Ante la pandemia, desde abajo
Editoriales | 📰 Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada Web original | 📷 Imagen : Web Por: Miguel Concha Sábado 📅 02 de mayo de 2020 Diversos posicionamientos de personas, organizaciones e instituciones defensoras de derechos humanos concuerdan, de una u otra manera, con respecto al Covid-19, en un aspecto común: cualquier medida que tome el Estado mexicano para atender y contener la pandemia debe tener como centro el pleno respeto y garantía de los derechos humanos de todas las personas, especialmente los de los grupos de atención prioritaria o que histórica o coyunturalmente se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad. Ejemplo de esto es la Resolución 1/2020, titulada Pandemia y Derechos Humanos en las Américas (https://bit.ly/3csq9RE), adoptada el pasado 10 de abril por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, Comisión). En términos generales, esta resolución hace un llamado a los 35 estados miembros de la Organización de Estados Americanos, uno de ellos México, para que adopten la perspectiva de derechos humanos de manera inmediata e interseccionalmente en toda estrategia, política o medida dirigida a enfrentar la pandemia. Asimismo, la resolución señala que toda medida que restrinja, suspenda o limite derechos necesita ser adecuadamente justificada. Por ejemplo, con la mejor evidencia científica y ajustándose a los principios pro persona, de proporcionalidad y temporalidad, los cuales han de procurar el estricto cumplimiento de los objetivos de salud pública y protección integral. Así, la resolución también expone que los estados deben abstenerse de suspender ciertos derechos, entre ellos el reconocimiento a la personalidad jurídica de las personas, a la vida, a la integridad personal y los derechos políticos. Aunado a esto, la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, compuesta por 33 organismos del Estado nacional, dedicados a la defensa y promoción de los derechos humanos, emitió un pronunciamiento (https://bit.ly/3eBrqrw) en el que declaró, entre otras cosas, que la emergencia sanitaria no debe convertirse en una crisis de derechos humanos, sino que debe considerarse como una oportunidad para hacer efectivos los deberes de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. De esta manera, y según la doctora Fabiola Martínez Ramírez, la emergencia sanitaria desencadenada por el Covid-19 no justifica de ninguna manera que el Estado mexicano pase por encima de los derechos humanos, sino que todas las autoridades, en sus diferentes ámbitos y niveles de competencia, están obligadas a respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos, así como a cumplir con sus deberes específicos. Es decir, a prevenir, investigar, sancionar y reparar sus violaciones. Sin embargo, medidas como la publicación de la controvertida Guía Bioética de Asignación de Recursos de Medicina Crítica (en adelante, Guía), actualmente en revisión, que después fue manejada por las autoridades como un proyecto no aprobado, representaba un claro desconocimiento e inaplicación de las obligaciones generales y deberes específicos del Estado o, por lo menos, de quienes integran el Consejo de Salubridad General. Así, parecía que la Guía se tomaba la atribución para decidir arbitrariamente quién viviría y quién moriría en situaciones de asignación de recursos escasos, a través de meros criterios utilitaristas, hoy aparentemente eliminados, como el llamado vidas-por-completarse, o el Triaje, el cual es, parafraseando a Mauro González Luna ( Proceso, Num. 2268, p. 12), una suerte de volado, donde el azar toma la decisión. Medidas como la Guía son la puerta de entrada a numerosas violaciones a derechos humanos por acción, omisión o aquiescencia. Una de éstas es la discriminación o los tratos diferenciados e injustificados contra grupos de atención prioritaria o en situación de vulnerabilidad; entre ellos las personas adultas mayores, contraviniendo con ello instrumentos jurídicos vinculantes, como la Constitución (artículo 1), la Ley Federal Para Prevenir y Erradicar la Discriminación (artículos 1-4) y la Resolución 1/2020 de la Comisión Interamericana (resolutivos 3, 36, 40, 43, 58, 67, 69, 71 y 76). Por estos y otros motivos, saludamos los genuinos esfuerzos de las autoridades, pero a la vez las llamamos a reali-zar dos tareas esenciales en estos tiempos de crisis: cumplir con sus obligaciones generales y deberes específicos, para que durante y después de esta pan-demia, todas las personas gocen plenamente de los derechos humanos reconocidos en la Constitución de nuestro país y en los tratados internacionales ratificados en México, mediante procedimientos de protección adecuados que permitan su materialización. Y en segundo lugar, adoptar criterios razonablemente objetivos, bajo la perspectiva de derechos humanos que permitan priorizar, sin discriminar, como los test de proporcionalidad (https://bit.ly/2RWgxXD) y de máximo uso de recursos disponibles (https://bit.ly/2KpbbA0), así como modelos bioéticos congruentes para deliberar problemas y dilemas éticos.
Obligaciones y deberes del Estado
Editoriales | 📰 Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada Web original | 📷 Imagen : Web | AFP Por: Miguel Concha Sábado 📅 25 de abril de 2020 Diversos posicionamientos de personas, organizaciones e instituciones defensoras de derechos humanos concuerdan, de una u otra manera, con respecto al Covid-19, en un aspecto común: cualquier medida que tome el Estado mexicano para atender y contener la pandemia debe tener como centro el pleno respeto y garantía de los derechos humanos de todas las personas, especialmente los de los grupos de atención prioritaria o que histórica o coyunturalmente se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad. Ejemplo de esto es la Resolución 1/2020, titulada Pandemia y Derechos Humanos en las Américas (https://bit.ly/3csq9RE), adoptada el pasado 10 de abril por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, Comisión). En términos generales, esta resolución hace un llamado a los 35 estados miembros de la Organización de Estados Americanos, uno de ellos México, para que adopten la perspectiva de derechos humanos de manera inmediata e interseccionalmente en toda estrategia, política o medida dirigida a enfrentar la pandemia. Asimismo, la resolución señala que toda medida que restrinja, suspenda o limite derechos necesita ser adecuadamente justificada. Por ejemplo, con la mejor evidencia científica y ajustándose a los principios pro persona, de proporcionalidad y temporalidad, los cuales han de procurar el estricto cumplimiento de los objetivos de salud pública y protección integral. Así, la resolución también expone que los estados deben abstenerse de suspender ciertos derechos, entre ellos el reconocimiento a la personalidad jurídica de las personas, a la vida, a la integridad personal y los derechos políticos. Aunado a esto, la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, compuesta por 33 organismos del Estado nacional, dedicados a la defensa y promoción de los derechos humanos, emitió un pronunciamiento (https://bit.ly/3eBrqrw) en el que declaró, entre otras cosas, que la emergencia sanitaria no debe convertirse en una crisis de derechos humanos, sino que debe considerarse como una oportunidad para hacer efectivos los deberes de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. De esta manera, y según la doctora Fabiola Martínez Ramírez, la emergencia sanitaria desencadenada por el Covid-19 no justifica de ninguna manera que el Estado mexicano pase por encima de los derechos humanos, sino que todas las autoridades, en sus diferentes ámbitos y niveles de competencia, están obligadas a respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos, así como a cumplir con sus deberes específicos. Es decir, a prevenir, investigar, sancionar y reparar sus violaciones. Sin embargo, medidas como la publicación de la controvertida Guía Bioética de Asignación de Recursos de Medicina Crítica (en adelante, Guía), actualmente en revisión, que después fue manejada por las autoridades como un proyecto no aprobado, representaba un claro desconocimiento e inaplicación de las obligaciones generales y deberes específicos del Estado o, por lo menos, de quienes integran el Consejo de Salubridad General. Así, parecía que la Guía se tomaba la atribución para decidir arbitrariamente quién viviría y quién moriría en situaciones de asignación de recursos escasos, a través de meros criterios utilitaristas, hoy aparentemente eliminados, como el llamado vidas-por-completarse, o el Triaje, el cual es, parafraseando a Mauro González Luna ( Proceso, Num. 2268, p. 12), una suerte de volado, donde el azar toma la decisión. Medidas como la Guía son la puerta de entrada a numerosas violaciones a derechos humanos por acción, omisión o aquiescencia. Una de éstas es la discriminación o los tratos diferenciados e injustificados contra grupos de atención prioritaria o en situación de vulnerabilidad; entre ellos las personas adultas mayores, contraviniendo con ello instrumentos jurídicos vinculantes, como la Constitución (artículo 1), la Ley Federal Para Prevenir y Erradicar la Discriminación (artículos 1-4) y la Resolución 1/2020 de la Comisión Interamericana (resolutivos 3, 36, 40, 43, 58, 67, 69, 71 y 76). Por estos y otros motivos, saludamos los genuinos esfuerzos de las autoridades, pero a la vez las llamamos a reali-zar dos tareas esenciales en estos tiempos de crisis: cumplir con sus obligaciones generales y deberes específicos, para que durante y después de esta pan-demia, todas las personas gocen plenamente de los derechos humanos reconocidos en la Constitución de nuestro país y en los tratados internacionales ratificados en México, mediante procedimientos de protección adecuados que permitan su materialización. Y en segundo lugar, adoptar criterios razonablemente objetivos, bajo la perspectiva de derechos humanos que permitan priorizar, sin discriminar, como los test de proporcionalidad (https://bit.ly/2RWgxXD) y de máximo uso de recursos disponibles (https://bit.ly/2KpbbA0), así como modelos bioéticos congruentes para deliberar problemas y dilemas éticos.
Organizaciones, comunidades y colectivos urgen al Ejecutivo Federal a detener la construcción del Tren Maya y respetar la Libre Determinación de las comunidades
Comunicados | Adhesiones del CDHVitoria | 📷 Imagen : Indignación 📅 21 de abril de 2020 El día 06 de abril del presente año, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos técnicos para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado el 31 de marzo del 2020, suscrito por el Secretario de Salud Pública del gobierno Federal. De manera específica, el párrafo segundo del artículo 2 del citado Acuerdo establece claramente que todas las actividades de producción de acero, cemento y vidrio que tengan contratos vigentes con el gobierno federal deberán continuar para cumplir con los compromisos a corto plazo de los proyectos Dos Bocas, Tren Maya, Aeropuerto Felipe Angeles y el Corredor Transístmico aún cuando los acuerdos en la materia establecen el cierre de todas las actividades no esenciales en el país hasta el 30 de abril de 2020 con la finalidad de impedir se siga propagando la enfermedad. Del mismo modo ONU-Habitat y FONATUR continúan realizando un censo y entrevistas durante la fase 2 de esta emergencia sanitaria con la finalidad de desalojar y reubicar a población de la ciudad de Campeche. (…) Leer comunicado completo (Página web de Indignación.org.mx) ATENTAMENTE Ver firmas
Lo que emerge en la emergencia
Editoriales | 📰 Columna de opinión en la Revista Contralínea Web original | 📷 Imagen : Cuartoscuro Por: Nery Chaves García (Costa Rica), Tanja Vultier (Colombia), Amy Roca Sinay (Guatemala) y Viridiana Martínez Ortiz* 📅 18 de abril de 2020 El presente artículo de opinión guarda una serie de diálogos, reflexiones y sentires, de cuatro mujeres jóvenes que habitan y transitan diversas realidades, desde Colombia, Costa Rica, Guatemala y México. Lugares en los cuales se ha instalado una pandemia, suscitada por un virus nombrado Covid-19, descubrimiento viral de la época que se ha tornado como punto de quiebre de lo que se vivía cotidianamente, siendo también un tiempo representado como un espacio suspendido desde las incertidumbres; sin embargo que se presenta como una posibilidad para conversar regionalmente. Con todo y las distancias geográficas, mas no históricas, intentamos aproximarnos y sentirnos cercanas. Esto requiere de paciencia, ternura, buena señal de internet y mucha escucha para comprendernos y reconocernos, desde las vivencias situadas que nos están doliendo, trastocando y, que sin duda, evidencian un momento histórico que implica reorganización, pausa y reinvención de los procesos sociales que luchan y apuestan a la transformación de sentidos, subjetividades y dimensiones materiales de las realidades. El despojo, concentración de bienes comunes y de riqueza, la misoginia, racismo, odio, represión, criminalización y judicialización a los cuerpos, formas, sentidos y organizaciones de vida contrahegemónicas, son algunas de las características comunes de Mesoamérica. Poblaciones enteras que sobreviven día a día a desigualdades y violencias estructurales que forman la base de los Estado-Nación que les empobrecen, expulsan y asesinan. Sobre esas dinámicas se gobierna desde el control, la militarización y/o securitización de la vida cotidiana, como mecanismos de aleccionamiento contra la organización comunitaria y política. La crisis sanitaria llegó a la región importada desde los cuerpos que pueden movilizarse extracontinentalmente. El norte mundial importó la Covid-19 al sur latinoamericano, recordando a la época colonial y evidenciando que aún sobrevivimos entre políticas coloniales, patriarcales, racistas, misóginas y capitalistas. Hoy es la desigualdad la que explota en nuestras caras, donde los Estados mesoamericanos, lejos de atenderlas, acentúan esas diferencias al generar recetas uniformes a sociedades tan desiguales. ¿Qué evidencia la crisis? Desde estas aproximaciones regionales, si algo nos hace entender esta pandemia es la magnitud de la inequidad estructural en lo social, económico y político en la que vivimos. Muchos estaban diciendo que el virus afecta a todas las personas por igual, pero esto contiene diversas condiciones estructurales y para ello basta echar una mirada a los barrios, comunidades y espacios sociales que históricamente han sido desposeídos, siempre los más afectados, más aún en Estados donde lo social nunca ha sido una prioridad en la política pública. En ese sentido, la Covid-19 está alimentado por el capitalismo. Con este temor, desde las realidades latinoamericanas se están configurando medidas drásticas de control social que se han implementado para “prevenir” su expansión desmedida; sin embargo esta situación también responde a estrategias de represión que continúan violentando con mayor agresividad los derechos humanos individuales y colectivos. Las medidas más restrictivas en la región han sido precedidas de movilizaciones importantes y señalamientos profundos al ordenamiento social y el status quo. En Mesoamérica, propiamente, es un devenir autoritario el que dice prevenir a Covid-19, devenir legitimado por el miedo. Lo anterior puede ser ejemplificado a través de las diversas medidas y estrategias de represión comunes que se están tomando en los diversos países latinoamericanos, evidenciando una serie de problemáticas: las medidas como la cuarentena, el aislamiento social preventivo, toque de queda o incluso estados de excepción, están dando pie a una serie de reconfiguraciones sociales y desde la lógica neoliberal se está mostrando una cara estatal asistencialista. Es por ello que en términos macroeconómicos se construyen fondos económicos a partir del adelgazamiento de presupuestos de programas sociales, cobrando impuestos llamados “solidarios”, que centran su peso en las personas empleadas públicas, reduciendo las jornadas laborales, flexibilizando las condiciones laborales y ampliando la deuda a nivel interno y externo. Estas medidas, sin duda, van a impactar y a precarizar aún más la vida de millones de personas a nivel regional. En términos microeconómicos se visualiza un gran número de personas trabajando en el sector informal, sin contrato o seguridad social, dependiendo de los ingresos que pueden generar a diario. Seis de cada 10 personas empleadas en la región están en la informalidad; para ellas, un sólo día de cuarentena significa un gran problema para su sustento y el de sus familias. En el cotidiano, la pandemia también está visibilizando la gestión de la vida y muerte. Existen muchos grupos sociales que están siendo desprotegidos y olvidados, como las personas que se encuentran en situación de calle, personas migrantes, desplazadas, internas, defensoras y activistas u otras personas para quienes la medida “Quédate en casa” puede sonar como una burla, un asunto impensable, inhabitable. Lo mismo vale para las muchas mujeres y la niñez que, más allá de desconocer cómo organizar clases virtuales para sus hijas e hijos por falta de internet, están viviendo con sus agresores en casa y para quienes una cuarentena puede resultar incluso letal. Los feminicidios y los asesinatos a personas defensoras de tierra y territorio y defensoras de derechos humanos no se van a cuarentena. Para muchas comunidades indígenas o rurales abandonadas históricamente o afectadas por multinacionales, o en muchos barrios periféricos de las ciudades, tan sólo las medidas de saneamiento básico como lavarse las manos continuamente se complica por la falta de agua constante. La batalla contra la Covid-19 se empina cuando se evidencia que la salud no ha sido prioridad política. Según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2017 América Latina destinó a salud tres veces menos que los países de la Unión Europea [1]. El desfalco a la salud pública corresponde a una crisis que antecedió al virus; en ese sentido la emergencia sanitaria que vive la región tiene raíces profundamente políticas: las inequidades entre los sectores de salud privada y pública, así como las inequidades de acceso a
Esto lo cambia todo: la crisis que ya vivíamos
Editoriales | 📰 Blog «La dignidad en nuestras manos» del Plumaje de Animal Político Web original | 📷 Imagen : Eneas de Troya Por: Jorge Luis Aguilar y Donovan Ortega (@ donoortega)* 📅 10 de abril de 2020 Aceptémoslo, la incertidumbre que permea a buena parte de la humanidad lo cambiará todo. Es difícil imaginar lo que representarán en términos sociales, económicos y políticos las medidas urgentes que se han tomado en diversos países para atender el riesgo del virus, su peligro es el más alto desde los eventos de influenza ocurridos en 1918 y 2009, según el modelo del Imperial College de Londres. Nos han dicho que para detener la pandemia debemos cambiar la forma en que hacemos todo. La radicalidad de las medidas de confinamiento podrían alargarse indefinidamente de acuerdo al mismo colegio experto; una alternativa propuesta es el planteamiento de una cuarentena extendida que se flexibiliza cuando el ritmo de los ingresos a cuidados intensivos de los hospitales se relaja, pero que eventualmente reactiva las medidas de aislamiento social con la llegada de hipotéticos picos en el futuro de ingresos a urgencias. De esta forma, la aparente mejor estrategia supondría que nos confinemos durante dos de cada tres meses consecutivamente, eso al menos hasta que existan avances en el tratamiento a los síntomas o se termine y distribuya satisfactoriamente una vacuna. Por otro lado, aún en el escenario de que todo “volverá a la normalidad” después de algunas semanas o meses, la pandemia supone ya un cambio importante a las normas sociales y algunas reorientaciones que se asoman a largo plazo. Se profundizará, por ejemplo, la alternativa del trabajo y estudio a distancia como una dinámica con mayor presencia, pero que supone una opción al alcance exclusivo de quienes tienen de una u otra forma acceso a internet y la tecnología necesaria para dicha tarea, así como garantías sociales, educativas o laborales que les permiten “adaptarse” a la situación, aspecto que en el contexto actual sólo podría profundizar la desigualdad de oportunidades y el ejercicio de derechos. Y sólo en ese punto ya existe un indicador del momento en el cual llega la llamada crisis sanitaria a algunos países, contrastando con mayor nitidez la inequidad estructural en todos los ámbitos en los que vivimos, pero también para reimaginar las formas de hacerles frente. Si las protestas masivas y calles abarrotadas de reclamos contra el cambio climático, la violencia feminicida y la concentración de la riqueza ocuparon las primeras planas en todos los continentes, a partir de este momento los movimientos sociales tendrán oportunidad de explorar con mayor creatividad su alcance a través de medios tecnológicos y la organización con las y los más próximos, reflexionar sobre los horizontes políticos y el hacer voz en común aún con la distancia física y las plazas restringidas. Al mismo tiempo se pone en el centro de la discusión la obligación del Estado de garantizar los derechos humanos. El sentido de su encargo se hace más presente cuando es tan palpable que para vivir dignamente falta que todas y todos puedan tener un techo donde resguardarse, acceder a servicios médicos de calidad, agua y energía, alimentos con los cuales subsistir y los medios necesarios que permitan de alguna forma atenerse al resguardo, son en primer lugar condiciones fundamentales e irrenunciables. Son realidades que no pueden esperar y el evento actual permite visibilizar con mayor crudeza las desigualdades estructurales y la precarización de las sociedades profundizada en las últimas décadas por el avance del libre mercado. No sólo es atender la indicación del confinamiento, medida planteada unilateralmente desde la lógica clínica para disminuir la anunciada crisis, sino además generar las condiciones necesarias y adecuadas para reducir las brechas sociales que se han exacerbado con el impacto de la medida, afectando diferenciadamente a los grupos históricamente marginados. Han destacado desde muchas organizaciones de la sociedad civil, instituciones y movimientos comunitarios muchas propuestas para reducir los riesgos de las personas migrantes, resguardar a las personas que viven en poblaciones de calle, monitorear los riesgos de quienes están privadas de su libertad, dar alternativas a las mujeres cuyo riesgo a la violencia aumenta al estar enclaustradas con su agresor y asegurar un dialogo atento, cercano y digno con las personas adultas mayores, más vulnerables a padecer de las consecuencias físicas de la enfermedad, pero también de estar en situación de pobreza y olvido institucional, situación que hace crecer exponencialmente el riesgo. Las situaciones excepcionales, de crisis, han ofrecido el combustible para que los diversos mecanismos del poder –políticos, simbólicos, económicos, (…)- se afiancen y radicalicen en las sociedades. Del shock y la conmoción surgen miedos más o menos profundos que paralizan y aturden a las comunidades, generando escenarios sociales ideales para el avance de políticas draconianas y de libre mercado que difícilmente pasarían sin protesta y desencuentro con la población en circunstancias democráticas. De esa forma mientras la guerra representa probablemente el evento más traumático para una sociedad, la naturaleza en forma de volcanes, terremotos, tsunamis, hambrunas y epidemias también puede despejar el camino para que los grupos que acaparan el poder y los recursos destraben medidas impopulares para las mayorías y, además, que esto se haga en nombre de la seguridad o en búsqueda de salir de la sensación de emergencia (sea dicha emergencia real o percibida). No hace falta buscar demasiado para distinguir la tendencia de algunos gobiernos, proclives de por sí a ser autoritarios, para aprovechar de manera oportunista el pánico colectivo y desplegar respuestas que suenan desproporcionadas y que podrían sumar al miedo amplificado por el despliegue mediático. Para nombrar algunos ejemplos está Chile que ha decretado una prohibición explícita de movilizaciones y asambleas; en la misma región, Perú creó un registro de las personas detenidas por infringir el toque de queda y también ha publicado una ley que “faculta a las Fuerzas Armadas a hacer uso de la fuerza para garantizar el cumplimiento del Estado de Emergencia para frenar al COVID”. De esta forma, mientras avanza el contagio del virus le siguen también relatos y códigos
México, el maíz y su diversidad
Editoriales | 📰 Blog «La dignidad en nuestras manos» del Plumaje de Animal Político Web original | 📷 Imagen : Victor Manuel Chima Por: Víctor Manuel Chima y Logan Miller* 02 de abril de 2020 El maíz es base de la alimentación en México. Es fuente principal de potasio, ácido fólico, vitamina A, y cuando es maíz nixtamalizado es una fuente importante de calcio. La planta del maíz forma parte de la milpa, sistema agrícola tradicional utilizado por comunidades indígenas durante generaciones y que persiste al día de hoy, en el que coexiste con el chile, la calabaza, el frijol y los quelites. Es prácticamente imposible imaginar nuestro país sin el maíz, pero en las últimas décadas la soberanía alimentaria se ha visto amenazada, y con ella, la existencia y preservación de las distintas variedades de maíz nativo. Desafortunadamente, hoy en día nos confronta la posibilidad de perder su gran diversidad, junto con las culturas en las que se encuentra presente. ¿Por qué las campesinas y campesinos son importantes en la protección del maíz nativo? En los últimos años, campesinas y campesinos que conservan las semillas del maíz nativo han sufrido las implicaciones de las políticas neoliberales, el cambio climático y la violencia ocasionada por el crimen organizado. Tratados internacionales como el TLCAN abrieron la puerta a maíces híbridos, transgénicos y baratos, importados de Estados Unidos y otros países, afectando considerablemente la producción, distribución y consumo de los maíces nativos, y la soberanía alimentaria en general. El Estado Mexicano, además, redujo los programas de apoyo para el campo, empeorando aún más la situación de las comunidades campesinas, y resultando en el despojo de las tierras y los territorios por parte de proyectos extranjeros. Aún más, el cambio climático sigue afectando a comunidades campesinas e indígenas, dada la inestabilidad del clima, y las sequías cada vez más frecuentes en las últimas décadas. Las condiciones en las que el campo mexicano se encuentra dificultan la producción del maíz nativo, semilla de la que muchas comunidades dependen para subsistir, y que es un elemento esencial en la cultura y la alimentación en el país. Sin las comunidades campesinas cultivando el maíz, perderemos las raíces y tradiciones ancestrales que nos hacen quienes somos. ¿Una ley que protege al maíz nativo y la vida campesina? Por suerte, hay esperanzas para el maíz nativo. La iniciativa de Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo (de ahora en adelante, la llamaremos Ley Maíz) es una propuesta de ley que busca que el Estado mexicano garantice la protección de las distintas razas de maíz nativo que se producen, y que a partir de acciones y políticas públicas se fomenta su producción, distribución y consumo informado. Además, que se reconozca al maíz nativo como un patrimonio alimentario y cultural, directamente vinculado con los derechos humanos culturales y a la alimentación, reconocidos en el artículo 4to. de la Constitución. Fue aprobada en lo general y lo particular el pasado 24 de septiembre de 2019 en el Senado de la República, y el 18 de marzo pasado en la Cámara de Diputados, con modificaciones que se aprobaron recientemente, el 24 de marzo pasado, nuevamente en el Senado. Ha sido turnada al Ejecutivo Federal y sólo hace falta que sea publicada en el Diario Oficial de la Federación, para su entrada en vigor. La aprobación de La Ley Maíz fue muy esperada y muy bien recibida, ya que representa un cambio histórico y trascendental en el futuro del campo mexicano, puesto que impulsará la producción del maíz nativo, que además tiene un valor nutricional mayor que los maíces híbridos que se consumen actualmente en el país, y así garantizar a mexicanas y mexicanos el derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. La creación de bancos comunitarios de semillas que preservarán y distribuirán las variedades de maíz es una medida contemplada en esta Ley, de la mano de la conformación del Consejo Nacional del Maíz, organismo que buscará la participación activa de las instituciones gubernamentales, académicas y académicos, investigadoras e investigadores, sociedad civil, campesinas y campesinos de comunidades indígenas, en el desarrollo de programas de apoyo al campo mexicano y en relación con el maíz. Que el maíz vuelva a estar en las manos de campesinas y campesinos, que se promuevan los sistemas de producción tradicionales, como el sistema de la milpa, que se reactive la economía campesina y que sean las comunidades quienes obtengan los mayores beneficios. ¿Cuál es el horizonte para el maíz nativo y para el campo mexicano? Mientras que la aprobación de la Ley Maíz es un gran paso en la dirección correcta, aún nos falta desarrollar una amplia política pública de agricultura sostenible, enfocada en garantizar los derechos humanos, la conservación del medio ambiente, y la protección de las variedades vegetales de nuestro país. Aún hay amenazas fuertes al campo mexicano, y no podemos cerrar los ojos y fingir que no existen. La próxima entrada en vigor del T-MEC, el cambio climático y la dominación de los mercados por la industria extranjera ponen en riesgo la soberanía alimentaria y por eso es urgente dar seguimiento y continuidad a la Ley Maíz, desarrollar una política pública que respete la diversidad y, con esto, afrontar la multitud de peligros que tiene el maíz nativo y el campo mexicano. Desde la sociedad civil, las comunidades campesinas, y como consumidoras y consumidores, continuaremos luchando por los bienes comunes de mexicanas y mexicanos, por la preservación de nuestras culturas, por la exigencia del respeto a los derechos humanos y la protección del maíz nativo, porque #SinMaízNoHayPaís. *Víctor Manuel Chima es colaborador del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P. A.C, (@CDHVitoria). Logan Miller es estudiante de School of Sustainability de la Arizona State University.
Criminalizar el contagio durante la pandemia Covid-19 vulnera Derechos Humanos
Comunicados | Adhesiones del CDHVitoria | 📷 Imagen : Elementa 📅 01 de abril de 2020 Las organizaciones de la sociedad civil y personas que suscribimos este documento manifestamos nuestra preocupación por las recientes declaraciones del Gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, en el sentido de hacer uso del aparato de justicia penal para castigar a las personas que no cumplan con las indicaciones de aislamiento en el marco de la pandemia de Covid-19. Si bien compartimos la necesidad de que toda la población cumpla a cabalidad con las medidas indicadas por la Secretaría de Salud, así como el carácter crucial que tendrá el grado de su atención, consideramos que la lógica punitiva no es una forma idónea de cumplir con el objetivo, así como tampoco es proporcional para el ejercicio de derechos humanos. (…) Leer comunicado completo (Página web de Elementa.co) ATENTAMENTE Organizaciones: Elementa DDHH, A.C. • Indignación- Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. • Unidad de Atención Sicológica, Sexológica y Educativa para el Crecimiento Personal, A.C.(UNASSE) • Servicios Humanitarios en Salud Sexual y Reproductiva, A.C. • Intersecta, Organización para la Igualdad, A.C. • Colectivo por la Protección de todas las Familias en Yucatán • El Día Después • Mexicanos Haciendo Bola, A.C. • Equis, Justicia para las Mujeres, A.C. • RESILIENTXS • Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P A.C. (CDHVitoria) • Antifaz • Creatura • Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer Elisa Martínez, A.C. • Red Mexicana de Trabajo Sexual. • UADY Sin Acoso • Repara Lumea contra la violencia de género, A.C. • Balance Promoción para el Desarrollo y Juventud, AC Personas: Carlos Luis Escoffié Duarte • Alex Orué • Enrique Gallegos Madrigal • Mara Rebollo Carrillo • Natalia Iliana López Medina • María de los Ángeles Cruz Rosel • Martha Capetillo Pasos • César H. Briceño Castro • Ixchel Cisneros Soltero • Milena Pafundi • María José Martínez Parente • Rodrigo Llanes Salazar • Adriana Muro Polo • Renata Demichelis Avila • Carlos Alberto Guzmán Mendoza • Hazyadeth Itzel Acero Martínez • Miguel Fernando Anguas Rosado • Mariana Constanza Pola Garcés • Alberto Filio Paez • Janet Medina Puy • Brittney López Hampton Coleman • Mariana Jasso Muñoz • Marion Reimers • Leonora Milán • Andres Torres Checka • Ana Cruz Manjarrez Téllez • Andrea Martínez de la Vega Maldonado • Alejandro Tejeida • Diana Pinto • Nora Robledo • Alejandrina Pinto Carrillo • Lisseth Flota Tamayo • Miriam Specka • Miguel Pulido • Elvira Madrid Romero • Jaime Alberto Montejo Bohorquez • María Fernanda Pinto Carrillo • Rosa Cruz Pech • Romel González Díaz • Ximena Gallegos Toussaint • Flor Aydeé Rodríguez Campos • Oriana López Uribe
Coronavirus y derechos humanos
Editoriales | Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada 📰 Sábado 28 de marzo de 2020 Miguel Concha Muchos de los mitos de la antigua civilización griega fueron creados para explicar rasgos de la condición humana. A este respecto, el mito conocido como la Caja de Pandora cuenta cómo Pandora, según la versión del poeta Hesíodo, abrió con sus manos la tapa de una tinaja, de la que escaparon numerosos lugrá, es decir, males, penas, enfermedades y dolores que ocasionarían la muerte a los seres humanos. Análogamente, podemos decir que la pandemia del nuevo coronavirus (Covid-19) es uno de los lugrá que están afectando a México y el mundo, ya que, de acuerdo con el informe coordinado por el epidemiólogo Neil Ferguson, del Imperial College de Londres (https://bit.ly/2JdEKnk), es el virus, sin acceso hasta ahora a medicamentos y vacunas, más peligroso que ha enfrentado la humanidad desde la pandemia de la gripe A/H1N1 de 2009. Como se sabe, el Covid-19, notificado por primera vez en Wuhan, China, el 31 de diciembre de 2019, fue declarado como pandemia el pasado 11 de marzo por la Organización Mundial de la Salud, debido a que se ha diseminado en casi todos los países del mundo. Y el pasado 24 el gobierno federal mexicano declaró el inicio de la fase 2 de su expansión, lo que significa que el contagio del coronavirus ya no sólo se importa, sino que acontece en nuestro territorio, así co-mo que el avance de la enfermedad en la población será cada vez más progresivo. Ahora bien, es cierto que ante un estado de emergencia como el actual es necesario tomar medidas para enfrentar y erradicar los efectos nocivos del Covid-19. Esto no significa que las autoridades y el sector privado tengan que pasar por encima de los derechos humanos, especialmente de aquellos que son considerados como fundamentales por teóricos como Luigi Ferrajoli. Entre ellos, la protección de las personas que se hallan en peores situaciones de vulnerabilidad con respecto a quienes abusan de su poder, cualquiera que éste sea, o de derechos básicos como el acceso a salud, agua, alimentación, trabajo y a vivienda digna. Así, la lucha legítima contra el Covid-19 tampoco justifica en modo alguno la violación de derechos humanos, y hoy más que nunca todas las autoridades, en sus diferentes ámbitos y niveles de competencia, sobre todo las que están involucradas directamente en la toma de decisiones, deben tener presente en su actuar las obligaciones internacionales y constitucionales en materia de derechos humanos a que están sujetas. Entre ellas, el respetarlos, protegerlos, promoverlos y garantizarlos debidamente. Esto también significa, entre muchas otras cosas, que el Estado mexicano tiene la obligación de informar oportuna y cabalmente sobre el estado que guarda la pandemia, así como garantizar a todas las personas que resulten contagiadas el acceso al derecho a la salud. Y como planteó el martes pasado José Ramón Cossío, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, generar una acción extraordinaria en materia de salubridad pública, para que la administración ejecute todas las herramientas legales que le permitan movilizar recursos y personal, con la finalidad de atender adecuadamente esta emergencia sanitaria (https://bit.ly/2UDagQW). Por otro lado, el periodista Ricardo Raphael ha llamado acertadamente virus clasista al Covid-19, porque impacta negativamente a personas y grupos en forma diferenciada. Con esto se quiere decir que el coronavirus perjudicará a muchos mexicanos, sí, pero sus efectos sociales y en materia de salud serán más dañinos para quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad: mujeres víctimas de violencia de género, personas adultas mayores, migrantes y personas en situación de calle; la comunidad LGBTQ y quienes trabajan en el sector salud o se dedican al comercio informal. Forman parte también de estos grupos los trabajadores y trabajadoras que no pueden dejar de laborar para tener un ingreso, los que no tienen prestaciones de seguridad social y aquellos que están a punto de perder su empleo o viven con esa incertidumbre. Del mismo modo, es importante señalar que las víctimas y sobrevivientes están envueltas en una situación de vulnerabilidad ya de suyo compleja y particular, sobre todo en sus procesos de búsqueda de la verdad, acceso a la justicia, reparación integral y garantías de no repetición. México está atravesando sin duda por su mayor crisis económica, humanitaria y de derechos humanos, acentuada sobremanera por la emergencia sanitaria detonada por el Covid-19. No obstante, si regresamos al mito de la Caja de Pandora, veremos que en la tinaja únicamente quedó la esperanza, la cual puede manifestarse con la implementación de medidas integrales y efectivas en perspectiva de derechos humanos, para suprimir el Covid-19 y no sólo mitigarlo. Como propone Leonardo Boff, ahora, más que nunca, es momento de que las personas nos cuidemos unas a otras, seamos solidarias, corresponsables y compasivas. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Web
El Tmec y el campo mexicano
Editorial | Columna en la Revista Contralínea 📰 24 de marzo de 2020 Por: Víctor Manuel Chima | Davy Perlman El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (Tmec) fue firmado en noviembre de 2018 por el entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Después de 1 año de negociaciones y modificaciones, y ya durante el mandato de Andrés Manuel López Obrador, el Tmec fue ratificado por la Cámara de Senadores en México a finales de 2019, y luego por el Poder Legislativo de Estados Unidos en enero de este año, por lo que ahora sólo falta la aprobación por parte de Canadá para que, después de 90 días de su ratificación absoluta, el tratado entre en vigor reemplazando al actual Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Con la entrada en vigor del TLCAN hace más de 25 años no sólo se redujeron los apoyos directos a la producción agrícola, como los precios de garantía, sino que tampoco se desarrollaron políticas públicas de acceso a financiamiento e infraestructura que permitieran a productoras y productores campesinos ingresar a mercados de exportación. La parte del Tmec enfocada en la agricultura es, en muchos aspectos, una continuación del TLCAN debido a que, entre otras cosas, refuerza la imposición de políticas de libre mercado en regiones que aún conservan su colectividad, y en las que hace falta apoyo financiero y tecnológico que favorezcan la producción de alimentos de consumo local y nacional, para poder competir con grandes productores y preservar las formas de producción tradicionales. Así, las políticas del libre mercado buscan los mayores índices de producción al menor costo, lo que deriva en un mayor consumo. Por otro lado, el modelo agroindustrial que se impuso desde el TLCAN y se hereda ahora en el Tmec, se enfoca en la producción masiva sin atender la inocuidad, la calidad y el valor nutricional de los alimentos, ni tampoco los daños que ocasiona en el medio ambiente, en la salud de productores y consumidores, y en elementos bioculturales de las comunidades campesinas, como los procesos tradicionales de modificación de semillas y las mismas semillas nativas. Con respecto a la propiedad privada, un punto problemático del Tmec es el requerimiento al Estado mexicano de confirmar el Acta de 1991 del Convenio de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV 91), que establece la capacidad de patentar nuevas variaciones de semillas, particularmente por parte de empresas. México había confirmado el Convenio UPOV de 1978 con la Ley Federal de Variedades Vegetales (LFVV), pero todavía no ha firmado la actualización de 1991. Quienes proponen la confirmación del acta UPOV 91 sostienen que es necesaria para crear un incentivo de inversión en la creación de nuevas variedades de semillas más resistentes a las sequías o con mayor rendimiento, pero no consideran los daños que ocasionará en las comunidades campesinas, en las variedades de semillas de maíz, incluso las violaciones a derechos humanos, ya que no permitieron la participación por la parte de las comunidades afectadas por los cambios en la ley. El diputado federal Eraclio Rodríguez Gómez presentó en febrero de 2019 una iniciativa de reforma a la LFVV que, en sintonía con el acta UPOV 91, no sólo facilita la privatización de semillas nativas, sino que también criminaliza a “quien aproveche o explote una variedad vegetal protegida, su material de propagación o el producto de la cosecha, para su producción, reproducción, preparación, oferta, distribución, venta, producción comercial de otras variedades vegetales o variedades esencialmente derivadas, o cualquier otra forma de aprovechamiento”, con sanciones de dos a seis años de prisión, entre otras medidas similares. El sistema informal de intercambio de semillas por parte de comunidades campesinas ha permitido la diversificación del maíz con más de sesenta razas, las cuales pueden crecer en climas y suelos distintos. A simple vista no es posible identificar una semilla protegida, por lo que las amenazas de prisión y multas considerables reducirían la eficacia del sistema de intercambio que ha existido desde siglos atrás. El artículo tercero de la iniciativa de reforma a la LFVV dice que un propósito de la ley es “proteger el uso de variedades vegetales utilizadas por las comunidades rurales cuyo origen es el resultado de sus prácticas, usos y costumbres y que tendrán el derecho de explotarlas tradicionalmente, derecho que deberá expresarse claramente en el Reglamento de esta Ley”. Esta condición no es suficiente, ya que los intercambios son informales y también pueden incluir las semillas comerciales. Las semillas de los intercambios no vienen con documentación sobre sus orígenes, y por eso la frase “cuyo origen es el resultado de sus prácticas” es demasiado vaga. De este modo, existe el riesgo de que las semillas cuyo origen es el resultado de las prácticas tradicionales, también incluyan material genético de las semillas patentadas, poniendo en peligro a campesinas, campesinos, y a las mismas comunidades. Sin acceso a las semillas de intercambio, miles de campesinas y campesinos tendrían que decidir entre salir de sus comunidades para proveer de lo necesario a sus familias, o arriesgarse a ser dependientes de las semillas de las empresas. La privatización de las semillas es un peligro gigantesco en una sociedad en la que muchos campesinos y campesinas dependen del intercambio anual de semillas para siembra, lo cual es aún más peligroso en el caso de México, al ser el centro de origen de semillas como el maíz. El acervo genético de maíz mantiene su diversidad debido a que campesinos y campesinas intercambian las semillas. Por consiguiente, el derecho a la alimentación, el derecho colectivo a la biodiversidad y el derecho a la salud, se verán restringidos con la aprobación del T-MEC, y de ser aprobada la reforma a la LFVV, de igual manera los costos de producción incrementarían, y la agricultura para el autoconsumo sería afectada con el riesgo de prosecución por el uso de semillas patentadas, incluso si son resultado del intercambio
La justicia social que defendemos
Editorial | La dignidad en nuestras manos en Animal Político 📰 24 de marzo de 2020 Por: Beatríz Rivero* Para el Centro Vitoria, Justicia Social ha sido un sin número de preguntas que han alumbrado un camino comprometido con “las y los condenados del mundo” desde hace treinta y cinco años. La Justicia Social que defendemos ha sido una actividad mística y ética de acompañamiento político y social a las causas de los pueblos, para dignificar la vida a través de los derechos humanos como herramienta de liberación y búsqueda de democracia. Ha sido un esfuerzo consciente de construir puentes con las luchas de otras personas y es hoy también el aprendizaje que conlleva la politización de lo personal para continuar caminando colectivamente por la verdad, la memoria, la erradicación de toda forma de discriminación a las diferencias, por la libertad, la justicia territorial, por la vida toda. A lo largo de estos treinta y cinco años el Centro Vitoria ha sido escenario de cambios y sinergias en clave intergeneracional de los propios movimientos y las y los sujetos políticos que enfrentan la violencia estructural y sistémica del Estado mexicano. Hacia adentro, también ha sido un espacio de aprendizaje y compartición de experiencias de participación política de diversas juventudes comprometidas con la labor de defensa de los derechos humanos, al mismo tiempo que ha sido parte activa del surgimiento y consolidación del movimiento de derechos humanos en el país. Esta experiencia de “diálogo con la diferencia” ha sido más que enunciativa, significativa como herramienta de comunicación práctica del quehacer cotidiano de defensa y promoción de los derechos humanos, y en este sentido, uno de los pilares en la búsqueda y construcción colectiva de la Justicia Social, esa que por ser diversa, más no relativa, requiere para su exigibilidad jurídica y social la participación activa de amplios sectores de la sociedad: las víctimas de las violaciones a los derechos humanos, los pueblos y comunidades indígenas, movimientos campesinos, obreros, artistas, mujeres, movimientos LGBT+, periodistas, la academia comprometida y crítica, la sociedad civil organizada, los organismos internacionales no gubernamentales, entre otros igual de importantes. Es así que la justicia social que defendemos ha sido, obligadamente, contraparte de las violaciones a derechos humanos de las últimas décadas. Es heredera y baluarte de las luchas contra la represión y la impunidad de México y Centroamérica en las décadas de la Guerra Sucia y las dictaduras latinoamericanas; de la defensa contra casos de tortura, detención arbitraria, desapariciones forzadas y violaciones a los elementos del debido proceso; es respuesta organizada frente a las violaciones a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA), principalmente los relacionados por la tierra y el territorio, el agua, la vivienda y el medio ambiente; es bandera contra toda forma de discriminación, es milpa por el derecho a la alimentación y la defensa al maíz como pilar de la soberanía alimentaria y defensa territorial; es verdad, reparación del daño y garantías de no repetición para expresiones de violencia extrema contra las mujeres; es también el derecho a defender derechos desde un claro posicionamiento donde las juventudes acompañan y sostienen junto con otros y otras, procesos de lucha social diversos e igualmente necesarios. Frente a un contexto de grave crisis de violaciones a los derechos humanos en el país, como expresión de la crisis civilizatoria a nivel global, quienes hoy conformamos el Centro Vitoria nos reconocemos como parte de este continuado proceso de hacer de la Justicia Social, conquista y camino de los pueblos, el cual se nutre lo mismo de los aprendizajes adquiridos como de la experiencia colectiva, de los desafíos que siempre plantea la autocrítica individual y colectiva del presente construyéndose continuamente. Hoy, ante la deshumanización de las, los, lxs otrxs, la justicia que defendemos sustenta su potencial radicalidad en el diálogo, en el ánimo de abrazar lo que tenemos en común y de asumir como fortaleza lo que no es así, de modo que el ejercicio de nombrar y asumir las contradicciones de nuestras historias no sean motivo de desplome, pero tampoco de permanente cinismo. La justicia social que hoy defendemos está convencida, más que nunca, que debe ser puente de construcción de un mundo en el que, como dijeran en el Sur, quepan todos los mundos posibles, y por tanto, incisiva en seguir construyendo una narrativa de lucha social abiertamente intergeneracional e interseccional. *Beatriz Rivero es colaboradora del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P. A.C. (@CDHVitoria). Consultar artículo en Animal Político. Imagen destacada: Angélica Díaz
