Universidad, poder y humanismo
La esencia de la universidad como institución no puede estar aislada de su historia, cuestionándose por su quehacer y su insustituible función de ayer y hoy como creadora y replicadora de cultura
La izquierda social
Los partidos políticos de izquierda o los que se presentan como tales, no han sido capaces de avanzar en los cambios que impulsan los fuertes movimientos sociales con programas claros de reformas para resolver las históricas demandas populares
Prioridad y garantía de derechos
En la discusión reciente sobre los fideicomisos hubo sólidos pronunciamientos llamando a evitar el atentar directamente contra los derechos de personas y grupos que se verían afectados y la desatención de obligaciones internacionales y constitucionales.
Derechos humanos y el Covid-19
Editoriales | Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada Web original | Imagen : Web Por: Miguel Concha Sábado 26 de septiembre de 2020 La llegada del Covid-19puso al descubierto los problemas estructurales que enfrentan los países de América Latina y el Caribe (ALC) que han aplicado las políticas del modelo neoliberal. Lo que ya constituía un obstáculo para el desarrollo sostenible. Con todo y lo importante que es la pandemia, no es la principal causa de la crisis actual. No se trata por tanto de la crisis del coronavirus, sino de una nueva etapa de la crisis del capitalismo. Ante semejante pandemia, los derechos humanos (DH) han sido vulnerados debido a diversos factores: los déficits prevalecientes en los servicios fundamentales; las medidas insuficientes de los gobiernos para atender a la población; el falso dilema entre proteger la economía nacional o la salud de la población, o la exclusión de los actores no gubernamentales en las respuestas ante la emergencia. Ello se muestra de manera clara en el estudio denominado Impactos del Covid-19 en Camex, coordinado por DECA Equipo Pueblo, que realizaron organizaciones civiles de la Región Centroamérica-México, con instancias que participan en la red global Alianza de OSC, para la Eficacia del Desarrollo de América Latina y el Caribe. El estudio da cuenta de las políticas públicas instrumentadas; de la participación de la sociedad civil, y, sobre todo, del impacto en los DH en cinco naciones: México, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Ante la crisis económica, la Cepal pronostica que en este año América Latina y El Caribe experimentarán una recesión de 5.3 por ciento en su PIB. La región llegará a 11.57 millones de desempleados, lo cual significa que la tasa de gente sin empleo crecerá de 8.1 a 11.5 por ciento, alcanzando la cifra de 37.71 millones de personas en paro. Prevé, además, un acelerado incremento de individuos en situaciones de pobreza y pobreza extrema, que en un escenario alto significará el aumento de 5.5 puntos porcentuales en los países de la región, donde los mayores cambios de pobreza extrema se darían en México, Nicaragua y El Salvador. Entre los principales hallazgos comunes en las cinco naciones, destaca que la pandemia evidenció las grandes carencias y deficiencias de los sistemas de salud: la ausencia de planificación; la escasez de infraestructura, equipos, fármacos y personal calificado, además de malos manejos y corrupción en las adquisiciones de varios gobiernos. En el contexto de la pandemia, el estudio reporta, con preocupación, el riesgo de retrasar o invisibilizar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y otras agendas fundamentales, como la ambiental y social, que de por sí han sido largamente postergadas. Las organizaciones autoras del estudio denuncian la violación creciente de los DH a la vida, a la salud y a un empleo decente. También se trastocan de manera grave el derecho a la alimentación, a la autosuficiencia alimentaria y a la educación, además del derecho a la información, a la consulta previa, libre e informada, y, considerando que en los países de la región se elevó la violencia ejercida hacia las mujeres, propiciada por el confinamiento, en muchos casos obligatorio, a una vida libre de violencia. Por todo ello, ante la alarma causada por presuntas violaciones a los DH que han ejercido los diversos cuerpos de seguridad, con la excusa de que el incumplimiento de medidas impuestas por los gobiernos ameritan sanción, demandan un trato digno. En algunos casos se reforzó la actuación de militares que reprimen y criminalizan a defensoras/es de DH. Llaman la atención, ante el entorno totalmente desfavorable durante la pandemia que viven las OSC en la región, ya que los gobiernos no las consulta. No las han considerado en la implementación de programas, y en la mayoría de estas naciones –México entre ellas– han sido objeto de descalificaciones y amenazas del Poder Ejecutivo, cancelándoles programas y presupuestos. Lo que las coloca en riesgo de desaparecer. Para elevar la calidad de la salud y la educación públicas; favorecer el trabajo digno; garantizar una movilidad segura, y, sobre todo, asumir la universalidad de los derechos, los gobiernos tendrán que atender y resolver las tensiones actuales. Sin embargo, debido a la creciente violación de los DH, la contracción de la economía, el cuantioso endeudamiento público, la pérdida de empleos formales, la situación crítica de las personas informales y las pequeñas y medianas empresas, el manejo clientelar de las ayudas y subsidios, el aumento del número de personas en pobreza y pobreza extrema, la falta de transparencia, la corrupción y decretos inconstitucionales –documentados entre otros en cinco estudios de caso–, las OSC prevén un escenario desalentador para revertir la crisis. Como concluyen las OSC participantes en el estudio: “se está priorizando más al capital que a la vida misma (…). Seguiremos cuestionando el sistema neoliberal, y coincidimos en la necesidad de un cambio profundo para alcanzar el buen vivir, con propuestas alternas y nuevos paradigmas”.
El Gobierno de México debe abstenerse de estigmatizar la labor de personas defensoras de DH y periodistas
Más de 1500 personas y organizaciones llamamos al las autoridades a abstenerse de estigmatizar el trabajo de personas defensoras y periodistas, así como generar un entorno propicio para su labor
Políticas públicas contra la trata
Editoriales | 📰 Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada Web original | 📷 Imagen : Web Por: Miguel Concha Sábado 📅 15 de agosto de 2020 Desde hace 10 años el Observatorio contra la Trata del Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos AC (CAM) ha tenido el objetivo de analizar la legislación y la política pública que en materia de trata de personas (TdP) existe en diferentes entidades del país, bajo la perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos. El CAM realizó para el presente año el informe Legislación, política pública y trata de personas en Baja California, la Ciudad de México, Chihuahua, Coahuila, San Luis Potosí y Zacatecas. La elección de las entidades del norte coincidió con que son territorios donde existe mucha migración interna e internacional. Sin embargo, llamó la atención que la TdP tiene allí más víctimas del propio país que del ámbito externo. Es decir, que la gente migra y es enganchada, sobre todo las niñas, adolescentes y jóvenes, por el desplazamiento forzoso, a causa de la violencia en sus estados, los megaproyectos o la pobreza. En todas esas entidades existe además la violencia por causa de la delincuencia organizada, que afecta directamente el fenómeno de la TdP y la impunidad. Por ejemplo, aunque existe un número de carpetas de investigación sobre trata en 2019 (Baja California tiene 17 carpetas; Ciudad de México, 194; Chihuahua, 44; Coahuila, siete; San Luis Potosí, 14 y Zacatecas, 24), el número de sentencias es mínimo: Ciudad de México 19 (10 condenatorias y nueve absolutorias); Chihuahua, siete; Coahuila, dos, y San Luis Potosí, una. De las otras entidades no se pudo obtener el dato debido a la falta de transparencia. La TdP es, pues, un delito que queda impune. En la mayoría de los estados analizados no se cubren, en efecto, los mínimos requisitos de política pública en la materia. Esto hace que la política nacional contra la trata no tenga la coherencia necesaria con las políticas de las entidades, y aún menos con la de los municipios. La mayoría de las comisiones o consejos interinstitucionales de los estados se han reunido pocas ocasiones, sin cristalizar su actuar en la elaboración del programa contra la TdPcon su respectivo presupuesto. En cuestión de albergues para víctimas de trata, sumamente importantes para su seguridad y reinserción en sus comunidades, sólo la Ciudad de México y Chihuahua tienen espacios gubernamentales. Las demás entidades carecen de ellos. Los únicos que tienen un fondo para la atención de víctimas de trata son Chihuahua y San Luis Potosí. La Ciudad de México, pese a la cantidad de casos existentes, no cuenta con un fondo específico. En un Estado neoliberal, todo se ha convertido en mercancía, y las niñas y las mujeres son las más afectadas en el negocio de la trata de personas. Los flujos migratorios y la pobreza se suman a los aspectos que posibilitan que este tipo de violaciones se presenten y tiendan a incrementarse en un contexto posCovid-19. Este informe evidencia que en la región norte del país prevalece un clima violento, en el que el Estado se encuentra debilitado por la presencia de la delincuencia organizada, así como por la corrupción que genera, lo cual dificulta las tareas de persecución, sanción y atención a víctimas de trata en todas sus modalidades. Hoy en día predomina en nuestro país una tradición que considera que los problemas públicos se resuelven con leyes. Esto es fundamental, pero no suficiente. Adentrarnos al análisis institucional y al monitoreo de políticas públicas permite incursionar en los procesos cotidianos del quehacer gubernamental donde recae, desde una perspectiva de derechos humanos, la capacidad garantista del Estado. Por todo esto el Informe recomienda: 1. Definir con claridad el problema de la TdP, en el que participen la sociedad civil y el Estado, 2. Generar sistemas de información que permitan crear un piso común para la coordinación interinstitucional y dar respuesta de manera oportuna a las solicitudes de la ciudadanía, 3. Que las comisiones interinstitucionales den cuenta de su trabajo a través de informes periódicos y de mecanismos acordes con una perspectiva de gobierno abierto, 4. Diseñar, ejecutar y evaluar los programas especiales contemplados en las leyes estatales, 5. Estimar con claridad los recursos económicos destinados a la política pública sobre TdP, 6. Creación de albergues, refugios o casas de transición especiales para recibir y atender víctimas de trata, 7. Incrementar los esfuerzos institucionales y de coordinación de los gobiernos federal, estatales y municipales con la finalidad de dar cabal cumplimiento al Objetivo 5 de la Agenda 2030, y 8. Abrir espacios de interlocución y colaboración gobierno-sociedad civil con el propósito de contar con diagnósticos, estrategias y mecanismos de contraloría para fortalecer las acciones que se vienen realizando.
Los efectos de la pandemia en las OSC
Editoriales | 📰 Blog «La dignidad en nuestras manos» del Plumaje de Animal Político Web original | 📷 Imagen : Internet Por:Esmeralda A. García y Donovan Ortega* 📅 11 de agosto de 2020 Por décadas, las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) en México dedicadas a la defensa de los derechos humanos han ideado estrategias para llevar a cabo acompañamientos y actividades en condiciones poco favorables, articulándose y fortaleciéndose ante un Estado que no atiende de manera efectiva ni integral a todos los sectores de la población. La histórica labor realizada por las organizaciones1 ha requerido un ejercicio continuo de planteamientos y acciones creativas en las formas de trabajo y los mecanismos de acompañamiento, defensa jurídica, incidencia política y/o educación popular, atendiendo a los contextos en los que se desenvuelven y que complejizan la implementación de estrategias sostenibles e integrales para su labor. El recorte y la eliminación de recursos públicos, los discursos y narrativas que descalifican su labor, el contexto de riesgo, impunidad y amenazas constantes, así como la falta de políticas fiscales y tributarias integrales que atiendan sus realidades específicas y condiciones2, son elementos que constituyen la actualidad en el que muchas OSC desarrollamos nuestras actividades, sumando además la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19 que nos pone en una situación de bastante complejidad y mayor vulnerabilidad. Sin duda, durante esta contingencia nos hemos visto en la necesidad de adaptar nuestras dinámicas y formas de trabajo en circunstancias que dificultan mucho más la labor de defensa dentro de una OSC. Entre ellas las medidas de distanciamiento social, la limitada comunicación e interlocución con las autoridades e instituciones y las actividades total o parcialmente detenidas en éstas. Además, dicha emergencia tiene un impacto diferenciado en las personas y grupos que acompañamos: comunidades, colectivos y articulaciones que desde mucho tiempo atrás se enfrentan a escenarios de vulnerabilidad, violencia, precarización y nula atención en sus procesos y exigencias de justicia, verdad y reparación, ahora agudizados ante la emergencia sanitaria. Esta discusión se enmarca en un contexto que pareciera ir “contra reloj” ya que el inicio de las medidas de confinamiento y distanciamiento social no significaron una paralización de actividades en las OSC, al contrario, se multiplicaron cuando la pandemia dejó ver que el Estado continúa sin priorizar sus obligaciones de atención. No es un escenario desconocido para las OSC la reducción o limitación de sus agendas y actividades ante la falta de recursos, llegando a plantearse en algunos casos escenarios como el cierre total de los espacios, lo cual desafortunadamente sí ha sucedido a lo largo de los años en México. Así, mientras las necesidades de atención aumentan, el acceso a recursos que sostengan las actividades continúa a la baja y el panorama se torna más preocupante, colocando en una extrema incertidumbre a muchos espacios que realizan actividades indispensables para la defensa de los derechos humanos. El tema de la sostenibilidad siempre ha sido una constante en los diálogos y reflexiones hacia el interior de las OSC, así como parte de las exigencias del sector frente al Estado. No obstante, la pandemia ha dejado ver mucho más la necesidad de generar estrategias que impacten positivamente en la sostenibilidad integral y la operatividad de nuestros espacios, garantizando una proyección a largo plazo que brinde seguridad no sólo a las personas defensoras dentro de las organizaciones, sino también a las personas que acompañamos y que son el motor principal de nuestro trabajo. Nos enfrentamos a una situación de emergencia que está teniendo fuertes efectos en la manera en que defendemos los derechos humanos, realzando la importancia de configurar y/o fortalecer alianzas y vínculos que permitan construir y llevar a cabo una agenda común desde las bases y la colectividad para tener un mayor alcance a corto, mediano y largo plazo tanto a nivel local como nacional. Defender derechos humanos es nuestro derecho y debe garantizarse su ejercicio en condiciones integrales y dignas, lo que conlleva desde la obligación del Estado para generar y brindar herramientas y mecanismos que permitan la sostenibilidad de las OSC, hasta la responsabilidad que tenemos al interior de nuestros espacios para asegurar el bienestar integral de nuestros equipos. Es así que las OSC tenemos una diversidad de retos al exterior y al interior, los cuales deben mirarse y ser dialogados en todo momento desde visiones críticas y autocríticas que apuesten por la dignidad humana y el ejercicio integral de los derechos humanos. Es fundamental continuar con estas reflexiones tanto al interior de nuestros espacios como con actores diversos, quienes cuentan con saberes y trayectorias valiosas, las y los que han demostrado su apoyo a las causas y aún más con las personas y grupos que acompañamos, explorando alternativas y compartiendo experiencias y herramientas que permitan construir acciones colectivas efectivas. La tarea no es sencilla, aún quedan muchas reflexiones por dar y si bien son discusiones largas es imprescindible darles su debido espacio en el momento actual. ¿Cómo construimos e implementamos una sostenibilidad integral y digna dentro de las OSC? ¿Cómo seguimos impactando en procesos de carácter estructural cuando cada vez son más las necesidades inmediatas? ¿Qué implica la emergencia sanitaria para la defensa de los derechos humanos? ¿Qué nuevas realidades deberemos enfrentar? Estos cuestionamientos y otros se encuentran profundamente interrelacionados en cada una de nuestras labores por la defensa y promoción de los derechos humanos. El panorama claramente no es alentador, pero es indispensable no dejarse llevar por esta incertidumbre; la historia de las OSC no ha sido fácil pero la construcción de redes y las luchas compartidas continúan. Los impactos del contexto actual serán múltiples y empiezan a reflejarse. Es momento de seguir repensando las formas de hacer y vivir la defensa de los derechos humanos dentro de las OSC, sin dejar de lado que nuestro compromiso sigue siendo el mismo: abonar en la construcción de un país más democrático, justo y digno. * Esmeralda A. García es Coordinadora General del CDHVitoria. Donovan Ortega (@donoortega) es Coordinador del área de Fortalecimiento del Centro.
De emergencia a transformación
Editoriales | 📰 Blog «La dignidad en nuestras manos» del Plumaje de Animal Político Web original | 📷 Imagen : Eneas de Troya Por: Jorge Luis Aguilar* 📅 22 de julio de 2020 En los seis meses escasos que nos separan del 2019, millones de personas en todo el planeta han cambiado su dinámica de vida y sufrido una brusca colisión con todo lo que imaginaban posible hasta ese momento. En muchas de ellas, en las ciudades de las capitales mundiales y en comunidades urbanas, justo las que parecían menos vulnerables al hambre, se ha mostrado con toda claridad el brevísimo margen de supervivencia de gran parte de la población que necesita de la movilidad para subsistir. Por un lado, vemos la forma en que la enfermedad se manifiesta con mayor gravedad en los sistemas inmunes más debilitados y aquellos con enfermedades crónicas. En el caso de nuestro país, la emergencia sanitaria ha puesto de relieve los costos particulares de haber olvidado políticas sociales y desarticulado instituciones encaminadas a la garantía del derecho a la salud, la seguridad social, la vivienda, el trabajo digno, la alimentación sana y otras condiciones mínimas que, de no ser resueltas, afectarán a largo plazo la calidad de vida y salud de las personas. Pero es que el mismo sistema económico está dispuesto a sacrificar la vida de las personas en beneficio de las ganancias distribuidas entre minorías ricas (las cuales sí son minorías). La vida actual, hasta antes de este choque, tenía ya las condiciones exactas para marginar y excluir a segmentos enteros de la población, y para priorizar a otros. La desigualdad anula y desecha a más personas que nunca antes en nuestra generación. Al mismo tiempo, las paradojas del momento político que vivimos nos hacen ver que las debilidades que abrieron paso a la enfermedad social de la inequidad, son un mal que persistirá y se cronificará aún más tras la pandemia si no actuamos a tiempo. Por otro lado, cuando se hace más necesario un compromiso profundo para reflexionar y encaminar nuestras acciones a la erradicación de la discriminación, racismo y homofobia, desde la cúpula del gobierno se piensa oportuna la desaparición del órgano autónomo responsable de aportar luces sobre esa titánica tarea. En el momento en que habría de estar en el centro de nuestra atención la violencia que viven las mujeres y personas no heterosexuales confinadas sin opción en hogares misóginos y homofóbicos, se acelera el endurecimiento de la precarización de las instituciones defensoras de derechos humanos que tienen a su encargo, entre otras, la tarea de construir e implementar políticas para la transformación de fondo de las dinámicas sociales que replican y hacen persistir las violencias. La política de “primero los (y las) pobres” que propone el Jefe del Ejecutivo debe ir acompañada de reformas profundas que atiendan el compromiso de generar las condiciones necesarias para abatir la pobreza y desigualdad en todos los sentidos. Este aspecto ha sido recordado por un clarificador mensaje de la ciudadanía participativa a través de la Asamblea Consultiva del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, órgano severamente lastimado en la opinión pública a partir de las declaraciones del Presidente sobre su trabajo. En cada vez más aliados y aliadas en toda la sociedad, e incluso en las instituciones, se fortalece la preocupación de que el principio de “austeridad republicana”, que en el discurso buscaba recortar el lujo y despilfarro del aparato burocrático, se transforme en un obstáculo para la operación misma de algunos sectores del gobierno, reitero, siendo aún mayor alarma cuando se trata de aquellos específicos que están encargados de visibilizar y ser un rostro más cercano y amable a los grupos que han permanecido en el olvido y la sombra. Cuando las crisis ocurren, los cambios profundos se van materializando bajo razón de las ideas que dominan el debate público. De esa forma es como la derecha y sus corporaciones se han aprovechado de la tragedia para apretar la soga y desmantelar al Estado, pero es también en esos momentos de shock cuando se distinguen a mejor contraste las injusticias del sistema, y las izquierdas tienen una gran oportunidad para imaginar nuevos comienzos y avanzar de manera organizada y persistente. En esta lógica es indispensable que la transformación que vivimos, además de combatir la enfermedad, pueda vislumbrar un escenario donde los gobiernos aumenten su presencia y capacidad. La búsqueda de poner en orden un aparato burocrático corrupto no debe traducirse en el adelgazamiento del Estado a un nivel tal que no pueda ni siquiera otorgar los insumos suficientes para que las y los servidores públicos puedan desempeñar sus tareas, tener empleos dignos y entornos seguros. La excusa de reordenar el presupuesto nacional para brindar apoyos económicos directos no tendría que poner en riesgo a los organismos democráticos que han permitido que en las últimas décadas se amplifique cada vez más el diálogo de la ciudadanía con sus instituciones, o que han servido de puente para que más personas puedan exigir sus derechos de manera efectiva. Un gobierno cuyo acercamiento más profundo con las personas es a través de un cajero, no estaría resolviendo las profundas necesidades por violencias y carencias que se radicalizan en la crisis. Un gobierno que fortalece su presencia únicamente en la milicia, y no a través de otras instancias y órganos que hacen contacto directo con la ciudadanía, se queda sin escuchar a quienes viven mayor marginación y discriminación. Esta crisis nos alcanza en un escenario diferente con respecto a los derrumbes de la economía en los 90’s o en 2008, donde se optó por la “obligación” de pagar para salvar a las empresas de interés privado y los banqueros. Ahora vemos un momento en el que se vislumbra con mayor claridad la necesidad de dirigir el rescate hacia otros lados, otros grupos, otras poblaciones, justo las que quedan más abandonadas en cada ocasión que se adelgaza el Estado y, de esta manera, se les deja a merced de la economía de mercado. Sigamos insistiendo. *
El CONAPRED
Editoriales | 📰 Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada Web original | 📷 Imagen : Conapred Por: Miguel Concha Sábado 📅 04 de julio de 2020 La discriminación es uno de los fenómenos estructurales que afectan a personas y grupos en nuestro país, particularmente a aquellos que, a causa de los tratos excluyentes o de sometimiento a que son sujetos por razón de alguna condición –como por ejemplo género, etnia, clase, discapacidad, preferencia u orientación sexual, y hasta apariencia física, entre otras–, históricamente se encuentran en situación de vulnerabilidad. Luego de una serie de luchas y reivindicaciones por parte de grupos tradicionalmente discriminados, así como de organizaciones, especialistas y actores sociales y políticos, como el compañero Gilberto Rincón Gallardo, el 11 de junio de 2003 se promulgó la Ley Federal para Prevenir y Erradicar la Discriminación. Desde su publicación, hasta el día de hoy, esta ley ha traído consigo importantes avances con respecto a la prevención y eliminación de la discriminación en materia de política pública, entre ellos la creación del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred). El Conapred es, como lo señala su estatuto orgánico, un organismo descentralizado y sectorizado de la Secretaría de Gobernación, con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuyo propósito fundamental es prevenir y eliminar todas las formas de discriminación ejercidas contra cualquier persona o grupo, especialmente aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Tiene además como objeto contribuir al desarrollo cultural, social y democrático de nuestro país, así como formular y promover políticas públicas para la igualdad de oportunidades y de trato a favor de las personas que habitan y transitan por México, y coordinar las acciones en materia de discriminación de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo Federal. Ello no obstante, es indudable que después de 17 años el Conapred tiene logros y desafíos importantes. Sobre estos últimos, es claro que no se ha erradicado totalmente la discriminación en el país y que falta mucho para conseguirlo. De igual manera, los empeños indudables por prevenir y erradicar la discriminación no han logrado transformar las instituciones del Estado ni transversalizar la igualdad y la no discriminación en el ámbito de las políticas públicas. Aunado a esto, desde sus inicios el Conapred cuenta con recursos humanos y materiales limitados y a veces precarios. Sin embargo, de la mano de grupos históricamente discriminados, de personas expertas, organizaciones de la sociedad civil y autoridades en sus diferentes ámbitos y niveles de competencia, el Conapred ha realizado numerosos aportes en la agenda antidiscriminatoria del país. Entre sus logros destacan estadísticas e investigaciones sobre el fenómeno discriminatorio; incidencias en legislación y políticas públicas; impacto en programas educativos; opiniones jurídicas; publicaciones y campañas referidas a la igualdad y a la no discriminación, con el fin de promover una cultura de inclusión y respeto a las diferencias, y servicios de orientación y mecanismos para presentar y resolver quejas por presuntos actos discriminatorios de autoridades y particulares. De esta manera, el Conapred ha defendido los derechos humanos de personas y grupos que coyuntural y tradicionalmente han venido siendo discriminados. Entre ellos la comunidad LGBTTTIQA+, pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, personas con discapacidad, personas adultas mayores, migrantes, refugiadas y trabajadoras del hogar, entre otras. Estas personas y grupos han encontrado en el Conapred escucha, orientación, ayuda y respuesta a sus demandas. Además de este patrimonio social acumulado, el Conapred cuenta entre sus fortalezas con su Asamblea Consultiva, integrada por personas pertenecientes a los distintos grupos discriminados, especialistas en diferentes problemas sobre discriminación, expertos en derecho, defensoras y defensores de derechos humanos y activistas sociales por la igualdad y la no discriminación. Y por ello cumple con su función de ser el órgano ciudadano de opinión, asesoría y promoción de las acciones, programas y proyectos que diseña o desarrolla el Conapred. Como rasgo excepcional, cuenta además con representatividad en la Junta de Gobierno. Por tanto, la apuesta por atender mejor la agenda antidiscriminatoria del país no debe ser el debilitamiento o la desaparición del Conapred, sino por el contrario su fortalecimiento mediante una nueva estrategia que contemple por lo menos las siguientes exigencias. La designación de la nueva persona titular, cuya trayectoria, capacidad y compromiso con la igualdad y no discriminación en todas sus expresiones sea indiscutible, mediante un proceso ordenado, transparente y participativo; el incremento, suficiencia y garantía de su presupuesto; la actualización y ampliación de sus capacidades y recursos; la promoción de una reforma de ley que dote de nuevas facultades al Conapred con base en el artículo primero constitucional, y la participación activa de su Asamblea Consultiva en todos estos procesos.
Una salida apegada a derechos
Editoriales | 📰 Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada Web original | 📷 Imagen : Angélica Díaz Por: Miguel Concha Sábado 📅 06 de junio de 2020 Estamos en la cresta de la pandemia del Covid-19. Nadie sabe cuánto durará. Todos ansiamos que llegue su final, pero conforme éste se aproxime será más urgente construir alternativas para salir de la crisis, cuyas primeras manifestaciones apenas vemos, y cuya superación generará menor sufrimiento, en cuanto las estrategias puestas en práctica sean más creativas y de diseño más inclusivo. Nadie puede estar exento del esfuerzo de proponer y dialogar para alcanzar acuerdos, y nadie, mucho menos los responsables de las decisiones, pueden ser omisos en la escucha de los diversos planteamientos, y en la voluntad de convencer y dejarse convencer, con el criterio del máximo bien de las personas, basado en el respeto y garantía de sus derechos. Es alentador el llamado que más de 300 personas y organizaciones sociales formularon a la sociedad civil y al gobierno sobre la necesidad de promover que la salida a la crisis generada por la pandemia sea integral y apegada a los derechos humanos. Además del valor de los argumentos, es importante el testimonio de décadas de lucha social de todos los firmantes –personas y organizaciones– en los más diversos campos del reclamo de justicia para los excluidos y los desiguales. Promovida originalmente por un grupo de personas identificadas como La 4D, por su referencia a la letra inicial de los vocablos: Derechos, Democracia, Desarrollo y Diversidad, llaman a la sociedad civil y a los distintos niveles de gobierno a abrir, con el mejor de los compromisos, espacios de diálogo, interlocución y colaboración que permitan al país transformar la actual situación que aflige a millones de personas. “Será de suma importancia –añaden– compartir nuestras reflexiones y coordinar nuestras acciones”. El llamado no apela de manera ingenua a gestos de buena voluntad, sino que formula propuestas específicas para reformas y cambios que vayan a fondo. “Consideramos –dicen– que éste es el momento para comprometerse en serio con reformas estructurales para una justicia redistributiva, incluidas las tributarias progresivas, donde se requiera a los depositarios de grandes fortunas y a los grandes conglomerados corporativos contribuir con la sociedad en una medida proporcional a su riqueza”. “Es también –añaden– momento de profundizar en la democracia como condición de la fortaleza de la sociedad y de su Estado”. Hay un tercer asunto de interés, derivado de una característica de quienes formulan el llamado, y obliga a una interpretación más amplia de las implicaciones de sus propuestas: su gran mayoría tiene una reconocida trayectoria en la izquierda social. Aquella que no se desarrolló principalmente en los partidos políticos ni en los procesos electorales, sin que nieguen su utilidad, sino en los procesos organizativos y reivindicatorios de derechos de los diversos agrupamientos sociales. Su intervención, más que política, ha ocurrido invariablemente en los momentos de emergencia social, por ejemplo, en la situación generada por los sismos, en el levantamiento indígena en Chiapas, en el reclamo por las personas desaparecidas y en muchos momentos dolorosos para la sociedad, particularmente para los sectores excluidos. Este tercer elemento podrá contribuir a ubicar las diferencias en el nivel que corresponde. No se trata de un pleito entre dos, sino de construir un arreglo entre todos. Se trata del futuro del país. En el boletín de prensa, con el que presentó el lunes el llamado, se señaló: no apostamos al fracaso del gobierno, sino todo lo contrario. No compartimos las posiciones de quienes sistemáticamente se oponen a las acciones de gobierno, y al mismo tiempo, como un espacio de la izquierda social, reivindicamos y ejercemos el derecho a la crítica proactiva y a la construcción de propuestas alternativas. Por lo que pedimos a las autoridades escuchar y debatir con base en las ideas las propuestas desde el mismo espectro político, sin descalificaciones tempranas, sin tergiversar argumentos y sin menospreciar planteamientos, por distintos que éstos sean a la perspectiva oficial. No únicamente la sociedad, sino la propia izquierda, son diversas. En el pasado las posiciones distintas se consideraban como indisciplina. Hoy son signos de democracia, y ésta genera fortaleza. La construcción de alternativas requiere que la izquierda se ponga de acuerdo. Esto es necesario, pero no suficiente. El diálogo debe ser entre todos: las acciones de índole económica para salir de la crisis no son sólo una relación paternal entre gobierno y pobres, sino de toda la sociedad con el gobierno. Lo que tiene implicaciones políticas, puesto que requieren de un acuerdo entre todos los sectores de la sociedad y el poder público. No se trata de que más acción gubernamental sea igual a menos democracia. Hay que regular la economía, hay que regular el desarrollo social y, no podemos olvidarlo, hay que regular al regulador.
