Actualización de la carta enviada al Presidente: Por qué nos oponemos al Tren Maya. ¡Suma tu firma!
Ciudad de México a 11 de julio de 2022 Al C. Lic. Andrés Manuel López ObradorPresidente de los Estados Unidos Mexicanos A la Opinión PúblicaEl 31 de mayo de este año recibimos el oficio D3/RGP/238/2022 firmado por el doctor en Derecho Rosendo Gómez Piedra, director jurídico del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), como respuesta a la carta que enviamos el 19 de abril de 2022 para dara conocer las razones por las que nos oponemos a la construcción del Tren Maya. Al respecto hacemos algunas observaciones que nos parecen de la mayor importancia: Si bien la carta fue dirigida en primer término al Lic. Andrés Manuel López Obrador en su calidad de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, y quien responde es el director jurídico de Fonatur, está entre las atribuciones del ejecutivo solicitar que la respuesta la dé la entidad que oficialmente tiene a su cargo el megaproyecto llamado Tren Maya. Sin embargo, tenemos dos objeciones, una es de forma: la respuesta va dirigida sólo al responsable de la carta -por norma debe de haber uno- sin embargo, la carta la firmamos más de 300 personas a las que después de la entrega se han sumado más de mil personas. No es la carta de un individuo sino de toda una comunidad preocupada por la sostenibilidad del país. La segunda observación es de fondo, pues en los hechos nos permite afirmar que la carta no ha sido respondida. De los 20 puntos que exponemos en nuestra comunicación, el director jurídico se refiere, sin responder, sólo parcialmente a uno -el número 20- que tiene como tema la consulta pública y los estudios previos indispensables para la realización de la obra, y que a la letra dice: El proyecto se lleva adelante sin el consentimiento de las comunidades y pueblosindígenas, sin una consulta que cumpla con los requisitos establecidos por elConvenio 169 de la OIT, sin estudios de mecánica de suelos, sin manifestacionesde impacto ambiental en todo el territorio que abarca y con algunas muy deficientes para algunos de los tramos. Tampoco se ha realizado, por cierto, unestudio de factibilidad económica y los presupuestos se van acrecentando sinpoder mostrar resultados. En el oficio que se nos envía en calidad de respuesta, hay una serie de afirmaciones queconfirman nuestra preocupación sobre el proyecto Tren Maya. Es la siguiente: Actualmente se lleva a cabo el proceso de consulta libre, previa e informada a lospueblos y comunidades indígenas mayas, tzeltales, choles y otros de los estadosde Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo… (Gómez,D3/RGP/238/2022). Esta afirmación evidencia que la consulta se está llevando a cabo en estos momentos, demostrando que la consulta no ocurrió antes de iniciada la obra, sino sobre la marcha, y sin un proyecto ejecutivo integral realmente definido, pues el trazo del Tren Maya ha sido modificado varias veces y sigue modificándose. Por lo demás, hay numerosos indicios de que la consulta no se ha dado en los términos debidos. Varios de ellos están señalados en el informe que presentó la Relatoría Especial de la ONU el 19 de diciembre de 2019, en el que se solicita la “…atención urgente del Gobierno de su Excelencia a la información que hemos recibido sobre los posiblesimpactos del llamado Proyecto Tren Maya para las comunidades indígenas que podrían verse afectadas en sus derechos territoriales, en su derecho a no ser desalojados y en su derecho a la salud, entre otros, en los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo”. Copiamos aquí tan solo unos párrafos de ese informe que nos parecen muy relevantes: Respecto al carácter previo de la consulta y el consentimiento, la ONU-DH celebra que los diálogos con las comunidades indígenas de la región en relación con el proyecto hayan iniciado antes de su definición y ejecución, lo cual contribuye al cumplimiento de dicho principio. Este aspecto, positivo en sí mismo, difiere de la convocatoria y el protocolo de la consulta que señalan como uno de sus objetos establecer acuerdos con las comunidades respecto a su participación en la implementación y la distribución de beneficios, lo cual podría dar a entender que el proyecto se hará independientemente del resultado de la consulta. En cuanto al carácter informado, la Oficina observó que la convocatoria, el protocolo y la información presentada sólo hacían referencia a los posibles beneficios del proyecto y no a los impactos negativos que pudiera ocasionar.Durante las sesiones observadas, en diversas ocasiones las personas participantes preguntaron sobre dichos impactos sin obtener una respuesta clara y completa. La ausencia de estudios sobre los impactos o la falta de difusión de los mismos, dificulta que las personas puedan definir su posición frente al proyecto de manera plenamente informada. No obstante esta circunstancia, desde las autoridades se avanzó a la etapa consultiva del proceso. Durante las sesiones informativas y en la etapa consultiva, algunas autoridades manifestaron que la garantía de diversos derechos económicos, sociales y culturales no estaba condicionada a la aceptación del proyecto. Sin embargo, la ONU-DH observó que como consecuencia de la forma en que se presentó el proyecto y se desarrollaron las sesiones, las personas de las comunidades expresaban su conformidad con el proyecto como un medio para recibir atención a necesidades básicas como agua, salud, educación, trabajo, vivienda, medio ambiente sano y cultura, lógica que afecta el carácter libre de la consulta. En cuanto a la adecuación cultural del proceso, es motivo de preocupación que la metodología del mismo no haya sido construida y acordada con las comunidades involucradas. Esto implicó que la definición de a quién consultar, dónde hacerlo y en qué momento fuera establecida unilateralmente por las autoridades. En este sentido, la Oficina escuchó participaciones que indicaban que los tiempos de consulta fueron muy cortos, que las traducciones, cuando las había, no eran adecuadas, que muchas personas no pudieron desplazarse por falta de recursos económicos y que la mayoría de quienes participaron eran autoridades municipales y ejidales dejando fuera a otros grupos y personas que forman parte de las comunidades. Preocupa de manera
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