Los barrios que no pueden parar
Editoriales | 📰 Blog «La dignidad en nuestras manos» del Plumaje de Animal Político Web original | 📷 Imagen : Internet Por: Viridiana Martínez Ortíz 📅 18 de agosto de 2020 En tiempos de pandemia, transitar por alguno de los barrios de la ciudad te acerca y conecta con una de las muchas realidades situadas en espacios y tiempos que danzan lentamente entre la vida y la muerte. Este borde de existencias deja al descubierto historias, vivencias y anécdotas cotidianas, habitadas por heridas del pasado, enraizadas desde el empobrecimiento estructural y que trae consigo consecuencias históricas que en estos momentos representan toda una serie de desventajas socioeconómicas que hacen de la clase popular y trabajadora de las periferias un grupo poblacional con vidas aún más precarizadas tras la situación detonada por el COVID 19. Las periferias no sólo se pueden comprender desde una concepción espacial, pues estas vienen acompañadas de procesos de urbanización que crean paisajes habitados de contrastes y de injusticias sociales. Ante las medidas implementadas desde la lógica del confinamiento y distanciamiento social, las crisis económicas se siguen agudizando y están repercutiendo en estos espacios y modos de vida, que muchas veces se han sostenido desde la informalidad laboral, por ejemplo, sin garantías de acceso a los derechos sociales mínimos indispensables para habitar efectivamente vidas dignas. Además, de estas situaciones la construcción de esta “nueva normalidad” trae consigo toda una serie de narrativas que individualizan el tema de los cuidados, de la salud mental y del encuentro, responsabilizando a las personas de no guardar la “sana distancia”, invisibilizando la necesidad de quienes no tienen alternativa más que salir día con día para cubrir esa falta de garantías aseguradas por los gobiernos, entonces es así que cientos de personas se ven obligadas a desafiar este momento pandémico, salir y ponerse en riesgo para llevar algún sostén para sus personas queridas y familias y de estas maneras continuar re existiendo para vivir dignamente. Las dinámicas de la vida cotidiana desde estos espacios se están viendo trastocadas, y a diario se disputan sentidos de realidad, en búsqueda de construir posibles escenarios populares que les permitan ejercer economías dignas y solidarias, así como subjetividades que permitan ejercitar vínculos desde la cooperación, la caricia, palabras, miradas, sentires y emociones que nos reconecten y revitalicen, para hacer frente a las presentes y futuras crisis. Y para dar cuenta de ello nos adentramos a una de las muchas realidades de la periferia, partiendo de que no son escenarios romantizados, pero sí son realidades que nos ocupan, nos transitan y habitan. Entonces recorremos y las miradas sutiles revolotean en los ensamblajes que dan vida y humanizan las calles que se asemejan a grandes pasillos con luces apagadas que han encontrado otras formas de mantenerse alumbradas, desde rincones de vidas que encarnan diversas violencias, que carecen de servicios básicos y por ello han ido construyendo otros tejidos para la vida desde el encuentro con otras y otros. Sigues caminando y reconoces estas realidades frágiles que se sostienen, mientras el ambiente se armoniza al escuchar de fondo rolas cumbieras, al otro lado de la acera se alcanzan a mirar puestos pulguitas que intentan intercambiar algunos productos teniendo como vehículo las manos; el flujo de la gente deja ver un mundo que hace comunidad, hace presencia y hace conciencia poniendo los cuerpos ante los diversos virus que se han venido acumulando desde hace años, por ello una de las posibles preguntas a hacernos es: ¿qué pasará y hacia dónde podemos ir construyendo desde lo popular? ¿Qué sentidos le daremos a la palabra bienestar? La salud es vivienda, es educación, es trabajo, es vivir libres de violencias, es habitar espacios dignos, es organización desde la digna rabia para hacer de esta crisis una posibilidad de emerger desde otras maneras y formas de relacionarnos y reconocernos desde la vitalidad de la otredad. Porque donde se escucha y organiza desde y con los pueblos, los gobiernos no retroceden. *Viridiana Mtz. Ortíz es coordinadora del Área de Seguimiento a Procesos Organizativos y de Formación del @CDHVitoria.
También morimos jóvenes: periferias y las luchas de hace tiempo
Editoriales | 📰 Blog «La dignidad en nuestras manos» del Plumaje de Animal Político Web original | 📷 Imagen :Web Por: Beatriz Rivero y Yoxmara Tapia 📅 03 de junio de 2020 Seguramente cuando José Enrique Rodó escribió Ariel y lo dedicó a “A la juventud de América”, buscaba que sus palabras resonaran en cada persona joven del continente. Hoy, con la misma intención pero desde otra mirada, escribimos este texto. Sabemos que las realidades se inscriben en nuestras acciones, posibilidades, apuestas y horizontes, y que son nuestras historias individuales y colectivas las que hablan desde nuestras corporalidades; (no) salimos porque nos matan, (no) gritamos porque nos callan, y (no) dejamos hacer y dejamos pasar porque “no tenemos alternativa”. Hoy América Latina se enfrenta a la pandemia desde las heridas abiertas que ha dejado la dominación, la explotación, el extractivismo y la violencia patriarcal en la región, pero también desde las lecciones que siglos de resistencia han tejido en la memoria de nuestras organizaciones, pueblos y colectividades. El desafío es tan grande que si bien no imaginamos las magnitudes de los impactos que tendrán estos tiempos en nuestras cotidianidades, sabemos que la vuelta a la normalidad tal y como la conocíamos será justificación genocida. Nombrar que son nuestras y nuestros, los de las precarias condiciones laborales, esos y esas sin seguridad social y económica y aquellas a las que se les obligó a confinarse con el agresor, son sólo algunas de las historias que forman parte del ejercicio de memoria popular durante y después de la crisis, y que permitirán organizar la indignación, el dolor y la rabia para seguir construyendo esas transformaciones tan urgentes que como sociedades necesitamos. Como juventudes de las periferias, vivimos la cuota sacrificial desde las exigencias de productividad instauradas desde antes del COVID-19, que configuran los mandatos para “ser autosuficientes, tener un título, estabilidad emocional y energía casi interminable por la vida”, sin embargo, esto no es posible en contextos de extrema violencia y desigualdad para el acceso a derechos como la educación, la salud, al trabajo digno, a la vivienda, a la participación ciudadana, a la seguridad, a la integridad personal, a la no discriminación, entre otros. Nuestras realidades diferenciadas, empobrecidas y precarizadas que hoy actualizan el mandato generacional que niega a las juventudes la posibilidad de padecer cansancio, dolor, enfermedad (o contagio) como afecciones de la improductividad, que invisibilizan las marcas de desigualdad racial, de clase, de género y orientación sexual que atraviesan nuestras corporalidades y nuestras condiciones desiguales de salud y de vida, las cuales aumentan factores de vulnerabilidad. Mientras alguien con las condiciones materiales suficientes puede decidir alimentarse más sano en esta cuarentena, jóvenes trabajadores de las periferias de la Ciudad de México y el Estado de México continúan con sus actividades laborales diariamente dirigiéndose hacia las empresas y zonas industriales, así como a las posibilidades que ofrecen las calles, en donde la informalidad del trabajo y la garantía de nada muestran con crudeza que la ganancia se sostiene sobre la vida, sacrificando ciertas identidades como expresión de la exclusión radical de ciertos sectores poblacionales. Basta mirar un día de cuarentena en algún municipio mexiquense que conforma la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) para dar cuenta que las circunstancias hoy añadidas con la pandemia muestran la profundización de los mecanismos para la gestión necropolítica de la crisis, en donde los derechos a la información sobre los temas de la pandemia son, como lo ha advertido la organización Artículo 19, parte fundamental de las acciones obligatorias de los Estados para mitigar las afectaciones. También es ejemplo claro del carácter de interdependencia de los derechos humanos, sobretodo en tiempos de crisis manifiesta. Recientemente el periodista Arturo Contreras retrataba mediante testimonios de habitantes de San Francisco Tepojaco, en Cuautitlán Izcalli, las diversas formas de habitar el coronavirus en las periferias: “La gente no sabe nada (…) la vida en las calles (…) se sigue como si nada. Tampoco se sabe mucho de la cuarentena por el coronavirus.”, refería al inicio de un reportaje que daba cuenta de la vulnerabilidad de once mil viviendas de esta colonia, habitadas por miles de obreros con enfermedades respiratorias ocasionadas por vivir cerca de los canales de aguas negras y basureros. Por generaciones, diversas organizaciones que han apostado a la defensa de los bienes comunes y del territorio que se encuentran en la Ciudad de México y su Zona Metropolitana han cuestionado el aceleramiento de los procesos de urbanización en la zona, la privatización de bienes comunes como el agua y el suelo, la construcción de basureros a cielo abierto, así como la construcción de megaproyectos inmobiliarios y aeroportuarios (el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía). Desde esta luz, como refieren los diálogos entre movimientos y organizaciones sociales de todo el mundo, la normalidad ha sido la crisis y a ésta pertenecen hoy las realidades de diversas colonias, barrios y comunidades que se enfrentan a la carencia de agua para lavarse las manos, la imposibilidad de llevar a cabo las medidas de distanciamiento social en medio del hacinamiento y el quedarse en casa como opciones reales de sobrevivencia. Como juventudes de las periferias, somos una ventana generacional a los procesos de lucha. Aunque nuestra voz suele ser silenciada o criminalizada, en tiempos de pandemia no dejamos espacio para el olvido, no frenamos nuestra colectividad, ni dejamos que el distanciamiento determine nuestras relaciones afectivas. Es tiempo de repensar nuestros entornos familiares, pero también de fortalecer nuestro compromiso afectivo con nuestros territorios. *Beatriz Rivero y Yoxmara Tapia son colaboradoras del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P. A.C. (@CDHVitoria).
Lo que emerge en la emergencia
Editoriales | 📰 Columna de opinión en la Revista Contralínea Web original | 📷 Imagen : Cuartoscuro Por: Nery Chaves García (Costa Rica), Tanja Vultier (Colombia), Amy Roca Sinay (Guatemala) y Viridiana Martínez Ortiz* 📅 18 de abril de 2020 El presente artículo de opinión guarda una serie de diálogos, reflexiones y sentires, de cuatro mujeres jóvenes que habitan y transitan diversas realidades, desde Colombia, Costa Rica, Guatemala y México. Lugares en los cuales se ha instalado una pandemia, suscitada por un virus nombrado Covid-19, descubrimiento viral de la época que se ha tornado como punto de quiebre de lo que se vivía cotidianamente, siendo también un tiempo representado como un espacio suspendido desde las incertidumbres; sin embargo que se presenta como una posibilidad para conversar regionalmente. Con todo y las distancias geográficas, mas no históricas, intentamos aproximarnos y sentirnos cercanas. Esto requiere de paciencia, ternura, buena señal de internet y mucha escucha para comprendernos y reconocernos, desde las vivencias situadas que nos están doliendo, trastocando y, que sin duda, evidencian un momento histórico que implica reorganización, pausa y reinvención de los procesos sociales que luchan y apuestan a la transformación de sentidos, subjetividades y dimensiones materiales de las realidades. El despojo, concentración de bienes comunes y de riqueza, la misoginia, racismo, odio, represión, criminalización y judicialización a los cuerpos, formas, sentidos y organizaciones de vida contrahegemónicas, son algunas de las características comunes de Mesoamérica. Poblaciones enteras que sobreviven día a día a desigualdades y violencias estructurales que forman la base de los Estado-Nación que les empobrecen, expulsan y asesinan. Sobre esas dinámicas se gobierna desde el control, la militarización y/o securitización de la vida cotidiana, como mecanismos de aleccionamiento contra la organización comunitaria y política. La crisis sanitaria llegó a la región importada desde los cuerpos que pueden movilizarse extracontinentalmente. El norte mundial importó la Covid-19 al sur latinoamericano, recordando a la época colonial y evidenciando que aún sobrevivimos entre políticas coloniales, patriarcales, racistas, misóginas y capitalistas. Hoy es la desigualdad la que explota en nuestras caras, donde los Estados mesoamericanos, lejos de atenderlas, acentúan esas diferencias al generar recetas uniformes a sociedades tan desiguales. ¿Qué evidencia la crisis? Desde estas aproximaciones regionales, si algo nos hace entender esta pandemia es la magnitud de la inequidad estructural en lo social, económico y político en la que vivimos. Muchos estaban diciendo que el virus afecta a todas las personas por igual, pero esto contiene diversas condiciones estructurales y para ello basta echar una mirada a los barrios, comunidades y espacios sociales que históricamente han sido desposeídos, siempre los más afectados, más aún en Estados donde lo social nunca ha sido una prioridad en la política pública. En ese sentido, la Covid-19 está alimentado por el capitalismo. Con este temor, desde las realidades latinoamericanas se están configurando medidas drásticas de control social que se han implementado para “prevenir” su expansión desmedida; sin embargo esta situación también responde a estrategias de represión que continúan violentando con mayor agresividad los derechos humanos individuales y colectivos. Las medidas más restrictivas en la región han sido precedidas de movilizaciones importantes y señalamientos profundos al ordenamiento social y el status quo. En Mesoamérica, propiamente, es un devenir autoritario el que dice prevenir a Covid-19, devenir legitimado por el miedo. Lo anterior puede ser ejemplificado a través de las diversas medidas y estrategias de represión comunes que se están tomando en los diversos países latinoamericanos, evidenciando una serie de problemáticas: las medidas como la cuarentena, el aislamiento social preventivo, toque de queda o incluso estados de excepción, están dando pie a una serie de reconfiguraciones sociales y desde la lógica neoliberal se está mostrando una cara estatal asistencialista. Es por ello que en términos macroeconómicos se construyen fondos económicos a partir del adelgazamiento de presupuestos de programas sociales, cobrando impuestos llamados “solidarios”, que centran su peso en las personas empleadas públicas, reduciendo las jornadas laborales, flexibilizando las condiciones laborales y ampliando la deuda a nivel interno y externo. Estas medidas, sin duda, van a impactar y a precarizar aún más la vida de millones de personas a nivel regional. En términos microeconómicos se visualiza un gran número de personas trabajando en el sector informal, sin contrato o seguridad social, dependiendo de los ingresos que pueden generar a diario. Seis de cada 10 personas empleadas en la región están en la informalidad; para ellas, un sólo día de cuarentena significa un gran problema para su sustento y el de sus familias. En el cotidiano, la pandemia también está visibilizando la gestión de la vida y muerte. Existen muchos grupos sociales que están siendo desprotegidos y olvidados, como las personas que se encuentran en situación de calle, personas migrantes, desplazadas, internas, defensoras y activistas u otras personas para quienes la medida “Quédate en casa” puede sonar como una burla, un asunto impensable, inhabitable. Lo mismo vale para las muchas mujeres y la niñez que, más allá de desconocer cómo organizar clases virtuales para sus hijas e hijos por falta de internet, están viviendo con sus agresores en casa y para quienes una cuarentena puede resultar incluso letal. Los feminicidios y los asesinatos a personas defensoras de tierra y territorio y defensoras de derechos humanos no se van a cuarentena. Para muchas comunidades indígenas o rurales abandonadas históricamente o afectadas por multinacionales, o en muchos barrios periféricos de las ciudades, tan sólo las medidas de saneamiento básico como lavarse las manos continuamente se complica por la falta de agua constante. La batalla contra la Covid-19 se empina cuando se evidencia que la salud no ha sido prioridad política. Según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2017 América Latina destinó a salud tres veces menos que los países de la Unión Europea [1]. El desfalco a la salud pública corresponde a una crisis que antecedió al virus; en ese sentido la emergencia sanitaria que vive la región tiene raíces profundamente políticas: las inequidades entre los sectores de salud privada y pública, así como las inequidades de acceso a
Internet es un derecho y está en riesgo
19 de febrero de 2020 Por: Cooperativa Tierra Común (@tierra_comun) y CDHVitoria El internet es una herramienta primordial para el desarrollo de la sociedad actual. No importa a qué te dediques o la naturaleza de tu proyecto, seguramente usas internet. Comercio, educación, comunicación, construcción, finanzas, entretenimiento, defensa de los derechos humanos, entre otros. Debido a que gran parte de la población lo utiliza en sus actividades cotidianas se ha vuelto un medio para ejercer nuestros derechos humanos. ¿Puedes imaginar un lugar en el cuál no tengas capacidad de participar o decidir libremente? Es por esto que tenemos que hablar de salvar internet y por lo tanto, de defender nuestros derechos. Internet es un espacio tanto de oportunidades como de riesgos para las personas y sus derechos, por los múltiples actores que participan, por sus agendas e intereses, pero también porque las personas lo han vuelto parte de su vida y han encontrado en este espacio diversas maneras para informarse, participar, visibilizar y denunciar activamente. Por lo que es necesario protegerlas, brindar toda la información necesaria para mantener su seguridad y confianza en la herramienta, y además defender el ejercicio de sus derechos humanos. ¿Pero a qué nos referimos con derechos humanos en internet? En primer lugar debemos entender que todas las personas tendríamos que tener la misma oportunidad para acceder y utilizar esta herramienta, así como, para manejarla libremente dependiendo de nuestros intereses y actividades. En segundo lugar, muchos de los derechos que todas las personas tendríamos que poder ejercer cotidianamente como la libertad de expresión, la protección de nuestra identidad, nuestra privacidad, la educación, el tener espacios libres de violencia también están reflejados en internet y los vivimos y ejercemos diariamente. No obstante, estos derechos también se pueden ver afectados y violentados por distintos actores, por el simple hecho de que sus intereses no están enfocados en el bienestar de las personas. ¿Y cómo se puede dar esta situación? Desde Estados que regulan fuertemente el acceso y los contenidos en línea, por la censura o casos de espionaje dirigidos por autoridades y empresas, e inclusive por realizar avances tecnológicos que no consideran la diversidad de realidades e identidades de las personas y que dificultan su uso e inclusive pueden llegar a ser discriminatorias. ¿Pero qué está pasando en México y por qué consideramos que nuestros derechos humanos en internet pueden verse violentados? El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) está presentando una iniciativa de Reglamento a la Ley Federal de Telecomunicaciones (LFT) que pone en riesgo la neutralidad de la red. Entendemos como Neutralidad de la red a este principio de equidad, donde no importa si eres una empresa gigantesca o un estudiante escribiendo un blog, tú página se debe consultar con la misma velocidad que la de cualquier otra persona. Este principio actualmente se ha transgredido por falta de una legislación adecuada y también porque las autoridades no cuentan con la capacidad técnica para revisar y sancionar a las compañías proveedoras de internet. ¿Cuál sería un ejemplo de vulneración a la neutralidad del internet? Cuando contratas un plan de telefonía móvil y hay páginas o aplicaciones que puedes visitar “libremente” o sin costo, mientras que cualquier otra usará los datos que hayas contratado. Esto actualmente pasa y podría empeorar. En 2014 se realizó una reforma a la LFT en la que si bien se estableció que todas las empresas deberían respetar la neutralidad de la red, no se redactaron ni aprobaron las reglas específicas de esta ley. Una ley sin reglamento está muerta, y así estuvo la LFT hasta ahora, pues tras 5 años de retraso el IFT ha presentado su iniciativa de Reglamento. Esta propuesta de Reglamento, sin embargo, abre el paso a que las grandes empresas proveedoras de internet vulneren la neutralidad de la red, estableciendo la posibilidad de que manejen tarifas discrecionales para que unas páginas puedan ser más rápidas que otras. ¿Y si no tenemos dinero para pagar?, ¿y si no queremos? Esto no está resuelto en la actual propuesta de Reglamento. Debemos entender que cuando pagamos por el servicio de internet, lo hacemos justamente por el acceso a toda la red, no a páginas específicas. ¿Qué pasa si una empresa de noticias acepta y paga una tarifa diferenciada de internet para que se pueda entrar más rápido?, ¿qué pasará con las que no pueden pagar como microempresas, medios de comunicación locales, artistas, etc? La actual propuesta es confusa y carece de las protecciones mínimas a la privacidad de las personas y al ejercicio de sus derechos, pues para poder saber qué páginas deben abrir más rápido, podrán monitorear cotidianamente el tráfico de internet, tus actividades cotidianas en línea, vulnerando directamente tu derecho a acceder a la red y tu privacidad. En resumen, si tu página no paga, será lenta, independientemente de los megas de tu servicio de internet, si pagas, pues tu sitio será más rápido. Por todo el mundo han ocurrido este tipo de intentos de las empresas proveedoras de internet para aumentar sus ganancias y establecer monopolios en internet. A veces les han funcionado y a veces no. Hoy el riesgo está sobre nuestro país y sobre el ejercicio de nuestros derechos humanos en internet. El IFT abrió un breve periodo de consulta que termina el próximo 6 de marzo. En este periodo recibirá opiniones, contrapropuestas y críticas a su iniciativa de reglamento. Diversas organizaciones de la sociedad civil están impulsando la campaña #Salvemosinternet en la cual explican los riesgos y posibles amenazas a la neutralidad de la red y nuestras libertades. Es momento de participar, informarse y defender nuestros derechos humanos en internet, recordar los principios de promoción, protección y disfrute del internet que obligan a los Estados a proteger estos derechos, reconocer su naturaleza mundial y abierta, y garantizar su libre acceso y nuestros derechos, ¡salvemos la neutralidad de la red! *Este texto fue escrito en colaboración con la Cooperativa Tierra Común (@tierra_comun), que facilita procesos de capacitación para la reapropiación tecnológica y el uso de software libre. La organización forma parte
Trigésimo aniversario de Ednica
Sábado 18 de enero de 2020 Miguel Concha La coyuntura del último año nos ha involucrado en una reflexión sobre el papel de la sociedad civil en México. La discusión ha sido seria, fecunda y apasionada. En otros de mis textos me he referido conceptual e históricamente a la importancia de la sociedad civil para promover avances en los derechos humanos, exigir rendición de cuentas, forjar agendas e identificar problemáticas sociales nuevas o con la finalidad de proponer y fortalecer políticas públicas, y al mismo tiempo trabajar en campo con las personas y grupos más excluidos, mantener presencia en áreas en las que el Estado no tiene una acción efectiva. No me explayaré en ello porque lo he abordado de forma constante y la literatura es amplia. No obstante, esto me abre la puerta para presentar el trabajo de Ednica IAP (Ednica), una organización de la sociedad civil en la Ciudad de México, que el 12 de enero cumplió 30 años de labores en la promoción y defensa de los derechos humanos de personas en situación de calle. Como contexto, recuerdo que en su ar-tículo 11 la Constitución local reconoce que las personas en situación de calle son un grupo de atención prioritaria. Y, asimismo, que en la Ciudad de México hay poco más de 6 mil personas que viven, vale decir mejor, sobreviven en espacios públicos. Existen también miles de niñas y niños que sólo van a las calles a trabajar, pe-ro que no viven en ellas. En este caso se trata de niñas y niños que, casi siempre en compañía de sus familias, cuidan coches, venden algunas baratijas, recogen basura, atienden puestos o cuando son muy pequeños, acompañan a sus madres, quienes han encontrado en las calles la oportunidad de desempeñar alguna actividad económica. En el informe anual que la organización dio a conocer el pasado 15 de enero con ocasión de su 30 aniversario –y que puede ser consultado en www.ednica.org.mx/ conoce-mas/informes– se da cuenta de diversas cuestiones estratégicas: cómo se gestionan recursos para operar y quiénes son los aliados que aportan a la institución; las vicisitudes de 70 jóvenes, niños y niñas que son parte del proceso que les permite acceder a un espacio rentado para reiniciar su vida fuera de la calle; 128 niñas, niños y adolescentes que realizaban alguna actividad económica en calle y que ahora, siendo parte de Ednica, van a la escuela, desde prescolar hasta bachillerato. También acerca de la presencia institucional en espacios de participación ciudadana y defensa de derechos. Destaco también que en la presentación del informe de este año participaron en la conducción de la ceremonia con un rol protagónico dos mujeres jóvenes (Xochitl y María Isabel), así como dos niñas (Lesli y Cesia) y un niño (Pablo) que trabajaban en la calle. Cada quien compartió algunas palabras sobre lo que les ha implicado ya no trabajar en las calles, y qué cambios han experimentado en sus vidas. Cesía, de 10 años, dice que los alrededores del que era su lugar de trabajo son ruidosos, sucios y que no se siente segura; se refiere a las inmediaciones de un paradero del Metro, donde su madre vende tacos. Si Cesia sigue en Ednica cinco o seis años más, quizá sea la primera mujer de su familia que concluya la secundaría, ingrese al bachillerato y tenga el impulso para acceder a un trabajo que le dé mayores oportunidades, logrando con ello una vida menos adversa. En el informe pueden encontrarse más testimonios de niñas y niños que hablan sobre los cambios que han realizado en sus familias, en sus trayectorias escolares y en sus planes de vida. Contradictoriamente, el mismo 15 de enero, ya entrada la noche, un joven que vivía en la calle falleció en alguna zona aledaña al Centro Histórico. Este joven, sin familia, con más de 15 años de vivir en las calles, murió a consecuencia de daños asociados a su adicción a los solventes. Al personal de Ednica le correspondió intervenir, como acontece en casos similares, pues algunas vecinas informaron a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que en Ednica tenían datos del chavo. Por lo que el personal se trasladó a la esquina donde se encontró el cuerpo y constató su identidad. Acto seguido cumplieron con los trámites para recuperar el cuerpo y el joven pudiese ser sepultado dignamente. En México y en nuestra capital en concreto, existen organizaciones de la sociedad civil que tienen mucha historia, que hacen un trabajo que no está haciendo el Estado, y que en su mayoría son transparentes, con una rigurosa administración de recursos. Organizaciones con gran legitimidad en las comunidades en las que trabajan, y que desde una lógica ciudadana y de derechos humanos impulsan la vida digna y la autonomía de personas excluidas. Por ello tenemos que mantener la exigencia de que el Estado vea a las organizaciones de la sociedad como aliados, no como competidores. Felicidades a Ednica por sus 30 años. Como dicen: nadie debería vivir, ni trabajar ni morir en las calles. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : CDHVitoria
¿Hacia dónde ir configurando el horizonte político educativo?
23 de noviembre de 2019 Por: Víctor Chima, Yoxmara González, Leslie Melo y Sinayini Ruiz Aguilar La vigente situación de violencia y de suma de opresiones pone un escenario que demanda que las personas de manera individual y colectiva realicemos acciones dirigidas a la modificación de nuestra realidad cotidiana. Entre las organizaciones que hacemos trabajo en derechos humanos sabemos que la apuesta por los procesos formativos es una tarea fundamental, generosa y fructífera. El CDH Vitoria pone de sí con un esfuerzo formativo llamado “Escuela para Jóvenes Defensoras de Derechos Humanos”. Desde hace 17 años “La Escuelita”, como es conocida cariñosamente, es un espacio que brinda herramientas y experiencias desde los derechos humanos, con la firme convicción de que la transformación social se construye de la mano de las juventudes. Fundamentada en los aportes de la educación popular, para la paz y teniendo como núcleo la aproximación alternativa y crítica a los derechos humanos y teniendo como ejes el diálogo intergeneracional y la mirada interseccional. Existe un discurso dominante y estereotipado en torno a lo que es ser joven, sin embargo desde nuestra experiencia sabemos que esto no es más que un conjunto de falsas creencias ya que las juventudes nutren continua y profundamente el esfuerzo de construir una vida más digna para todas las personas. Víctor Manuel Chima, quien fue parte de esta última generación de La Escuelita, pone énfasis en la comunicación digital como una herramienta para fomentar la participación de las juventudes en la defensa de derechos humanos. Comenta: “La información relacionada con los derechos humanos y los procesos de defensa y acompañamiento es vasta, por lo que es necesario pensar en formas y narrativas creativas de socialización con la intención de posicionar las discusiones en el debate público, visibilizar –sin revictimizar- a las víctimas de violaciones de derechos humanos y acompañar las exigencias de verdad, justicia y reparación, dando voz a quienes les ha sido arrebatada”. En sus palabras, afirma: La Escuelita, como espacio de compartición de saberes, nos invitó a repensar e intercambiar experiencias y herramientas siempre con el claro objetivo de ayudar a tener buenos resultados en el “acompañamiento digital de determinados procesos. Saber cómo contar historias desde la empatía, fortalecer los procesos de memoria colectiva, transmitir emociones a partir de las imágenes y generar conexiones desde el uso de las tecnologías de la información y plataformas digitales, pueden impactar en el imaginario de la sociedad y particularmente de las personas jóvenes, además de motivar la construcción de espacios para el diálogo intercultural e intergeneracional”. Yoxmara González Tapia es otra integrante de esta última generación que después de ocho meses de formación en la Escuela para Personas Jóvenes Defensoras de Derechos Humanos presentó un proyecto que plantea elaborar un diagnóstico y reconocimiento territorial y social de la relación de los jóvenes con el campo. Yoxmara, quien es etnóloga de formación nos dice que a pesar de los esfuerzos por incorporar a las y los jóvenes indígenas al sector a la educación superior, se ha invisibilizado lo que realmente buscan. Los diversos caminos que se pueden optar más allá de la profesionalización suelen ser muy variados y por ello es necesario pensar en mejorar no sólo las oportunidades en el ámbito escolar sino también en otros aspectos como lo laboral, en donde el trabajo campesino debe reconocerse como eso, trabajo, visibilizando los derechos que implica esto. Por último, otro aspecto relevante es el cambio generacional, los jóvenes indígenas que no precisamente optan por la educación, buscan espacios que los representen pero estos no siempre son cedidos. Estos elementos influyeron de manera profunda en su decisión de buscar y aprender en espacios como La Escuelita. Ella comenta: “la formación como defensores, considero, va más allá de la crítica y la enunciación, es reconocernos y reconocer a quienes van en el camino, visibilizando otros aspectos que contribuyen a la construcción del panorama complejo de lo social. Las herramientas que se brindan en la Escuela para juventudes defensoras no sólo se enfocan en la defensa sino que invitan a reconocer y construir las formas de acompañar procesos. Cuestionar, reflexionar, proponer y accionar son el siguiente paso que nos toca como personas jóvenes y defensoras. Hoy, nos enfrentamos a diversos retos y, ante un contexto de violencias y precariedad, necesitamos transformar nuestras relaciones y espacios, construyendo oportunidades, buscando metas y compartiendo saberes”. Por último tenemos la experiencia de Leslie Joryet Melo Gama, quien es una firme defensora de los derechos humanos de las mujeres y acompañante en temas de violencia de género. “Mi paso como parte de la Escuelita del Centro Vitoria, ha sido muy diferente a los espacios de formación de los que he sido parte, pues el aprendizaje se comparte desde las experiencias y del corazón. Éste es un espacio seguro, ya que al ser todas personas jóvenes, con interés y compromiso con la defensa y promoción de los derechos humanos, se genera un ambiente de confianza y compartición. Ante el contexto tan violento que atravesamos, espacios como este son sumamente necesarios para reflexionar colectivamente desde cada una de nuestras interseccionalidades, entretejernos y resistir desde otras formas creativas que nos permitan seguir construyendo y apostando a otras realidades posibles. En este sentido, es que a través de este proceso de formación en derechos humanos, se nos invita a la apropiación de las diversas herramientas compartidas, para fortalecer el trabajo que cada una de las personas desarrolla día a día desde sus diferentes espacios, sin desdibujar el trabajo de defensa como un proceso transformador de realidades en el mundo que habitamos, siendo nosotras, las diversas juventudes, parte del mismo al que se desea intervenir para recrear, retejer y reconstruir la dignidad de todas las personas que aquí existimos.” Conocer las experiencias de estas personas jóvenes que hablan desde su vivencia y convicción, pone en evidencia cómo conectar con un deseo de transformación frente a la injusticia, siendo el punto de partida para trabajar por el ejercicio de los derechos humanos al servicio de las personas y los
Juventudes en México: todavía precarizadas y sin derechos humanos plenos
-Reto del actual gobierno: mejorar condiciones reales en la vida de personas jóvenes. -Erradicar discriminación estructural y situaciones de vulnerabilidad que los jóvenes enfrentan. En el marco del Día Internacional de la Juventud, y dada la postura del actual Gobierno Federal de atender a las personas jóvenes, es necesario saber que este grupo de población se enfrenta a una crisis de derechos humanos que atraviesa al país. Es igualmente importante implementar una perspectiva de juventudes que permita garantizar de manera integral el cumplimiento de sus derechos, tomando en cuenta la diversidad de sus condiciones de vida. En un contexto nacional de extrema violencia y desigualdad, donde cerca de la tercera parte de la población son personas jóvenes, hablar de juventudes en plural, implica un reconocimiento político más amplio; es valorar la diversidad de experiencias en las que se encuentran las personas jóvenes en el país, buscando identificar condiciones sociales diferenciadas que influyen en el acceso a derechos como la educación, la salud, al trabajo, a la vivienda, a la participación ciudadana, a la seguridad, a la integridad personal, al derecho a la no discriminación, a decidir y a la autonomía corporal, por mencionar sólo algunos ejemplos. México es considerado uno de los países de América Latina con mayor desigualdad social y pobreza extrema, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2018), la situación se agudiza cuando se colocan enfoques como la diversidad de género, la diversidad sexual, la diversidad funcional, la diversidad cultural y lingüística y la condición de clase. De acuerdo con datos del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED, 2014), el empobrecimiento es el principal problema de las juventudes en México, porque casi la mitad de esta población se encuentra en dicha condición, a la que se le aúnan situaciones de discriminación por su condición social, su apariencia física (ligada a su condición económica), la escuela donde estudiaron, el lugar donde viven e incluso por sus publicaciones en redes sociales. Frente a una estructura de precarización económica, social y simbólica, basada en décadas de políticas neoliberales, debe ser prioridad del Estado garantizar los derechos humanos de estas personas, dedicando todos los medios y recursos posibles para revertir la situación tan difícil que hasta hoy enfrentan las juventudes que habitan o transitan por México. Es urgente pasar de un paradigma de la juventud como momento preparatorio a la edad adulta, etario o de perspectiva sociodemográfica, a otro que pone de relieve características referidas a rasgos identitarios o de sentidos de pertenencia sobre las culturas juveniles, donde se evite un supuesto de homogeneidad tras la noción de juventud. No es suficiente la formulación de una política pública sexenal dirigida a atender a estos sectores, porque lo que México también requiere con urgencia hoy para garantizar la vida digna de todas las personas jóvenes, es la consolidación de una perspectiva de juventudes y de derechos humanos transversal a todas las políticas y quehacer del Estado, que permita garantizar, promover, defender y respetar derechos efectivos, desde la participación política configurada por, para y desde las juventudes. Reiteramos nuestro compromiso y trabajo por los derechos de las juventudes, desde y con ellas. Llamamos a las juventudes a continuar organizándose, a continuar en la defensa de los derechos humanos, buscando una democracia y un país más justo, digno y en paz. Atentamente Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, A.C. Imagen destacada: Jorge Aguilar
La frontera feminicida: una realidad entre el Edomex y la CDMX
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] La frontera feminicida favorece las condiciones para que miles de mujeres (quienes transitan a diario por espacios públicos entre el Edomex y la CDMX en busca de oportunidades de empleo, de educación, en resumen, de una vida digna) padezcan –cotidiana y exacerbadamente- diversas formas de violencia de género en su contra debido al alto grado de vulnerabilidad al que están expuestas en este espacio geográficamente fronterizo. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] 11 de abril de 2019 Por: Equipo CDHVitoria Desde esta primera línea, afirmaremos categóricamente lo siguiente: la violencia de género contra las niñas, las adolescentes y las mujeres es una de las violaciones más graves a los derechos humanos y un motivo de vergüenza para nuestras sociedades, un obstáculo para el desarrollo inclusivo, equitativo y sostenible. Las niñas, las adolescentes y las mujeres mexicanas, sin importar su origen, edad, condición social, religión, identidad de género u orientación sexual, entre otras tantas variables, no sólo están expuestas, sino que padecen diversos tipos de violencia feminicida: a) por varias razones: el sexismo, el machismo, la misoginia, la desigualdad, la discriminación de género, y fortalecida por la situación de pobreza, la pertenencia étnica, la condición de discapacidad, el estatus migratorio, etcétera, etcétera, etcétera; b) en numerosos ámbitos: el hogar, la escuela, el trabajo, el ciberespacio… el espacio público, y también de forma muy acentuada en regiones como las fronteras geográficas entre una entidad y otra, una de ellas, entre el Edomex y la CDMX. Desde hace varias semanas, personas académicas, defensoras y activistas, así como colectivos, están retomando la discusión de una realidad que nosotras a partir de una lectura atenta de numerosos signos feminicidas(1) también hemos reconocido y en nuestra manera muy particular, hemos denominado “frontera feminicida”, entendiéndola como: Una gran parte del espacio público geográficamente fronterizo entre el Edomex y la CDMX, donde existe violencia ejercida contra las mujeres por razones de género (es decir, por el solo hecho de ser y/o identificarse como mujeres), la cual es perpetrada principalmente por varones cisgénero y concretizada en conductas y/o acciones diversas que les causan daños y repercusiones, entre ellos: físicos, psicosociales, sexuales, jurídicos, políticos y económicos; violencia que, si es llevada a su extremo, puede llegar a su forma más radical: el feminicidio, esto es, los asesinatos de mujeres motivados por el patriarcado. Después de examinar concienzudamente los aportes de varias personas académicas, de revisar minuciosamente la geo-estadística feminicida a nivel nacional, estatal y municipal, de analizar cuidadosamente la coyuntura feminicida actual desde varias perspectivas, de valorar profundamente los múltiples efectos de la violencia de género contra las mujeres, en fin, de leer los signos feminicidas que ya mencionabamos, constatamos la existencia de una frontera feminicida entre el Edomex y la CDMX, ya no como una mera hipótesis de investigación, ¡sino como una realidad que pide a gritos nuestra atención! Ahora bien, ¿por qué estamos dirigiendo nuestra atención a la frontera feminicida?, ¿qué propósitos perseguimos? Respondamos al “por qué” y al “para qué” de la frontera feminicida así: 1. Porque la frontera feminicida favorece las condiciones para que miles de mujeres (quienes transitan a diario por espacios públicos entre el Edomex y la CDMX en busca de oportunidades de empleo, de educación, en resumen, de una vida digna) padezcan –cotidiana y exacerbadamente- diversas formas de violencia de género en su contra, únicamente por razones de género, debido al alto grado de vulnerabilidad al que están expuestas en este espacio geográficamente fronterizo. 2. Para enfrentar y erradicar la violencia de género contra las mujeres en la frontera feminicida, y no sólo mediante medidas paliativas , sino desde la raíz, es decir, a través de mecanismos como la coordinación interestatal a nivel de procuración de justicia, de la declaratoria de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en todas las alcaldías de la CDMX, de la segunda AVGM en siete municipios del Edomex y de las consecuencias que las implementaciones adecuadas de las Alertas podrían traer consigo en ambas entidades. Por lo tanto, ya que apostamos a la construcción de un mundo más justo y digno para todas y todos, apostemos para que, por un lado, la violencia de género contra las mujeres en la frontera feminicida sea enfrentada y erradicada, y por el otro, sean respetados, protegidos, promovidos y garantizados los derechos humanos de las miles de niñas, adolescentes y mujeres que transitan entre el Edomex y la CDMX. Estamos completamente convencidas de que no daremos ni un paso atrás y seguiremos insistiendo en luchas hombro con hombro junto a miles de mujeres que han gritado en todos los espacios, públicos y privados, la urgencia de detener la violencia feminicida. 1 | Estos signos son manifestaciones concretas de la violencia feminicida que van desde actitudes hasta acciones que pueden culminar en feminicidios [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Consultar artículo en Animal Político. Imagen destacada: Queso Rayones [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Desde algunos espacios de la sociedad civil, para el señor presidente
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Es preciso se identifique que algunas OSC –a nivel local y nacional– se han caracterizado por ser espacios de encuentro y diálogo; por acompañar procesos emancipatorios a lo largo de los años; por construir alternativas de solución ante la complejidad social; por generar vínculos profundos con y entre las comunidades; y por abonar a la recuperación del tejido social. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] 15 de marzo de 2019 Por: José A. Rosano, Vidal oliver, Lorena D Quintana y Viridiana Martínez En la década de 1980, las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) empezaron a constituirse con más auge, especialmente tras el terremoto de 1985, hecho que les permitió situarse y observar que, juntas y organizadas, podrían incidir críticamente para colocar en las discusiones –locales y nacionales– problemáticas que habían sido históricamente invisibilizadas. Con el paso de los años, las OSC comenzaron a tener implicaciones directas sobre personas, grupos y comunidades, adquiriendo sentido a través de las experiencias y sentires de una sociedad mexicana, que, poco a poco, encontró en estos espacios defensa, acompañamiento en la denuncia pública, incidencia y visibilidad de los actos dirigidos a las poblaciones en situación de vulnerabilidad. Al llegar la década de 1990, con los ánimos del levantamiento zapatista y la entrada emblemática del capitalismo neoliberal con el Tratado de Libre Comercio (TLCAN) a México, las organizaciones mantuvieron la visión ciudadana de esta controversia nacional, sumando esfuerzos entre movimientos sociales, colectivos, activistas y personas defensoras que abogaron por la igualdad de oportunidades, dando pie a la conformación de organizaciones, las cuales interseccionan su labor para ser, pensar y actuar por la exigencia y garantía de los derechos humanos, la dignidad y el respeto de todas las formas de vida. A pesar de ello, no fue sino hasta 2004 que en el periodo del entonces titular del Ejecutivo, Vicente Fox Quezada, con todo y su conservadurismo, se logró promulgar la Ley Federal de Fomento a las Actividades por las Organizaciones de la Sociedad Civil, que no sólo otorgó reconocimiento legítimo a la labor profesional y sistemática de las OSC, sino que formuló un cuerpo normativo que delimitó su actuar con fines meramente sociales. Si bien es cierto que la profesionalización de las OSC a nivel nacional ha sido lenta –en comparación con las manifestaciones de la sociedad civil internacional– también es igual de cierto que han dado pauta para reconocer que las y los mexicanos podemos consolidar procesos de prevención, atención, acompañamiento, defensa de derechos humanos, evaluación, diagnóstico e incidencia política, lo que las convierte en protagonistas sociales y políticas de gran trascendencia y, sobre todo, en portavoces directas de la ciudadanía. No obstante todo esto último, en días recientes se ha instalado en la discusión pública nacional un discurso que transgrede y descalifica la labor de las OSC: el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anunció la desaparición de algunos de los programas emblemáticos como el Programa de Coinversión Social, es decir, el Programa de Subsidio Federal Único hacia las OSC, lo cual, entre otras cosas, ha intensificado percepciones de desconfianza hacia las OSC, porque se las ha caracterizado como “oportunistas políticas”, “cero profesionales”, “actoras intermediarias”, “desconocedoras de la realidad social” (e incluso se ha criminalizado su actuar como defensoras de derechos humanos). Y aunque se han sumado iniciativas como #SíConLasOSC, así como otras campañas donde se está dando a conocer el arduo, complejo y profesional trabajo de muchas de las OSC (el cual representa, además, el 3 por ciento del producto interno bruto, según lo reportado por la asociación Alternativas y Capacidades, AC, en 2019), la óptica gubernamental-federal se niega a verlas como posibles coadyuvantes y acompañantes legítimas de la población mexicana. Por lo anterior, lanzamos una pregunta al actual presidente de la República y al gobierno federal: ¿el Estado cuenta con las herramientas necesarias para hacer a un lado a las OSC? Para que respondan este cuestionamiento de una manera crítica y adecuada, creemos indispensable que, al menos: Se vea la historia y se haga memoria sobre el papel verdadero de algunas OSC en el país (que, dicho sea de paso, va muchísimo más allá de gestionar recursos económicos); muchas de ellas, por supuesto, surgidas desde las izquierdas latinoamericanas. Se identifique que algunas OSC –a nivel local y nacional– se han caracterizado por ser espacios de encuentro y diálogo; por acompañar procesos emancipatorios a lo largo de los años; por construir alternativas de solución ante la complejidad social; por generar vínculos profundos con y entre las comunidades; y por abonar a la recuperación del tejido social. Se deje de presumir y aseverar, de forma irresponsable, que todas las OSC son de tal o cual manera sin antes examinar la diversidad de ellas, ya que no existe un solo tipo de OSC. Se contemple la diversidad de problemáticas estructurales que amenazan el ejercicio de los derechos humanos de diversos grupos poblacionales, entre éstos, las juventudes que de forma sorora y solidaria (como es el caso de quienes firmamos este artículo), deciden pese a las barreras institucionales y sociales involucrarse a través de las OSC en la búsqueda de mejoras de su realidad social y en la de otras personas. Es primordial, entonces, conservar una memoria histórica ante los logros de las OSC, plasmados en programas y políticas públicas que han coadyuvado al bienestar social, no sólo de personas jóvenes, sino también de niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad, mujeres, población LGBTI+, población en situación de calle, grupos de campesinos, campesinas e indígenas, entre muchas otras, que ahora se encuentran en riesgo e incertidumbre por las descalificaciones generalizadas sin mayor fundamento y por los recortes presupuestales, que, para numerosas OSC, son apoyos fundamentales que permiten la realización de sus proyectos, los cuales no buscan otra cosa más que fortalecer y generar condiciones ligadas al bienestar social. Finalmente, repensar, escuchar y considerar todas las variables en esta discusión sobre las OSC, permitirá al señor presidente y al gobierno federal reconocerlas como personajes clave en el momento que ocurre en el país y
Cuestionamientos juveniles abiertos
El horizonte de las preguntas de las y los jóvenes apuntan directamente a un cuestionamiento frontal y global del régimen político existente, del modelo neoliberal predominante y de la oligarquía. Sábado 23 de junio de 2018 Miguel Concha En las próximas elecciones presidenciales estarán llamados a votar 25 millones de jóvenes; lo cual equivale a un tercio del padrón electoral. En un país signado por la desigualdad, la corrupción, la violencia, la falta de democracia y la ausencia de oportunidades para la juventud, resultan revitalizadores los esfuerzos críticos que provienen de dicho espectro de la sociedad y ponen el acento sobre temáticas que, infelizmente, no se han discutido a profundidad por los candidatos a la Presidencia. La iniciativa ¿Quién sacará a México de la barbarie? 73 preguntas que los candidatos presidenciales no se atreven a responder, difundida por medio de un video (https://bit.ly/2t5D1rT) y una petición en change.org (https://bit.ly/2sWcSMM), es un esfuerzo que resulta destacable en varios sentidos. En primer lugar por sus emisores, quienes en su mayoría son jóvenes de diversas profesiones y condiciones. Este grupo expresa la urgente necesidad que tiene la juventud, y diversos sectores de nuestra sociedad, por consolidar espacios autónomos de acción y discusión política ante la adversidad y la falta de representación en las instituciones y los partidos políticos. Y por apuntar de manera central a la impunidad y el cinismo con los cuales las instituciones se manejan en nuestro país. De hecho, el inicio del texto, dedicado a cuestionar la candidatura de Meade, comienza de esta manera: ¿es posible olvidar los grotescos casos de Odebrecht, la estafa maestra o la casa blanca? ¿Acaso un discurso repetitivo puede borrar la indignación y la memoria de los casos de los Duarte, los Yarrington, los Herrera? En ese mismo tenor, y cuestionando el discurso de Ricardo Anaya, se menciona: ¿Cómo pueden ofrecer justicia y respeto a los derechos humanos sin condenar y hacer justicia en el caso Tlatlaya? ¿O en Apatzingán? ¿Cómo pueden hacer robustos discursos sin mencionar la palabra feminicidio? Y nos preguntamos –añaden–, ¿Cómo pueden los candidatos ir repartiendo abrazos sin nombrar las palabras que indignaron a miles y miles de personas? ¿Recuerdan esos lugares? ¿Guerrero? ¿Iguala? ¿Ayotzinapa? La iniciativa resulta también vital por su contenido, ya que aborda temas que en el marco de la coyuntura electoral no se han discutido: ¿No hablarán nada sobre los cientos de conflictos por el despojo de tierras, agua y bosques que sufren los pueblos indígenas en todo el país? ¿Será que las responsables del despojo son las mismas empresas a las que llaman con vehemencia para que inviertan en México? Como en otras ocasiones, es la juventud la que atina en colocar el lente de la crítica en la ausencia de derechos para sectores marginados: ¿No les merecen ni siquiera una mención las formas de gobierno de los pueblos indígenas que hoy existen en muchas partes de la nación? ¿Olvidan que el Estado mexicano se comprometió a reconocer sus derechos como pueblos indígenas? ¿Seguirán ignorando ese compromiso? ¿Podrían enunciar sin balbucear los derechos de las mujeres? ¿Por qué evaden nombrar a las personas discriminadas por su género y su identidad sexual? En el caso de los cuestionamientos lanzados al candidato de Morena conviene destacar que la crítica proviene desde una lógica antisistémica: ¿López Obrador realmente cree que la corrupción existente puede desmontarse con el ejemplo? ¿O que los problemas del país pueden reducirse a la corrupción, sin afectar la obscena concentración de la riqueza? ¿Por qué cree que es posible establecer alianzas progresistas con sectores de la mafia en el poder y con algunos de los grandes empresarios? ¿Por qué pactar con el gran capital? ¿Por qué pactar con la derecha ultraconservadora? ¿Un gobierno de izquierda puede someter a consulta los derechos humanos? Para poder emprender algún tipo de cambio, ¿no cree necesario refundar por completo las instituciones mexicanas? En términos generales, los elementos enunciados hasta aquí apuntan directamente a un cuestionamiento frontal y global del régimen político existente, del modelo neoliberal predominante y de la oligarquía. Dicho horizonte, en mi opinión, es vital para emprender un cambio desde la raíz para nuestra sociedad. Finalmente, este saludable ejercicio apunta a continuar el esfuerzo mostrado por las movilizaciones sociales de los años recientes. Hemos sido –dicen– miles las personas que salimos a las calles en contra de las desapariciones forzadas; las violencias machistas; los fraudes electorales y el maíz transgénico, igual que en oposición a la reforma educativa y la minería extractivista. Miles hemos gritado e inundado las calles para exigir justicia por los bebés de la guardería ABC; por los migrantes desaparecidos y asesinados; por Atenco; por Nochixtlán; por Mara; por Lesvy y los cientos de feminicidios; por memoria, verdad y justicia para Pasta de Conchos, Aguas Blancas y Acteal. Por los estudiantes de Ayotzinapa y de Guadalajara. ¿No es acaso necesario seguir luchando? Quienes firmamos esta carta –concluyen–, pensamos que es esta última pregunta la única que tendrá respuesta. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Armando Simonin
