Mantener viva la memoria
Editoriales | 📰 Blog «La dignidad en nuestras manos» del Plumaje de Animal Político Web original | 📷 Imagen : CDHVitoria Por: Gisel Mateos y Ana Gómez* 📅 31 de julio de 2020 En abril de 2019 se llevó a cabo el Segundo Encuentro Internacional de Defensores y Víctimas de Graves Violaciones a Derechos Humanos1 en la Comunidad Purépecha en Arantepacua, Michoacán, surgido de la necesidad de dar seguimiento a los puntos de reflexión y acuerdos generados colectivamente durante el “Primer Encuentro”, un espacio realizado un año atrás en Asunción Nochixtlán, Oaxaca. Su objetivo fue llevar a cabo la compleja tarea de pensar en procesos de verdad, justicia, reparación integral y no repetición, desde la diversidad de necesidades, preocupaciones e intereses de las víctimas y sobrevivientes. De ahí se propuso y generó la articulación denominada “Segundo Encuentro”, compuesta por personas, grupos, colectivos, comunidades y movimientos de víctimas y sobrevivientes de graves violaciones a derechos humanos para sumar desde las diversas experiencias de lucha y resistencia con un objetivo: llegar a las instituciones para abrir la puerta a la manifestación y escucha de la sentida y digna exigencia de verdad y de justicia para las víctimas y sobrevivientes del país. Así pues, el Segundo Encuentro inició entonces una serie de actividades para generar acuerdos y propuestas2 colectivas en beneficio de las víctimas y sobrevivientes, quienes conviven entre una multiplicidad de procesos de distintas violaciones graves a los derechos humanos con la agravante de la constante criminalización a través del injusto encarcelamiento y actos en contra de la seguridad e integridad física de las y los sujetos más visibles de dichas colectividades.3 Aún cuando por parte del gobierno del estado se han manifestado propuestas y llevado a cabo acciones para mitigar los impactos generados por la crisis de derechos humanos, el Segundo Encuentro se ha mantenido firme en cuanto a la necesidad de buscar espacios para ser reconocidos como sujetos activos que merecen no solamente ser escuchados, sino considerados en la construcción de propuestas relacionadas con la búsqueda de la verdad y la justicia, así como la atención a víctimas y sobrevivientes. Las exigencias colectivas de búsqueda y verdad también son replicadas en luchas individuales, tal y como lo manifestó Lourdes Mejía, defensora y madre del tesista y activista de la UNAM, Carlos Sinuhé Mejía, durante la disculpa pública dirigida a la memoria de su hijo y a su familia: “continuaré luchando por justicia, no sólo para ti: sino para todos y todas. Para que tu sangre, hijo, sirva y haya justicia porque yo te parí a la vida y tú me pariste a la lucha…”. La digna manifestación de Lourdes ejemplifica la necesidad urgente de entender la importancia que guarda el reconocimiento y la articulación, ya que hacen que el dolor y la lucha cobren sentido cuando se hace eco de las exigencias y existe una colectividad dispuesta a caminar de la mano, nombrando a quienes no están, pero no se olvidan y que se hacen presentes en cada manifestación, reunión, encuentro e interlocución con las autoridades. Ahora bien, las articulaciones de víctimas y sobrevivientes se encuentran en un contexto nuevo: la imposibilidad de buscar espacios de participación y encuentro debido a la crisis sanitaria que ha generado impactos negativos a las personas que buscan con urgencia dar seguimiento a sus procesos de justicia. Aunado a esto, existen implicaciones inmediatas derivadas de la pandemia que recrudecen el desgaste económico y psicoemocional previo, debido a la falta de acceso a medidas que les permitan sostener los diversos procesos de exigencia de justicia. Lo anterior obliga a las articulaciones de víctimas y sobrevivientes a repensar nuestras formas de lucha y de exigencia para hacer frente a los obstáculos y nombrar a quienes no están, un ejemplo: la marcha virtual organizada por las madres y familiares de personas desaparecidas, actos de memoria en nombre de las víctimas, y asambleas virtuales para invitar a la reflexión y colocar sus necesidades en el centro de la agenda de las autoridades a fin de que éstas sean atendidas de forma urgente e inmediata. Ante este panorama y los recientes hallazgos de las investigaciones realizadas por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, surge la oportunidad para que el Estado mexicano aprenda de las lecciones de impunidad recogiendo las aportaciones y experiencias de las víctimas y sobrevivientes para impulsar estrategias de fortalecimiento de las instituciones en materia de procuración y administración de justicia. Así como a realizar acciones dirigidas al esclarecimiento, el conocimiento de la verdad y la atención integral a las víctimas a fin de que las autoridades de los tres órdenes de gobierno logren coordinarse “…colocando en el centro de la atención el derecho de las víctimas a conocer la verdad de los hechos, con un trato digno y respetuoso…”, tal como manifestó el subsecretario y presidente para la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, Alejandro Encinas. Si bien estos retos se presentan en medio de una crisis de derechos humanos que se acentúa con la emergencia sanitaria, representan también una oportunidad para entablar un diálogo entre las instituciones gubernamentales y las articulaciones de víctimas y sobrevivientes para solventar una deuda histórica que todavía no ha sido atendida: el reconocimiento del papel fundamental de las víctimas y sobrevivientes en la construcción de un régimen democrático y justo cuando estas visibilizan su digna y continua exigencia para mantener viva la memoria que tanto hace falta a la sociedad para clamar justicia y decir: ¡ya basta! ______ 1 Encuentro Arantepacua. 2 Por una verdadera justicia para todas las víctimas del país. 3 Mensajes y acuerdos del 2do Encuentro. * Ana Gómez y Gisel Mateos son colaboradoras del CDHVitoria.
De emergencia a transformación
Editoriales | 📰 Blog «La dignidad en nuestras manos» del Plumaje de Animal Político Web original | 📷 Imagen : Eneas de Troya Por: Jorge Luis Aguilar* 📅 22 de julio de 2020 En los seis meses escasos que nos separan del 2019, millones de personas en todo el planeta han cambiado su dinámica de vida y sufrido una brusca colisión con todo lo que imaginaban posible hasta ese momento. En muchas de ellas, en las ciudades de las capitales mundiales y en comunidades urbanas, justo las que parecían menos vulnerables al hambre, se ha mostrado con toda claridad el brevísimo margen de supervivencia de gran parte de la población que necesita de la movilidad para subsistir. Por un lado, vemos la forma en que la enfermedad se manifiesta con mayor gravedad en los sistemas inmunes más debilitados y aquellos con enfermedades crónicas. En el caso de nuestro país, la emergencia sanitaria ha puesto de relieve los costos particulares de haber olvidado políticas sociales y desarticulado instituciones encaminadas a la garantía del derecho a la salud, la seguridad social, la vivienda, el trabajo digno, la alimentación sana y otras condiciones mínimas que, de no ser resueltas, afectarán a largo plazo la calidad de vida y salud de las personas. Pero es que el mismo sistema económico está dispuesto a sacrificar la vida de las personas en beneficio de las ganancias distribuidas entre minorías ricas (las cuales sí son minorías). La vida actual, hasta antes de este choque, tenía ya las condiciones exactas para marginar y excluir a segmentos enteros de la población, y para priorizar a otros. La desigualdad anula y desecha a más personas que nunca antes en nuestra generación. Al mismo tiempo, las paradojas del momento político que vivimos nos hacen ver que las debilidades que abrieron paso a la enfermedad social de la inequidad, son un mal que persistirá y se cronificará aún más tras la pandemia si no actuamos a tiempo. Por otro lado, cuando se hace más necesario un compromiso profundo para reflexionar y encaminar nuestras acciones a la erradicación de la discriminación, racismo y homofobia, desde la cúpula del gobierno se piensa oportuna la desaparición del órgano autónomo responsable de aportar luces sobre esa titánica tarea. En el momento en que habría de estar en el centro de nuestra atención la violencia que viven las mujeres y personas no heterosexuales confinadas sin opción en hogares misóginos y homofóbicos, se acelera el endurecimiento de la precarización de las instituciones defensoras de derechos humanos que tienen a su encargo, entre otras, la tarea de construir e implementar políticas para la transformación de fondo de las dinámicas sociales que replican y hacen persistir las violencias. La política de “primero los (y las) pobres” que propone el Jefe del Ejecutivo debe ir acompañada de reformas profundas que atiendan el compromiso de generar las condiciones necesarias para abatir la pobreza y desigualdad en todos los sentidos. Este aspecto ha sido recordado por un clarificador mensaje de la ciudadanía participativa a través de la Asamblea Consultiva del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, órgano severamente lastimado en la opinión pública a partir de las declaraciones del Presidente sobre su trabajo. En cada vez más aliados y aliadas en toda la sociedad, e incluso en las instituciones, se fortalece la preocupación de que el principio de “austeridad republicana”, que en el discurso buscaba recortar el lujo y despilfarro del aparato burocrático, se transforme en un obstáculo para la operación misma de algunos sectores del gobierno, reitero, siendo aún mayor alarma cuando se trata de aquellos específicos que están encargados de visibilizar y ser un rostro más cercano y amable a los grupos que han permanecido en el olvido y la sombra. Cuando las crisis ocurren, los cambios profundos se van materializando bajo razón de las ideas que dominan el debate público. De esa forma es como la derecha y sus corporaciones se han aprovechado de la tragedia para apretar la soga y desmantelar al Estado, pero es también en esos momentos de shock cuando se distinguen a mejor contraste las injusticias del sistema, y las izquierdas tienen una gran oportunidad para imaginar nuevos comienzos y avanzar de manera organizada y persistente. En esta lógica es indispensable que la transformación que vivimos, además de combatir la enfermedad, pueda vislumbrar un escenario donde los gobiernos aumenten su presencia y capacidad. La búsqueda de poner en orden un aparato burocrático corrupto no debe traducirse en el adelgazamiento del Estado a un nivel tal que no pueda ni siquiera otorgar los insumos suficientes para que las y los servidores públicos puedan desempeñar sus tareas, tener empleos dignos y entornos seguros. La excusa de reordenar el presupuesto nacional para brindar apoyos económicos directos no tendría que poner en riesgo a los organismos democráticos que han permitido que en las últimas décadas se amplifique cada vez más el diálogo de la ciudadanía con sus instituciones, o que han servido de puente para que más personas puedan exigir sus derechos de manera efectiva. Un gobierno cuyo acercamiento más profundo con las personas es a través de un cajero, no estaría resolviendo las profundas necesidades por violencias y carencias que se radicalizan en la crisis. Un gobierno que fortalece su presencia únicamente en la milicia, y no a través de otras instancias y órganos que hacen contacto directo con la ciudadanía, se queda sin escuchar a quienes viven mayor marginación y discriminación. Esta crisis nos alcanza en un escenario diferente con respecto a los derrumbes de la economía en los 90’s o en 2008, donde se optó por la “obligación” de pagar para salvar a las empresas de interés privado y los banqueros. Ahora vemos un momento en el que se vislumbra con mayor claridad la necesidad de dirigir el rescate hacia otros lados, otros grupos, otras poblaciones, justo las que quedan más abandonadas en cada ocasión que se adelgaza el Estado y, de esta manera, se les deja a merced de la economía de mercado. Sigamos insistiendo. *
El juicio contra el maíz transgénico en México
Editoriales | 📰 Columna de opinión en la Revista Contralínea Web original | 📷 Imagen : Contralínea | David Manrique Por: Catherine Marielle* 📅 18 de julio de 2020 Ya pasaron 7 años desde que 53 personas, muchas de ellas de 20 organizaciones defensoras del maíz, el ambiente, los derechos humanos, la salud, el arte y la ciencia independiente –comprometidas con la sociedad y la Naturaleza– y también en calidad de consumidoras de maíz, decidimos ejercer una novedosa acción jurídica emanada de la reforma constitucional de 2010 sobre Acciones Colectivas y su regulación en ley secundaria en 2011, vigente desde 2012. Aquel 5 de julio de 2013, interpusimos una Demanda de Acción Colectiva contra la siembra del maíz transgénico en México, ante el Juzgado Federal 12 de Distrito en Materia Civil en el entonces Distrito Federal. Las demandadas fueron las Secretarías de Agricultura (Sagarpa, ahora Sader) –por haber otorgado los permisos de siembra de organismos genéticamente modificados de maíz de tipo experimental y en programa piloto precomercial– y la de Medio Ambiente (Semarnat) –por sus dictámenes favorables a los permisos a pesar de contar con las opiniones contrarias del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp). También demandamos a Monsanto, ahora Bayer, Dow AgroSciences, Syngenta y PHI-México filial de Pioneer-Dupont, ahora Corteva, empresas transnacionales beneficiarias de dichos permisos en nuestro país. En septiembre de 2020 se cumplen siete años de la Medida Precautoria judicial que ordenó suspender los permisos de siembra del maíz transgénico en todo el territorio nacional mientras dura el juicio, en cumplimiento de una sentencia previa del magistrado Marroquín Zaleta. Por supuesto, esta primera gran victoria ha sido combatida a la par de la propia Demanda Colectiva por las empresas y el gobierno federal a su servicio, que han compartido argumentos y ataques, obligándonos a atender más de 150 impugnaciones. Entre ésas, destacan los 26 juicios de amparo contra la Demanda y contra la Medida Precautoria, de los que sólo faltan cuatro por resolver en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Medida Precautoria que prohíbe al gobierno dar permisos de siembra ha sufrido muchos embates, en dos ocasiones fue levantada y reinstalada gracias a la celeridad de los recursos de apelación interpuestos por el abogado principal de la Colectividad Demandante, René Sánchez Galindo. Sin embargo, en 2016, un magistrado redujo la amplitud de esa medida cautelar, al permitir las siembras entre una y 50 hectáreas, exclusivamente con fines de investigación científica, con medidas de contención y bajo vigilancia judicial y de los científicos demandantes, con la obligación para la Sader que informe mensualmente sobre el estado en que se encuentran los permisos, además debe proporcionar informes con análisis por cada cultivo, sobre los posibles impactos del herbicida glifosato a cargo de la Semarnat y de la Comisión Federal para la Prevención contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). A la fecha no se ha tramitado ninguna solicitud ni otorgado permiso alguno para ese tipo de siembra con fines científicos. Ha sido un proceso laborioso y complejo, con recursos muy desiguales, obligando a un seguimiento cotidiano y ágil de todos esos actos jurídicos del gobierno federal y de las empresas en 19 tribunales distintos (incluso en fechas navideñas o de Semana Santa). Ha habido engaños por parte de las empresas demandadas que presentaron traducciones mutiladas de estudios científicos para resaltar sólo elementos a su favor; el gobierno federal ocultó información relevante, como los 89 casos de contaminación transgénica reconocidos por el INECC y los 130 del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Alimentaria (SENASICA), y ha litigado en favor de las corporaciones con recursos públicos, cuestión que denunciamos en 2014 como desvío de poder ante el Tribunal Permanente de los Pueblos-Capítulo México. Desde finales de 2017 ha habido un vaivén entre el Tribunal Colegiado donde se hallaba la Medida Precautoria y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya Primera Sala decidió en 2018 atraer el caso de la constitucionalidad del artículo 610 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Ésta fue impugnada por una transnacional, con respecto a las medidas precautorias que posibilitan “Cualquier otra medida que el juez considere pertinente dirigida a proteger los derechos e intereses de una colectividad”. Es decir, la industria cuestiona la facultad que tienen los jueces de dictar medidas cautelares que protejan la materia del juicio, así como la de aplicar el Principio de Precaución que estipula que “Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del ambiente y de la diversidad biológica”. Este principio –reconocido en la Declaración de Río (1992), el Convenio de Diversidad Biológica (1993) y el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología (2003), firmados por México– obliga los Estados a proteger frente a una duda razonable, es decir prever, prevenir y atacar en su fuente los riesgos y amenazas. Así, a 7 años de haber lanzado la Demanda contra el maíz transgénico en México, nuestro futuro común sigue en el aire… La sentencia sobre la Demanda Colectiva y la Medida Precautoria tendrá implicaciones trascendentales para la gran Colectividad de Maíz, es decir para los más de 126 millones de personas que lo consumimos. La Demanda es de todos, es para defender los derechos que están en peligro: el acceso a la diversidad de maíces nativos y a un ambiente sano sin los cuales no pueden garantizarse nuestros derechos a una alimentación nutritiva, sana y segura, ni la protección de la salud. Sigue vigente nuestra petición de la Demanda: que la autoridad judicial federal declare que la liberación o siembra de maíces transgénicos daña el derecho humano a la diversidad de los maíces nativos de las generaciones actuales y futuras, así como los derechos a la alimentación, a la salud, los derechos de las comunidades y de los pueblos originarios http://demandacolectivamaiz.mx/. Ya
Siete años defendiendo el maíz nativo
Editoriales | 📰 Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada Web original | 📷 Imagen : Jorge Luis AP Por: Miguel Concha Sábado 📅 11 de julio de 2020 La defensa de los bienes comunes se desdobla ahora en varios campos de lucha: social, político, jurídico, económico y cultural; los que están entretejidos en estrategias para enfrentar el despojo y la violencia estructural, y para crear e impulsar al mismo tiempo alternativas frente a una crisis multidimensional a escala planetaria. Esta defensa se ha dado local y globalmente desde diversos y amplios colectivos sociales del campo y la ciudad. Sin temor a equivocarnos, hoy estas luchas por los bienes comunes son por la defensa integral de toda forma de vida en nuestro planeta. Ésta y otras reflexiones las dimos hace siete años un grupo de organizaciones sociales y personas, quienes nos integramos para presentar una demanda colectiva contra la siembra de maíces transgénicos en territorio mexicano. El pensar en colectivo y llevar a cabo esta acción nos motivó a reunirnos y, así, usar creativa y críticamente una figura jurídica novedosa en el derecho mexicano, como son las acciones colectivas, surgidas en junio de 2011, casi a la par que la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Nos propusimos usarlas para hacer exigibles nuestros derechos y los de las generaciones presentes y futuras a la diversidad biológica de los maíces nativos, así como los derechos a la alimentación, la salud y el respeto irrestricto a los pueblos originarios y comunidades campesinas. En ese entonces nos convocó sobre todo, y nos sigue sosteniendo en esta lucha, el compromiso compartido de todas las personas con el cuidado de la vida, el respeto de los derechos humanos, y una sólida identificación con el maíz y sus aspectos identitarios en nuestra región. No olvidamos que México es centro de origen y diversidad de este grano, así como proceso histórico que, al paso de los siglos, nos dio un ecosistema que llamamos milpa, igualmente diverso, fuerte y capaz de alimentarnos a quienes habitamos o transitamos por estas tierras. Además, esta diversidad, reflejada en los maíces nativos, ha dado también paso, como se ha dicho muchas veces, a contar con una cocina mexicana invaluable, a causa de la multiplicidad de sabores e ingredientes que deleitan nuestros paladares y nos proporcionan los nutrientes necesarios para una buena vida y salud. Y así, con la firme esperanza de lograr como personas y comunidades la protección de nuestra alimentación, sana y de calidad, hace siete años acudimos a la justicia mexicana. Desde su presentación, el 5 de julio de 2013, esta demanda colectiva ha enfrentado adversarios al por mayor: se ha litigado en 19 tribunales federales, en los que se han realizado más de 150 impugnaciones por parte de empresas trasnacionales e instancias federales de gobierno, como Monsanto (Bayer), Syngenta, Dow Agrosciences y PHI México (DuPont-Corteva); así como Semarnat y Sader, antes Sagarpa. En septiembre de 2013 se nos otorgó una medida cautelar que detuvo todos los permisos de siembra de maíz genéticamente modificado; es decir, en cerca de 3 millones de hectáreas, y ha vencido 11 de los 15 juicios de amparo presentados por empresas e instituciones de gobierno. Actualmente cuatro amparos se encuentran bajo estudio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta lucha ha valido mucho la pena. En la actualidad es referente global, pues por primera vez ha logrado a escala mundial detener la siembra masiva de maíz transgénico. Asimismo, ha retado al sistema jurídico mexicano a innovar en sus formas de administración e impartición de justicia, cuando están de por medio derechos colectivos y la protección de bienes comunes naturales. Y, sin duda, nos ha dado también pistas para las modificaciones en la normatividad vigente del país, pues existen leyes que no corresponden a la imperiosa y urgente necesidad del cuidado de la naturaleza. En este proceso hemos ganado mucho, y debemos celebrarlo. Dado que las amenazas no cesan, desde la demanda colectiva las acciones y las estrategias de las organizaciones y movimientos sociales han sido integrales y amplias, usando el derecho de manera alternativa y crítica, siempre fortaleciendo el trabajo colectivo desde abajo. No vendría nada mal que la actual administración federal asumiera un papel más proactivo para concretar acciones contundentes que muestren su efectivo compromiso con un proyecto político que respete los derechos humanos y se comprometa en el cuidado de los bienes comunes naturales. Ayudará desde luego que el Presidente emita cuanto antes un decreto contra los transgénicos, como se lo acaban de volver a pedir 185 personalidades y 80 organizaciones y movimientos sociales, y que las instancias de gobierno implicadas en este juicio de demanda colectiva corrijan el camino, litigando y trabajando por nuestra soberanía alimentaria y por los derechos de quienes habitamos este país, sumándose ampliamente a los esfuerzos encaminados al cuidado de la naturaleza.
Avanza SCJN en solicitud de atracción sobre Alerta de Género para CDMX
Comunicados | Adhesiones del CDHVitoria| 📷 Imagen : OCNF 📅 07 de julio de 2020 La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) hace público que la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat “decidió de oficio hacer suyo el escrito de solicitud de ejercicio de facultad de atracción” para conocer del amparo en revisión 483/2019, relacionado con el amparo de la solicitud de Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) para la Ciudad de México. Esta acción es un paso más hacia la garantía de los derechos de las mujeres capitalinas. Cabe recordar que el 7 septiembre de 2017, el Centro de Derechos Humanos “Fr. Francisco de Vitoria O.P.”, A.C y Justicia Pro Persona A.C., con el acompañamiento del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), solicitamos a la Secretaría de Gobernación (SEGOB), a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), la Declaratoria de AVGM, debido al contexto de violencia feminicida por el incremento de delitos del orden común contra la vida, libertad, integridad y seguridad de las mujeres, particularmente feminicidios, desaparición y violencia sexual. Dos años más tarde, el 7 de junio de 2019, sin una debida fundamentación y motivación, la CONAVIM, negó la AVGM, contraviniendo el dictamen de cumplimiento de recomendaciones elaborado por el Grupo de Trabajo y puesto de conocimiento a la SEGOB, por lo que las organizaciones peticionarias promovimos el juicio de amparo indirecto contra tal resolución, al ser contraria al debido proceso y violatoria de la debida diligencia que deben de garantizarse en procedimientos de esta naturaleza. El 13 de septiembre de 2019, el Secretario de Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en funciones de Juez, dictó una sentencia garantista en el amparo indirecto 968/2019-1, donde determinó que: La CONAVIM pasó por alto la naturaleza de emergencia de la AVGM. Existió una indebida fundamentación y motivación de la resolución en la que se determinó no declarar procedente la AVGM, ya que a partir del análisis del Grupo de Trabajo, de las acciones realizadas por el gobierno de CDMX, solo se cumplieron tres de un total de seis medidas urgentes, es decir, solo el 50%. Por otra parte, de los 72 indicadores contenidos en las 20 conclusiones, se cumplieron solo 22 (es decir, el 30.5%), siete estaban en proceso de cumplimiento (9.7%), y 11 se consideraron parcialmente cumplidos (15.2%). La CONAVIM no se basó en el dictamen, sino en las “acciones relevantes”, que según su consideración, implementó el actual gobierno de la Ciudad de México. No se realizó una interpretación conforme a los parámetros de regularidad constitucional, no aplicó el principio pro persona ni tampoco realizó un riguroso control de convencionalidad para garantizar los derechos de las mujeres. La CONAVIM omitió actuar con la debida diligencia reforzada para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres, y así cumplir con la obligación que tienen todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, de proteger y garantizar el derecho humano a una vida libre de violencia de todas las mujeres que habitan y/o transitan por la Ciudad de México, de conformidad con los artículos 1° y 4° de la Constitución mexicana. La resolución de la CONAVIM contraviene los instrumentos internacionales y las obligaciones constitucionales para garantizar los derechos humanos de las mujeres, en específico, el derecho a una vida libre de violencia, tal como consta en las recomendaciones que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité CEDAW) en su apartado intitulado “Violencia de género contra las mujeres”, en específico en su inciso “E”, hizo a México en 2018, en el sentido que debía “adoptar las medidas de carácter urgente para prevenir las muertes violentas, los asesinatos y las desapariciones forzadas de mujeres, así como garantizar una utilización amplia y armonizada del mecanismo de AVGM y la coordinación en los planos federal, estatal y municipal”. Ante ello, el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa resolvió, ordenando a la CONAVIM: Declarar la AVGM y su reconocimiento como mecanismo de emergencia, estableciendo metodologías y plazos de seguimiento a la misma en coordinación de los tres niveles de gobierno. Puntualizar las acciones a implementar bajo la más estricta diligencia para proteger y asegurar el ejercicio y goce de los derechos de las niñas y adolescentes. Otorgar participación a las asociaciones peticionarias, así como otras organizaciones civiles para trabajar de forma conjunta con las instituciones públicas implicadas en el seguimiento de la AVGM. Asignar recursos presupuestales para su aplicación, así como transparentar las acciones gubernamentales y los informes generados por el Grupo Institucional y Multidisciplinario. Dicha sentencia, constituyó un precedente a favor del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, el derecho a defender derechos humanos y el derecho de acceso a la información pública. Sin embargo, la CONAVIM presentó un recurso de revisión en detrimento de tal sentencia, cuestionando con ello el derecho de las organizaciones civiles a participar en el seguimiento de la AVGM, la aplicación de una metodología, plazos y un plan de trabajo para hacer más efectiva la AVGM, e igualmente la asignación de recursos y la transparentación de la información. En consecuencia, el 23 de octubre de 2019, las organizaciones peticionarias presentaron un recurso de revisión adhesivo. El 25 de noviembre de 2019 se publicó en la Gaceta Oficial para la Ciudad de México la Declaratoria de Alerta por Violencia de Género en contra de las Mujeres, sin embargo esta Alerta está enfocada a la violencia sexual y, por ende, no atiende otras violencias como los feminicidios y las desapariciones de mujeres y niñas, que motivaron la solicitud de AVGM a nivel federal. El 7 de noviembre de 2019, las organizaciones peticionarias fuimos notificadas por la Magistrada Adriana Escorza Carranza, integrante del Décimo Octavo Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito, sobre la propuesta de dictamen de sobreseimiento, debido a que se consideró que la declaratoria local era un “hecho notorio” que dejaba sin materia el juicio de
El FLEPS se suma a la exigencia por la no criminalización de las madres de personas desaparecidas durante una protesta en Guanajuato
Las organizaciones que conforman el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (FLEPS), expresamos nuestra preocupación por los agravios cometidos por parte de elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) de Guanajuato en contra de las familias de personas desaparecidas, integrantes del Colectivo A Tu Encuentro, que se manifestaban hoy en la Glorieta a Santa Fe para denunciar el proceso de elección del titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas –que es rechazado por diversos colectivos, organizaciones y personas en el estado y a nivel nacional al no cumplir con estándares de transparencia, rendición de cuentas y participación y no ser un perfil idóneo– y exigir que se reponga el procedimiento, exigencia a la que debe dar respuesta el Gobierno del Estado. Durante el violento operativo, varias personas manifestantes resultaron heridas, 4 de ellas se encuentran hospitalizadas. Se tiene información que al menos 3 familiares integrantes del Colectivo A Tu Encuentro fueron detenidas arbitrariamente y remitidas al Ministerio Público en Guanajuato capital con la intención de imputarles el delito de ataques a las vías de comunicación. Posteriormente fueron liberadas. El uso de la fuerza con el que se condujo la policía fue contrario a los principios que la rigen, las detenciones arbitrarias en contextos como el ejercicio de derechos es contrario a los estándares en derechos humanos y un signo de los Estados autoritarios. Por ello, exigimos: Asegurar que no se sigan ningún proceso penal ni administrativo en contra de las familiares detenidas en el contexto de la protesta, Se asegure atención adecuada a las personas que resultaron heridas por la Policía y, La investigación y sanción de los elementos de la policía que abusaron de la fuerza y cometieron detenciones arbitrarias. Desde el FLEPS hemos documentado cómo constantemente se hace uso de la fuerza de manera arbitraria para las manifestaciones, e incluso se utilizan delitos como ataques a las vías de comunicación para criminalizar a quienes ejercen su derecho a la protesta y se apropian del espacio público. Por ello, reiteramos que la protesta social es un derecho que debe ser garantizado en sociedades democráticas, más aún cuando quienes lo ejercen son víctimas de graves violaciones a derechos humanos a quienes el gobierno está obligado a garantizar el acceso a la verdad y la justicia. Guanajuato enfrenta una crisis de violencia y de violaciones a derechos humanos, siendo la desaparición uno de los rostros más dolorosos de ella. Su gravedad ha movilizado en el último año a cientos de familias que buscan a sus seres queridos. Las familias han sido quienes, remontando su dolor, han salido a buscar verdad y justicia, y lamentablemente hoy, lejos de atender sus demandas de verdad y justicia, se les responde con el uso de la fuerza y del derecho penal. Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social: ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica, Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP”, A.C., Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C., Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo CEPAD, A.C., Colectivo de Abogadas y Abogados Solidarios CAUSA, Espacio Libre e Independiente Marabunta A.C., Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica, A.C., Servicios y Asesoría para la Paz, A.C., Red de Organismos Civiles “Todos los Derechos para Todas y Todos”, A.C., Resonar. Imagen destacada: FLEPS
Urge Decreto Presidencial por un México Libre de Transgénicos
7 de julio de 2020 185 personalidades, 80 organizaciones y movimientos sociales, volvieron a juntar sus voces para solicitar al presidente Andrés Manuel López Obrador que emita un Decreto para prohibir los OGM en todo el territorio nacional, conforme a su compromiso y constantes declaraciones de que no habrá transgénicos en México, realizadas en toma de protesta como primer mandatario, en sus primeros días de gobierno y recientemente en la conmemoración a dos años de triunfo electoral. En esta segunda petición entregada a inicios de julio, un año después de la primera el 30 de junio de 2019, reiteran que este Decreto protegerá a productores del campo, a las semillas nativas y la diversidad agrícola – indispensables para que México vuelva a ser autosuficiente en alimentos. Ante la amenaza de los organismos genéticamente modificados (OGM), sólo detenida hasta ahora por la Medida Cautelar de suspensión de siembra de maíz transgénico otorgada por el Poder Judicial en septiembre de 2013, se requiere la voluntad y acción política expresa de parte del Poder Ejecutivo para proteger el patrimonio biocultural extraordinario conformado por la diversidad agrícola que es sostenida por millones de familias campesinas y que además es la base de la cocina mexicana. Las peticiones actualizadas presentadas para decretar son: La prohibición de emitir permisos de liberación de OGM sea experimental, piloto o comercial en territorio mexicano, incluidos los obtenidos con nuevas técnicas como edición genética o mutagénesis. A fin de evitar la liberación y distribución de granos viables de OGM de maíz y de otras especies de las que México es Centro de Origen: Sólo se permitirá la importación de granos y semillas de países que no siembren OGM, y en caso de que eso no sea posible en el corto plazo, sólo se autorizará importar granos con un certificado de que han sido esterilizados en el país de origen y semillas certificadas sin OGM. Implementar el compromiso de Diconsa de no distribuir grano de maíz importado en sus más de 25 mil tiendas y almacenes. Publicación mensual por SADER-SENASICA y SEMARNAT-INECC de los resultados de sus análisis de detección de OGM en México y de los obtenidos en centros públicos de investigación sobre presencia de ADN genéticamente modificado y sus efectos en la salud humana y ambiental. En el contexto de la entrada en vigor del TMEC este 1º de julio, con las crecientes amenazas que este tratado presenta por favorecer a las transnacionales biotecnológicas, y en el ejercicio de su derecho de petición (Art. 8 constitucional), el amplio grupo de personas y organizaciones firmantes solicita al presidente una respuesta y la emisión del Decreto Presidencial. Atentamente Por el Grupo en defensa de la diversidad agrícola y la comida mexicana contra los OGM
El CONAPRED
Editoriales | 📰 Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada Web original | 📷 Imagen : Conapred Por: Miguel Concha Sábado 📅 04 de julio de 2020 La discriminación es uno de los fenómenos estructurales que afectan a personas y grupos en nuestro país, particularmente a aquellos que, a causa de los tratos excluyentes o de sometimiento a que son sujetos por razón de alguna condición –como por ejemplo género, etnia, clase, discapacidad, preferencia u orientación sexual, y hasta apariencia física, entre otras–, históricamente se encuentran en situación de vulnerabilidad. Luego de una serie de luchas y reivindicaciones por parte de grupos tradicionalmente discriminados, así como de organizaciones, especialistas y actores sociales y políticos, como el compañero Gilberto Rincón Gallardo, el 11 de junio de 2003 se promulgó la Ley Federal para Prevenir y Erradicar la Discriminación. Desde su publicación, hasta el día de hoy, esta ley ha traído consigo importantes avances con respecto a la prevención y eliminación de la discriminación en materia de política pública, entre ellos la creación del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred). El Conapred es, como lo señala su estatuto orgánico, un organismo descentralizado y sectorizado de la Secretaría de Gobernación, con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuyo propósito fundamental es prevenir y eliminar todas las formas de discriminación ejercidas contra cualquier persona o grupo, especialmente aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Tiene además como objeto contribuir al desarrollo cultural, social y democrático de nuestro país, así como formular y promover políticas públicas para la igualdad de oportunidades y de trato a favor de las personas que habitan y transitan por México, y coordinar las acciones en materia de discriminación de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo Federal. Ello no obstante, es indudable que después de 17 años el Conapred tiene logros y desafíos importantes. Sobre estos últimos, es claro que no se ha erradicado totalmente la discriminación en el país y que falta mucho para conseguirlo. De igual manera, los empeños indudables por prevenir y erradicar la discriminación no han logrado transformar las instituciones del Estado ni transversalizar la igualdad y la no discriminación en el ámbito de las políticas públicas. Aunado a esto, desde sus inicios el Conapred cuenta con recursos humanos y materiales limitados y a veces precarios. Sin embargo, de la mano de grupos históricamente discriminados, de personas expertas, organizaciones de la sociedad civil y autoridades en sus diferentes ámbitos y niveles de competencia, el Conapred ha realizado numerosos aportes en la agenda antidiscriminatoria del país. Entre sus logros destacan estadísticas e investigaciones sobre el fenómeno discriminatorio; incidencias en legislación y políticas públicas; impacto en programas educativos; opiniones jurídicas; publicaciones y campañas referidas a la igualdad y a la no discriminación, con el fin de promover una cultura de inclusión y respeto a las diferencias, y servicios de orientación y mecanismos para presentar y resolver quejas por presuntos actos discriminatorios de autoridades y particulares. De esta manera, el Conapred ha defendido los derechos humanos de personas y grupos que coyuntural y tradicionalmente han venido siendo discriminados. Entre ellos la comunidad LGBTTTIQA+, pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, personas con discapacidad, personas adultas mayores, migrantes, refugiadas y trabajadoras del hogar, entre otras. Estas personas y grupos han encontrado en el Conapred escucha, orientación, ayuda y respuesta a sus demandas. Además de este patrimonio social acumulado, el Conapred cuenta entre sus fortalezas con su Asamblea Consultiva, integrada por personas pertenecientes a los distintos grupos discriminados, especialistas en diferentes problemas sobre discriminación, expertos en derecho, defensoras y defensores de derechos humanos y activistas sociales por la igualdad y la no discriminación. Y por ello cumple con su función de ser el órgano ciudadano de opinión, asesoría y promoción de las acciones, programas y proyectos que diseña o desarrolla el Conapred. Como rasgo excepcional, cuenta además con representatividad en la Junta de Gobierno. Por tanto, la apuesta por atender mejor la agenda antidiscriminatoria del país no debe ser el debilitamiento o la desaparición del Conapred, sino por el contrario su fortalecimiento mediante una nueva estrategia que contemple por lo menos las siguientes exigencias. La designación de la nueva persona titular, cuya trayectoria, capacidad y compromiso con la igualdad y no discriminación en todas sus expresiones sea indiscutible, mediante un proceso ordenado, transparente y participativo; el incremento, suficiencia y garantía de su presupuesto; la actualización y ampliación de sus capacidades y recursos; la promoción de una reforma de ley que dote de nuevas facultades al Conapred con base en el artículo primero constitucional, y la participación activa de su Asamblea Consultiva en todos estos procesos.
UPOV-91: Semillas en peligro
Editoriales | 📰 Blog «La dignidad en nuestras manos» del Plumaje de Animal Político Web original | 📷 Imagen : Victor Manuel Chima Por:Ana Kuhn Velázquez y Víctor Manuel Chima* 📅 01 de julio de 2020 Lo primero que nos viene a la mente al pensar en nuestro país es su comida: tacos, tlacoyos, pozole, sus chiles, tlayudas… y la lista sigue. Nuestra cultura alimentaria es resultado de siglos de interacción entre los habitantes de estas tierras y la biodiversidad que los rodea, evolucionando junto con las plantas y animales que se volvieron símbolos de nuestra identidad. La comida no es solo nuestro vínculo más cercano al medio ambiente, sino parte integral de quienes somos, reflejando nuestros valores como sociedad y las infinitas relaciones con el territorio del que somos parte. Estas relaciones se han ido moldeando a lo largo de los años, haciendo de México uno de los países más biodiversos y culturalmente ricos del mundo. Ahora, esta diversidad vital está en peligro con la nueva iniciativa de reforma de la Ley Federal de Variedades Vegetales, planteada tras la firma del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), este año, y el Tratado Transpacífico (TPP) en 2018. ¿Cómo inicia el camino hacia el T-MEC y el TPP? En 1990 se empezó a gestar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), acuerdo comercial entre Estados Unidos, Canadá y México, que privilegió las relaciones comerciales con empresas transnacionales, dando inicio a una etapa de abandono al campo mexicano, a comunidades campesinas e indígenas, y despojo de territorios y bienes comunes en nuestro país. El TLCAN entraría en vigor el 1 de enero de 1994. En 2018 -22 años después-, el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impulsó una “modernización” del TLCAN, resultando en un nuevo acuerdo comercial entre los mismos 3 países de América del Norte, al que llamaron USMCA (US Mexico Canada Agreement), o T-MEC en español. El 13 de marzo de 2020 se anunció la aprobación final por los 3 países, con fecha de entrada en vigor para este 1 de julio. El Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés), por otro lado, fue firmado en 2018 por once naciones de la región Asia-Pacífico, y en el que se encuentran Chile, Perú y México, de Latinoamérica; aquí, Estados Unidos no firmaría. Ambos Tratados establecen en sus cláusulas, que México deberá adherirse al UPOV-91. La Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales1 (UPOV) es una organización que busca proteger la propiedad intelectual de los llamados «obtentores». Aunque en un inicio reconocía el derecho de los campesinos al libre intercambio y utilización de sus semillas, en su versión más reciente de 1991 resulta en el despojo y privatización de estas, aplicándole la misma lógica empresarial y mercantilista a todos los productores, ignorando sus particularidades y tratando a las semillas como si fueran un bien de mercado en lugar de la base sobre la cual se construye la vida. México se encuentra actualmente en la versión de 1978, pero con la firma del T-MEC y del TPP, se busca que entre en la versión de 1991, lo cual podría traer resultados desastrosos tanto a nivel social como ambiental. Esta no es una situación hipotética, sino que ha sido vivida en países vecinos, como fue el caso de Colombia quienes tras firmar el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos en 2011 sacaron la Resolución 9.70, la cual al incluir a las semillas campesinas y nativas dentro de las definiciones utilizadas, provocó su criminalización. En un país que, como México, sufre de hambre, toneladas de arroz fueron destruidas y sus productores acusados de piratería y delincuentes, sin que estos hayan sido ni consultados ni informados de los cambios en la normativa2. Estas y otras violaciones a derechos humanos —así como las malas cosechas resultantes de que las semillas importadas no estaban adaptadas a la realidad colombiana— fueron uno de los factores que llevó al paro agrario que paralizó al país en el 20133. Al entrar en la UPOV91 Colombia profundizó las desigualdades, reforzando a los grandes productores y multinacionales en detrimento de su propia población y soberanía alimentaria. Una iniciativa de Reforma a la Ley Federal de Variedades Vegetales presentada en marzo de este año por el diputado Eraclio Rodríguez, y con proximidad para discutirse en la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, de la Cámara de Diputados, pone en mayor riesgo a las semillas nativas, que principalmente han sido afectadas por el TLCAN (ahora T-MEC) y el TPP. Esta iniciativa de Reforma estaría facilitando que México se adhiera a la versión de UPOV-91, con lo que los daños serán aún más graves. Por un lado, las empresas transnacionales tendrían la facilidad de registrar semillas que han sido mejoradas, intercambiadas y protegidas por las mismas comunidades campesinas e indígenas. Por otro lado, el intercambio libre de semillas sería criminalizado, estableciendo “costosas multas, penas de cárcel e incluso la quema de las cosechas, si los campesinos intercambian libremente las semillas, las pencas de nopales y los esquejes de plantas que han heredado”4. El caso de Colombia es un claro ejemplo de la gravedad de adherirse a la versión de UPOV-91, con la que la diversidad de semillas nativas en nuestro país -que además es centro de origen del maíz, el cacao, el nopal, el jitomate, el frijol, entre otras-, el medio ambiente, la salud de mexicanas y mexicanos, estarían en un riesgo inminente5. Otro elemento a considerar es el valor intrínseco de la naturaleza y sus derechos, en este caso las semillas y toda la biodiversidad que depende de ellas. Las semillas tienen que ser defendidas no solo por lo que aportan a los humanos, sino por su papel esencial en la cadena trófica y por el simple hecho de también ser seres vivos. Poder patentar semillas abre la puerta a la apropiación de la vida misma. Esta advertencia toma un sentido mayor en el contexto de la pandemia de SARS-COV2, en el que se hacen evidentes
75 años de Jtatik Raúl
Editoriales | 📰 Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada Web original | 📷 Imagen : Jorge Aguilar Por: Miguel Concha Sábado 📅 27 de junio de 2020 En los lugares más invisibles y los hogares más cálidos y sencillos nacen las personas que dejan una fuerte huella en el tiempo. José Raúl Vera López pertenece a ellos.” Así inicia una carta firmada por 944 personas y organizaciones que reconocen la labor de don Raúl, obispo de Saltillo, quien al cumplir el primero de junio 75 años presentó al Papa Francisco su dimisión. La misiva se hizo pública el pasado 21 de junio, día de su cumpleaños, y constituye un reconocimiento a su compromiso y labor pastoral. Vale la pena enfatizar que, signada por comunidades indígenas, colectivos de víctimas, organizaciones y movimientos populares, organizaciones de derechos humanos, organismos socio eclesiales y religiosos, así como por diversas personas de amplios sectores de la población, sin mencionar a alguien en particular, las personas y grupos que firman representan, sin duda, junto con fray Raúl, parte importante de la reserva moral del país. Conocí a Raúl en la Ciudad de México cuando ingresó a la Orden de Predicadores. Desde entonces nuestras vidas se han entretejido en diversos momentos. Cuando en noviembre de 1987 fue nombrado obispo de la Diócesis de Altamirano, Guerrero, me encontré con él para recordarle que no debía olvidar la situación convulsa del país, las transformaciones que vivía la Iglesia, en el marco del Concilio Vaticano II, las prioridades apostólicas asumidas por la Orden y los compromisos pastorales de la Iglesia latinoamericana, así como el testimonio profético de muchos hermanos dominicos y de obispos como don Sergio Méndez Arceo. La carta reconstruye parte de la trayectoria pastoral de Raúl, y dedica especial atención a su labor como obispo coadjutor en San Cristóbal de las Casas, y a su tránsito al obispado de Saltillo (1999). Sobre esto literalmente menciona lo que sigue. En el marco del levantamiento de los pobres del color de la tierra, que cimbró al mundo y convirtió a Chiapas en un torbellino de horror y búsqueda de paz con justicia y dignidad, don Raúl fue nombrado coadjutor de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas en agosto de 1995. Allí se entregó por completo a cultivar la dignidad recuperada por la rebeldía de los pueblos y a profundizar el trabajo pastoral y profético del obispo Samuel Ruiz García, el querido y reconocido Jtatik Samuel. Al lado de los pueblos indígenas –que le enseñaron mucho– de don Samuel y de un gran e incansable cuerpo pastoral, sufrió amenazas, insultos, ataques e intentos de homicidio. Nada lo detuvo. Lejos de ello, la fuerza de su predicación se hizo más poderosa y clara, al grado de denunciar internacionalmente la matanza de Acteal. Tanto creció la fuerza de su voz, que se le negó el derecho a suceder a don Samuel en la Diócesis de San Cristóbal. Designado obispo de Saltillo en diciembre de 1999, llevó consigo el mandato del Jtatik. Al frente de esa diócesis –y a lo largo de 20 años– no ha dejado de caminar al lado de las comunidades más vulnerables y vulneradas, de levantar la voz frente a las injusticias y de reconstruir la Iglesia. Y así, ha apoyado la lucha por las mejoras laborales de los trabajadores mineros y acompañado el reclamo de justicia de la Organización Familia Pasta de Conchos. Se ha solidarizado con las comunidades que enfrentan despojos y contaminación por parte de las grandes empresas, y ha alzado la voz en defensa de los migrantes. Ha apoyado el trabajo, tanto del albergue, como de la pastoral migrante de su diócesis, así como el trabajo del Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios. Ha defendido a las trabajadoras sexuales y denunciado los crímenes que en 2006 perpetraron militares en Castaños contra ellas. Ha acompañado incondicionalmente y de muchas maneras a las víctimas y familiares que sufren violencia y desaparición y ha denunciado también los crímenes cometidos al amparo de la Iglesia. Promueve igualmente una reforma para evitarlos. La carta recupera también su apoyo y acompañamiento a diversos organismos de derechos humanos, su labor internacional y su trabajo en el Tribunal Permanente de los Pueblos-Capítulo México (2012-2014), que derivó en el planteamiento de una Nueva Constituyente Ciudadana Popular. Concluye con el reconocimiento y compromiso con su labor pastoral. Los que lo hemos acompañado y hemos sido acompañados por él le damos en su 75 aniversario las gracias. Pastores como él sostienen viva la esperanza. Además de reiterarle su nombre y calidad de Jtatik, queremos ahora constatar su calidad de hermano y compañero. Le acompañamos en la cosecha final de su tarea diocesana en Saltillo. Y le damos la bienvenida a su nueva etapa de emeritez. Sabemos que su fuerza, madurez y experiencia seguirán latiendo en el reto profético y estratégico de abrir nuevos horizontes, para que la paz, la justicia y la libertad reinen en México y el mundo. La versión completa de la carta se puede consultar en: https://bit.ly/37ViIRU
