Celebramos 8 años de la Medida Precautoria contra el maíz transgénico
Comunicados | Adhesiones del CDHVitoria México, 17 de septiembre de 2021• La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá en los próximos díassi confirma o levanta la medida cautelar• Diez Tribunales Federales coincidieron en suspender permisos parasembrar maíz transgénico en México En julio de 2013, formamos una colectividad de 53 personas, entre ellas personas científicas,campesinas, abogadas, artistas, consumidoras, defensoras de derechos humanos y delambiente; y presentamos una demanda de acción colectiva para solicitar detener los permisospara siembra de maíz genéticamente modificado en el país, en defensa de la biodiversidad delas generaciones presentes y futuras de México.Cada 17 de septiembre es un día muy importante, celebramos que 10 Tribunales Federaleshan mantenido la Medida Precautoria que ha suspendido los permisos de siembra de maízgenéticamente modificado en nuestro territorio desde septiembre de 2013, aunque faltan 4amparos por resolver por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Sin embargo, las trasnacionales demandadas encabezadas por el binomio corporativo Bayer-Monsanto han optado por dejar de solicitar permisos para siembra de maíz transgénico en etapa experimental, para de esa manera eludir los informes que la medida precautoria judicialles impuso.Desde marzo de 2016, el Poder Judicial determinó que la siembra experimental de maíztransgénico podría aportar elementos de prueba que demuestren si sus efectos son positivoso negativos. A pesar de tal apertura, ni las empresas demandadas: Monsanto (que se unió con Bayer), Syngenta, Dow Agrosciences y PHI México (conocida mundialmente como DuPont-Corteva), ni los centros de investigación pública han presentado solicitud de permiso experimental alguna, tal y como la Secretaría de Agricultura y la SEMARNAT lo han informadomensualmente al juzgado federal que tramita la demanda de acción colectiva.Esto refuerza las afirmaciones de la Colectividad demandante en el sentido que Monsanto yla agroindustria no quieren que su tecnología esté bajo vigilancia judicial, por el contrariodesean hacer negocio con sus transgénicos de maíz en nuestro país sin control alguno,provocando afectaciones irreversibles, ya que México es centro de origen y diversidadgenética del maíz, con más de sesenta razas nativas y su pariente silvestre, el teocintle. Esel cultivo más importante a nivel mundial, y todos los días millones de personas lo consumimos.Resalta el hecho de que en 5 años y medio en los que la agroindustria pudo presentarelementos a la justicia federal para respaldar sus argumentos sobre sus negocios haya sidoomisa en solicitar siembras experimentales. La Suprema Corte revisará esta circunstancia yseguramente se percatará que carecen de verdad las afirmaciones sobre el supuesto controlque se podría tener sobre la dispersión de maíz transgénico y sus efectos. Por ello, laColectividad estima en que el máximo Tribunal del país mantendrá vigente la suspensión desiembra de maíz transgénico.La importancia de mantener la medida precautoria también es relevante porque -de manera previa a que la autoridad judicial suspendiera la siembra de maíz genéticamente modificado-el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) detectó 89 casos de maíz transgénico en seis estados del país, mediante un estudio realizado de 2004 a 2012. Conformea la Ley, ninguno de los 89 casos debió suceder.También el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad (SENASICA), que depende dela Secretaría de Agricultura, detectó maíz transgénico en 18 estados de la República, enmonitoreos realizados de 2009 a 2015.Además, en otra solicitud de información, SENASICA reportó transgénicos que jamás han sidoautorizados por ninguna instancia gubernamental, lo que pone de manifiesto la imposibilidadde controlar está tecnología y el riesgo que representa para la conservación de la diversidad.Por su parte, el equipo científico del colectivo demandante concluyó que si anterior a la medidaprecautoria se autorizaron siembras experimentales y piloto -y actualmente tenemoscontundentes evidencias de presencia de genes de maíz genéticamente modificado en maíznativo- si se permitiera en este momento la siembra comercial tendríamos un riesgo alto deafectar negativa e irreversiblemente al acervo genético de maíz, crucial para la seguridad ysoberanía alimentarias en el mundo. Hay razones suficientes para mantener vigente la Medida Precautoria, por lo que hoycelebramos ocho años en que diversos tribunales le han dado la razón a la Colectividaddemandante que representa al pueblo mexicano. Les invitamos a seguir pendientes de estejuicio, así como celebrar el Día Nacional del Maíz el próximo 29 de septiembre y este mespatrio, comiendo o bebiendo alguna variedad de nuestros maíces nativos, sin transgénicos. Atentamente Colectividad Demandante en Defensa del Maíz Nativo Contacto de Prensa:René Sánchez Galindo | renesg.correo@gmail.com | 5554364248Demanda Colectiva Maíz | demandacolectivamaiz@gmail.comVíctor Manuel Chima Ortíz | victor.manuelchima.ortiz@gmail.com | 5583280254
Convocatoria 2021: Día Nacional e Internacional del Maíz
¡Que nuestra celebración sea tan variada y rica como la milpa y el maíz! Celebra y protesta este 29 de septiembre.
Los cómplices de #LaOtraEpidemia
Editoriales | Blog «La dignidad en nuestras manos» del Plumaje de Animal Político Web original | Imagen : Web Por: Víctor Manuel Chima 22 de septiembre de 2020 Recientemente en México se han cumplido 6 meses desde que inició la contingencia debido a la pandemia por la COVID-19, enfermedad ocasionada por el virus SARS-CoV-2. Al día de hoy poco más de 73 mil defunciones han sido registradas de manera oficial, y el número de casos positivos estimados es de alrededor de 713 mil.1 Conforme avanzó la pandemia, se identificaron comorbilidades, es decir, factores de riesgo que hacen que las personas tengan mayores probabilidades de desarrollar complicaciones al contraer la COVID-19, entre ellas algunas relacionadas con la hipertensión, obesidad, diabetes y tabaquismo.2 Particularmente la obesidad y la diabetes son padecimientos relacionados con nuestra salud alimentaria. Por lo tanto, la pandemia de la COVID-19 vino a resaltar los problemas de salud pública y alimentaria que durante los últimos 35 años se han agravado, derivados de un modelo agroalimentario industrial, de políticas públicas poco eficientes para garantizar el derecho a la salud y a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad; de la influencia de las industrias de alimentos procesados en la toma de decisiones gubernamentales, y del poco interés de funcionarias y funcionarios públicos en la materia. Algunos datos De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS)3, desde 1975 la obesidad se ha triplicado en todo el mundo. Para el 2016 más de 1900 millones de personas adultas tenían sobrepeso a nivel mundial, y 650 millones de personas más padecían obesidad. Cada año se registra un total de 2.8 millones de muertes a causa de la obesidad y el sobrepeso. Con respecto a la diabetes4, en México fue la segunda causa de muerte para el año 2017, resultando en el 15.3% de todas las defunciones registradas de manera oficial. En 2016 el 9.4% de toda la población tenía un diagnóstico de diabetes, siendo la principal causa de complicaciones derivadas como la ceguera, enfermedades cardiovasculares y renales, así como la amputación de miembros inferiores. “Los cómplices de la otra epidemia” ¿Qué papel jugaron la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación Pública, y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), y exfuncionarias y exfuncionarios de estas instituciones en el aumento de los índices de sobrepeso, obesidad y diabetes, y por ende, en elevar el número de víctimas mortales por la COVID-19? El pasado lunes la Alianza por la Salud Alimentaria estrenó el minidocumental “Los cómplices de la otra epidemia”5, que nos muestra cómo exfuncionarias y exfuncionarios rechazaron políticas públicas a favor de la salud pública para favorecer la industria de alimentos procesados y velar por sus intereses, en detrimento de la población mexicana. Retirar la comida chatarra de las escuelas, regular de manera efectiva la publicidad dirigida a niñas, niños y adolescentes, y promover un etiquetado de advertencia con información asequible, verídica y científicamente comprobada, son medidas importantes que, de haber sido aplicadas adecuadamente, habrían ayudado a atender de mejor manera las llamadas Enfermedades No Transmisibles (ENT), como la obesidad y la diabetes. Medidas que, además, han sido ampliamente recomendadas por organismos nacionales e internacionales, como la OMS o la Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la salud. Sobre la medida de retirar la comida chatarra de las escuelas, Josefina Vázquez Mota, exsecretaria de Educación (2006 – 2009), se negó a su implementación, optando por firmar acuerdos que mantuvieron a las empresas refresqueras Coca-Cola y PepsiCo en las instituciones educativas públicas, permitiéndoles la venta de sus productos, cuando sabemos que el consumo de bebidas azucaradas en niñas, niños y adolescentes es una de las principales causas de diabetes infantil. Así justificó estos acuerdos con la promoción de “estilos de vida saludables” por parte de las refresqueras. Ahora bien, la regulación efectiva de la publicidad dirigida a niñas, niños y adolescentes encontró dificultades para ser implementada como política pública durante la gestión de Salomón Chertorivsky como Secretario de Salud (2011-2012), optando por un fallido código de autorregulación que no reconoció los daños ocasionados a la salud de niñas, niños y adolescentes por el consumo de alimentos procesados y bebidas azucaradas. Años más tarde, la misma Secretaría de Salud reconocería que dicha autorregulación de la industria fue una simulación.6 El exsubsecretario de Prevención y Promoción de la Salud (2011-2018), Pablo Kuri, y el excomisionado Federal de la Cofepris (2011-2016), Mikel Arriola, apoyaron un etiquetado frontal diseñado por la misma industria de alimentos procesados y bebidas azucaradas, el cual no brindaba información precisa sobre los contenidos calóricos de los productos, y que representó un riesgo para la salud. Sobre el exsecretario de Salud (2016-2018), José Narro Robles, quien en 2013, siendo Rector de la UNAM y durante la presentación del libro “La obesidad en México: recomendaciones para una política de Estado”, reconoció las dimensiones del problema de salud pública que representaba en ese entonces la obesidad, y por ello recomendó que las propuestas de políticas públicas enunciadas en dicho libro debían ser atendidas por las autoridades. Sin embargo, durante su gestión como funcionario público no atendió las mismas recomendaciones que años atrás había respaldado, y contrariamente actuó cercano a los intereses de la industria de alimentos procesados y bebidas azucaradas. “Los cómplices de la otra epidemia” nos recuerda la urgente necesidad de implementar políticas públicas que gradualmente y de manera complementaria mitiguen los efectos dañinos en la salud de niñas, niños y adolescentes, de consumidoras y consumidores en general, ocasionados por el consumo de la comida chatarra. Además, siguiendo los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos Humanos7, el Estado mexicano deberá regular las actividades de la industria de alimentos procesados y bebidas azucaradas, para contrarrestar de manera decidida la influencia indebida de las empresas en la adopción de decisiones gubernamentales. Finalmente, el etiquetado frontal de advertencia, una regulación efectiva de la publicidad dirigida a la infancia, el aumento del impuesto a las bebidas azucaradas y la salida de la comida chatarra de las escuelas, no sólo ayudarán a
Activismo por el medio ambiente en América Latina
Editoriales | Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada Web original | Imagen : Web Por: Miguel Concha Sábado 22 de agosto de 2020 América Latina y el Caribe guardan en su historia acciones esperanzadoras en defensa de los bienes comunes,así como experiencias ejemplares en torno al cuidado de la naturaleza. Muchas de éstas son de resistencia y protección de la vida en todas sus formas frente a los reiterados intentos de despojo y violencia por parte de empresas nacionales o trasnacionales que lastiman los derechos y territorios de comunidades enteras. Desde hace décadas esta región del mundo ha estado al filo de la navaja en la disputa por la vida. Cada vez escuchamos con más frecuencia acerca de conflictos socioambientales, en los que efectivamente se pone en juego la transformación desde abajo y la posibilidad de avanzar hacia un paradigma basado en el respeto de la madre naturaleza. Para estos tiempos complejos de pandemia se hace deseable reflexionar sobre los retos que para el cuidado y defensa de la vida nos presenta el siglo XXI. Ayuda conocer de manera directa las experiencias de lucha de comunidades, pueblos, colectivos y organizaciones sociales, por los diversos medios con los que contamos, ya sean impresos, presenciales o digitales. Por ello, es una buena noticia comentar e invitar a la lectura de un nuevo libro sobre el uso alternativo y crítico de los derechos humanos en la defensa de los bienes comunes, medio ambiente y cuidado de la vida. Me refiero al texto Activismo, Medio Ambiente y Derechos Humanos en América Latina, editado por la Universidad de Cuenca, Ecuador, coordinado por Sandra Hincapié y Julio Teodoro Verdugo, que se puede descargar libremente en https://cutt.ly/Jfwnn4W. En él se contienen sistematizaciones de algunas de las luchas por los bienes comunes en el continente, en las que se apela a los derechos humanos como recurso de movilización y politización. Y por lo que se conoce, a través de las experiencias que se describen en sus textos, se hace un uso crítico del derecho, y se intenta usar el talante liberador de los derechos humanos, poniéndolos a prueba en la práctica misma. El libro se enfoca en América Latina, con casos de México, Ecuador, Colombia y Perú, todos ellos, luchas dignas de contarse, de retomarse, y de aprender de ellos para seguir en el camino de la transformación hacia un mundo más digno y justo, con armonía y equilibrio entre el hombre y la naturaleza. Satisface que se comparta este libro, porque logra transmitirnos lo que comunidades y organizaciones sociales han avanzado en sus trabajos colectivos, al tiempo que nos invita a dialogar con otros grupos que buscan proteger el medio ambiente, la biodiversidad, el acceso al agua potable o sus derechos culturales y colectivos. Asimismo, el texto nos puede ayudar a seguir pensando y construyendo otras estrategias que podemos usar para continuar exigiendo nuestros derechos en su dimensión más colectiva, desde cualquier lucha en la que nos involucremos. De México, particularmente, se recogen experiencias muy significativas, como la que narra Irán Guerrero en torno a la defensa de los bosques en la comunidad purépecha de Cherán, Michoacán. También se comparte la lucha por la defensa de la milpa y el maíz nativo, mediante acciones de justiciabilidad y exigibilidad, como la demanda colectiva contra el maíz transgénico, a través de un artículo de David Perlman y Carlos Ventura. Vale la pena conocer, en el caso del río Sonora, la defensa del derecho a participar en asuntos medioambientales, en la experiencia que nos cuenta María Julia Lamberti. Todas estas experiencias mexicanas se entretejen con otra media docena de textos de diversos países, cuyo eje común es la disputa por la vida, el cuidado de la naturaleza y la centralidad de los derechos humanos, vistos y usados como herramientas de emancipación. De la lectura de este texto surge un sentimiento de gratitud por el trabajo generoso realizado en estas luchas, y causa alegría saber que en estos esfuerzos en América Latina lo que importa y moviliza es cuidar el planeta, cuidarnos como personas y cuidar toda forma de vida. Hay que compartir, usar y difundir este material. Es necesario que se abran nuevas perspectivas, nuevas formas de entendimiento e intercambio de saberes en medio de una crisis tremenda: la crisis de la civilización. Hagámonos cargo de la realidad, carguemos éticamente con ella y encarguémonos de ella, pues hoy es innegable que el desastre medioambiental, ya tan presente en muchas regiones, nos exige cambiar el rumbo. No se puede postergar. Para ese cambio necesitamos aprender desde las vidas comunitarias, desde abajo, desde las experiencias sociales y populares. Este libro busca eso: comparticiones constantes entre quienes creen que otra realidad puede ser posible. Se requiere igualmente retomar los derechos humanos, evitando su sesgo antropocéntrico, intentando usarlos como herramienta útil para el cuidado de toda forma de vida.
El juicio contra el maíz transgénico en México
Editoriales | 📰 Columna de opinión en la Revista Contralínea Web original | 📷 Imagen : Contralínea | David Manrique Por: Catherine Marielle* 📅 18 de julio de 2020 Ya pasaron 7 años desde que 53 personas, muchas de ellas de 20 organizaciones defensoras del maíz, el ambiente, los derechos humanos, la salud, el arte y la ciencia independiente –comprometidas con la sociedad y la Naturaleza– y también en calidad de consumidoras de maíz, decidimos ejercer una novedosa acción jurídica emanada de la reforma constitucional de 2010 sobre Acciones Colectivas y su regulación en ley secundaria en 2011, vigente desde 2012. Aquel 5 de julio de 2013, interpusimos una Demanda de Acción Colectiva contra la siembra del maíz transgénico en México, ante el Juzgado Federal 12 de Distrito en Materia Civil en el entonces Distrito Federal. Las demandadas fueron las Secretarías de Agricultura (Sagarpa, ahora Sader) –por haber otorgado los permisos de siembra de organismos genéticamente modificados de maíz de tipo experimental y en programa piloto precomercial– y la de Medio Ambiente (Semarnat) –por sus dictámenes favorables a los permisos a pesar de contar con las opiniones contrarias del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp). También demandamos a Monsanto, ahora Bayer, Dow AgroSciences, Syngenta y PHI-México filial de Pioneer-Dupont, ahora Corteva, empresas transnacionales beneficiarias de dichos permisos en nuestro país. En septiembre de 2020 se cumplen siete años de la Medida Precautoria judicial que ordenó suspender los permisos de siembra del maíz transgénico en todo el territorio nacional mientras dura el juicio, en cumplimiento de una sentencia previa del magistrado Marroquín Zaleta. Por supuesto, esta primera gran victoria ha sido combatida a la par de la propia Demanda Colectiva por las empresas y el gobierno federal a su servicio, que han compartido argumentos y ataques, obligándonos a atender más de 150 impugnaciones. Entre ésas, destacan los 26 juicios de amparo contra la Demanda y contra la Medida Precautoria, de los que sólo faltan cuatro por resolver en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Medida Precautoria que prohíbe al gobierno dar permisos de siembra ha sufrido muchos embates, en dos ocasiones fue levantada y reinstalada gracias a la celeridad de los recursos de apelación interpuestos por el abogado principal de la Colectividad Demandante, René Sánchez Galindo. Sin embargo, en 2016, un magistrado redujo la amplitud de esa medida cautelar, al permitir las siembras entre una y 50 hectáreas, exclusivamente con fines de investigación científica, con medidas de contención y bajo vigilancia judicial y de los científicos demandantes, con la obligación para la Sader que informe mensualmente sobre el estado en que se encuentran los permisos, además debe proporcionar informes con análisis por cada cultivo, sobre los posibles impactos del herbicida glifosato a cargo de la Semarnat y de la Comisión Federal para la Prevención contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). A la fecha no se ha tramitado ninguna solicitud ni otorgado permiso alguno para ese tipo de siembra con fines científicos. Ha sido un proceso laborioso y complejo, con recursos muy desiguales, obligando a un seguimiento cotidiano y ágil de todos esos actos jurídicos del gobierno federal y de las empresas en 19 tribunales distintos (incluso en fechas navideñas o de Semana Santa). Ha habido engaños por parte de las empresas demandadas que presentaron traducciones mutiladas de estudios científicos para resaltar sólo elementos a su favor; el gobierno federal ocultó información relevante, como los 89 casos de contaminación transgénica reconocidos por el INECC y los 130 del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Alimentaria (SENASICA), y ha litigado en favor de las corporaciones con recursos públicos, cuestión que denunciamos en 2014 como desvío de poder ante el Tribunal Permanente de los Pueblos-Capítulo México. Desde finales de 2017 ha habido un vaivén entre el Tribunal Colegiado donde se hallaba la Medida Precautoria y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya Primera Sala decidió en 2018 atraer el caso de la constitucionalidad del artículo 610 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Ésta fue impugnada por una transnacional, con respecto a las medidas precautorias que posibilitan “Cualquier otra medida que el juez considere pertinente dirigida a proteger los derechos e intereses de una colectividad”. Es decir, la industria cuestiona la facultad que tienen los jueces de dictar medidas cautelares que protejan la materia del juicio, así como la de aplicar el Principio de Precaución que estipula que “Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del ambiente y de la diversidad biológica”. Este principio –reconocido en la Declaración de Río (1992), el Convenio de Diversidad Biológica (1993) y el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología (2003), firmados por México– obliga los Estados a proteger frente a una duda razonable, es decir prever, prevenir y atacar en su fuente los riesgos y amenazas. Así, a 7 años de haber lanzado la Demanda contra el maíz transgénico en México, nuestro futuro común sigue en el aire… La sentencia sobre la Demanda Colectiva y la Medida Precautoria tendrá implicaciones trascendentales para la gran Colectividad de Maíz, es decir para los más de 126 millones de personas que lo consumimos. La Demanda es de todos, es para defender los derechos que están en peligro: el acceso a la diversidad de maíces nativos y a un ambiente sano sin los cuales no pueden garantizarse nuestros derechos a una alimentación nutritiva, sana y segura, ni la protección de la salud. Sigue vigente nuestra petición de la Demanda: que la autoridad judicial federal declare que la liberación o siembra de maíces transgénicos daña el derecho humano a la diversidad de los maíces nativos de las generaciones actuales y futuras, así como los derechos a la alimentación, a la salud, los derechos de las comunidades y de los pueblos originarios http://demandacolectivamaiz.mx/. Ya
Siete años defendiendo el maíz nativo
Editoriales | 📰 Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada Web original | 📷 Imagen : Jorge Luis AP Por: Miguel Concha Sábado 📅 11 de julio de 2020 La defensa de los bienes comunes se desdobla ahora en varios campos de lucha: social, político, jurídico, económico y cultural; los que están entretejidos en estrategias para enfrentar el despojo y la violencia estructural, y para crear e impulsar al mismo tiempo alternativas frente a una crisis multidimensional a escala planetaria. Esta defensa se ha dado local y globalmente desde diversos y amplios colectivos sociales del campo y la ciudad. Sin temor a equivocarnos, hoy estas luchas por los bienes comunes son por la defensa integral de toda forma de vida en nuestro planeta. Ésta y otras reflexiones las dimos hace siete años un grupo de organizaciones sociales y personas, quienes nos integramos para presentar una demanda colectiva contra la siembra de maíces transgénicos en territorio mexicano. El pensar en colectivo y llevar a cabo esta acción nos motivó a reunirnos y, así, usar creativa y críticamente una figura jurídica novedosa en el derecho mexicano, como son las acciones colectivas, surgidas en junio de 2011, casi a la par que la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Nos propusimos usarlas para hacer exigibles nuestros derechos y los de las generaciones presentes y futuras a la diversidad biológica de los maíces nativos, así como los derechos a la alimentación, la salud y el respeto irrestricto a los pueblos originarios y comunidades campesinas. En ese entonces nos convocó sobre todo, y nos sigue sosteniendo en esta lucha, el compromiso compartido de todas las personas con el cuidado de la vida, el respeto de los derechos humanos, y una sólida identificación con el maíz y sus aspectos identitarios en nuestra región. No olvidamos que México es centro de origen y diversidad de este grano, así como proceso histórico que, al paso de los siglos, nos dio un ecosistema que llamamos milpa, igualmente diverso, fuerte y capaz de alimentarnos a quienes habitamos o transitamos por estas tierras. Además, esta diversidad, reflejada en los maíces nativos, ha dado también paso, como se ha dicho muchas veces, a contar con una cocina mexicana invaluable, a causa de la multiplicidad de sabores e ingredientes que deleitan nuestros paladares y nos proporcionan los nutrientes necesarios para una buena vida y salud. Y así, con la firme esperanza de lograr como personas y comunidades la protección de nuestra alimentación, sana y de calidad, hace siete años acudimos a la justicia mexicana. Desde su presentación, el 5 de julio de 2013, esta demanda colectiva ha enfrentado adversarios al por mayor: se ha litigado en 19 tribunales federales, en los que se han realizado más de 150 impugnaciones por parte de empresas trasnacionales e instancias federales de gobierno, como Monsanto (Bayer), Syngenta, Dow Agrosciences y PHI México (DuPont-Corteva); así como Semarnat y Sader, antes Sagarpa. En septiembre de 2013 se nos otorgó una medida cautelar que detuvo todos los permisos de siembra de maíz genéticamente modificado; es decir, en cerca de 3 millones de hectáreas, y ha vencido 11 de los 15 juicios de amparo presentados por empresas e instituciones de gobierno. Actualmente cuatro amparos se encuentran bajo estudio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta lucha ha valido mucho la pena. En la actualidad es referente global, pues por primera vez ha logrado a escala mundial detener la siembra masiva de maíz transgénico. Asimismo, ha retado al sistema jurídico mexicano a innovar en sus formas de administración e impartición de justicia, cuando están de por medio derechos colectivos y la protección de bienes comunes naturales. Y, sin duda, nos ha dado también pistas para las modificaciones en la normatividad vigente del país, pues existen leyes que no corresponden a la imperiosa y urgente necesidad del cuidado de la naturaleza. En este proceso hemos ganado mucho, y debemos celebrarlo. Dado que las amenazas no cesan, desde la demanda colectiva las acciones y las estrategias de las organizaciones y movimientos sociales han sido integrales y amplias, usando el derecho de manera alternativa y crítica, siempre fortaleciendo el trabajo colectivo desde abajo. No vendría nada mal que la actual administración federal asumiera un papel más proactivo para concretar acciones contundentes que muestren su efectivo compromiso con un proyecto político que respete los derechos humanos y se comprometa en el cuidado de los bienes comunes naturales. Ayudará desde luego que el Presidente emita cuanto antes un decreto contra los transgénicos, como se lo acaban de volver a pedir 185 personalidades y 80 organizaciones y movimientos sociales, y que las instancias de gobierno implicadas en este juicio de demanda colectiva corrijan el camino, litigando y trabajando por nuestra soberanía alimentaria y por los derechos de quienes habitamos este país, sumándose ampliamente a los esfuerzos encaminados al cuidado de la naturaleza.
México, el maíz y su diversidad
Editoriales | 📰 Blog «La dignidad en nuestras manos» del Plumaje de Animal Político Web original | 📷 Imagen : Victor Manuel Chima Por: Víctor Manuel Chima y Logan Miller* 02 de abril de 2020 El maíz es base de la alimentación en México. Es fuente principal de potasio, ácido fólico, vitamina A, y cuando es maíz nixtamalizado es una fuente importante de calcio. La planta del maíz forma parte de la milpa, sistema agrícola tradicional utilizado por comunidades indígenas durante generaciones y que persiste al día de hoy, en el que coexiste con el chile, la calabaza, el frijol y los quelites. Es prácticamente imposible imaginar nuestro país sin el maíz, pero en las últimas décadas la soberanía alimentaria se ha visto amenazada, y con ella, la existencia y preservación de las distintas variedades de maíz nativo. Desafortunadamente, hoy en día nos confronta la posibilidad de perder su gran diversidad, junto con las culturas en las que se encuentra presente. ¿Por qué las campesinas y campesinos son importantes en la protección del maíz nativo? En los últimos años, campesinas y campesinos que conservan las semillas del maíz nativo han sufrido las implicaciones de las políticas neoliberales, el cambio climático y la violencia ocasionada por el crimen organizado. Tratados internacionales como el TLCAN abrieron la puerta a maíces híbridos, transgénicos y baratos, importados de Estados Unidos y otros países, afectando considerablemente la producción, distribución y consumo de los maíces nativos, y la soberanía alimentaria en general. El Estado Mexicano, además, redujo los programas de apoyo para el campo, empeorando aún más la situación de las comunidades campesinas, y resultando en el despojo de las tierras y los territorios por parte de proyectos extranjeros. Aún más, el cambio climático sigue afectando a comunidades campesinas e indígenas, dada la inestabilidad del clima, y las sequías cada vez más frecuentes en las últimas décadas. Las condiciones en las que el campo mexicano se encuentra dificultan la producción del maíz nativo, semilla de la que muchas comunidades dependen para subsistir, y que es un elemento esencial en la cultura y la alimentación en el país. Sin las comunidades campesinas cultivando el maíz, perderemos las raíces y tradiciones ancestrales que nos hacen quienes somos. ¿Una ley que protege al maíz nativo y la vida campesina? Por suerte, hay esperanzas para el maíz nativo. La iniciativa de Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo (de ahora en adelante, la llamaremos Ley Maíz) es una propuesta de ley que busca que el Estado mexicano garantice la protección de las distintas razas de maíz nativo que se producen, y que a partir de acciones y políticas públicas se fomenta su producción, distribución y consumo informado. Además, que se reconozca al maíz nativo como un patrimonio alimentario y cultural, directamente vinculado con los derechos humanos culturales y a la alimentación, reconocidos en el artículo 4to. de la Constitución. Fue aprobada en lo general y lo particular el pasado 24 de septiembre de 2019 en el Senado de la República, y el 18 de marzo pasado en la Cámara de Diputados, con modificaciones que se aprobaron recientemente, el 24 de marzo pasado, nuevamente en el Senado. Ha sido turnada al Ejecutivo Federal y sólo hace falta que sea publicada en el Diario Oficial de la Federación, para su entrada en vigor. La aprobación de La Ley Maíz fue muy esperada y muy bien recibida, ya que representa un cambio histórico y trascendental en el futuro del campo mexicano, puesto que impulsará la producción del maíz nativo, que además tiene un valor nutricional mayor que los maíces híbridos que se consumen actualmente en el país, y así garantizar a mexicanas y mexicanos el derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. La creación de bancos comunitarios de semillas que preservarán y distribuirán las variedades de maíz es una medida contemplada en esta Ley, de la mano de la conformación del Consejo Nacional del Maíz, organismo que buscará la participación activa de las instituciones gubernamentales, académicas y académicos, investigadoras e investigadores, sociedad civil, campesinas y campesinos de comunidades indígenas, en el desarrollo de programas de apoyo al campo mexicano y en relación con el maíz. Que el maíz vuelva a estar en las manos de campesinas y campesinos, que se promuevan los sistemas de producción tradicionales, como el sistema de la milpa, que se reactive la economía campesina y que sean las comunidades quienes obtengan los mayores beneficios. ¿Cuál es el horizonte para el maíz nativo y para el campo mexicano? Mientras que la aprobación de la Ley Maíz es un gran paso en la dirección correcta, aún nos falta desarrollar una amplia política pública de agricultura sostenible, enfocada en garantizar los derechos humanos, la conservación del medio ambiente, y la protección de las variedades vegetales de nuestro país. Aún hay amenazas fuertes al campo mexicano, y no podemos cerrar los ojos y fingir que no existen. La próxima entrada en vigor del T-MEC, el cambio climático y la dominación de los mercados por la industria extranjera ponen en riesgo la soberanía alimentaria y por eso es urgente dar seguimiento y continuidad a la Ley Maíz, desarrollar una política pública que respete la diversidad y, con esto, afrontar la multitud de peligros que tiene el maíz nativo y el campo mexicano. Desde la sociedad civil, las comunidades campesinas, y como consumidoras y consumidores, continuaremos luchando por los bienes comunes de mexicanas y mexicanos, por la preservación de nuestras culturas, por la exigencia del respeto a los derechos humanos y la protección del maíz nativo, porque #SinMaízNoHayPaís. *Víctor Manuel Chima es colaborador del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P. A.C, (@CDHVitoria). Logan Miller es estudiante de School of Sustainability de la Arizona State University.
Fomento y protección del maíz nativo
Sábado 21 de marzo de 2020 Miguel Concha México es el centro de origen del maíz. Durante miles de años esta planta ha sido elemento fundamental en la vida de mexicanas y mexicanos, y las comunidades campesinas e indígenas han preservado no sólo esta semilla nativa, sino también sus formas tradicionales de mejoramiento y producción, como su adaptación, de acuerdo con las condiciones climáticas y de los suelos, el intercambio entre comunidades de distintas regiones, así como el sistema de la milpa y el resguardo de alimentos, como el propio maíz, el frijol, la calabaza y el chile, los cuales conforman una alimentación saludable y aportan nutrientes necesarios para un buen vivir. Es inmensa la diversidad de alimentos derivados de las 64 razas distintas de maíz que tenemos en México. Estos alimentos se encuentran presentes en las cocinas tradicionales de distintas culturas, incluso más allá de nuestras fronteras. La cocina mexicana no se podría imaginar sin los colores y sabores del maíz nativo: rojo, verde, azul, dulce, blando, palomero y cacahuazintle, entre muchos otros. El grano, además de ser sustento para el bienestar económico y social, tiene un valor histórico y cultural para las comunidades y los pueblos originarios, especialmente los mesoamericanos, ya que ha permitido también la resistencia ante la colonización, la imposición del pensamiento occidental y el capitalismo en su fase neoliberal. Así, resulta fundamental la construcción de un modelo agroalimentario que asegure la soberanía alimentaria y garantice el derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, como lo enuncia la Constitución. Esto sólo será posible mediante la generación de políticas públicas y programas de apoyo para su producción, y por medio delegislaciones que establezcan la obligatoriedad del Estado al respecto, ya que debido a la producción de maíces transgénicos, el maíz nativo está en riesgo, incluso los procesados, los cuales contaminan genéticamente al maíz y abren la puerta a la extinción de muchas razas que aún se conservan. Cabe señalar que en abril de 2019 fue presentada en el Senado la iniciativa de Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo (LFFPMN), la cual fue aprobada en lo general y lo particular el pasado 24 de septiembre y turnada a la Cámara de Dipu-tados. La Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria discutió en la cámara el pasado 10 de marzo el dictamen de la iniciativa de ley, el cual fue aprobado por unanimidad en el Congreso de la Unión el 18 de marzo. La LFFPMN tiene por objeto reconocer el valor del maíz nativo y su diversificación constante en todo lo relativo con las prácticas relacionadas a su producción, comercialización y consumo, como patrimonio alimentario y cultural nacional directamente vinculado con los derechos humanos alimentarios y culturales reconocidos en el artículo 4 de la Constitución. Esta iniciativa de ley, que por cierto se corresponde con tratados internacionales firmados por México, como el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología, sentará un precedente en materia jurisdiccional, ya que establecerá mecanismos institucionales para la protección y fomento del maíz nativo, a través de medidas que prevengan su contaminación. Por ejemplo, la identificación y delimitación de las áreas geográficas de producción, al igual que el establecimiento de los sistemas tradicionales. En adelante será obligación del Estado garantizar y fomentar, a través de autoridades competentes, que todas las personas tengan acceso efectivo al consumo informado de maíz nativo en su diversificación constante, así como al de sus productos derivados. Por otro lado, a partir de la ley, se creará el Consejo Nacional del Maíz (Conam), como órgano de consulta del Poder Ejecutivo Federal. El Conam estará integrado por autoridades del gobierno federal y tendrá representación de la sociedad civil, campesinas y campesinos, pueblos y comunidades indígenas, e integrantes de la academia, quienes tendrán voz y voto para participar en las políticas públicas para el fomento y protección del maíz nativo. Porque precisamente son las propias comunidades y organizaciones campesinas, la sociedad civil organizada, las defensoras y defensores de derechos humanos y las colectividades dedi-cadas al cuidado del medio ambiente, quienes han empujado esta ley. Aunque la aprobación de la Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo no es suficiente para garantizar su protección, fomentar su producción y resguardar su valor histórico y cultural, es un paso importante en la defensa del maíz en la protección de sus variedades vegetales nativas y en la promoción de los derechos humanos de las comunidades campesinas, productoras, consumidoras y consumidores, pues #SinMaizNoHayPais. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Internet
Criminalización de los campesinos mexicanos
Sábado 12 de octubre de 2019 Miguel Concha El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (PND) reconoce la importancia de la autosuficiencia alimentaria y la crisis que vive el campo. Establece que el sector agrario ha sido uno de los más devastados por las políticas neoliberales, y que las políticas oficiales han favorecido la implantación de agroindustrias y megaproyectos (que) han condenado al abandono a comuneros, ejidatarios y pequeños propietarios. Ello no obstante, el diputado Eraclio Rodríguez Gómez, del grupo parlamentario de Morena, presentó el pasado 19 de febrero una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Variedades Vegetales (LFVV) de 1996, que no sólo contradice lo establecido en el PND, sino que pone en riesgo a nuestros alimentos básicos y a millones de pequeños y medianos productores, pues criminaliza el libre intercambio de semillas nativas entre campesinos. Entre sus motivos iniciales, la propuesta expresa que se requiere imperativamente una política de Estado que incremente en el mayor grado posible el desarrollo y acceso a las innovaciones de última generación en materia de variedades vegetales y semillas que contribuya a la producción de alimentos en México (autosuficiencia alimentaria) bajo un modelo de sustentabilidad, además de asegurar la conservación y aprovechamiento de nuestra biodiversidad, así como la generación de empleos bien remunerados que propicien el arraigo al medio rural. Menciona que, en caso de no atenderla, se pone en riesgo la productividad del campo e incluso se favorece el aumento en la importación de alimentos y, en consecuencia, la dependencia alimentaria. Por ello, la reforma concluye que para revertir la situación es necesario reconocer la propiedad intelectual sobre las innovaciones en materia de variedades vegetales, y que, con ello, se ampliaría el abanico de opciones disponibles de semillas de nuevas y mejores variedades en los diversos cultivos estratégicos y de alto valor para México. El proponente de esta LFVV ignora el sistema milenario de agricultura mexicana, la domesticación de una gran variedad de especies vegetales nativas de nuestro país, como maíz, chile, frijol, calabaza, aguacate y amaranto, entre muchas otras, y que este libre intercambio da lugar a nuevas variedades de plantas en cada ciclo agrícola. De aprobarse su contradictoria e incoherente propuesta se afectaría directamente a cerca de 3 millones de pequeños y medianos productores, que representan 85 por ciento de la producción nacional, al criminalizar el libre intercambio de semillas nativas. Además, se privatizarían las semillas; se fomentaría la agroindustria; se protegerían los intereses de grandes trasnacionales, a costa de los campesinos y de los sectores económicamente más vulnerables; se promovería la propagación de semillas transgénicas y, junto con ellas, la contaminación de semillas nativas. Lo que pondría en riesgo nuestra biodiversidad y permitiría el monopolio de la agricultura por trasnacionales, violentaría nuestros derechos humanos fundamentales y pondría en riesgo la existencia misma de comunidades enteras. La propuesta de reforma a la LFVV plantea, además, en el artículo 54 criminalizar con penas de entre dos a seis años de cárcel y multas de entre 10 mil a 40 mil unidades de medida y actualización (UMA) a quien aproveche o explote una variedad vegetal protegida, su material de propagación o el producto de la cosecha para su producción, reproducción, preparación, oferta, distribución, venta, producción comercial de otras variedades vegetales o variedades esencialmente derivadas. A pesar de la magnitud del castigo propuesto, los mecanismos y las atribuciones para vigilar, analizar y juzgar dichos delitos carecen de claridad y transparencia, pues se dota al Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (Snics) de atribuciones autoritarias, siendo necesaria sólo una petición del acusador para tomar medidas preventivas contra el acusado, sin necesidad de pruebas o evidencia. Textualmente, sólo basta con la declaración de una posibilidad de sufrir un daño irreparable o el temor fundado de que las pruebas se destruyan, oculten, pierdan o alteren. Una receta, pues, para la impunidad, el abuso de autoridad, la extorsión y las prácticas empresariales desleales. La reforma tampoco toma en cuenta la alta probabilidad de contaminación de cultivos de manera involuntaria, ya que según los mecanismos descritos, al aprovecharse de una variedad vegetal protegida, la víctima se convertiría en un criminal y, así, su cosecha sería requisada o destruida, y él sería sujeto a un juicio penal. Pero eso no es todo. Las atribuciones totales del Snics no sólo lo facultan para vigilar, analizar y castigar este nuevo tipo de delitos. Le permiten también para fungir como árbitro en la resolución de controversias relacionadas con la violación a los derechos del obtentor. Es decir, tiene la posibilidad de ser al mismo tiempo juez y parte. Lo cual es aberrante. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Jorge Luis Aguilar
Municipio en defensa del maíz
Sábado 27 de julio de 2019 Miguel Concha Con fundamento en las atribuciones que le otorgan la Constitución federal y estatal, así como las leyes locales y los ordenamientos municipales, y teniendo en cuenta los tratados, convenios y disposiciones legales internacionales, nacionales, estatales y municipales aplicables en la materia, el 19 de marzo se aprobó en la capital poblana el dictamen que permite emitir la declaratoria para La Protección De Los Maíces Nativos de ese ayuntamiento, uno de los documentos de mayor relevancia en la nueva administración municipal. Con ello adquiere una vez más protagonismo a escala local el interés de establecer instrumentos e implementar acciones encaminadas a proteger las razas de maíz nativo, ahora en el territorio agrícola del municipio de Puebla, con el firme propósito de preservar esta especie y sus variedades locales, garantizando su conservación y utilización sostenible e inhibiendo la siembra y cultivo de semillas genéticamente modificadas. Tal acontecimiento, que se aprobó por unanimidad de las diversas bancadas de los partidos políticos que integran ese cuerpo colegiado, tuvo lugar en sesión de cabildo. Esa disposición convergente demuestra que el ayuntamiento de Puebla está decidido a poner todo su empeño en prohibir el mal uso del suelo y evitar el problema de consumir organismos genéticamente modificados, salvaguardándose con ello la seguridad alimentaria. Lo que ha sido bien recibido por los críticos del gobierno de la presidenta municipal, Claudia Rivera Vivanco. Pareciera entonces que la ciudadanía municipal poblana cuenta con el respaldo de sus autoridades para rescatar la producción y consumo de productos-milpa cosechados de manera saludable. Con ello, la comuna deja en claro que se halla a la altura en el cumplimiento de las normas nacionales e internacionales para que los pequeños productores puedan continuar conservando la diversidad genética, social, cultural y ambiental como parte de su patrimonio. Además, diversas dependencias municipales, como la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad, la Secretaría de Turismo, la Coordinación General de Comunicación Social y la Secretaría de Desarrollo Social municipales, con las que se pretende asegurar el mejor manejo de la milpa en todo su territorio, tendrán un papel primordial en la política antitransgénica. La primera, por ejemplo, promoverá el uso de semillas nativas para conservar la biodiversidad en el municipio y fomentará la creación de un padrón de productores encargado de conservar y mejorar los recursos genéticos del maíz. Llevará a cabo acciones de muestreo con la finalidad de establecer un área geográfica libre de maíz genéticamente modificado e impulsará la mejora del suelo con vocación agrícola encaminada a la siembra de semillas nativas. Igualmente, estimulará con incentivos la producción de maíz entre quienes realicen las mejores producciones, ferias, intercambios y promociones de actividades productivas. La segunda, la Secretaría de Turismo, promoverá el patrimonio cultural del maíz, mediante la creación de rutas gastronómicas y agroecoturísticas relacionadas con la milpa, y asesorará proyectos turísticos que incluyan el maíz nativo, con el propósito de valorizar las tradiciones y el patrimonio tangible e intangible del municipio de Puebla. Finalmente fortalecerá la colaboración con organizaciones de la sociedad civil e instituciones públicas y privadas para promover el patrimonio biocultural, priorizándose el uso del maíz nativo e impulsando la gastronomía poblana como elemento de identidad. La tercera, la Coordinación General de Comunicación Social, propiciará el desarrollo de planes y programas de inclusión de enfoques de igualdad sustantiva de género en grupos indígenas y fomentará la incorporación del lenguaje incluyente y no sexista, el lenguaje de señas mexicano, así como la traducción a lenguas indígenas en los mensajes de comunicación gubernamental. Finalmente, la cuarta, la Secretaría de Desarrollo Social, tendrá que impulsar el desarrollo de las capacidades de la población indígena, al promover su inclusión, la equidad social y la igualdad de género, con apego a su cultura y costumbres, su identidad y los derechos humanos, así como realizar acciones que mejoren las condiciones de vida de la población indígena y fortalezcan su identidad, con inclusión e igualdad entre géneros y generaciones. Los poblanos proyectan con todo ello la mejora en la productividad y competitividad, así como el mejoramiento en ingresos y en su calidad de vida, salvaguardándose siempre los derechos y la inclusión de la población indígena. Ahora se espera que el recientemente electo gobierno estatal ponga su granito de arena para que la política de la capital poblana permee en todo la entidad. Eso esperamos. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Twitter
