Etnocidio en Sonora
Editoriales | 📰 Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada Web original | 📷 Imagen : Web Por: Miguel Concha Sábado 📅 01 de agosto de 2020 Cuando muere una lengua, ya muchas han muerto y muchas pueden morir. Espejos para siempre quebrados, sombra de voces, para siempre acalladas: la humanidad se empobrece. En su poema Cuando muere una lengua Miguel León Portilla nos recuerda la importancia del México multicultural. Hoy, en plena pandemia, a causa del Covid-19, un megaproyecto impulsado por intereses industriales está desplazando al pueblo guarijío. Se trata de la presa Los Pilares, en Sonora. Armando Haro y Ramón Martínez revelan en el libro Patrimonio biocultural y despojo territorial en el Río Mayo (2019), publicado recientemente por El Colegio de Sonora, los atropellos e ilegalidades del proceso que hoy amenaza a los guarijíos. Es innegable que los pueblos originarios de nuestro país y su herencia cultural han sido histórica y sistemáticamente agredidos por el desarrollo occidental, llevándolos casi al borde del exterminio. Con una óptica mercantilista, se les ha despojado de sus recursos naturales, sus expresiones culturales y costumbres, vulnerando así sus derechos esenciales. En nuestros días este despojo territorial y cultural, aunado al desplazamiento forzoso de diversas comunidades, se ha incrementado debido a los nuevos megaproyectos y desarrollos industriales. Para los guarijíos los territorios no significan lo mismo que para la visión occidental. Para ellos el territorio es la base simbólica que sustenta su origen y los identifica culturalmente. La naturaleza es, además, un ente sagrado y polimorfo en el que moran subjetividades de los seres vivos y de los antepasados inanimados. Así lo expresa un líder guarijío: los Pilares para nosotros es un lugar importante y sagrado, ya que en estas aguas estancadas y termales es donde nuestros antepasados y nosotros adquirimos los conocimientos necesarios para ser músicos de pascolas, arrendadores de caballos, cantadores de venado, cantadores de tuburi, rezadores, curanderos, chamanes y para ser buenos jinetes. Por ello, el valor biocultural del territorio que pretenden arrebatar a los guarijíos va más allá del valor comercial que sirve para satisfacer intereses mineros y de la agroindustria. Nada de esto importó, pues la presa se inició sin tomar en cuenta ni a las comunidades originarias, ni al impacto socioambiental que ella tendría. Primero se justificó con la excusa de generar energía y expandir la agroindustria, y luego, debido a la resistencia de los guarijíos, con el argumento de que era necesaria para la protección civil. Según lo exponen Haro y Martínez, parece que la verdadera razón se esconde en los vastos yacimientos no explotados de plata y otros minerales que hay en territorio guarijío. Desde el inicio la manifestación de impacto ambiental (MIA) tuvo grandes deficiencias y se descuidaron aspectos cruciales, como los riesgos al patrimonio biocultural y la opinión de los guarijíos o el necesario enfoque de cuenca para valorar el impacto en la biodiversidad, la cultura y el bienestar de todas las personas ahí asentadas. Aunado a otras graves irregularidades, las autoridades judiciales también cometieron diversos atropellos ante los múltiples amparos que promovieron los guarijíos. Algunos fueron desechados por considerar sobreseimiento o, cuando al fin se concedían, eran parciales, pues sólo se otorgaban para efecto de no desplazarlos, pero se permitía la continuación de las obras, aunque ambos fueran parte del mismo proceso y no obstante que las obras en sí mismas implicaran un riesgo de desplazamiento. Finalmente, a inicios de 2019, después de cinco años de juicios y siete de lucha, se les concedió el amparo y protección de la justicia federal. El juez también anuló la MIA y el permiso de construcción de la presa. Pero esto poco importó, ya que a finales de 2019 el gobierno federal otorgó 600 millones de pesos para terminar la presa, a pesar de las denuncias y amparos. Los han aislado, no pueden acceder a los terrenos de siembra y han limitado su suministro de agua. Para amedrentarlos, el gobierno ha llegado incluso a negarles, ilegalmente, servicios básicos, como el suministro de agua potable o el acceso a los apoyos federales, al grado que los llevaron al borde de la hambruna. Además, quien se niega a ceder sus territorios, ha sido víctima de amenazas e intentos de soborno por parte de las autoridades. Hoy la presa se ha llenado, y al abrir las compuertas, sin aviso previo, se han inundado todos los caminos hacia las comunidades guarijías. Las comunidades de Mochibampo, Mesa Colorada y San Bernardo tendrán que ser desplazadas forzosamente de sus tierras ancestrales si el nivel de agua sube como temen los pobladores. Esperamos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos actúe ante este caso. No sólo están despojando a un pueblo de su territorio, en los hechos, lo están sentenciando a muerte. Agradezco la contribución de Daniel C. Santander en la elaboración de este texto.
Siete años defendiendo el maíz nativo
Editoriales | 📰 Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada Web original | 📷 Imagen : Jorge Luis AP Por: Miguel Concha Sábado 📅 11 de julio de 2020 La defensa de los bienes comunes se desdobla ahora en varios campos de lucha: social, político, jurídico, económico y cultural; los que están entretejidos en estrategias para enfrentar el despojo y la violencia estructural, y para crear e impulsar al mismo tiempo alternativas frente a una crisis multidimensional a escala planetaria. Esta defensa se ha dado local y globalmente desde diversos y amplios colectivos sociales del campo y la ciudad. Sin temor a equivocarnos, hoy estas luchas por los bienes comunes son por la defensa integral de toda forma de vida en nuestro planeta. Ésta y otras reflexiones las dimos hace siete años un grupo de organizaciones sociales y personas, quienes nos integramos para presentar una demanda colectiva contra la siembra de maíces transgénicos en territorio mexicano. El pensar en colectivo y llevar a cabo esta acción nos motivó a reunirnos y, así, usar creativa y críticamente una figura jurídica novedosa en el derecho mexicano, como son las acciones colectivas, surgidas en junio de 2011, casi a la par que la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Nos propusimos usarlas para hacer exigibles nuestros derechos y los de las generaciones presentes y futuras a la diversidad biológica de los maíces nativos, así como los derechos a la alimentación, la salud y el respeto irrestricto a los pueblos originarios y comunidades campesinas. En ese entonces nos convocó sobre todo, y nos sigue sosteniendo en esta lucha, el compromiso compartido de todas las personas con el cuidado de la vida, el respeto de los derechos humanos, y una sólida identificación con el maíz y sus aspectos identitarios en nuestra región. No olvidamos que México es centro de origen y diversidad de este grano, así como proceso histórico que, al paso de los siglos, nos dio un ecosistema que llamamos milpa, igualmente diverso, fuerte y capaz de alimentarnos a quienes habitamos o transitamos por estas tierras. Además, esta diversidad, reflejada en los maíces nativos, ha dado también paso, como se ha dicho muchas veces, a contar con una cocina mexicana invaluable, a causa de la multiplicidad de sabores e ingredientes que deleitan nuestros paladares y nos proporcionan los nutrientes necesarios para una buena vida y salud. Y así, con la firme esperanza de lograr como personas y comunidades la protección de nuestra alimentación, sana y de calidad, hace siete años acudimos a la justicia mexicana. Desde su presentación, el 5 de julio de 2013, esta demanda colectiva ha enfrentado adversarios al por mayor: se ha litigado en 19 tribunales federales, en los que se han realizado más de 150 impugnaciones por parte de empresas trasnacionales e instancias federales de gobierno, como Monsanto (Bayer), Syngenta, Dow Agrosciences y PHI México (DuPont-Corteva); así como Semarnat y Sader, antes Sagarpa. En septiembre de 2013 se nos otorgó una medida cautelar que detuvo todos los permisos de siembra de maíz genéticamente modificado; es decir, en cerca de 3 millones de hectáreas, y ha vencido 11 de los 15 juicios de amparo presentados por empresas e instituciones de gobierno. Actualmente cuatro amparos se encuentran bajo estudio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta lucha ha valido mucho la pena. En la actualidad es referente global, pues por primera vez ha logrado a escala mundial detener la siembra masiva de maíz transgénico. Asimismo, ha retado al sistema jurídico mexicano a innovar en sus formas de administración e impartición de justicia, cuando están de por medio derechos colectivos y la protección de bienes comunes naturales. Y, sin duda, nos ha dado también pistas para las modificaciones en la normatividad vigente del país, pues existen leyes que no corresponden a la imperiosa y urgente necesidad del cuidado de la naturaleza. En este proceso hemos ganado mucho, y debemos celebrarlo. Dado que las amenazas no cesan, desde la demanda colectiva las acciones y las estrategias de las organizaciones y movimientos sociales han sido integrales y amplias, usando el derecho de manera alternativa y crítica, siempre fortaleciendo el trabajo colectivo desde abajo. No vendría nada mal que la actual administración federal asumiera un papel más proactivo para concretar acciones contundentes que muestren su efectivo compromiso con un proyecto político que respete los derechos humanos y se comprometa en el cuidado de los bienes comunes naturales. Ayudará desde luego que el Presidente emita cuanto antes un decreto contra los transgénicos, como se lo acaban de volver a pedir 185 personalidades y 80 organizaciones y movimientos sociales, y que las instancias de gobierno implicadas en este juicio de demanda colectiva corrijan el camino, litigando y trabajando por nuestra soberanía alimentaria y por los derechos de quienes habitamos este país, sumándose ampliamente a los esfuerzos encaminados al cuidado de la naturaleza.
El CONAPRED
Editoriales | 📰 Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada Web original | 📷 Imagen : Conapred Por: Miguel Concha Sábado 📅 04 de julio de 2020 La discriminación es uno de los fenómenos estructurales que afectan a personas y grupos en nuestro país, particularmente a aquellos que, a causa de los tratos excluyentes o de sometimiento a que son sujetos por razón de alguna condición –como por ejemplo género, etnia, clase, discapacidad, preferencia u orientación sexual, y hasta apariencia física, entre otras–, históricamente se encuentran en situación de vulnerabilidad. Luego de una serie de luchas y reivindicaciones por parte de grupos tradicionalmente discriminados, así como de organizaciones, especialistas y actores sociales y políticos, como el compañero Gilberto Rincón Gallardo, el 11 de junio de 2003 se promulgó la Ley Federal para Prevenir y Erradicar la Discriminación. Desde su publicación, hasta el día de hoy, esta ley ha traído consigo importantes avances con respecto a la prevención y eliminación de la discriminación en materia de política pública, entre ellos la creación del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred). El Conapred es, como lo señala su estatuto orgánico, un organismo descentralizado y sectorizado de la Secretaría de Gobernación, con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuyo propósito fundamental es prevenir y eliminar todas las formas de discriminación ejercidas contra cualquier persona o grupo, especialmente aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Tiene además como objeto contribuir al desarrollo cultural, social y democrático de nuestro país, así como formular y promover políticas públicas para la igualdad de oportunidades y de trato a favor de las personas que habitan y transitan por México, y coordinar las acciones en materia de discriminación de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo Federal. Ello no obstante, es indudable que después de 17 años el Conapred tiene logros y desafíos importantes. Sobre estos últimos, es claro que no se ha erradicado totalmente la discriminación en el país y que falta mucho para conseguirlo. De igual manera, los empeños indudables por prevenir y erradicar la discriminación no han logrado transformar las instituciones del Estado ni transversalizar la igualdad y la no discriminación en el ámbito de las políticas públicas. Aunado a esto, desde sus inicios el Conapred cuenta con recursos humanos y materiales limitados y a veces precarios. Sin embargo, de la mano de grupos históricamente discriminados, de personas expertas, organizaciones de la sociedad civil y autoridades en sus diferentes ámbitos y niveles de competencia, el Conapred ha realizado numerosos aportes en la agenda antidiscriminatoria del país. Entre sus logros destacan estadísticas e investigaciones sobre el fenómeno discriminatorio; incidencias en legislación y políticas públicas; impacto en programas educativos; opiniones jurídicas; publicaciones y campañas referidas a la igualdad y a la no discriminación, con el fin de promover una cultura de inclusión y respeto a las diferencias, y servicios de orientación y mecanismos para presentar y resolver quejas por presuntos actos discriminatorios de autoridades y particulares. De esta manera, el Conapred ha defendido los derechos humanos de personas y grupos que coyuntural y tradicionalmente han venido siendo discriminados. Entre ellos la comunidad LGBTTTIQA+, pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, personas con discapacidad, personas adultas mayores, migrantes, refugiadas y trabajadoras del hogar, entre otras. Estas personas y grupos han encontrado en el Conapred escucha, orientación, ayuda y respuesta a sus demandas. Además de este patrimonio social acumulado, el Conapred cuenta entre sus fortalezas con su Asamblea Consultiva, integrada por personas pertenecientes a los distintos grupos discriminados, especialistas en diferentes problemas sobre discriminación, expertos en derecho, defensoras y defensores de derechos humanos y activistas sociales por la igualdad y la no discriminación. Y por ello cumple con su función de ser el órgano ciudadano de opinión, asesoría y promoción de las acciones, programas y proyectos que diseña o desarrolla el Conapred. Como rasgo excepcional, cuenta además con representatividad en la Junta de Gobierno. Por tanto, la apuesta por atender mejor la agenda antidiscriminatoria del país no debe ser el debilitamiento o la desaparición del Conapred, sino por el contrario su fortalecimiento mediante una nueva estrategia que contemple por lo menos las siguientes exigencias. La designación de la nueva persona titular, cuya trayectoria, capacidad y compromiso con la igualdad y no discriminación en todas sus expresiones sea indiscutible, mediante un proceso ordenado, transparente y participativo; el incremento, suficiencia y garantía de su presupuesto; la actualización y ampliación de sus capacidades y recursos; la promoción de una reforma de ley que dote de nuevas facultades al Conapred con base en el artículo primero constitucional, y la participación activa de su Asamblea Consultiva en todos estos procesos.
75 años de Jtatik Raúl
Editoriales | 📰 Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada Web original | 📷 Imagen : Jorge Aguilar Por: Miguel Concha Sábado 📅 27 de junio de 2020 En los lugares más invisibles y los hogares más cálidos y sencillos nacen las personas que dejan una fuerte huella en el tiempo. José Raúl Vera López pertenece a ellos.” Así inicia una carta firmada por 944 personas y organizaciones que reconocen la labor de don Raúl, obispo de Saltillo, quien al cumplir el primero de junio 75 años presentó al Papa Francisco su dimisión. La misiva se hizo pública el pasado 21 de junio, día de su cumpleaños, y constituye un reconocimiento a su compromiso y labor pastoral. Vale la pena enfatizar que, signada por comunidades indígenas, colectivos de víctimas, organizaciones y movimientos populares, organizaciones de derechos humanos, organismos socio eclesiales y religiosos, así como por diversas personas de amplios sectores de la población, sin mencionar a alguien en particular, las personas y grupos que firman representan, sin duda, junto con fray Raúl, parte importante de la reserva moral del país. Conocí a Raúl en la Ciudad de México cuando ingresó a la Orden de Predicadores. Desde entonces nuestras vidas se han entretejido en diversos momentos. Cuando en noviembre de 1987 fue nombrado obispo de la Diócesis de Altamirano, Guerrero, me encontré con él para recordarle que no debía olvidar la situación convulsa del país, las transformaciones que vivía la Iglesia, en el marco del Concilio Vaticano II, las prioridades apostólicas asumidas por la Orden y los compromisos pastorales de la Iglesia latinoamericana, así como el testimonio profético de muchos hermanos dominicos y de obispos como don Sergio Méndez Arceo. La carta reconstruye parte de la trayectoria pastoral de Raúl, y dedica especial atención a su labor como obispo coadjutor en San Cristóbal de las Casas, y a su tránsito al obispado de Saltillo (1999). Sobre esto literalmente menciona lo que sigue. En el marco del levantamiento de los pobres del color de la tierra, que cimbró al mundo y convirtió a Chiapas en un torbellino de horror y búsqueda de paz con justicia y dignidad, don Raúl fue nombrado coadjutor de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas en agosto de 1995. Allí se entregó por completo a cultivar la dignidad recuperada por la rebeldía de los pueblos y a profundizar el trabajo pastoral y profético del obispo Samuel Ruiz García, el querido y reconocido Jtatik Samuel. Al lado de los pueblos indígenas –que le enseñaron mucho– de don Samuel y de un gran e incansable cuerpo pastoral, sufrió amenazas, insultos, ataques e intentos de homicidio. Nada lo detuvo. Lejos de ello, la fuerza de su predicación se hizo más poderosa y clara, al grado de denunciar internacionalmente la matanza de Acteal. Tanto creció la fuerza de su voz, que se le negó el derecho a suceder a don Samuel en la Diócesis de San Cristóbal. Designado obispo de Saltillo en diciembre de 1999, llevó consigo el mandato del Jtatik. Al frente de esa diócesis –y a lo largo de 20 años– no ha dejado de caminar al lado de las comunidades más vulnerables y vulneradas, de levantar la voz frente a las injusticias y de reconstruir la Iglesia. Y así, ha apoyado la lucha por las mejoras laborales de los trabajadores mineros y acompañado el reclamo de justicia de la Organización Familia Pasta de Conchos. Se ha solidarizado con las comunidades que enfrentan despojos y contaminación por parte de las grandes empresas, y ha alzado la voz en defensa de los migrantes. Ha apoyado el trabajo, tanto del albergue, como de la pastoral migrante de su diócesis, así como el trabajo del Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios. Ha defendido a las trabajadoras sexuales y denunciado los crímenes que en 2006 perpetraron militares en Castaños contra ellas. Ha acompañado incondicionalmente y de muchas maneras a las víctimas y familiares que sufren violencia y desaparición y ha denunciado también los crímenes cometidos al amparo de la Iglesia. Promueve igualmente una reforma para evitarlos. La carta recupera también su apoyo y acompañamiento a diversos organismos de derechos humanos, su labor internacional y su trabajo en el Tribunal Permanente de los Pueblos-Capítulo México (2012-2014), que derivó en el planteamiento de una Nueva Constituyente Ciudadana Popular. Concluye con el reconocimiento y compromiso con su labor pastoral. Los que lo hemos acompañado y hemos sido acompañados por él le damos en su 75 aniversario las gracias. Pastores como él sostienen viva la esperanza. Además de reiterarle su nombre y calidad de Jtatik, queremos ahora constatar su calidad de hermano y compañero. Le acompañamos en la cosecha final de su tarea diocesana en Saltillo. Y le damos la bienvenida a su nueva etapa de emeritez. Sabemos que su fuerza, madurez y experiencia seguirán latiendo en el reto profético y estratégico de abrir nuevos horizontes, para que la paz, la justicia y la libertad reinen en México y el mundo. La versión completa de la carta se puede consultar en: https://bit.ly/37ViIRU
Verdad y justicia
Editoriales | 📰 Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada Web original | 📷 Imagen : Jorge Aguilar Por: Miguel Concha Sábado 📅 20 de junio de 2020 Ayer se cumplieron cuatro años de los actos de represión y las violaciones graves a derechos humanos perpetradas por elementos de las policías estatal y Federal, y la entonces Gendarmería, en contra de integrantes de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), familiares y personas pertenecientes a la comunidad de Asunción Nochixtlán, Oaxaca, quienes se pronunciaban en oposición a la reforma educativa promovida en el sexenio del ex presidente Enrique Peña Nieto. Aunque el gobierno de Oaxaca afirmó que dichos actos respondían al desalojo del bloqueo de la carretera federal en la que se encontraban los manifestantes aquella mañana del domingo 19 de junio de 2016, gracias a varias fuentes periodísticas se pudo evidenciar que el operativo respondió más bien a un mecanismo de desarticulación social empleado por el Estado. Y ello mediante el uso desproporcionado e injustificado de la fuerza, el cual incluyó la detonación de armas de uso exclusivo del Ejército en contra de quienes se manifestaban. El operativo resultó en la privación de la vida de ocho personas: Yalid Jiménez Santiago, Anselmo Cruz Aquino, Jesús Cadena Sánchez, Óscar Luna Aguilar, Omar Gonzáles Santiago, Óscar Nicolás Santiago, Silvano Sosa Sánchez y Juan Galán Mendoza, así como en la detención arbitraria de numerosas personas, y otras más que resultaron heridas de gravedad. A raíz de los hechos ocurridos, familiares de las víctimas y sobrevivientes y miembros de la sección 22 de la CNTE protestaron con la finalidad de que se investigara y sancionara a los responsables materiales de la masacre de Nochixtlán, enfatizando en el esclarecimiento de la verdad en cuanto a la participación de altos funcionarios públicos de los ámbitos estatal y federal. Ello no obstante, y ante la indolencia e impunidad por parte de las autoridades encargadas de investigar y sancionar a los responsables, se inició el doloroso y arduo camino por la búsqueda de la verdad y el acceso a la justicia por parte del Comité de Víctimas por Justicia y Verdad 19 de Junio (Covic), con la finalidad de impulsar las líneas de investigación propuestas por las víctimas y sobrevivientes, de la mano con otros movimientos sociales, organizaciones de la sociedad civil, colectivos y grupos de víctimas. De esta manera, no sólo se impulsó la exigencia de verdad y justicia en el proceso de la comunidad de Nochixtlán, sino que también se comenzó a exigir a las autoridades una respuesta integral en función de los intereses y necesidades de las víctimas y sobrevivientes, bajo la consigna de reclamar justicia para todas las víctimas y sobrevivientes del país. Consigna que fue retomada en el primer y segundo Encuentro Internacional de Defensores y Víctimas de Graves Violaciones a Derechos Humanos, que durante 2018 y 2019 realizaron foros y espacios de participación convocados por el Covic y diversos actores de la sociedad civil. Con ello se generó una articulación de personas, colectivos, comunidades, movimientos sociales, organizaciones de víctimas y sobrevivientes de violaciones graves a derechos humanos, quienes a partir de entonces se autodenominan como Segundo Encuentro, y se identifican con el lema de Justicia para todas las víctimas y sobrevivientes del país, como principal objetivo de la articulación. Gracias a la movilización que llevó a cabo a mediados de abril de 2019, el Segundo Encuentro impulsó mesas de trabajo con diversas autoridades federales. Cabe mencionar que dichas mesas son producto de amplios espacios de participación, en los que se han acordado propuestas y estrategias colectivas, en función de las exigencias de quienes integran el Segundo Encuentro. Ahora bien, es importante señalar que para dar seguimiento a las acciones de exigencia de las víctimas y sobrevivientes en el contexto de la pandemia que hoy se vive, que por su propia naturaleza ha impactado de diversas maneras en los espacios organizativos, el pasado jueves, en el marco de la Jornada de Actividades de Conmemoración por la Lucha y Resistencia de las Víctimas y Sobrevivientes del 19 de Junio. Cuatro Años sin Verdad y sin Justicia, se realizó una asamblea virtual de víctimas. Por esto es necesario hacer un amplio reconocimiento al impulso que este tipo de alternativas dan en continuidad a la búsqueda tan sentida de verdad, justicia, reparación y no repetición por parte de las víctimas y sobrevivientes de violaciones graves a derechos humanos, ya que a pesar de todos los obstáculos y circunstancias adversas, implican un notable esfuerzo colectivo por sostener los movimientos organizativos de base, y por resignificar los diversos procesos de lucha y resistencia.
Decreto por el maíz nativo
Editoriales | 📰 Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada Web original | 📷 Imagen : Twitter Por: Miguel Concha Sábado 📅 13 de junio de 2020 Sabemos que los bienes comunes naturales están hoy amenazados por intereses de grandes capitales nacionales e internacionales. Se hace por ello aún más necesaria la efectiva defensa de éstos, a los que no podemos asignar un precio, pues guardan en sí mismos una importancia vital para la existencia y reproducción de la vida en el planeta. Con base en este principio, y dada la preocupación que nos ha generado la presencia de maíces transgénicos en nuestros territorios, un grupo amplio de personas y organizaciones solicitamos al titular del Ejecutivo federal acciones contundentes en favor de los maíces nativos y los derechos de los campesinos y comunidades indígenas. Retomando las declaraciones del Presidente al tomar posesión en 2018, y al cumplirse los primeros 100 días de su mandato, cuando expresó que en México no se permitirían las siembras de maíces transgénicos, este grupo plural y diverso de personas nos animamos a presentar una petición de decreto presidencial. Éste debiera establecer condiciones suficientes para una política integral de bioseguridad en México, en la que se incluyan legislaciones y políticas públicas de gobierno que aseguren derechos colectivos, así como la preservación de la integridad de nuestra nación como centro de origen del maíz y de otras especies fundamentales para la alimentación humana y animal, y la riqueza histórica y cultural que existe en nuestro país en torno a las semillas. Esta petición fue entregada el pasado 30 de junio de 2019 pero, por desgracia, a casi un año de ello, no hemos tenido respuesta a nuestra solicitud. Sin embargo, mediante la entrega y publicación de otra carta, con fecha próxima, renovamos e insistimos en nuestra petición, y ahora, frente a más amenazas actuales para el maíz, la milpa y la biodiversidad en general, con mayor razón. Entre éstas, por un lado, está la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) y, por otro, nuevas propuestas legislativas de reformas a la Ley Federal de Variedades Vegetales, que criminalizan a campesinos y pueblos indígenas, y los despojan de sus semillas. Además, la intención de algunos sectores de gobierno para que México se adhiera al Acta 1991 de la Unión Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales (UPOV91), acción contraria a la protección de la biodiversidad y a la prohibición de los organismos genéticamente modificados (OGM), a los que, por cierto, el propio Presidente de la República se ha referido y señalado como ser susceptibles de prohibirse. En nuestra petición renovada volvemos a subrayar la importancia de proteger la diversidad agrícola en México. En efecto, se hace cada vez más necesaria la prohibición de emitir permisos de liberación de OGM, sea en su fase experimental, piloto o comercial en el territorio mexicano, incluidos los obtenidos con nuevas técnicas, como edición genética o mutagénesis. Por ejemplo, una medida urgente de política pública efectiva a este respecto sería implementar el compromiso de Diconsa de no distribuir granos de maíz importado en sus más de 25 mil tiendas y almacenes, así como transparentar regularmente resultados sobre detección de OGM en territorio mexicano. Este decreto podría ser una señal clara del compromiso de la actual administración con los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y campesinas, y con la protección de la biodiversidad, así como un avance significativo en la garantía del derecho a la alimentación y a la salud de las personas que habitamos o transitamos por México. Los cientos de personas y organizaciones que se han sumado a esta nueva petición de decreto son conscientes de que en medio de una crisis como la que enfrentamos por la pandemia del Covid-19, es fundamental transitar gradualmente hacia otros paradigmas de relacionamiento con la naturaleza, poniendo en el centro el cuidado de los bienes comunes y de toda forma de vida en el planeta. Nuestra petición de decreto no es troglodita, como muchos sectores privilegiados han querido suponer. Es más bien una acción social organizada que nace de la imperiosa tarea de cuidar la naturaleza, centrando esfuerzos en la milpa y en los productores de alimentos de pequeña y mediana escala. Necesitamos un paradigma agrícola liberador y ecológico, como el que practican pueblos y comunidades indígenas y campesinas. De seguir con el modelo industrial vigente, atentamos contra la reproducción de la vida misma y restamos nuestras capacidades para enfrentar la crisis civilizatoria actual en sus diversas facetas. La actual administración tiene la oportunidad de construir verdaderamente las bases de un nuevo proyecto de país, el cual pasa por darle institucionalidad a las propuestas que desde las diversas organizaciones, colectivas y movimientos sociales hemos elaborado y presentado en sintonía con exigencias de comunidades y pueblos indígenas y campesinos. Esperamos que esta vez se recoja nuestra petición.
Una salida apegada a derechos
Editoriales | 📰 Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada Web original | 📷 Imagen : Angélica Díaz Por: Miguel Concha Sábado 📅 06 de junio de 2020 Estamos en la cresta de la pandemia del Covid-19. Nadie sabe cuánto durará. Todos ansiamos que llegue su final, pero conforme éste se aproxime será más urgente construir alternativas para salir de la crisis, cuyas primeras manifestaciones apenas vemos, y cuya superación generará menor sufrimiento, en cuanto las estrategias puestas en práctica sean más creativas y de diseño más inclusivo. Nadie puede estar exento del esfuerzo de proponer y dialogar para alcanzar acuerdos, y nadie, mucho menos los responsables de las decisiones, pueden ser omisos en la escucha de los diversos planteamientos, y en la voluntad de convencer y dejarse convencer, con el criterio del máximo bien de las personas, basado en el respeto y garantía de sus derechos. Es alentador el llamado que más de 300 personas y organizaciones sociales formularon a la sociedad civil y al gobierno sobre la necesidad de promover que la salida a la crisis generada por la pandemia sea integral y apegada a los derechos humanos. Además del valor de los argumentos, es importante el testimonio de décadas de lucha social de todos los firmantes –personas y organizaciones– en los más diversos campos del reclamo de justicia para los excluidos y los desiguales. Promovida originalmente por un grupo de personas identificadas como La 4D, por su referencia a la letra inicial de los vocablos: Derechos, Democracia, Desarrollo y Diversidad, llaman a la sociedad civil y a los distintos niveles de gobierno a abrir, con el mejor de los compromisos, espacios de diálogo, interlocución y colaboración que permitan al país transformar la actual situación que aflige a millones de personas. “Será de suma importancia –añaden– compartir nuestras reflexiones y coordinar nuestras acciones”. El llamado no apela de manera ingenua a gestos de buena voluntad, sino que formula propuestas específicas para reformas y cambios que vayan a fondo. “Consideramos –dicen– que éste es el momento para comprometerse en serio con reformas estructurales para una justicia redistributiva, incluidas las tributarias progresivas, donde se requiera a los depositarios de grandes fortunas y a los grandes conglomerados corporativos contribuir con la sociedad en una medida proporcional a su riqueza”. “Es también –añaden– momento de profundizar en la democracia como condición de la fortaleza de la sociedad y de su Estado”. Hay un tercer asunto de interés, derivado de una característica de quienes formulan el llamado, y obliga a una interpretación más amplia de las implicaciones de sus propuestas: su gran mayoría tiene una reconocida trayectoria en la izquierda social. Aquella que no se desarrolló principalmente en los partidos políticos ni en los procesos electorales, sin que nieguen su utilidad, sino en los procesos organizativos y reivindicatorios de derechos de los diversos agrupamientos sociales. Su intervención, más que política, ha ocurrido invariablemente en los momentos de emergencia social, por ejemplo, en la situación generada por los sismos, en el levantamiento indígena en Chiapas, en el reclamo por las personas desaparecidas y en muchos momentos dolorosos para la sociedad, particularmente para los sectores excluidos. Este tercer elemento podrá contribuir a ubicar las diferencias en el nivel que corresponde. No se trata de un pleito entre dos, sino de construir un arreglo entre todos. Se trata del futuro del país. En el boletín de prensa, con el que presentó el lunes el llamado, se señaló: no apostamos al fracaso del gobierno, sino todo lo contrario. No compartimos las posiciones de quienes sistemáticamente se oponen a las acciones de gobierno, y al mismo tiempo, como un espacio de la izquierda social, reivindicamos y ejercemos el derecho a la crítica proactiva y a la construcción de propuestas alternativas. Por lo que pedimos a las autoridades escuchar y debatir con base en las ideas las propuestas desde el mismo espectro político, sin descalificaciones tempranas, sin tergiversar argumentos y sin menospreciar planteamientos, por distintos que éstos sean a la perspectiva oficial. No únicamente la sociedad, sino la propia izquierda, son diversas. En el pasado las posiciones distintas se consideraban como indisciplina. Hoy son signos de democracia, y ésta genera fortaleza. La construcción de alternativas requiere que la izquierda se ponga de acuerdo. Esto es necesario, pero no suficiente. El diálogo debe ser entre todos: las acciones de índole económica para salir de la crisis no son sólo una relación paternal entre gobierno y pobres, sino de toda la sociedad con el gobierno. Lo que tiene implicaciones políticas, puesto que requieren de un acuerdo entre todos los sectores de la sociedad y el poder público. No se trata de que más acción gubernamental sea igual a menos democracia. Hay que regular la economía, hay que regular el desarrollo social y, no podemos olvidarlo, hay que regular al regulador.
Articulación de las OSC en México
Editoriales | 📰 Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada Web original | 📷 Imagen : Victor Manuel Chima Por: Miguel Concha Sábado 📅 30 de mayo de 2020 Durante más de una década, diversas organizaciones de la sociedad civil (OSC) del país demandaron una cobertura legal y consiguieron en 2004 la aprobación de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil (Lffarosc), un marco legal que las reconoce como actores de interés público y ofrece sustento jurídico para su participación y fomento. Sin embargo, el 14 de febrero de 2019, el gobierno federal emitió la Circular Uno, que canceló el acceso a los recursos públicos para sus proyectos de utilidad pública, y contradice lo establecido en dicha ley. Decisión acompañada con la desacreditación del compromiso con la democracia y los derechos humanos mostrado por la sociedad civil por décadas. Ante ello, diversas articulaciones de OSC reaccionaron ante la difícil situación provocada por las decisiones del gobierno federal y optaron por la denuncia pública para demandar una reconsideración. Dialogaron entre ellas para identificar medidas ante el inevitable debilitamiento y la eventual extinción del marco institucional y legal ganados con tantos esfuerzos. Producto de un proceso de reflexión sobre la permanencia y los derechos de las OSC en México, a través de consultas y diálogos entre OSC del país, Equipo Pueblo AC produjo el diagnóstico Impacto de las restricciones gubernamentales hacia las OSC en México-2020, del que recuperamos las principales valoraciones, recomendaciones y escenarios, que se reúnen en el último capítulo del texto. Las OSC consultadas identificaron impactos negativos de las decisiones gubernamentales que trastocaron su acción. La mayoría de las que trabajan directamente con la población restringieron su quehacer por falta de recursos para desplazamientos y operación de sus proyectos. Reportaron la suspensión de actividades estratégicas de investigación, profesionalización e incidencia. En algunos casos se han planteado el cierre total. Entre los ejes o ámbitos de acción sugeridos por y para las OSC, destacan: 1. La defensa del marco legal y los derechos de las OSC. Las acciones que proponen están dirigidas a sus derechos: la libertad de asociación, de expresión; el derecho a recibir financiamiento de cualquier fuente pública o privada nacional o internacional, independientemente de su posición ideológica, política y métodos de intervención. Además del marco legal federal, es fundamental que todas las entidades de la nación cuenten y/o cumplan con las leyes de fomento estatales. 2. La articulación para una estrategia y agenda común nacional, a partir de lo local. La coyuntura demanda promover nuevamente la estructuración de pensamientos y acciones desde lo local hasta lo nacional, porque continuarán actuando, a pesar del impacto de las decisiones del Poder Ejecutivo. Ratifican la convicción de fortalecerse de manera articulada en una plataforma que integre y difunda sus propuestas ante los asuntos de su interés y que, eventualmente, el gobierno federal y la sociedad les reconozcan. Se sugiere, considerando la diversidad de posiciones, identidades y geografías, por sus derechos explicitados en la Ley de Fomento y otros instrumentos internacionales, la construcción de una agenda común con base en el pleno ejercicio de los derechos humanos, en la que estén transversalizados los enfoques multinacional, multicultural e intergeneracional. Y enfocar las agendas a las transformaciones que exige el país, a los asuntos estratégicos, sin abandonar el seguimiento y evaluación de las políticas públicas que cada una realiza, porque ahí está su compromiso y vocación, tanto en la comunidad como en lo nacional. Para esa articulación hay que integrar las agendas locales y promoverlas, considerando los saberes socialmente adquiridos, la sensibilidad desarrollada y la voluntad de articularse, la cual supone la apertura para construirla conjuntamente. Es decir, una voluntad para ir más allá de las diferencias y tener en perspectiva lo que las une, independientemente de causas y estrategias, y que en la relación con el gobierno y otros actores no queden subordinadas y sigan aportando –de manera crítica y propositiva– a las políticas públicas. Hay quienes consideran que es necesario promover el diálogo político con el gobierno para defender su derecho a la participación. Aprovechar que en algunos ámbitos estatales locales existe apertura para la colaboración y la incidencia en niveles intermedios de gobierno. Para otras es claro que la decisión del gobierno federal de cancelar los recursos para las OSC no cambiará. Por ello importa explorar nuevos esquemas de financiamiento y de reformas a la Ley Federal del Presupuesto, la Ley del Impuesto Sobre la Renta, el Código Fiscal, la Miscelánea Fiscal y la Lffarosc, que apunten a una armonización legislativa que reconozca y fortalezca a las OSC del país. La sociedad civil quiere seguir siendo interlocutora válida, opinar e incidir ante los problemas que enfrenta la nación.
Una revisión indispensable
Editoriales | 📰 Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada Web original | 📷 Imagen : Internet Por: Miguel Concha Sábado 📅 23 de mayo de 2020 El pasado 11 de mayo se publicó en el Diario Oficial de la Federación ( DOF) el Acuerdo del Presidente de la República, por el que se dispone de la fuerza armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. Dicho acuerdo tiene su origen en diversas reformas en materia de Guardia Nacional a la Constitución, así como en la expedición de su ley reglamentaria. Ambas respectivamente publicadas en el DOF en marzo y mayo del año pasado. Sin embargo, llama la atención que esta medida haya sido tomada en medio de un panorama político y social caracterizado por la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia del Covid-19. En la reforma constitucional sobre la Guardia Nacional se estableció el artículo 5 transitorio que es punto de partida, pues habilita al Presidente para disponer de la fuerza armada permanente en tareas de esta índole por un tiempo máximo de cinco años; tiempo en el que se estima que la Guardia Nacional alcance su madurez operativa e institucional. Asimismo, en ese artículo se establecen las directrices para disponer de las fuerzas armadas, es decir, de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. Estos son además estándares internacionales delimitados por la Corte Interamerica-na de Derechos Humanos (Corte IDH) en la sentencia del caso Alvarado Espinoza y otros contra México, dictada en noviembre de 2018, donde señala la responsabilidad internacional del Estado mexicano por hechos constitutivos de desaparición forzada por elementos de las fuerzas armadas. Y esto en un contexto caracterizado por la implementación de una política de militarización de la estrategia de seguridad pública, iniciada por lo menos desde 2006. Asimismo, la Corte IDH señaló que la regla general respecto a las tareas de seguridad pública es que éstas deben de estar reservadas principalmente para los cuerpos civiles policiales, siendo la excepción la participación de las fuerzas armadas en esas actividades. Sin embargo, si se llegase a dar su intervención, éstas deben de observar los parámetros arriba mencionados. Al examinar el acuerdo en cuestión de manera puntual, y contrastándolo con las directrices de la Corte IDH, podemos encontrar diversas falencias que nos llaman la atención. Por una parte, en cuanto su uso extraordinario, no señala su justificación, además de que no delimita de manera geográfica o de cualquier otra forma su actuación para atender en concreto el problema, salvo las atribuciones de la misma Guardia Nacional. Parcialmente se habla de una temporalidad de cinco años, lo cual es bastante controversial, pues estaríamos frente a una política sexenal, lo que no da pauta a una evaluación periódica y, en definitiva, hace nugatoria cualquier evaluación. Y por lo que hace a estar subordinada y ser complementaria, en el acuerdo se habla de una coordinación de la Secretaría de la Defensa Nacional y la de Marina con la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, mas no de una subordinación, lo que llama poderosamente la atención. Respecto a la fiscalización, la actuación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública debe estar vigilada por órganos civiles competentes, independientes y técnicamente capaces, cuestión que no se cumple en el acuerdo. Por el contrario, se establece que las tareas de las fuerzas armadas estarán bajo la observancia de los propios órganos internos de control de la institución de que se trate, no previendo mecanismos ajenos e independientes que valoren su actuación. Si bien, en comparación con los sexenios pasados, las condiciones y el contexto político son diferentes, el disponer de las fuerzas armadas, sin parámetros basados en la observancia de los más altos estándares en materia de derechos humanos, que restrinjan y limiten su participación en tareas de seguridad pública, da cabida a que exista el riesgo de que se reproduzcan patrones de violaciones de derechos humanos, de los que México tiene un gran historial. Es necesario desarrollar una política de seguridad fundamentada en el fortalecimiento de las corporaciones policiacas civiles. Esta es y seguirá siendo nuestra apuesta principal, para que las fuerzas armadas sean la excepción y no la regla general. No esperamos bajo ningún motivo un sexenio con más titubeos que dejen a México bajo el paradigma de la militarización, como en administraciones anteriores. Por ello insistimos en que, conforme a los instrumentos internacionales de derechos humanos, se deben retomar los aspectos relevantes en la materia. Es indispensable entonces revisar el Acuerdo, involucrando a personas e instituciones nacionales e internacionales, públicas y privadas, autorizadas y expertas. Y aprovechar la experiencia de organizaciones defensoras de derechos humanos, que se han dedicado a buscar y construir propuestas para la mejora de condiciones democráticas de seguridad y respeto a los derechos humanos.
Una voz imprescindible
Editoriales | 📰 Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada Web original | 📷 Imagen : La Jornada Por: Miguel Concha Sábado 📅 16 de mayo de 2020 La incertidumbre por la que atravesamos hace imprescindible reflexionar sobre el futuro del sistema económico y social con el que la humanidad ha venido caminando desde hace décadas. La reflexión sobre el futuro da diversos resultados debido a las diferentes ideologías, intereses y valoresde las personas y los grupos sociales. Nunca en la historia el resultado ha sido totalmente el de una sola posición. La que avanza lo hace a condición de dialogar y acordar con otras. No puede oírse una sola voz. Es la pluralidad del diálogo lo que logrará que la salida acordada tenga mayores probabilidades de éxito, y que sus resultados se alcancen con el menor tiempo y sufrimiento posibles. Diversas voces se han manifestado para proponer acuerdos nacionales. Entre ellas las de los sindicatos, académicos y organizaciones empresariales. Desafortunadamente una parte fundamental del necesario diálogo, el gobierno, no ha manifestado interés, hasta ahora, poroír las propuestas. Digo hasta ahora porque la experiencia dice que tarde o temprano el diálogo tendrá lugar, pero para ello faltan voces. Una que se echa de menos es la de la izquierda social. De esa multiplicidad de organizaciones que, sin estar en un partido político, han luchado por los derechos humanos, la democracia, la distribución del ingreso. Hay algunos espacios que han tomado la iniciativa, pero urge que aceleren el paso, porque su entrada en la escena contribuirá a superar la polarización actual. Los planteamientos que hoy ocupan el espacio público son principalmente del gobierno y de los empresarios. El primero no podrá solo ylos segundos pueden hablar por sus intereses, pero no por toda la sociedad. Por ejemplo, el gobierno federal afirma que sus programas benefician a muchas personas en situación de pobreza, lo que es cierto y necesario. Pero será insuficiente si se queda sólo en eso. ¿Qué pasará con los cientos de miles de empleos que calculan organismos internacionales, como la Cepal, que se perderán e irán a engrosar las ya abultadas cifras de la pobreza? Como ha dicho sobre las transferencias la secretaria ejecutiva de ese organismo: son medidas importantes, pero debemos hacer un esfuerzo adicional. Lo adicional será evitar la pérdida de empleos e incluso aumentarlos para quienes antes de la crisis no gozaban del derecho al trabajo. Se requiere también mejorar el sistema de salud, llevarlo a los muchos que no lo tienen, mejorar la calidad de la educación, etcétera. Pero, ¿con qué recursos se hará todo eso? Por más que el gobierno se apriete el cinturón, se necesita mucho más, y ello sin descontar que con cada apretón se ha llevado en medio a muchos ciudadanos con salarios muy bajos. Se ha propuesto el endeudamiento externo. Ciertamente en el pasado eso ha servido para favorecer a los poderosos, pero esto no niega que ahora pueda utilizarse para favorecer al pueblo. Datos de la Cepal dicen que aún hay margen de maniobra, pues la situación de deuda de México es mejor que la de la mayoría de los países latinoamericanos. La deuda total del gobierno como proporción del PIB está en una media para la región de 41 por ciento, y México se ubica en 35 por ciento. Para pagarla hay alternativas. En un documento firmado por organismos empresariales se presentaron los acuerdos del encuentro convocado por el Consejo Coordinador Empresarial. Proponen que el gobierno se endeude para dar facilidades crediticias para que las empresas pequeñas y medianas mantengan los empleos. Esto es necesario, pero lo que no dicen es cómo se pagará esa deuda. Se podría decir que se puede hacer con el aporte proporcional al ingreso de cada ciudadano. Que haya una verdadera reforma fiscal que grave más a quien tenga más. Una reforma progresiva, redistributiva de la riqueza, que empiece por revertir la profunda desigualdad económica y social, que entre sus consecuencias trae consigo la penuria económica de la seguridad social de los trabajadores, dado que para pagar menos contribuciones es común que los empresarios declaren un salario menor de sus empleados. Sin modificar el porcentaje de las cuotas, pagando lo que es legal, en función de los ingresos reales, se podría hacer mucho por mejorar la seguridad social. No es previsible que tales propuestas las hagan los grupos empresariales. Pero abrirían un campo de negociación en donde el necesario apoyo financiero se puede dar a cambio de aceptar la aún más necesaria reforma fiscal. Hace falta quién lo diga. De aquí la importancia de la voz de la sociedad civil. No se trata de contraponerse con las posiciones que hasta ahora se han manifestado, sino de llegar a acuerdos que respondan al interés de todos. No es posible que México salga adelante sólo con las acciones del gobierno, ni sólo con las propuestas empresariales. México no tiene futuro sin su sociedad. Ya es tiempo de oír la voz y también las propuestas de la sociedad civil.
