Les queremos de vuelta
Editoriales | Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada Web original | Imagen : Jorge Luis Aguilar Por: Miguel Concha Sábado 29 de agosto de 2020 Mañana 30 de agosto conmemoramos el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, el cual nos convoca a expresar una palabra de solidaridad con las y los integrantes de los colectivos de familiares de víctimas de desaparición que existen en México, y en el contexto de la búsqueda de sus familiares, que realizan día a día, a mostrar apoyo a sus legítimas demandas. La lucha de estos colectivos, así como la de las organizaciones sociales defensoras de derechos humanos que trabajan coordinadamente con ellos, se ha convertido en pieza clave para descubrir rutas de salida a la todavía profunda crisis de derechos humanos en México, y a las constantes desapariciones que no paran. En México, conforme a lo que ha informado recientemente la Secretaría de Gobernación, existen más de 73 mil personas desaparecidas en el país, y la cifra sigue aumentando. Asimismo, se registran por desgracia al menos 37 mil cadáveres acumulados en instalaciones oficiales que aún no han sido identificados, así como cuerpos humanos desmembrados y fragmentos de éstos. Y, dada la falta de resultados en las instancias nacionales encargadas de investigar las desapariciones a escala federal y local, cada vez se hace necesario que las víctimas deban acudir a instancias internacionales para seguir buscando justicia y verdad. Sobre esto último, esta semana recibimos con beneplácito que el Ejecutivo federal haya ya enviado al Senado de la República su propuesta de declaración para reconocer la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada, con el fin de que éste pueda recibir y examinar las comunicaciones presentadas por personas víctimas de este delito, que se encuentren bajo la jurisdicción del Estado mexicano, o en nombre de ellas, tal como se contempla en la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, vigente para México desde diciembre de 2010. Con ese mismo ánimo, sería pertinente que la Secretaría de Relaciones Exteriores invitara sin dilación a este Comité de la ONU, que desde hace años espera conocer más de cerca la situación de las desapariciones en el país, a una visita oficial a México. Sin embargo, como han expresado los colectivos de familiares de personas desaparecidas –muchos de ellos articulados en vibrantes y activas articulaciones nacionales, como el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM)–, se requiere además ocuparse efectivamente de la política interna, e implementar acciones efectivas para hacer frente a esta crisis de derechos humanos. Por ello se ha impulsado la creación y consolidación del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, el cual ya ha sido creado por decreto el pasado marzo de 2020, en el Diario Oficial de la Federación. Ahora, en diálogo con las instituciones del Estado, los colectivos de familiares y organizaciones sociales se encuentran en los correspondientes trabajos para su efectiva implementación. La actual administración deberá hacer todo a su alcance para que este mecanismo cuente con un grupo coordinador conformado por personas expertas, preferentemente en materia forense, y con la debida participación de las familias de personas desaparecidas y organizaciones de la sociedad civil. Como hemos venido atestiguando, el impulso que los colectivos de familias dan a la agenda de derechos humanos para implementar, por ejemplo, acciones concretas que atiendan las graves violaciones a derechos humanos, en particular las desapariciones, han generado una institucionalidad que ahora debe actuar en consecuencia. Tal es el caso del Sistema Nacional de Búsqueda. Resulta interesante que en este sistema se den cita instancias del Poder Ejecutivo, así como órganos autónomos, como es el caso de la Fiscalía General de la República (FGR) y de las fiscalías locales de justicia, de las cuales se tiene grande expectativa de que presenten resultados más efectivos en materia de investigación. Será fundamental por ello, tal como lo ha comunicado el MNDM, contar con toda la participación, coordinación y voluntad de la FGR y de las fiscalías locales, para implementar adecuadamente, por ejemplo el Protocolo Homologado de Búsqueda, establecido por la Ley General en Materia de Desaparición Forzada. Por último, en el contexto de este 30 de agosto, el MNDM ha impulsado una campaña denominada #LesQueremosDeVuelta, con la que pretende visibilizar, en medio de la pandemia, vigente en buena parte del país, las exigencias y demandas de verdad y justicia, como las que hemos mencionado hasta ahora. Nos solidarizamos con ella. Para conocer más de este esfuerzo, puede ingresarse al sitio https://cutt.ly/rffEEsR Hay que agradecer siempre el esfuerzo que cientos de familias de personas desaparecidas hacen para resistir la situación de violencia, organizarse y seguir buscando a sus seres queridos. En esta ardua tarea, y para nuestra esperanza, están generando la construcción de bases sólidas para un México con verdad y justicia.
75 años de Jtatik Raúl
Editoriales | 📰 Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada Web original | 📷 Imagen : Jorge Aguilar Por: Miguel Concha Sábado 📅 27 de junio de 2020 En los lugares más invisibles y los hogares más cálidos y sencillos nacen las personas que dejan una fuerte huella en el tiempo. José Raúl Vera López pertenece a ellos.” Así inicia una carta firmada por 944 personas y organizaciones que reconocen la labor de don Raúl, obispo de Saltillo, quien al cumplir el primero de junio 75 años presentó al Papa Francisco su dimisión. La misiva se hizo pública el pasado 21 de junio, día de su cumpleaños, y constituye un reconocimiento a su compromiso y labor pastoral. Vale la pena enfatizar que, signada por comunidades indígenas, colectivos de víctimas, organizaciones y movimientos populares, organizaciones de derechos humanos, organismos socio eclesiales y religiosos, así como por diversas personas de amplios sectores de la población, sin mencionar a alguien en particular, las personas y grupos que firman representan, sin duda, junto con fray Raúl, parte importante de la reserva moral del país. Conocí a Raúl en la Ciudad de México cuando ingresó a la Orden de Predicadores. Desde entonces nuestras vidas se han entretejido en diversos momentos. Cuando en noviembre de 1987 fue nombrado obispo de la Diócesis de Altamirano, Guerrero, me encontré con él para recordarle que no debía olvidar la situación convulsa del país, las transformaciones que vivía la Iglesia, en el marco del Concilio Vaticano II, las prioridades apostólicas asumidas por la Orden y los compromisos pastorales de la Iglesia latinoamericana, así como el testimonio profético de muchos hermanos dominicos y de obispos como don Sergio Méndez Arceo. La carta reconstruye parte de la trayectoria pastoral de Raúl, y dedica especial atención a su labor como obispo coadjutor en San Cristóbal de las Casas, y a su tránsito al obispado de Saltillo (1999). Sobre esto literalmente menciona lo que sigue. En el marco del levantamiento de los pobres del color de la tierra, que cimbró al mundo y convirtió a Chiapas en un torbellino de horror y búsqueda de paz con justicia y dignidad, don Raúl fue nombrado coadjutor de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas en agosto de 1995. Allí se entregó por completo a cultivar la dignidad recuperada por la rebeldía de los pueblos y a profundizar el trabajo pastoral y profético del obispo Samuel Ruiz García, el querido y reconocido Jtatik Samuel. Al lado de los pueblos indígenas –que le enseñaron mucho– de don Samuel y de un gran e incansable cuerpo pastoral, sufrió amenazas, insultos, ataques e intentos de homicidio. Nada lo detuvo. Lejos de ello, la fuerza de su predicación se hizo más poderosa y clara, al grado de denunciar internacionalmente la matanza de Acteal. Tanto creció la fuerza de su voz, que se le negó el derecho a suceder a don Samuel en la Diócesis de San Cristóbal. Designado obispo de Saltillo en diciembre de 1999, llevó consigo el mandato del Jtatik. Al frente de esa diócesis –y a lo largo de 20 años– no ha dejado de caminar al lado de las comunidades más vulnerables y vulneradas, de levantar la voz frente a las injusticias y de reconstruir la Iglesia. Y así, ha apoyado la lucha por las mejoras laborales de los trabajadores mineros y acompañado el reclamo de justicia de la Organización Familia Pasta de Conchos. Se ha solidarizado con las comunidades que enfrentan despojos y contaminación por parte de las grandes empresas, y ha alzado la voz en defensa de los migrantes. Ha apoyado el trabajo, tanto del albergue, como de la pastoral migrante de su diócesis, así como el trabajo del Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios. Ha defendido a las trabajadoras sexuales y denunciado los crímenes que en 2006 perpetraron militares en Castaños contra ellas. Ha acompañado incondicionalmente y de muchas maneras a las víctimas y familiares que sufren violencia y desaparición y ha denunciado también los crímenes cometidos al amparo de la Iglesia. Promueve igualmente una reforma para evitarlos. La carta recupera también su apoyo y acompañamiento a diversos organismos de derechos humanos, su labor internacional y su trabajo en el Tribunal Permanente de los Pueblos-Capítulo México (2012-2014), que derivó en el planteamiento de una Nueva Constituyente Ciudadana Popular. Concluye con el reconocimiento y compromiso con su labor pastoral. Los que lo hemos acompañado y hemos sido acompañados por él le damos en su 75 aniversario las gracias. Pastores como él sostienen viva la esperanza. Además de reiterarle su nombre y calidad de Jtatik, queremos ahora constatar su calidad de hermano y compañero. Le acompañamos en la cosecha final de su tarea diocesana en Saltillo. Y le damos la bienvenida a su nueva etapa de emeritez. Sabemos que su fuerza, madurez y experiencia seguirán latiendo en el reto profético y estratégico de abrir nuevos horizontes, para que la paz, la justicia y la libertad reinen en México y el mundo. La versión completa de la carta se puede consultar en: https://bit.ly/37ViIRU
Derecho humano a la vivienda adecuada y sus garantías en México
Editoriales | 📰 Columna de opinión en la Revista Contralínea Web original | 📷 Imagen : Cuartoscuro Por: Ariadna Rosales y Gisel Mateos* 📅 23 de junio de 2020 Las personas requerimos más que un listado de derechos reconocidos para nuestro desarrollo integral, el cual depende, en gran medida, que en principio contemos con una vivienda adecuada. Así, toda persona tiene el derecho a una vivienda digna. Este derecho está reconocido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales, Culturales, en sus artículos 2 y 11, por lo cual los Estados están obligados a adoptar las medidas necesarias y asegurar su plena efectividad y goce. Pero, ¿qué implica esto para los gobiernos? Reconocer el derecho humano a una vivienda adecuada (en adelante “derecho a la vivienda”), implica que éste deberá garantizarse independientemente de las circunstancias, atendiendo a su inherencia, interdependencia e indivisibilidad con los otros derechos humanos, para que de esta forma las personas tengamos un mínimo de seguridad, es decir, gastos soportables para su construcción, seguridad jurídica en la tenencia, disponibilidad de servicios materiales e infraestructura; habitabilidad, accesibilidad, un lugar conveniente y adecuación cultural (cfr. https://bit.ly/3awakbo), por mencionar algunos ejemplos. A nivel nacional, el derecho a la vivienda tiene su fundamento en la Constitución mexicana, en su Artículo 4, el cual establece el derecho de las familias a disfrutar una vivienda digna y decorosa. En ese sentido, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado tal derecho haciendo una explicación de sus elementos, a saber, una infraestructura adecuada que proteja a las personas del medio ambiente y frente a desastres naturales, con instalaciones sanitarias, acceso a servicios básicos (energía, agua y drenaje) y espacio suficiente para habitarla (véase https://bit.ly/2VtjvVx). Sin embargo, existen obstáculos de facto y de iure que impiden el goce de este derecho social, uno de ellos, el desalojo forzoso. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su observación general 7, se pronunció en relación con la figura del desalojo forzoso, definiéndolo como “[…] el hecho de hacer salir a personas, familias y/o comunidades de los hogares y/o las tierras que ocupan, en forma permanente o provisional, sin ofrecerles medios apropiados de protección legal o de otra índole ni permitirles su acceso a ellos” (https://bit.ly/2KsMUZT). De esta manera, el Estado deberá ofrecer las garantías procesales adecuadas a las personas sujetas a desalojos forzosos. Así, antes del desalojo, se deberá consultar a la comunidad afectada por el futuro desalojo, notificarle la fecha del mismo en un plazo razonable y suficiente, y facilitarle la información sobre el desalojo, así como de alternativas de vivienda y recursos legales. Ahora bien, una vez que esté en curso el desalojo, se debe asegurar la presencia de autoridades debidamente identificadas, realizarlo en condiciones adecuadas, y ofrecer asistencia jurídica si se desea solicitar alguna clase de reparación ante órganos judiciales. Finalmente, una vez que terminó se debe garantizar la reubicación de las personas desalojadas en una vivienda adecuada, asegurando su tenencia. Atendiendo a las responsabilidades anteriores, en la Ley Constitucional de los Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México, en el artículo 60, contemplaba el desalojo bajo ciertas condiciones. El punto anterior significaba que la autoridad, para poder realizar un desalojo, debía estudiar todas las posibilidades, a fin de evitarlo y en todo caso evitar o minimizar el uso de la fuerza pública, e igualmente indemnizar a las personas en caso de ser privadas de sus bienes o sufrir pérdidas inmateriales, respetando en todo el proceso las garantías procesales de las personas afectadas, como lo es la audiencia, y también hacerlo garantizando un adecuado realojamiento a las personas sin recursos. Sin embargo, el 7 de junio de 2019 el anterior texto fue modificado, y ahora sólo prevé que “ninguna persona podrá ser desalojada sin mandamiento judicial emitido de conformidad a las disposiciones constitucionales y legales aplicables al caso concreto. […] para garantizar el derecho de audiencia y respetar el debido proceso…”, dando así un paso atrás en la protección del derecho a la vivienda adecuada y al derecho de tenencia. Si se hace una radiografía sobre la tenencia de las tierras en la Ciudad de México, en términos generales, se podría vislumbrar la coexistencia de las propiedades pública, privada y social. En específico, los núcleos ejidales y los bienes comunales, cuyo reconocimiento y otorgamiento fueron conquistas de la Revolución Mexicana a favor del campesinado y han representado un reto en materia de regularización territorial, toda vez que la transmisión de la propiedad social tiene reglas muy específicas, por lo que las personas que realizan operaciones para adquirirlas deben pasar por procesos judiciales o administrativos usualmente agotadores. Tal es el caso de la Colonia Solidaridad, fincada en tierras de naturaleza ejidal ubicada en el paraje 8.5 de la carretera Picacho-Ajusco, en la Alcaldía Tlalpan. Por ello, numerosas familias han podido residir ahí desde hace décadas, gracias a la compra de sus casas, resultado de grandes esfuerzos. No obstante, estas familias han sido desalojadas de sus hogares en tres diferentes ocasiones hasta el día de hoy durante los años 2013, 2017 y 2019. El Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, OP, AC, en su calidad de organización observadora, tuvo oportunidad de conocer las violaciones a derechos humanos derivadas del primer desalojo ocurrido en 2013 a manos de autoridades capitalinas. Contrario a lo que mandata la Ley Constitucional de los Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México, en sus artículos 59 y 60, el 19 de octubre de 2019, de nueva cuenta, se dio otro desalojo forzoso a manos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, que, según la propia versión de las personas de la Colonia Solidaridad, fueron alrededor de 1 mil 800 efectivos, todo lo cual afectó a cerca de 200 familias. Por lo tanto, la actuación de las autoridades, conforme lo relatado por las personas habitantes de la Colonia Solidaridad, también careció de las garantías procesales mínimas en los desalojos forzosos de 2017 y 2019, porque, entre otras
La emergencia permanente
Editoriales | 📰 Blog «La dignidad en nuestras manos» del Plumaje de Animal Político Web original | 📷 Imagen : Cristopher Rogel Blanquet Por: Angélica Díaz 📅 22 de junio de 2020 Desde hace más de 10 años hacer periodismo en México es una labor de alto riesgo para quienes lo ejercen, llegando incluso a sobrepasar a países que se encuentran en guerra declarada. Asesinatos, agresiones y censura a cientos de periodistas forman parte de una enorme deuda que tiene el Estado con el incumplimiento de sus derechos, ya que no solo se enfrentan a este panorama de violencia, sino también a la impunidad que se ha ejercido ante el asesinato de al menos 160 compañeros desde el 2000 hasta el 16 de mayo en el que el periodista Armenta Ávalos fue asesinado afuera de un comercio en Ciudad Obregón, hecho que ocurre debido a la ineficiencia de condiciones que aseguren garantías y leyes que protejan de una manera integral el ejercicio del periodismo. En el 2012 se publicó la Ley de Protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, en donde se establece la responsabilidad de cooperación entre las entidades federativas para garantizar la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentran en riesgo por el ejercicio de la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos. Dicha Ley, a más de ocho años de su publicación, no ha logrado garantizar lo que prometía, pues no se han generado las condiciones necesarias para que su efectiva protección sea una realidad. Muestra de ello es que, por ejemplo, Javier Valdez y Miroslava Brech, periodistas asesinados en 2017, contaban ya con medidas de protección por parte del Estado. Familiares y activistas enfatizaban en que la exigencia de seguridad tanto para Miroslava como para Javier fue muchas veces retrasada e ignorada por las autoridades, siendo esta falta de atención uno de los factores que finalmente permitieron los crímenes que terminaron con sus vidas. Ante todo este panorama que acompaña el ejercicio del periodismo en México y sumando la situación extraordinaria que enfrentamos en gran parte del mundo ante el virus SARS-COV2, se van agravando las violencias que ya se vivían pero que ahora se recrudecen: desde el despido masivo de personas que trabajan en medios, la falta de cuidado de las empresas de comunicación ante sus trabajadores y la información que emiten, agresiones por parte de la ciudadanía, nulos derechos laborales y una incertidumbre constante sobre qué es lo que pasará a futuro con esta profesión a nivel mundial. Algunos de los medios de comunicación más importante del país se han visto salpicados por sus posturas e investigaciones críticas sobre la forma en la que el gobierno está enfrentando la contingencia sanitaria, algunos de ellos se han visto expuestos también ante el descubrimiento de información falsa e incluso ataques hacia otros periodistas, lo que habla de una crisis de la libertad de expresión e información en un momento de suma importancia para evitar la propagación aún más extensa del virus en el país. Por su cuenta, la prensa mexicana independiente ha aportado coberturas desde lugares alternativos, presentando datos e historias que van surgiendo ya desde años anteriores en donde muchos de estos pequeños medios se habían visto censurados; medios que además constantemente se encuentran en crisis y acentúan el hecho de que ser periodista en México es una dinámica constante de emergencia. Para dar cuenta de algunos desafíos tuve la oportunidad de charlar con cuatro personas que trabajan en diferentes geografías y medios de comunicación para tener un panorama de lo que el gremio de personas periodistas están viviendo en medio de esta emergencia sanitaria, se han cambiado algunos nombres por motivos de seguridad. En primer lugar resalta que la incertidumbre, el miedo y la irresponsabilidad que muchas empresas de comunicación están ejerciendo sobre sus trabajadoras y trabajadores viola derechos humanos básicos para el libre desarrollo de su labor. Hay una aparente preocupación, pero la realidad que reflejan la precarización y violencia que enfrentan todos los días y las pocas medidas de seguridad al tratar de cubrir ciertas noticias son responsabilidades que ya han cobrado vidas. Mariana Hdz, que trabaja como camarógrafa de un canal de televisión en la Ciudad de México expresa: “La verdad sí me da miedo cuando nos mandan a cubrir hospitales, cuando empezó todo esto, muy, muy al principio me mandaron con una reportera al INER, literal nos mandaron hasta el laboratorio en donde entregan las pruebas y ahí no nos dieron protección de nada, ni en el hospital, ni el canal, nos pusimos un cubrebocas y eso gracias a que mi reportera llevaba. Me sentí muy insegura, quizá de COVID no me pude contagiar, pero era la sala de muestras y de cualquier otra cosa te puedes haber contagiado”. Por su cuenta, Christopher Rogel Blanquet, que es fotoperiodista freelance para diversas agencias, reflexiona que posiblemente “el índice de probabilidades de que el COVID nos dé a nosotros es más alto que a otras personas, eso partiendo de que no solamente estamos saliendo como muchos, sino que estamos buscando las historias a partir de lo que ocurre con el COVID, eso nos está afectando; además, en mi caso como freelance ya perdí muchos proyectos. Para otros hay preocupación por la solvencia económica. A muchos de los colegas que están trabajando les han bajado el salario, algunos del 30% al 40% y no así la carga de trabajo”. Mientras tanto, Isael Rosales Sierra, periodista en el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, resalta que “hay una carencia desde antes de la pandemia en el sistema de salud, es nula la presencia, no hay infraestructura, incluso en algunas comunidades no hay medicamentos, tienen que curarse las personas con yerbitas y ahí le van buscando, el sistema de salud en las comunidades muy poco ha funcionado, ha funcionado en algunas por las personas que se organizan, alzan la voz, pero si no, no hay nada. La marginación, la discriminación, el olvido de las comunidades sirve también para
Verdad y justicia
Editoriales | 📰 Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada Web original | 📷 Imagen : Jorge Aguilar Por: Miguel Concha Sábado 📅 20 de junio de 2020 Ayer se cumplieron cuatro años de los actos de represión y las violaciones graves a derechos humanos perpetradas por elementos de las policías estatal y Federal, y la entonces Gendarmería, en contra de integrantes de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), familiares y personas pertenecientes a la comunidad de Asunción Nochixtlán, Oaxaca, quienes se pronunciaban en oposición a la reforma educativa promovida en el sexenio del ex presidente Enrique Peña Nieto. Aunque el gobierno de Oaxaca afirmó que dichos actos respondían al desalojo del bloqueo de la carretera federal en la que se encontraban los manifestantes aquella mañana del domingo 19 de junio de 2016, gracias a varias fuentes periodísticas se pudo evidenciar que el operativo respondió más bien a un mecanismo de desarticulación social empleado por el Estado. Y ello mediante el uso desproporcionado e injustificado de la fuerza, el cual incluyó la detonación de armas de uso exclusivo del Ejército en contra de quienes se manifestaban. El operativo resultó en la privación de la vida de ocho personas: Yalid Jiménez Santiago, Anselmo Cruz Aquino, Jesús Cadena Sánchez, Óscar Luna Aguilar, Omar Gonzáles Santiago, Óscar Nicolás Santiago, Silvano Sosa Sánchez y Juan Galán Mendoza, así como en la detención arbitraria de numerosas personas, y otras más que resultaron heridas de gravedad. A raíz de los hechos ocurridos, familiares de las víctimas y sobrevivientes y miembros de la sección 22 de la CNTE protestaron con la finalidad de que se investigara y sancionara a los responsables materiales de la masacre de Nochixtlán, enfatizando en el esclarecimiento de la verdad en cuanto a la participación de altos funcionarios públicos de los ámbitos estatal y federal. Ello no obstante, y ante la indolencia e impunidad por parte de las autoridades encargadas de investigar y sancionar a los responsables, se inició el doloroso y arduo camino por la búsqueda de la verdad y el acceso a la justicia por parte del Comité de Víctimas por Justicia y Verdad 19 de Junio (Covic), con la finalidad de impulsar las líneas de investigación propuestas por las víctimas y sobrevivientes, de la mano con otros movimientos sociales, organizaciones de la sociedad civil, colectivos y grupos de víctimas. De esta manera, no sólo se impulsó la exigencia de verdad y justicia en el proceso de la comunidad de Nochixtlán, sino que también se comenzó a exigir a las autoridades una respuesta integral en función de los intereses y necesidades de las víctimas y sobrevivientes, bajo la consigna de reclamar justicia para todas las víctimas y sobrevivientes del país. Consigna que fue retomada en el primer y segundo Encuentro Internacional de Defensores y Víctimas de Graves Violaciones a Derechos Humanos, que durante 2018 y 2019 realizaron foros y espacios de participación convocados por el Covic y diversos actores de la sociedad civil. Con ello se generó una articulación de personas, colectivos, comunidades, movimientos sociales, organizaciones de víctimas y sobrevivientes de violaciones graves a derechos humanos, quienes a partir de entonces se autodenominan como Segundo Encuentro, y se identifican con el lema de Justicia para todas las víctimas y sobrevivientes del país, como principal objetivo de la articulación. Gracias a la movilización que llevó a cabo a mediados de abril de 2019, el Segundo Encuentro impulsó mesas de trabajo con diversas autoridades federales. Cabe mencionar que dichas mesas son producto de amplios espacios de participación, en los que se han acordado propuestas y estrategias colectivas, en función de las exigencias de quienes integran el Segundo Encuentro. Ahora bien, es importante señalar que para dar seguimiento a las acciones de exigencia de las víctimas y sobrevivientes en el contexto de la pandemia que hoy se vive, que por su propia naturaleza ha impactado de diversas maneras en los espacios organizativos, el pasado jueves, en el marco de la Jornada de Actividades de Conmemoración por la Lucha y Resistencia de las Víctimas y Sobrevivientes del 19 de Junio. Cuatro Años sin Verdad y sin Justicia, se realizó una asamblea virtual de víctimas. Por esto es necesario hacer un amplio reconocimiento al impulso que este tipo de alternativas dan en continuidad a la búsqueda tan sentida de verdad, justicia, reparación y no repetición por parte de las víctimas y sobrevivientes de violaciones graves a derechos humanos, ya que a pesar de todos los obstáculos y circunstancias adversas, implican un notable esfuerzo colectivo por sostener los movimientos organizativos de base, y por resignificar los diversos procesos de lucha y resistencia.
Condenamos las agresiones de la Guardia Nacional y Policía de Michoacán contra estudiantes Normalistas que se dirigían a realizar una actividad en las vías de Caltzontzin
Comunicados 📅 28 de abril de 2020 El día de hoy compañerxs de la Organización de Normales del Estado de Michoacán (ONOEM) en el marco de la difusión y protesta contra el recorte de matrícula, fueron agredidos con arma de fuego por parte de las fuerzas del Estado. Los compañerxs se dirigían a la comunidad de Caltzontzin para la realización de actividades de protesta cuando fueron atacadxs por miembros de la Policía de Michoacán y activos de la Guardia Nacional. Tres estudiantes resultaron lesionados y ya fueron llevados al hospital. Con este ataque, la Guardia Nacional y la Policía de Michoacán habrían violado la Convención Americana de los Derechos Humanos en el artículo 13° sobre libertad de Pensamiento y de Expresión; también en el artículo 15 sobre el derecho de reunión y en el artículo 16 sobre libertad de asociación, además de afectar la integridad personal de los lesionados. Recordemos que de acuerdo a los Principios Básicos sobre el uso de la fuerza de la ONU (1990), las intervenciones de la Fuerza Pública deben atender estrictamente a los principios de necesidad, legalidad y proporcionalidad. En este caso el ataque fue ilegal, innecesario y desproporcionado, dado que los estudiantes estaban desarmados e indefensos y no constituían una amenaza para el orden público. Por lo anterior exigimos que se inicien las investigaciones conducentes a sancionar los responsables de las lesiones de los tres estudiantes comprometidos y que se garantice la integridad personal de todos los estudiantes que participaron en la manifestación. Así mismo solicitamos que se indague sobre la presunta participación de la Guardia Nacional en la agresión. Repudiamos la represión y recordamos que el Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, es responsable de respetar y garantizar los derechos humanos de los compañeros normalistas. ATENTAMENTE Organizaciones participantes en el 2do Encuentro Internacional de Defensores y Víctimas de Graves Violaciones a los Derechos Humanos Coordinadora de Personas Desplazadas de Chiapas Centro de Derechos Humanos Ku´untik (CDH Ku´untik) Consejo de Gobierno Comunal Indígena de Arantepacua Comité de Víctimas por Justicia y Verdad de Nochixtlán 19 de Junio (COVIC) Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria (CDH VITORIA) Defensoría de los Derechos Humanos por la Justicia A.C. (DDHHJUSTICIA) Centro de Derechos Humanos Antonio Esteban A. C. (CDHAE A. C.) Colectivo Liquidámbar Coordinación de Familiares de Estudiantes Víctimas de Violencia Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional (CNPA MN) Comité de Familiares de Desaparecidos de San Miguel Cajonos CNPA MN Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre (UPVA 28 de Octubre) Movimiento por los Presos Políticos del Estado de Guerrero (MOLPPEG) Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI) Unión de Lucha Anticapitalista (ULA) Colectivo de Grupos de la Asamblea de Barrios de la Ciudad de México (CG-ABCM) Brigadas Emiliano Zapata de México (BEZ-MÉX) Frente Popular de la Montaña de Guerrero (FPG-G) Unión General de Trabajadores de México (UGTM) Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) Sección XXII – Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación Comisión Magisterial de Derechos Humanos sección XXII (COMADH) Sección XVIII – Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación Sector IX de Educación Indígena – Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación Encuentro Nacional por la Unidad del Pueblo Mexicano (ENUPM) Liga de Juristas “26 de septiembre” A. C.
Búsqueda de desaparecidos en Guanajuato
Editoriales | 📰 Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada Web original | 📷 Imagen : Jorge M. Por: Miguel Concha Sábado 📅 18 de abril de 2020 Desde noviembre de 2019 el Congreso de Guanajuato comenzó una nueva etapa en la discusión de tres iniciativas de ley: la de personas desaparecidas, la de víctimas y la de declaración especial de ausencia. Desde entonces las familias de personas desaparecidas han hecho aportes sustantivos a la discusión. Como se señaló recientemente en un comunicado, el colectivo A tu encuentro, con más de 170 familias, ha elaborado, mediante parlamento abierto al que se involucraron otras familias, distintas fórmulas a discutir. El colectivo Justicia y Esperanza, de San Luis de la Paz, ha estado igualmente en la discusión, a través de una de sus voceras, Evelina Guzmán Castañeda, quien busca a su hermano Samuel y a otros 21 migrantes guanajuatenses desaparecidos en 2011. Grace Fernández, del colectivo BÚSCAME-Buscando desaparecidos México ha sido clave en la articulación con la Oficina en México de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos (ONUDH), la Cruz Roja Internacional y la Comisión Nacional de Búsqueda, quienes también se han sumado. Es importante destacar que la iniciativa cambió de ser Ley sobre Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Estatal de Búsqueda, a Ley para la Identificación y Búsqueda de Personas Desaparecidas en Guanajuato. Es una muestra de cómo se han ido incorporando las recomendaciones que ONUDH ha hecho y que, en calidad de acompañantes del proceso, los doctores Fabrizio Lorusso y Raymundo Sandoval han ayudado a traducir en el documento de trabajo: eliminar la categoría de persona no localizada, fortalecer el Consejo Ciudadano y mecanismos claros de coordinación, así como incorporar principios rectores, recuperar experiencias exitosas de legislaciones locales, crear registros adicionales, integrar el concepto de fosa clandestina, establecer responsabilidades de los municipios, medidas de protección integral y un fondo efectivo para la búsqueda de personas. Una de las propuestas planteadas es que, al igual que en la Ciudad de México y el estado de México, se elimine la categoría de persona no localizada. Esta idea fue originalmente propuesta por el equipo de la ONUDH y la maestra Edith López, quien elaboró una nota técnica para el Congreso de Guanajuato, sugiriendo su eliminación para evitar diferenciaciones innecesarias e iniciar con mayor estándar de protección una verdadera búsqueda inmediata. No todas las voces expertas están de acuerdo con esta decisión, que desde la discusión de la Ley General, iniciada en 2014, fue un tema muy debatido y que, dada su complejidad, tuvo como solución la creación de dos categorías: la de persona no localizada y la de persona desaparecida. Quienes consideran que no se debe eliminar, alegan que podría generar errores en el reporte entregado al Registro Nacional y que se pueden reportar casos de personas no localizadas como si fueran desaparecidas, generando un sobrerregistro. Sin embargo, las malas prácticas en el registro de casos ya suceden en Guanajuato, pues la fiscalía considera a casi todas las personas desaparecidas como simplemente no localizadas. Durante la discusión de la ley, la misma fiscalía señaló que sólo tenía 11 carpetas de personas desaparecidas, mientras que cálculos independientes, basados en datos oficiales, señalan más de 2 mil. Si bien ninguna postura es perfecta, y todas señalan la importancia del contexto local en la formulación legislativa y en la decisión de eliminar o mantener la categoría, se planteó en la mesa una propuesta de eliminación, siguiendo la recomendación de la Organización de las Naciones Unidas. Para hacerlo, se deben establecer candados, para que tanto la investigación, como la búsqueda se hagan de acuerdo con el espíritu de esta eliminación; es decir: búsqueda inmediata e investigación, bajo la definición de persona desaparecida con presunción de delito. Un candado refiere al artículo 71 sobre los criterios mínimos para el registro de las personas localizadas: 1. Persona localizada que no fue víctima de ningún delito, ubicada antes o después de las primeras 72 horas; 2. Persona localizada víctima de un delito, materia de la Ley General; 3. Persona localizada, víctima de un delito diverso. El otro refiere al artículo 67, que señala la búsqueda y la comunicación con la fiscalía especializada de manera inmediata. Se ha propuesto también introducir la responsabilidad penal del servidor público o superior jerárquico directo de otros servidores públicos que sea conocedor de la conducta delictiva de sus subordinados u omiso ante ésta, para que sea sancionado según reglas de autoría y participación previstas en el Código Penal del Estado de Guanajuato. Aunque hay buena disposición del Congreso estatal para incluir estos cambios, no todos se han incorporado a los documen-tos de trabajo, por lo que existe la preocupación de que ciertas mejoras planteadas por las familias o por expertos no sean incorporadas en la ley. Exigimos que estas demandas se incluyan plenamente en ella.
Una deuda pendiente de verdad y justicia
Editoriales | 📰 Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada Web original | 📷 Imagen : 2do Encuentro Por: Miguel Concha Sábado 📅 28 de marzo de 2020 Hoy se cumplen tres años de las agresiones cometidas por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán contra la comunidad purépecha de Arantepacua, ubicada en el municipio de Nahuatzen. Ante la detención arbitraria de 38 de sus integrantes el 4 de abril de 2017, justo después de una reunión con la Secretaría de Gobierno del estado –con la que se buscaba una solución amistosa respecto a la delimitación territorial entre las comunidades de Arantepacua y Capácuaro– ese operativo reprimió el derecho a la protesta de la comunidad. Dichas agresiones dieron como resultado también la violación grave a los derechos humanos y las ejecuciones extrajudiciales de José Carlos Jiménez Crisóstomo, Francisco Jiménez Alejandre, Santiago Cristiano Luna y de un joven menor de 18 años, Luis Gustavo Hernández Cohenete. Después de actos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte de los policías de la entidad; otras personas fueron igualmente lesionadas, detenidas arbitrariamente y vulneradas en su integridad física y sicológica. A raíz de las violaciones graves a sus derechos humanos, la comunidad de Arantepacua buscó, como una forma de hacer justicia, y ante la impunidad e indolencia de las autoridades estatales encargadas de garantizar sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición y su derecho a la libre autodeterminación por medio de la designación del Consejo de Autoridades Comunales. Y de esta manera, las autoridades comunales e integrantes de la Comisión de Justicia de la comunidad de Arantepacua se vincularon con otras víctimas, organizaciones, colectivos y movimientos sociales, con la finalidad de exigir una verdadera justicia no sólo para su comunidad, sino para todas las víctimas y sobrevivientes del país. Lo cual originó la articulación del segundo Encuentro Internacional de Defensores y Víctimas de Violaciones Graves a los Derechos Humanos, celebrado en abril de 2019, precisamente en Arantepacua, Michoacán. Derivadas de los acuerdos de este segundo encuentro, se realizaron diversas movilizaciones pacíficas ese mismo año, tanto en la capital de Michoacán, como en la Ciudad de México, para impulsar mesas de trabajo en el ámbito federal, con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de Gobernación; el Mecanismo de Protección Para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, estas dos últimas instancias adscritas a la Subsecretaría mencionada. A pesar de que las gestiones realizadas por parte de la Comisión de Justicia de Arantepacua han buscado siempre la reivindicación de la memoria, así como la búsqueda de la verdad y la justicia para la comunidad, a través de la apertura de mesas de interlocución con distintas autoridades, estas últimas se han quedado cortas para atender y responder adecuadamente a las necesidades de las víctimas y sobrevivientes, quienes, dicho sea de paso, siempre deben ser reconocidas como colectividad, debi-do a las especificidades culturales de Arantepacua, en tanto comunidad indígena purépecha. A ello también se suma la falta de mecanismos generales que propicien la participación de las víctimas bajo un esquema de horizontalidad, mismo que les permita desarrollarse como sujetos de derechos capaces de generar propuestas dirigidas a obtener no sólo verdad y justicia, sino también a retomar y reconstruir sus proyectos de vida. En este sentido, es necesario enfatizar que el acceso a la justicia es el pilar fundamental de todo estado de derecho, independientemente del contexto por el que la nación atraviese, ya que es reconocido como una norma de ius cogens (derecho imperativo o necesario) en el contexto del derecho internacional de los derechos humanos; por ejemplo, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (https://bit.ly/39yFCxH). Por lo que el Estado mexicano debe emplear todos los recursos necesarios para garantizar la justiciabilidad, disponibilidad, accesibilidad, calidad, rendición de cuentas, así como un recurso sencillo y efectivo, como parte del cumplimiento de los componentes esenciales del derecho de acceso a la justicia. Y con ello evitar prácticas que tiendan a denegar y limitar su acceso a las víctimas. Por lo expuesto anteriormente, y aprovechando el llamado que ha lanzado el Estado mexicano a la organización social y a la solidaridad ante el actual estado de emergencia sanitaria para atender y salvaguardar la vida de la población que vive y transita por el país, se exhorta igualmente a las autoridades de todos los ámbitos y niveles, y a la sociedad en general, a reflexionar sobre la necesidad de extender dicho llamado para acompañar especialmente a las víctimas y sobrevivientes, así como a grupos, pueblos y comunidades que han sido afectados por la desigualdad, la violencia y las injusticias, como única vía para la construcción y materialización de la justicia social.
Código Penal Nacional: grave retroceso en materia de derechos humanos
24 de febrero de 2020 Por: Ana Gómez y Gisel Mateos* A mediados de enero del presente año comenzaron a circular principalmente dos borradores de reforma en materia de justicia: el primero a nivel constitucional en diferentes ramas del derecho, y el segundo como un anteproyecto que sustituiría a los actuales Código Penal Federal y códigos penales de las entidades federativas por un solo Código Penal Nacional. Sin embargo, si estos borradores fueran presentados al Legislativo tal como han circulado hasta el momento, representarían un grave retroceso en materia de derechos humanos, sobre todo en lo que corresponde a dos reformas: la reforma penal de 2008, la cual estableció el cambio del Sistema Penal Inquisitivo al Sistema Penal Acusatorio, cuya característica principal es su garantismo y apego a estándares internacionales, mismo que fue robustecido por la reforma de 2011 en materia de derechos humanos. Ahora bien, ¿por qué son tan relevantes las reformas de 2008 y 2011? Primero, porque la reforma de 2008 creó el sistema de justicia penal acusatorio y oral, además de que integró los principios rectores del mismo: publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Todo esto representó un giro de 360 grados en la dinámica jurídica, porque, entre otras razones, privilegió la presunción de inocencia, adquirieron un carácter público las actuaciones de las autoridades, y hubo mayores estándares de control para regular la legalidad de las actuaciones del Ministerio Público a través de la creación de juezas y jueces especializados en diferentes etapas procesales. Gracias a esto se pudo supervisar que todas las autoridades y actores que tuvieran contacto o participaran en cualquier proceso de investigación, enjuiciamiento e internamiento de cualquier persona, no violaran derechos humanos, con lo que se dio paso a la búsqueda de una verdad “material”, y no únicamente “procesal”, la cual costó la vida y dignidad de muchas personas inocentes por más de 90 años. Una segunda razón es que mediante la reforma de 2011 en materia de derechos humanos, se incorporaron los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano en nuestro sistema jurídico, estableciendo con ello una serie de deberes y obligaciones generales al Estado en torno a la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos, así como para prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de los mismos, por mencionar algunos ejemplos. Lo anterior significa que todas las autoridades, en sus diferentes ámbitos y niveles de competencia, están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas que habitan y/o transitan por el país, así como a realizar, en medio de las limitaciones y restricciones previstas en la misma Constitución mexicana, los análisis necesarios para conocer si las normas y actos de autoridad sean conformes a tratados internacionales de derechos humanos y estándares de organismos internacionales, con lo cual, además, se pretende beneficiar en mayor medida a las personas involucradas en cualquier proceso judicial. De este modo, si bien es cierto que una de las justificaciones para proponer esta iniciativa de ley (que entre otras tantas cosas elimina las figuras de control de legalidad) es el hecho de que el Sistema Penal Acusatorio no sólo no ha garantizado los derechos de las víctimas y sobrevivientes, sino que además ha creado una “puerta giratoria” que genera mayor impunidad, ya que impide probar la responsabilidad de las personas en hechos delictivos bajo el argumento de la no aceptación de pruebas ilícitas, este argumento es altamente debatible, debido a que una de las fallas más recurrentes que obstaculizan la judicialización de los casos son los vicios que el propio Ministerio Público tiene para investigar, porque emplea la tortura y malos tratos para conseguir pruebas. Por ello, antes de siquiera pensar en la sola idea de un Código Penal Nacional, primero se deben fortalecer la reforma penal de 2008 y la reforma de 2011 en materia de derechos humanos, para, por lo menos, realizar tres tareas fundamentales: garantizar a las miles de víctimas y sobrevivientes en el país el acceso a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, enfrentando y erradicando prácticas que fomentan la fabricación de culpables; superar los niveles de impunidad, fortaleciendo las capacidades materiales y humanas en el ámbito de la investigación de los órganos que procuran y administran justicia en el país; crear herramientas pedagógicas en materia jurídica que sean útiles y estén enfocadas al proceso del que las víctimas y sobrevivientes son parte de forma activa, y así garantizar la legalidad del proceso, para que no sean ellas quienes tengan la carga de probar la responsabilidad de las personas acusadas. De llevarse a la realidad esta posible iniciativa de ley sobre el Código Penal Nacional estaríamos caminando en una especie de Laberinto de Creta, diseñado para la coexistencia de tres sistemas penales diferentes, lo que habrá propiciado impactos negativos en los procesos de verdad, justicia, reparación y no repetición de las víctimas y sobrevivientes. Por ello resulta necesario reconocer primero que si el Sistema Penal Acusatorio no ha funcionado correctamente, se debe al colapso de las instituciones responsables, por lo que no se debe capitalizar la necesidad de verdad y justicia de las víctimas y sobrevivientes ante la crisis de derechos humanos para legitimar una reforma punitivista y regresiva en materia de derechos humanos. *Ana Gómez y Gisel Mateos son colaboradoras del @CDHVitoria. Consultar artículo en Animal Político. Imagen destacada: Protoplasma K
Movimientos sociales y derechos humanos
Sábado 29 de febrero de 2020 Miguel Concha Ayer, 28 de febrero, tuvo lugar, en la sede del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), el Encuentro Nacional de Usuarios (en adelante Encuentro), convocado principalmente por la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica (Anuee). Estuvieron presentes varios de los movimientos sociales más importantes del país, entre ellos el SME, la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores, la Coordinadora Nacional de Trabajadores por la Educación, Agua Para Todos, Agua Para la Vida y la propia Anuee, quienes se reunieron con un propósito perfectamente definido: construir un gran movimiento nacional que genere un plan de acción común frente a la difícil y compleja coyuntura actual. Todos estos movimientos sociales nos han enseñado el fuerte potencial emancipatorio y liberador de las luchas populares que realizan los movimientos sociales de base; aquellos que vienen desde abajo y dejan de ser espectadores, para convertirse en protagonistas de la historia. Sobre todo en momentos de conflictos históricos, cuando están en juego derechos fundamentales. De ahí que el sociólogo francés Alain Touraine haya dicho en alguna ocasión que un movimiento social es la conducta colectiva organizada de un actor que lucha en una colectividad concreta por la dirección social de la historicidad contra su adversario. Debido a esto, el pueblo de México ha contraído una deuda con movimientos sociales como la Anuee o Agua Para Todos, porque, como ha señalado Geoffrey Pleyers, que como sociólogo ha analizado muy de cerca los movimientos sociales en México y Latinoamérica, sus luchas de resistencia y rebeldía son un rayo de esperanza, ya que no sólo buscan bienes particulares, sino sobre todo comunes que beneficien a muchas más personas. Por ejemplo, una tarifa social justa, en lo que respecta al suministro de la energía eléctrica o el acceso equitativo y sustentable al agua. Y por ello también luchan contra las injusticias, la represión, el autoritarismo y el conservadurismo, diseminados en gran medida por las redes de complicidad entre el Estado, las empresas y el crimen organizado. Es importante señalar que los movimientos sociales, con características como las de aquellos que asistieron al Encuentro, desafían frontalmente el orden establecido por el capitalismo en su fase neoliberal y enfrentan la apatía, la indiferencia, las descalificaciones, el rechazo, los prejuicios y la discriminación de diversos sectores, entre ellos la extrema derecha, movimientos neofascistas y autoridades que, en sus diferentes niveles de competencia, les endilgan estereotipos como revoltosos, flojos, problemáticos, “ chairos”, conservadores. Según Pleyers, las luchas de los colectivos sociales intentan responder a una eterna pregunta: ¿cómo cambiar el mundo?, y en el caso mexicano lo hacen especialmente en un contexto de violencia sistémica y sistemática que, aunado a otros de los grandes problemas estructurales, ha desencadenado una crisis humanitaria y de derechos humanos sin igual en un México en llamas. Es decir, en un México feminicida, en el que mueren 10 mujeres al día y donde existen más de 60 mil personas desaparecidas y casi 300 mil asesinadas, por citar sólo algunas referencias. Así pues, frente a esta crisis humanitaria y de derechos humanos que está desgarrando al país, y de cara al orden hegemónico y patriarcal, los movimientos sociales siguen representando una alternativa, a partir de la cual es posible imaginar otros mundos posibles, que pueden también construirse de la mano de los derechos humanos, sobre todo si son vistos por los colectivos como herramientas efectivas de exigibilidad y justiciabilidad, y como medios de lucha y emancipación. Retomando una idea desarrollada por investigadoras como Sandra Serrano García, los movimientos sociales tienen ante ellos la posibilidad de desempacar los derechos humanos para ponerlos en acción, pero no desde perspectivas capitalistas, patriarcales y coloniales, sino a partir de comprensiones y usos críticos, alternativos y contrahegemónicos, porque entendidos y empleados de esta manera tendrán un papel transformador y una gran capacidad catalizadora para propiciar las condiciones mínimas de emancipación y reivindicación, debido a que los derechos humanos también son una fuente de energía radical para las luchas de los colectivos sociales. Finalmente, como señala Boaventura de Sousa Santos, bajo ninguna circunstancia podemos permitirnos desperdiciar ninguna de las genuinas experiencias de indignación de los movimientos sociales, como es el caso del plan de acción conjunto realizado en el Encuentro, porque están orientadas a reforzar la organización y la determinación de todas y todos los que no han abandonado la lucha por una sociedad más digna, democrática y equitativa, con paz, justicia y dignidad para todas las personas que habitan o transitan por el país. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Angélica Díaz Molina
