitaria como una excluyente de responsabilidad frente a los derechos fundamentales. Es importante no olvidar que los estados de emergencia deben tener una duración limitada; no se puede avalar ninguna medida que sea innecesaria, ilegal o desproporcionada, con el fin de contención de la propagación del virus, y mucho menos aquellas que pudieran abrir la puerta para decisiones autoritarias o inconstitucionales. La propagación del COVID-19 representa una amenaza sanitaria, pero también un riesgo económico y social. Varios son los elementos a destacar en este aspecto. Se han ido construyendo algunos consensos en torno a la necesidad de regular al mercado y de recuperar, por parte de los Estados, su capacidad de conducción sobre la economía, para impulsar el crecimiento y salir de la depresión de crisis y postcrisis sanitaria. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) considera que es necesario actuar sobre los tres canales de la disrupción: la demanda, la oferta y el sector financiero. En esta lógica es indispensable que además de seguir obteniendo los bienes necesarios para combatir la enfermedad, los gobiernos aumenten su gasto en otros rubros. Resulta de igual manera necesario facilitar créditos directos a la producción. Instituciones multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) deben ofrecer mecanismos de bajo costo para financiar a los países menos desarrollados. Una moratoria de la deuda pública externa para las naciones más necesitadas tiene que ser considerada. En la política social también se requieren cambios. No se trata solo del incremento del gasto para seguir haciendo lo mismo. Pero a mayor escala no se trata solo de continuar con la estrategia basada en las transferencias monetarias. Éstas se deben ubicar en un contexto más amplio, de manera complementaria con otras acciones. En este sentido ha resurgido la propuesta de la renta básica, que sería proporcionada a todas las personas que la requieran, con carácter temporal. La emergencia sanitaria ha puesto de relieve los costos de haber disminuido las instituciones para la seguridad social, por lo que urge fortalecerlas, sin olvidar que el Derecho al Desarrollo no es nada más la prestación de determinados servicios, sino el desarrollo integral de las personas, cuyo principal desafío actual es el acceso al trabajo, la llave que permite la salud, la vivienda, la alimentación y los demás satisfactores reconocidos como derechos. Además, se requiere de ocupación en condiciones de Trabajo Digno . El reto hoy ya no es que el empleo sea condición para tener protección social, sino que ésta tenga como sentido la reconducción de la población hacia la ocupación. Se trata entonces de una estrategia social que propicie el derecho al trabajo. Consideramos que hay tres ámbitos en los que se debe actuar: 1.- en el sector público: i) éste debe aumentar su eficiencia para incrementar su capacidad de generar empleos dignos, y no pensar que eficiencia es igual a menos empleados; para ello se requiere de una verdadera reforma en la administración pública; ii) inversión pública hacia sectores estratégicos como incremento a los créditos para vivienda popular, e infraestructura para atención a la salud; 2.- en el sector privado se requiere de créditos -no transferencias- para que sobrevivan las empresas, particularmente las que son mano de obra intensiva; 3.- en el sector social, a través de la ocupación autogenerada, como cooperativas o empresas sociales. Un caso aparte son quienes trabajan por su cuenta en la informalidad, personas a quienes se les debe garantizar atención médica gratuita, ayudarlas a mitigar la caída de sus ingresos con medidas generales (reducción de IVA) o selectivas (transferencias focalizadas en efectivo). También, en el aspecto laboral, es necesario decir que algunas medidas anunciadas por el Gobierno contravienen los principios de estabilidad en el empleo e irrenunciabilidad del salario, incluyendo el aguinaldo. Entendemos la urgencia para conseguir más recursos, pero esas medidas no resultan proporcionales frente a la cantidad de dinero público que se obtendrá a costa de la violación de principios legales. En la política fiscal hay que dejar a un lado la meta del déficit presupuestal de 2.1%; reorganizar el presupuesto y revisar las alternativas de financiamiento; y analizar la reducción del IVA. El crédito de la banca de desarrollo a las empresas deberá aumentarse de manera programada, en la medida en que la pandemia ceda. Existe la oportunidad de que la deuda externa pueda ser reestructurada. En síntesis, consideramos que México requiere: 1) mantener un consumo responsable; 2) cuidar que no se desplome la oferta de productos y servicios más necesarios; 3) conducir una política de créditos agresiva para sostener la oferta y la demanda efectiva; 4) impulsar

Articulación de las OSC en México

Editoriales | 📰 Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada Web original | 📷 Imagen : Victor Manuel Chima Por: Miguel Concha Sábado 📅 30 de mayo de 2020 Durante más de una década, diversas organizaciones de la sociedad civil (OSC) del país demandaron una cobertura legal y consiguieron en 2004 la aprobación de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil (Lffarosc), un marco legal que las reconoce como actores de interés público y ofrece sustento jurídico para su participación y fomento. Sin embargo, el 14 de febrero de 2019, el gobierno federal emitió la Circular Uno, que canceló el acceso a los recursos públicos para sus proyectos de utilidad pública, y contradice lo establecido en dicha ley. Decisión acompañada con la desacreditación del compromiso con la democracia y los derechos humanos mostrado por la sociedad civil por décadas. Ante ello, diversas articulaciones de OSC reaccionaron ante la difícil situación provocada por las decisiones del gobierno federal y optaron por la denuncia pública para demandar una reconsideración. Dialogaron entre ellas para identificar medidas ante el inevitable debilitamiento y la eventual extinción del marco institucional y legal ganados con tantos esfuerzos. Producto de un proceso de reflexión sobre la permanencia y los derechos de las OSC en México, a través de consultas y diálogos entre OSC del país, Equipo Pueblo AC produjo el diagnóstico Impacto de las restricciones gubernamentales hacia las OSC en México-2020, del que recuperamos las principales valoraciones, recomendaciones y escenarios, que se reúnen en el último capítulo del texto. Las OSC consultadas identificaron impactos negativos de las decisiones gubernamentales que trastocaron su acción. La mayoría de las que trabajan directamente con la población restringieron su quehacer por falta de recursos para desplazamientos y operación de sus proyectos. Reportaron la suspensión de actividades estratégicas de investigación, profesionalización e incidencia. En algunos casos se han planteado el cierre total. Entre los ejes o ámbitos de acción sugeridos por y para las OSC, destacan: 1. La defensa del marco legal y los derechos de las OSC. Las acciones que proponen están dirigidas a sus derechos: la libertad de asociación, de expresión; el derecho a recibir financiamiento de cualquier fuente pública o privada nacional o internacional, independientemente de su posición ideológica, política y métodos de intervención. Además del marco legal federal, es fundamental que todas las entidades de la nación cuenten y/o cumplan con las leyes de fomento estatales. 2. La articulación para una estrategia y agenda común nacional, a partir de lo local. La coyuntura demanda promover nuevamente la estructuración de pensamientos y acciones desde lo local hasta lo nacional, porque continuarán actuando, a pesar del impacto de las decisiones del Poder Ejecutivo. Ratifican la convicción de fortalecerse de manera articulada en una plataforma que integre y difunda sus propuestas ante los asuntos de su interés y que, eventualmente, el gobierno federal y la sociedad les reconozcan. Se sugiere, considerando la diversidad de posiciones, identidades y geografías, por sus derechos explicitados en la Ley de Fomento y otros instrumentos internacionales, la construcción de una agenda común con base en el pleno ejercicio de los derechos humanos, en la que estén transversalizados los enfoques multinacional, multicultural e intergeneracional. Y enfocar las agendas a las transformaciones que exige el país, a los asuntos estratégicos, sin abandonar el seguimiento y evaluación de las políticas públicas que cada una realiza, porque ahí está su compromiso y vocación, tanto en la comunidad como en lo nacional. Para esa articulación hay que integrar las agendas locales y promoverlas, considerando los saberes socialmente adquiridos, la sensibilidad desarrollada y la voluntad de articularse, la cual supone la apertura para construirla conjuntamente. Es decir, una voluntad para ir más allá de las diferencias y tener en perspectiva lo que las une, independientemente de causas y estrategias, y que en la relación con el gobierno y otros actores no queden subordinadas y sigan aportando –de manera crítica y propositiva– a las políticas públicas. Hay quienes consideran que es necesario promover el diálogo político con el gobierno para defender su derecho a la participación. Aprovechar que en algunos ámbitos estatales locales existe apertura para la colaboración y la incidencia en niveles intermedios de gobierno. Para otras es claro que la decisión del gobierno federal de cancelar los recursos para las OSC no cambiará. Por ello importa explorar nuevos esquemas de financiamiento y de reformas a la Ley Federal del Presupuesto, la Ley del Impuesto Sobre la Renta, el Código Fiscal, la Miscelánea Fiscal y la Lffarosc, que apunten a una armonización legislativa que reconozca y fortalezca a las OSC del país. La sociedad civil quiere seguir siendo interlocutora válida, opinar e incidir ante los problemas que enfrenta la nación.

Una revisión indispensable

Editoriales | 📰 Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada Web original | 📷 Imagen : Internet Por: Miguel Concha Sábado 📅 23 de mayo de 2020 El pasado 11 de mayo se publicó en el Diario Oficial de la Federación ( DOF) el Acuerdo del Presidente de la República, por el que se dispone de la fuerza armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. Dicho acuerdo tiene su origen en diversas reformas en materia de Guardia Nacional a la Constitución, así como en la expedición de su ley reglamentaria. Ambas respectivamente publicadas en el DOF en marzo y mayo del año pasado. Sin embargo, llama la atención que esta medida haya sido tomada en medio de un panorama político y social caracterizado por la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia del Covid-19. En la reforma constitucional sobre la Guardia Nacional se estableció el artículo 5 transitorio que es punto de partida, pues habilita al Presidente para disponer de la fuerza armada permanente en tareas de esta índole por un tiempo máximo de cinco años; tiempo en el que se estima que la Guardia Nacional alcance su madurez operativa e institucional. Asimismo, en ese artículo se establecen las directrices para disponer de las fuerzas armadas, es decir, de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. Estos son además estándares internacionales delimitados por la Corte Interamerica-na de Derechos Humanos (Corte IDH) en la sentencia del caso Alvarado Espinoza y otros contra México, dictada en noviembre de 2018, donde señala la responsabilidad internacional del Estado mexicano por hechos constitutivos de desaparición forzada por elementos de las fuerzas armadas. Y esto en un contexto caracterizado por la implementación de una política de militarización de la estrategia de seguridad pública, iniciada por lo menos desde 2006. Asimismo, la Corte IDH señaló que la regla general respecto a las tareas de seguridad pública es que éstas deben de estar reservadas principalmente para los cuerpos civiles policiales, siendo la excepción la participación de las fuerzas armadas en esas actividades. Sin embargo, si se llegase a dar su intervención, éstas deben de observar los parámetros arriba mencionados. Al examinar el acuerdo en cuestión de manera puntual, y contrastándolo con las directrices de la Corte IDH, podemos encontrar diversas falencias que nos llaman la atención. Por una parte, en cuanto su uso extraordinario, no señala su justificación, además de que no delimita de manera geográfica o de cualquier otra forma su actuación para atender en concreto el problema, salvo las atribuciones de la misma Guardia Nacional. Parcialmente se habla de una temporalidad de cinco años, lo cual es bastante controversial, pues estaríamos frente a una política sexenal, lo que no da pauta a una evaluación periódica y, en definitiva, hace nugatoria cualquier evaluación. Y por lo que hace a estar subordinada y ser complementaria, en el acuerdo se habla de una coordinación de la Secretaría de la Defensa Nacional y la de Marina con la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, mas no de una subordinación, lo que llama poderosamente la atención. Respecto a la fiscalización, la actuación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública debe estar vigilada por órganos civiles competentes, independientes y técnicamente capaces, cuestión que no se cumple en el acuerdo. Por el contrario, se establece que las tareas de las fuerzas armadas estarán bajo la observancia de los propios órganos internos de control de la institución de que se trate, no previendo mecanismos ajenos e independientes que valoren su actuación. Si bien, en comparación con los sexenios pasados, las condiciones y el contexto político son diferentes, el disponer de las fuerzas armadas, sin parámetros basados en la observancia de los más altos estándares en materia de derechos humanos, que restrinjan y limiten su participación en tareas de seguridad pública, da cabida a que exista el riesgo de que se reproduzcan patrones de violaciones de derechos humanos, de los que México tiene un gran historial. Es necesario desarrollar una política de seguridad fundamentada en el fortalecimiento de las corporaciones policiacas civiles. Esta es y seguirá siendo nuestra apuesta principal, para que las fuerzas armadas sean la excepción y no la regla general. No esperamos bajo ningún motivo un sexenio con más titubeos que dejen a México bajo el paradigma de la militarización, como en administraciones anteriores. Por ello insistimos en que, conforme a los instrumentos internacionales de derechos humanos, se deben retomar los aspectos relevantes en la materia. Es indispensable entonces revisar el Acuerdo, involucrando a personas e instituciones nacionales e internacionales, públicas y privadas, autorizadas y expertas. Y aprovechar la experiencia de organizaciones defensoras de derechos humanos, que se han dedicado a buscar y construir propuestas para la mejora de condiciones democráticas de seguridad y respeto a los derechos humanos.

Justicia transicional: deuda pendiente en México

Editoriales | 📰 Blog «La dignidad en nuestras manos» del Plumaje de Animal Político Web original | 📷 Imagen : Angélica Díaz Por: CDH Vitoria 📅 22 de mayo de 2020 Los países que transitan de regímenes autoritarios con un significativo uso de sus fuerzas armadas contra la población hacia gobiernos que apuntan a ser democráticos, han implementado mecanismos ordinarios y extraordinarios que buscan investigar la verdad sobre las violaciones graves a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad cometidos en el pasado. Se han creado instituciones y leyes con el fin de sancionar a los responsables. Se ha aspirado a que víctimas y sobrevivientes, así como familias y comunidades afectadas accedan a medidas que reparen los daños a la par que los Estados garanticen que hechos similares no se repitan. Las leyes, instituciones, comisiones integradas por víctimas y sociedad civil creadas para tales fines han sido llamados, al cabo de los años, procesos de Justicia Transicional con cuatro ejes fundamentales: verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. En el caso de México, durante el año 2000 con el término de setenta años aproximadamente de gobiernos del mismo partido político, el gobierno alternante instaló un mecanismo extraordinario del que se esperaba atendiera algunas de las exigencias históricas y sentidas para la población. En el 2002 se creó la Fiscalía especial para movimientos sociales y políticos del pasado (FEMOSPP), para conocer la verdad sobre la perpetración de crímenes cometidos contra grupos, comunidades y movimientos sociales durante la segunda mitad del siglo XX en varias regiones del país, así como identificar y sancionar a los responsables en los distintos niveles. También durante ese sexenio se creó la Comisión de la verdad del estado de Guerrero (Comverdad); posteriormente en el año de 2015, como mecanismo de justicia alternativa, se creó la Comisión de la Verdad de Oaxaca. Es cierto que estas experiencias informaron que hubo una política de Estado que atentó sistemáticamente contra la integridad y la vida de participantes y líderes de distintos movimientos sociales en distintas épocas, aunque también es cierto que no se ha esclarecido la responsabilidad de los altos funcionarios del gobierno ni de las fuerzas de seguridad, al igual que la reparación integral para el total de las víctimas ha sido mínima. Además que en los sexenios siguientes las violaciones graves a los derechos humanos y el clima de violencia generalizada no ha cesado. A este último respecto, el gobierno federal electo en 2018 abrió una nueva expectativa para acceder a una política de justicia transicional como uno de sus principales ejes de gobierno, construida desde la participación efectiva de las decenas de miles de víctimas en el país. Asimismo, los primeros meses de la actual administración fueron de apertura para las colectivas de víctimas, organizaciones de la sociedad civil y academia que durante décadas han acompañado a las víctimas y sus colectivas, así como desarrollado un trabajo de documentación y discusión constante sobre las violencias extremas ejercidas diferenciadamente contra los distintos grupos de la sociedad (mujeres, comunidades indígenas, campesinos, estudiantes, entre otros), importante para la comprensión y transformación de las condiciones estructurales. Sin embargo, poco después del primer año de este sexenio en varias ocasiones el diálogo se ha tornado insuficiente, mientras que la creación de mecanismos extraordinarios que permitan conocer la verdad, acceder a la justicia y reparación integral, y garantías de no repetición ha sido para pocos casos. Las cifras más recientes conocidas sobre violencia y violaciones graves a los derechos humanos muestran que durante el actual sexenio prevalece la violencia feminicida, la desaparición de personas, la persecución y ejecuciones extrajudiciales contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas, así como distintos actos represivos por parte de algunos agentes del estado en contra de estudiantes normalistas y movimientos sociales. Con el empuje incesante de las víctimas, en este sexenio se han construido, por y desde sus necesidades, instancias como la Comisión Presidencial para la Verdad y el Acceso a la Justicia para el caso Ayotzinapa y la aprobación del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF). Sin embargo, instituciones creadas en sexenios anteriores que buscan favorecer el ejercicio pleno de los derechos humanos de las víctimas, como la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM), la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) o el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, junto con otros mecanismos creados en los últimos veinte años, son insuficientes para afirmar la existencia de una justicia transicional efectiva en México. Asimismo, la capacidad de las instancias de administración y procuración de justicia no ha permitido investigaciones en que se pueda conocer quiénes han sido los altos mandos responsables en los distintos casos de violaciones a graves a los derechos humanos, así como las circunstancias sociales y políticas que los sucitaron, en consecuencia tampoco se han llevado a cabo procesos donde se sancione a los perpetradores en todos los niveles de responsabilidad, persistiendo un clima de impunidad. Es el mismo caso para la implementación de medidas satisfactorias para resarcir los daños sufridos por las personas y las comunidades. Para que sea palpable la transición de gobierno a un régimen democrático y justo en México es indispensable el diseño de políticas públicas comprometidas en asegurar la construcción de procesos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, en un diálogo y participación constantes con víctimas, organizaciones de la sociedad civil y academia. Hasta entonces, la insuficiente respuesta del Estado mexicano se acumulará en la deplorable deuda histórica.

Gobierno de Michoacán niega acceso a apoyos alimentarios a comunidades P’urhépecha de Michoacán

Comunicados | Adhesiones del CDHVitoria | 📷 Imagen : Web 📅  18 de mayo de 2020  Sin tomar en cuenta los enfoques de derechos humanos y el diferenciado, se negó el acceso al apoyo alimentario a las personas de comunidades P’urhépecha del estado de Michoacán. El gobernador del estado de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo se comprometió a otorgar apoyos alimentarios a la población vulnerable del estado de Michoacán, de acuerdo con el anuncio que realizó el 20 de abril del presente año. En el mismo sentido el pasado 15 de mayo en conjunto con los gobernadores de Tamaulipas, Colima, Durango, Nuevo León y Coahuila, Aureoles Conejo señaló que solicitaría a la federación la devolución del monto invertido por su gobierno en material médico y por el plan alimentario para las personas que han perdido sus ingresos. Ante lo decretado en el estado de Michoacán, el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria AC y la Red Solidaria de Derechos Humanos, suscribimos un pronunciamiento fechado el 23 de abril de 2020[1] en el que la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para todas y todos” (Red TDT) señalaba con preocupación que en el decreto no se consideraba dentro de la población beneficiaria del Plan Alimentario a los pueblos originarios del estado de Michoacán. No obstante, esta omisión, varias de las comunidades a las que las organizaciones firmantes acompañamos, hicieron de nuestro conocimiento que habían solicitado apoyo alimentario para sus poblaciones, señalando que se les había negado el acceso a dichos beneficios pues para obtenerlos les eran requeridos documentos que acreditaran que formaban parte de alguna población vulnerable, haciendo evidente que el Plan Alimentario antes mencionado, carece de un enfoque de derechos humanos y del necesario enfoque diferenciado para atender las necesidades de la población indígena. Ante el contexto de pandemia que en varios municipios de la región P’urhépecha implica el incremento de contagios, hacemos un llamado a las autoridades estatales para que de manera inmediata y sin condiciones, provean de apoyos alimentarios a las personas de los pueblos indígenas que así lo soliciten. Además, ante lo declarado por el gobernador el 15 de mayo, solicitamos se haga de conocimiento público la forma en que se ha utilizado el recurso destinado al Plan Alimentario, especificando cuánta de la población beneficiaria forma parte de los pueblos indígenas que habitan en Michoacán. [1] https://redtdt.org.mx/?p=15430 ATENTAMENTE Red Solidaria, IMDEC A.C. y Centro Vitoria

Una voz imprescindible

Editoriales | 📰 Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada Web original | 📷 Imagen : La Jornada Por: Miguel Concha Sábado 📅 16 de mayo de 2020 La incertidumbre por la que atravesamos hace imprescindible reflexionar sobre el futuro del sistema económico y social con el que la humanidad ha venido caminando desde hace décadas. La reflexión sobre el futuro da diversos resultados debido a las diferentes ideologías, intereses y valoresde las personas y los grupos sociales. Nunca en la historia el resultado ha sido totalmente el de una sola posición. La que avanza lo hace a condición de dialogar y acordar con otras. No puede oírse una sola voz. Es la pluralidad del diálogo lo que logrará que la salida acordada tenga mayores probabilidades de éxito, y que sus resultados se alcancen con el menor tiempo y sufrimiento posibles. Diversas voces se han manifestado para proponer acuerdos nacionales. Entre ellas las de los sindicatos, académicos y organizaciones empresariales. Desafortunadamente una parte fundamental del necesario diálogo, el gobierno, no ha manifestado interés, hasta ahora, poroír las propuestas. Digo hasta ahora porque la experiencia dice que tarde o temprano el diálogo tendrá lugar, pero para ello faltan voces. Una que se echa de menos es la de la izquierda social. De esa multiplicidad de organizaciones que, sin estar en un partido político, han luchado por los derechos humanos, la democracia, la distribución del ingreso. Hay algunos espacios que han tomado la iniciativa, pero urge que aceleren el paso, porque su entrada en la escena contribuirá a superar la polarización actual. Los planteamientos que hoy ocupan el espacio público son principalmente del gobierno y de los empresarios. El primero no podrá solo ylos segundos pueden hablar por sus intereses, pero no por toda la sociedad. Por ejemplo, el gobierno federal afirma que sus programas benefician a muchas personas en situación de pobreza, lo que es cierto y necesario. Pero será insuficiente si se queda sólo en eso. ¿Qué pasará con los cientos de miles de empleos que calculan organismos internacionales, como la Cepal, que se perderán e irán a engrosar las ya abultadas cifras de la pobreza? Como ha dicho sobre las transferencias la secretaria ejecutiva de ese organismo: son medidas importantes, pero debemos hacer un esfuerzo adicional. Lo adicional será evitar la pérdida de empleos e incluso aumentarlos para quienes antes de la crisis no gozaban del derecho al trabajo. Se requiere también mejorar el sistema de salud, llevarlo a los muchos que no lo tienen, mejorar la calidad de la educación, etcétera. Pero, ¿con qué recursos se hará todo eso? Por más que el gobierno se apriete el cinturón, se necesita mucho más, y ello sin descontar que con cada apretón se ha llevado en medio a muchos ciudadanos con salarios muy bajos. Se ha propuesto el endeudamiento externo. Ciertamente en el pasado eso ha servido para favorecer a los poderosos, pero esto no niega que ahora pueda utilizarse para favorecer al pueblo. Datos de la Cepal dicen que aún hay margen de maniobra, pues la situación de deuda de México es mejor que la de la mayoría de los países latinoamericanos. La deuda total del gobierno como proporción del PIB está en una media para la región de 41 por ciento, y México se ubica en 35 por ciento. Para pagarla hay alternativas. En un documento firmado por organismos empresariales se presentaron los acuerdos del encuentro convocado por el Consejo Coordinador Empresarial. Proponen que el gobierno se endeude para dar facilidades crediticias para que las empresas pequeñas y medianas mantengan los empleos. Esto es necesario, pero lo que no dicen es cómo se pagará esa deuda. Se podría decir que se puede hacer con el aporte proporcional al ingreso de cada ciudadano. Que haya una verdadera reforma fiscal que grave más a quien tenga más. Una reforma progresiva, redistributiva de la riqueza, que empiece por revertir la profunda desigualdad económica y social, que entre sus consecuencias trae consigo la penuria económica de la seguridad social de los trabajadores, dado que para pagar menos contribuciones es común que los empresarios declaren un salario menor de sus empleados. Sin modificar el porcentaje de las cuotas, pagando lo que es legal, en función de los ingresos reales, se podría hacer mucho por mejorar la seguridad social. No es previsible que tales propuestas las hagan los grupos empresariales. Pero abrirían un campo de negociación en donde el necesario apoyo financiero se puede dar a cambio de aceptar la aún más necesaria reforma fiscal. Hace falta quién lo diga. De aquí la importancia de la voz de la sociedad civil. No se trata de contraponerse con las posiciones que hasta ahora se han manifestado, sino de llegar a acuerdos que respondan al interés de todos. No es posible que México salga adelante sólo con las acciones del gobierno, ni sólo con las propuestas empresariales. México no tiene futuro sin su sociedad. Ya es tiempo de oír la voz y también las propuestas de la sociedad civil.

Verdad y justicia para Manuel Gaspar

El 14 de mayo de 2020 se cumplen 2 dos años de que fue brutalmente torturado y asesinado el compañero Manuel Gaspar Rodríguez, en Cuetzalan del Progreso, estado de Puebla.

Pronunciamiento por las amenazas contra compañeros del COVIC de Nochixtlán, Oaxaca

Como Segundo Encuentro Internacional de Defensores y Víctimas de Graves Violaciones a Derechos Humanos nos pronunciamos con firmeza contra esta amenaza de muerte hacia nuestros compañeros, y responsabilizamos públicamente a los funcionarios estatales y federales que ahora están siendo investigados por la Fiscalía General de la República por el caso Nochixtlán