CDH Vitoria, 36 años de transformaciones compartidas
Cada año de trabajo nos recuerda que reconocemos al otro o a la otra como parte de nuestras historias y vidas. Es cuando tomamos partido y nos hacemos parte de los trabajos y esfuerzos por la dignidad, la justicia y la paz.
Prioridad y garantía de derechos
En la discusión reciente sobre los fideicomisos hubo sólidos pronunciamientos llamando a evitar el atentar directamente contra los derechos de personas y grupos que se verían afectados y la desatención de obligaciones internacionales y constitucionales.
Personas y organizaciones defensoras
Editoriales | Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada Web original | Imagen : Jorge Luis Aguilar Por: Miguel Concha Sábado 12 de septiembre de 2020 Incontables personas y organizaciones defensoras de derechos humanos tienen un papel fundamental en nuestro país, pues contribuyen de manera esencial al fortalecimiento de la democracia y al respeto de los derechos de personas y comunidades. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha considerado que complementan no sólo el rol de los estados, sino del mismo Sistema Interamericano de Derechos Humanos en su conjunto. Ahora bien, es cierto que debemos reconocer la diversidad en lo que respecta a personas y organizaciones. Y lamentablemente existen algunos espacios que promueven intereses particulares y buscan mantener las cosas como están. No obstante, existen muchas otras organizaciones que contribuyen a la construcción de un México en paz, con justicia y dignidad, y que lo hacen desde una opción o posición fundamental que transversaliza su ser y quehacer: la transformación de las estructuras y del mundo del trabajo por las personas más pobres. Debido a ello, asumen perspectivas de derechos humanos críticas, alternativas, progresistas y contrahegemónicas. Desde esta opción, acompañan movimientos, organizaciones sociales y colectivos integrados por quienes históricamente se encuentran en alguna situación de vulnerabilidad y opresión, víctimas de tratos inequitativos y desiguales. Esto provoca su sometimiento, discriminación, marginación y exclusión. Entre estos grupos están niñas, jóvenes y mujeres, así como personas migrantes y refugiadas, la comunidad LGBTTTIQA+, y los pueblos y comunidades indígenas. Desde esta opción fundamental caminan de la mano con víctimas y sobrevivientes de violaciones a derechos humanos en sus procesos de exigencia de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Impulsan del mismo modo agendas, como la participación ciudadana, la libre determinación, el cuidado del medio ambiente y de todas las formas de vida, la soberanía alimentaria, la libertad de expresión, el acceso a la justicia, la igualdad de género y la no discriminación. Generan espacios de formación política, de diálogo y pensamiento crítico entre juventudes, constituyéndose así como semilleros de generaciones que impulsan cambios sociales trascendentales. Asimismo, desde esta opción, fungen como nodos para articular y generar interlocuciones fecundas con y entre diversos actores sociales. Por ejemplo, con víctimas, movimientos sociales más amplios, colectivos, organismos internacionales, academia, autoridades en todos su ámbitos y niveles e incluso con la iniciativa privada. Defienden también su derecho a defender derechos humanos, cuidando su autonomía frente a cualquier intento de cooptación o desviación de su misión. En este sentido, la Declaración de los Defensores de Derechos Humanos de la ONU reafirma los derechos indispensables para que las personas y las organizaciones gocen y ejerzan plenamente su derecho a defenderlos. Entre ellos la libertad de pensamiento, de opinión y de expresión, así como el derecho a presentar propuestas y a acompañar procesos de defensa. Su derecho, además, a ejercer legítimamente su labor como defensoras y a recibir solidariamente recursos financieros, incluso del extranjero, que contribuyan a su sostenimiento, guardando siempre su capacidad de tomar libremente sus propias decisiones. Por tanto, todas las autoridades están obligadas a asumir una política de Estado que respete, proteja, promueva y garantice su derecho a defender los derechos humanos, así como a prevenir, investigar, sancionar y reparar cualquier violación a los derechos de las personas y organizaciones defensoras. En este sentido, la CIDH considera que un Estado tiene la obligación de adoptar todas las medidas necesarias y razonables para garantizar el derecho a la vida, la libertad personal y la integridad de aque-llas personas y organizaciones que defienden derechos humanos, como lo ha establecido en el Caso Valle Jaramillo y otros contra Colombia. Por su parte la Resolución AG/RES. 1671 (XXIX-O/99), de la Organización de Estados Americanos, exhorta a los estados parte a proveer respaldo a la tarea que desarrollan quienes defienden los derechos humanos, y a reconocer su invaluable contribución para su respeto, promoción, protección y garantía (https://cutt.ly/ffTjmFB). Por ello, es fundamental que las autoridades de nuestro país se abstengan de imponer obstáculos que dificulten la importante labor social de las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos, y más bien faciliten los medios necesarios para que libremente realicen sus actividades. Y, por el contrario, que las proteja cuando sean objeto de amenazas, para evitar atentados contra su vida e integridad. Y esto, más allá del mecanismo existente para la protección de periodistas y personas defensoras de derechos humanos, mediante la generación de las condiciones efectivas para la erradicación de violaciones por parte de agentes estatales o de particulares.
Resistencia LGBT+, defender nuestras vidas
Editoriales | Blog «La dignidad en nuestras manos» del Plumaje de Animal Político Web original | Imagen : Web Por: Jorge Luis Aguilar y Leslie Joryet 11 de septiembre de 2020 De algunos meses a la fecha han resaltado en medios diversos casos de asesinatos a personas LGBT+ en nuestro país, y aunque las latitudes son distintas, los crímenes están emparentados por las evidentes señales de violencia y saña con las que quien les atacó buscó imprimir su odio en los cuerpos de las víctimas. No sabemos quiénes son los o las culpables, pero las notas periodísticas enuncian disparos con armas de fuego, mutilaciones, arrollamientos e incineraciones como formas de tortura; que, además, de forma similar a como se ha insistido al hablar sobre uno de los signos que distinguen a la forma más extrema de violencia contra las mujeres -un feminicidio- muchos de estos ataques también terminan con los cuerpos de las víctimas abandonados en vía pública, como si de basura se tratara, intentando evidenciar el grito del perpetrador de “tú no vales nada”. En pleno 2020 persiste la discusión de si algunas personas son válidas y otras no, en donde las diversas formas del rechazo a la diferencia se cobijan del sistema cultural patriarcal que en ciertos casos discrimina y excluye sistemáticamente, en otros arrebata de manera violenta la propia vida y bajo otras formas ofrece a través de lo que podría ser considerado como tortura, la supuesta “cura” ante lo que por pura semántica es, entonces, lo “desviado”, lo “enfermo” o lo “anormal”. La discusión es tan añeja como argumentar si alguien tiene el derecho de votar, de sentarse en la parte de enfrente de un autobús o si puede vestirse como su identidad le dicte. Las personas activistas y organizaciones no se han quedado con los brazos cruzados, pues los avances, sobre todo en la visibilización de las realidades a las que día a día enfrenta el colectivo, han empujado enormes logros y transformaciones en el país, pero que a su vez, esa visibilidad y presencia en muchos de los casos genera un reflujo, una respuesta de una tendencia conservadora que nos tornó más vulnerables al odio en el contexto de una cultura que permite la impunidad y que hasta nuestros días se opone a todo aquello que se salga de o se revele a la norma cisgénero-heterosexual. De frente a una discusión que implica dos creencias que se oponen y chocan, las autoridades casi siempre se han visto rebasadas por la realidad y prefieren minimizar la gravedad de las circunstancias. En México fue necesaria una serie de protestas en diversos estados, huelgas de hambre e incidencia en diversos niveles para conseguir que algunas Fiscalías se comprometan a dar seguimiento a los crímenes evidentemente impregnados de odio que nos sacuden día tras día, sin esas voces sería aún más probable que los asesinatos de Mireya Rodríguez en Chihuahua, de Jonathan Santos y Julie Torres en Jalisco, de Javier Eduardo Pérez y de Elizabeth Montaño en Morelos, de Gabriela Reyes en Tabasco, de Samantha Rosales en Puebla y de Jeanine Huerta en Baja California, entre otros que difícilmente conoceremos, queden en la impunidad. ¿Cómo saber si los ataques, en algunos de los casos, fueron motivados por su activismo? ¿Cómo diferenciar un homicidio a un crimen de odio? ¿Por qué no es ocioso reconocer de manera clara cuando los asesinatos implican agravantes en ese sentido? ¿Cómo dejar en el pasado narrativas que de manera casi automática responsabilizan a las propias víctimas de que les hayan arrebatado la vida de esas formas inhumanas? ¿Cómo dejar de encuadrar investigaciones en suicidios, “crímenes pasionales” y “malas amistades” a voluntad de investigadores que no saben ni quieren hacer su trabajo? ¿Por qué como siempre son las familias de las víctimas y la sociedad civil organizada en quienes parece recaer la investigación, la aportación de pruebas y todo el trabajo de las fiscalías? Avanzamos en el reconocimiento jurídico, en la prohibición de la discriminación, en medidas incluyentes que atienden obstáculos específicos como el derecho a la identidad de las personas trans, mientras al mismo tiempo se ponen sobre la mesa pendientes urgentes como la construcción de protocolos que permitan a las autoridades atender a las víctimas con el enfoque diferenciado y especializado que requieren estos crímenes. De nada sirve, tal como ocurre en los casos de feminicidios, la existencia de códigos penales que identifican la problemática pero no terminan de ser aceptados ni puestos en práctica por el personal al momento de investigar o sancionar, pues se evita reconocer por todos los medios la evidente señal de la violencia extrema a su dignidad y sus cuerpos vulnerados, acciones que a su vez, desde los perpetradores de estos crímenes, tienen la finalidad de mandar mensajes sociales de advertencia, terror y apología al machismo más destructivo y violento. Por otro lado, ¿qué ha cambiado para las personas LGBT+ con las ardientes discusiones revisionistas en redes sociales que tienden a la “cancelación” como propuesta de solución? ¿Qué sentido tiene el golpeteo constante de las pantallas de celular en puntos ciegos que a veces no tienen clara conexión con las víctimas que siguen recibiendo agresiones en la calle? Mientras los hashtags sobre declaraciones actuales y obras musicales de hace décadas se suceden uno tras otro, las noticias siguen mostrando que esa buena intención de extirpar la homofobia de la sociedad sigue siendo una batalla que convoca a poner los cuerpos en la calle, a plantar cara a las autoridades ineficientes y arrancarles compromisos de la forma en que sea necesario. Una posición justiciera que en su búsqueda de un mundo mejor atiende cruzadas de “supremacía ética” presumible en Twitter, pero apenas se atreve a tocar nociones de superficie está destinada a caducar si no profundiza en las expresiones más dolorosas de la problemática o si no ofrece una red de confianza a quienes están enfrentando la homofobia en la carne, no en la teoría. Mientras estas luchas y exigencias se generan y llevan a cabo día a día, es importante recordar que la
El CONAPRED
Editoriales | 📰 Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada Web original | 📷 Imagen : Conapred Por: Miguel Concha Sábado 📅 04 de julio de 2020 La discriminación es uno de los fenómenos estructurales que afectan a personas y grupos en nuestro país, particularmente a aquellos que, a causa de los tratos excluyentes o de sometimiento a que son sujetos por razón de alguna condición –como por ejemplo género, etnia, clase, discapacidad, preferencia u orientación sexual, y hasta apariencia física, entre otras–, históricamente se encuentran en situación de vulnerabilidad. Luego de una serie de luchas y reivindicaciones por parte de grupos tradicionalmente discriminados, así como de organizaciones, especialistas y actores sociales y políticos, como el compañero Gilberto Rincón Gallardo, el 11 de junio de 2003 se promulgó la Ley Federal para Prevenir y Erradicar la Discriminación. Desde su publicación, hasta el día de hoy, esta ley ha traído consigo importantes avances con respecto a la prevención y eliminación de la discriminación en materia de política pública, entre ellos la creación del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred). El Conapred es, como lo señala su estatuto orgánico, un organismo descentralizado y sectorizado de la Secretaría de Gobernación, con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuyo propósito fundamental es prevenir y eliminar todas las formas de discriminación ejercidas contra cualquier persona o grupo, especialmente aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Tiene además como objeto contribuir al desarrollo cultural, social y democrático de nuestro país, así como formular y promover políticas públicas para la igualdad de oportunidades y de trato a favor de las personas que habitan y transitan por México, y coordinar las acciones en materia de discriminación de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo Federal. Ello no obstante, es indudable que después de 17 años el Conapred tiene logros y desafíos importantes. Sobre estos últimos, es claro que no se ha erradicado totalmente la discriminación en el país y que falta mucho para conseguirlo. De igual manera, los empeños indudables por prevenir y erradicar la discriminación no han logrado transformar las instituciones del Estado ni transversalizar la igualdad y la no discriminación en el ámbito de las políticas públicas. Aunado a esto, desde sus inicios el Conapred cuenta con recursos humanos y materiales limitados y a veces precarios. Sin embargo, de la mano de grupos históricamente discriminados, de personas expertas, organizaciones de la sociedad civil y autoridades en sus diferentes ámbitos y niveles de competencia, el Conapred ha realizado numerosos aportes en la agenda antidiscriminatoria del país. Entre sus logros destacan estadísticas e investigaciones sobre el fenómeno discriminatorio; incidencias en legislación y políticas públicas; impacto en programas educativos; opiniones jurídicas; publicaciones y campañas referidas a la igualdad y a la no discriminación, con el fin de promover una cultura de inclusión y respeto a las diferencias, y servicios de orientación y mecanismos para presentar y resolver quejas por presuntos actos discriminatorios de autoridades y particulares. De esta manera, el Conapred ha defendido los derechos humanos de personas y grupos que coyuntural y tradicionalmente han venido siendo discriminados. Entre ellos la comunidad LGBTTTIQA+, pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, personas con discapacidad, personas adultas mayores, migrantes, refugiadas y trabajadoras del hogar, entre otras. Estas personas y grupos han encontrado en el Conapred escucha, orientación, ayuda y respuesta a sus demandas. Además de este patrimonio social acumulado, el Conapred cuenta entre sus fortalezas con su Asamblea Consultiva, integrada por personas pertenecientes a los distintos grupos discriminados, especialistas en diferentes problemas sobre discriminación, expertos en derecho, defensoras y defensores de derechos humanos y activistas sociales por la igualdad y la no discriminación. Y por ello cumple con su función de ser el órgano ciudadano de opinión, asesoría y promoción de las acciones, programas y proyectos que diseña o desarrolla el Conapred. Como rasgo excepcional, cuenta además con representatividad en la Junta de Gobierno. Por tanto, la apuesta por atender mejor la agenda antidiscriminatoria del país no debe ser el debilitamiento o la desaparición del Conapred, sino por el contrario su fortalecimiento mediante una nueva estrategia que contemple por lo menos las siguientes exigencias. La designación de la nueva persona titular, cuya trayectoria, capacidad y compromiso con la igualdad y no discriminación en todas sus expresiones sea indiscutible, mediante un proceso ordenado, transparente y participativo; el incremento, suficiencia y garantía de su presupuesto; la actualización y ampliación de sus capacidades y recursos; la promoción de una reforma de ley que dote de nuevas facultades al Conapred con base en el artículo primero constitucional, y la participación activa de su Asamblea Consultiva en todos estos procesos.
75 años de Jtatik Raúl
Editoriales | 📰 Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada Web original | 📷 Imagen : Jorge Aguilar Por: Miguel Concha Sábado 📅 27 de junio de 2020 En los lugares más invisibles y los hogares más cálidos y sencillos nacen las personas que dejan una fuerte huella en el tiempo. José Raúl Vera López pertenece a ellos.” Así inicia una carta firmada por 944 personas y organizaciones que reconocen la labor de don Raúl, obispo de Saltillo, quien al cumplir el primero de junio 75 años presentó al Papa Francisco su dimisión. La misiva se hizo pública el pasado 21 de junio, día de su cumpleaños, y constituye un reconocimiento a su compromiso y labor pastoral. Vale la pena enfatizar que, signada por comunidades indígenas, colectivos de víctimas, organizaciones y movimientos populares, organizaciones de derechos humanos, organismos socio eclesiales y religiosos, así como por diversas personas de amplios sectores de la población, sin mencionar a alguien en particular, las personas y grupos que firman representan, sin duda, junto con fray Raúl, parte importante de la reserva moral del país. Conocí a Raúl en la Ciudad de México cuando ingresó a la Orden de Predicadores. Desde entonces nuestras vidas se han entretejido en diversos momentos. Cuando en noviembre de 1987 fue nombrado obispo de la Diócesis de Altamirano, Guerrero, me encontré con él para recordarle que no debía olvidar la situación convulsa del país, las transformaciones que vivía la Iglesia, en el marco del Concilio Vaticano II, las prioridades apostólicas asumidas por la Orden y los compromisos pastorales de la Iglesia latinoamericana, así como el testimonio profético de muchos hermanos dominicos y de obispos como don Sergio Méndez Arceo. La carta reconstruye parte de la trayectoria pastoral de Raúl, y dedica especial atención a su labor como obispo coadjutor en San Cristóbal de las Casas, y a su tránsito al obispado de Saltillo (1999). Sobre esto literalmente menciona lo que sigue. En el marco del levantamiento de los pobres del color de la tierra, que cimbró al mundo y convirtió a Chiapas en un torbellino de horror y búsqueda de paz con justicia y dignidad, don Raúl fue nombrado coadjutor de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas en agosto de 1995. Allí se entregó por completo a cultivar la dignidad recuperada por la rebeldía de los pueblos y a profundizar el trabajo pastoral y profético del obispo Samuel Ruiz García, el querido y reconocido Jtatik Samuel. Al lado de los pueblos indígenas –que le enseñaron mucho– de don Samuel y de un gran e incansable cuerpo pastoral, sufrió amenazas, insultos, ataques e intentos de homicidio. Nada lo detuvo. Lejos de ello, la fuerza de su predicación se hizo más poderosa y clara, al grado de denunciar internacionalmente la matanza de Acteal. Tanto creció la fuerza de su voz, que se le negó el derecho a suceder a don Samuel en la Diócesis de San Cristóbal. Designado obispo de Saltillo en diciembre de 1999, llevó consigo el mandato del Jtatik. Al frente de esa diócesis –y a lo largo de 20 años– no ha dejado de caminar al lado de las comunidades más vulnerables y vulneradas, de levantar la voz frente a las injusticias y de reconstruir la Iglesia. Y así, ha apoyado la lucha por las mejoras laborales de los trabajadores mineros y acompañado el reclamo de justicia de la Organización Familia Pasta de Conchos. Se ha solidarizado con las comunidades que enfrentan despojos y contaminación por parte de las grandes empresas, y ha alzado la voz en defensa de los migrantes. Ha apoyado el trabajo, tanto del albergue, como de la pastoral migrante de su diócesis, así como el trabajo del Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios. Ha defendido a las trabajadoras sexuales y denunciado los crímenes que en 2006 perpetraron militares en Castaños contra ellas. Ha acompañado incondicionalmente y de muchas maneras a las víctimas y familiares que sufren violencia y desaparición y ha denunciado también los crímenes cometidos al amparo de la Iglesia. Promueve igualmente una reforma para evitarlos. La carta recupera también su apoyo y acompañamiento a diversos organismos de derechos humanos, su labor internacional y su trabajo en el Tribunal Permanente de los Pueblos-Capítulo México (2012-2014), que derivó en el planteamiento de una Nueva Constituyente Ciudadana Popular. Concluye con el reconocimiento y compromiso con su labor pastoral. Los que lo hemos acompañado y hemos sido acompañados por él le damos en su 75 aniversario las gracias. Pastores como él sostienen viva la esperanza. Además de reiterarle su nombre y calidad de Jtatik, queremos ahora constatar su calidad de hermano y compañero. Le acompañamos en la cosecha final de su tarea diocesana en Saltillo. Y le damos la bienvenida a su nueva etapa de emeritez. Sabemos que su fuerza, madurez y experiencia seguirán latiendo en el reto profético y estratégico de abrir nuevos horizontes, para que la paz, la justicia y la libertad reinen en México y el mundo. La versión completa de la carta se puede consultar en: https://bit.ly/37ViIRU
La emergencia permanente
Editoriales | 📰 Blog «La dignidad en nuestras manos» del Plumaje de Animal Político Web original | 📷 Imagen : Cristopher Rogel Blanquet Por: Angélica Díaz 📅 22 de junio de 2020 Desde hace más de 10 años hacer periodismo en México es una labor de alto riesgo para quienes lo ejercen, llegando incluso a sobrepasar a países que se encuentran en guerra declarada. Asesinatos, agresiones y censura a cientos de periodistas forman parte de una enorme deuda que tiene el Estado con el incumplimiento de sus derechos, ya que no solo se enfrentan a este panorama de violencia, sino también a la impunidad que se ha ejercido ante el asesinato de al menos 160 compañeros desde el 2000 hasta el 16 de mayo en el que el periodista Armenta Ávalos fue asesinado afuera de un comercio en Ciudad Obregón, hecho que ocurre debido a la ineficiencia de condiciones que aseguren garantías y leyes que protejan de una manera integral el ejercicio del periodismo. En el 2012 se publicó la Ley de Protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, en donde se establece la responsabilidad de cooperación entre las entidades federativas para garantizar la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentran en riesgo por el ejercicio de la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos. Dicha Ley, a más de ocho años de su publicación, no ha logrado garantizar lo que prometía, pues no se han generado las condiciones necesarias para que su efectiva protección sea una realidad. Muestra de ello es que, por ejemplo, Javier Valdez y Miroslava Brech, periodistas asesinados en 2017, contaban ya con medidas de protección por parte del Estado. Familiares y activistas enfatizaban en que la exigencia de seguridad tanto para Miroslava como para Javier fue muchas veces retrasada e ignorada por las autoridades, siendo esta falta de atención uno de los factores que finalmente permitieron los crímenes que terminaron con sus vidas. Ante todo este panorama que acompaña el ejercicio del periodismo en México y sumando la situación extraordinaria que enfrentamos en gran parte del mundo ante el virus SARS-COV2, se van agravando las violencias que ya se vivían pero que ahora se recrudecen: desde el despido masivo de personas que trabajan en medios, la falta de cuidado de las empresas de comunicación ante sus trabajadores y la información que emiten, agresiones por parte de la ciudadanía, nulos derechos laborales y una incertidumbre constante sobre qué es lo que pasará a futuro con esta profesión a nivel mundial. Algunos de los medios de comunicación más importante del país se han visto salpicados por sus posturas e investigaciones críticas sobre la forma en la que el gobierno está enfrentando la contingencia sanitaria, algunos de ellos se han visto expuestos también ante el descubrimiento de información falsa e incluso ataques hacia otros periodistas, lo que habla de una crisis de la libertad de expresión e información en un momento de suma importancia para evitar la propagación aún más extensa del virus en el país. Por su cuenta, la prensa mexicana independiente ha aportado coberturas desde lugares alternativos, presentando datos e historias que van surgiendo ya desde años anteriores en donde muchos de estos pequeños medios se habían visto censurados; medios que además constantemente se encuentran en crisis y acentúan el hecho de que ser periodista en México es una dinámica constante de emergencia. Para dar cuenta de algunos desafíos tuve la oportunidad de charlar con cuatro personas que trabajan en diferentes geografías y medios de comunicación para tener un panorama de lo que el gremio de personas periodistas están viviendo en medio de esta emergencia sanitaria, se han cambiado algunos nombres por motivos de seguridad. En primer lugar resalta que la incertidumbre, el miedo y la irresponsabilidad que muchas empresas de comunicación están ejerciendo sobre sus trabajadoras y trabajadores viola derechos humanos básicos para el libre desarrollo de su labor. Hay una aparente preocupación, pero la realidad que reflejan la precarización y violencia que enfrentan todos los días y las pocas medidas de seguridad al tratar de cubrir ciertas noticias son responsabilidades que ya han cobrado vidas. Mariana Hdz, que trabaja como camarógrafa de un canal de televisión en la Ciudad de México expresa: “La verdad sí me da miedo cuando nos mandan a cubrir hospitales, cuando empezó todo esto, muy, muy al principio me mandaron con una reportera al INER, literal nos mandaron hasta el laboratorio en donde entregan las pruebas y ahí no nos dieron protección de nada, ni en el hospital, ni el canal, nos pusimos un cubrebocas y eso gracias a que mi reportera llevaba. Me sentí muy insegura, quizá de COVID no me pude contagiar, pero era la sala de muestras y de cualquier otra cosa te puedes haber contagiado”. Por su cuenta, Christopher Rogel Blanquet, que es fotoperiodista freelance para diversas agencias, reflexiona que posiblemente “el índice de probabilidades de que el COVID nos dé a nosotros es más alto que a otras personas, eso partiendo de que no solamente estamos saliendo como muchos, sino que estamos buscando las historias a partir de lo que ocurre con el COVID, eso nos está afectando; además, en mi caso como freelance ya perdí muchos proyectos. Para otros hay preocupación por la solvencia económica. A muchos de los colegas que están trabajando les han bajado el salario, algunos del 30% al 40% y no así la carga de trabajo”. Mientras tanto, Isael Rosales Sierra, periodista en el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, resalta que “hay una carencia desde antes de la pandemia en el sistema de salud, es nula la presencia, no hay infraestructura, incluso en algunas comunidades no hay medicamentos, tienen que curarse las personas con yerbitas y ahí le van buscando, el sistema de salud en las comunidades muy poco ha funcionado, ha funcionado en algunas por las personas que se organizan, alzan la voz, pero si no, no hay nada. La marginación, la discriminación, el olvido de las comunidades sirve también para
Una salida apegada a derechos
Editoriales | 📰 Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada Web original | 📷 Imagen : Angélica Díaz Por: Miguel Concha Sábado 📅 06 de junio de 2020 Estamos en la cresta de la pandemia del Covid-19. Nadie sabe cuánto durará. Todos ansiamos que llegue su final, pero conforme éste se aproxime será más urgente construir alternativas para salir de la crisis, cuyas primeras manifestaciones apenas vemos, y cuya superación generará menor sufrimiento, en cuanto las estrategias puestas en práctica sean más creativas y de diseño más inclusivo. Nadie puede estar exento del esfuerzo de proponer y dialogar para alcanzar acuerdos, y nadie, mucho menos los responsables de las decisiones, pueden ser omisos en la escucha de los diversos planteamientos, y en la voluntad de convencer y dejarse convencer, con el criterio del máximo bien de las personas, basado en el respeto y garantía de sus derechos. Es alentador el llamado que más de 300 personas y organizaciones sociales formularon a la sociedad civil y al gobierno sobre la necesidad de promover que la salida a la crisis generada por la pandemia sea integral y apegada a los derechos humanos. Además del valor de los argumentos, es importante el testimonio de décadas de lucha social de todos los firmantes –personas y organizaciones– en los más diversos campos del reclamo de justicia para los excluidos y los desiguales. Promovida originalmente por un grupo de personas identificadas como La 4D, por su referencia a la letra inicial de los vocablos: Derechos, Democracia, Desarrollo y Diversidad, llaman a la sociedad civil y a los distintos niveles de gobierno a abrir, con el mejor de los compromisos, espacios de diálogo, interlocución y colaboración que permitan al país transformar la actual situación que aflige a millones de personas. “Será de suma importancia –añaden– compartir nuestras reflexiones y coordinar nuestras acciones”. El llamado no apela de manera ingenua a gestos de buena voluntad, sino que formula propuestas específicas para reformas y cambios que vayan a fondo. “Consideramos –dicen– que éste es el momento para comprometerse en serio con reformas estructurales para una justicia redistributiva, incluidas las tributarias progresivas, donde se requiera a los depositarios de grandes fortunas y a los grandes conglomerados corporativos contribuir con la sociedad en una medida proporcional a su riqueza”. “Es también –añaden– momento de profundizar en la democracia como condición de la fortaleza de la sociedad y de su Estado”. Hay un tercer asunto de interés, derivado de una característica de quienes formulan el llamado, y obliga a una interpretación más amplia de las implicaciones de sus propuestas: su gran mayoría tiene una reconocida trayectoria en la izquierda social. Aquella que no se desarrolló principalmente en los partidos políticos ni en los procesos electorales, sin que nieguen su utilidad, sino en los procesos organizativos y reivindicatorios de derechos de los diversos agrupamientos sociales. Su intervención, más que política, ha ocurrido invariablemente en los momentos de emergencia social, por ejemplo, en la situación generada por los sismos, en el levantamiento indígena en Chiapas, en el reclamo por las personas desaparecidas y en muchos momentos dolorosos para la sociedad, particularmente para los sectores excluidos. Este tercer elemento podrá contribuir a ubicar las diferencias en el nivel que corresponde. No se trata de un pleito entre dos, sino de construir un arreglo entre todos. Se trata del futuro del país. En el boletín de prensa, con el que presentó el lunes el llamado, se señaló: no apostamos al fracaso del gobierno, sino todo lo contrario. No compartimos las posiciones de quienes sistemáticamente se oponen a las acciones de gobierno, y al mismo tiempo, como un espacio de la izquierda social, reivindicamos y ejercemos el derecho a la crítica proactiva y a la construcción de propuestas alternativas. Por lo que pedimos a las autoridades escuchar y debatir con base en las ideas las propuestas desde el mismo espectro político, sin descalificaciones tempranas, sin tergiversar argumentos y sin menospreciar planteamientos, por distintos que éstos sean a la perspectiva oficial. No únicamente la sociedad, sino la propia izquierda, son diversas. En el pasado las posiciones distintas se consideraban como indisciplina. Hoy son signos de democracia, y ésta genera fortaleza. La construcción de alternativas requiere que la izquierda se ponga de acuerdo. Esto es necesario, pero no suficiente. El diálogo debe ser entre todos: las acciones de índole económica para salir de la crisis no son sólo una relación paternal entre gobierno y pobres, sino de toda la sociedad con el gobierno. Lo que tiene implicaciones políticas, puesto que requieren de un acuerdo entre todos los sectores de la sociedad y el poder público. No se trata de que más acción gubernamental sea igual a menos democracia. Hay que regular la economía, hay que regular el desarrollo social y, no podemos olvidarlo, hay que regular al regulador.
También morimos jóvenes: periferias y las luchas de hace tiempo
Editoriales | 📰 Blog «La dignidad en nuestras manos» del Plumaje de Animal Político Web original | 📷 Imagen :Web Por: Beatriz Rivero y Yoxmara Tapia 📅 03 de junio de 2020 Seguramente cuando José Enrique Rodó escribió Ariel y lo dedicó a “A la juventud de América”, buscaba que sus palabras resonaran en cada persona joven del continente. Hoy, con la misma intención pero desde otra mirada, escribimos este texto. Sabemos que las realidades se inscriben en nuestras acciones, posibilidades, apuestas y horizontes, y que son nuestras historias individuales y colectivas las que hablan desde nuestras corporalidades; (no) salimos porque nos matan, (no) gritamos porque nos callan, y (no) dejamos hacer y dejamos pasar porque “no tenemos alternativa”. Hoy América Latina se enfrenta a la pandemia desde las heridas abiertas que ha dejado la dominación, la explotación, el extractivismo y la violencia patriarcal en la región, pero también desde las lecciones que siglos de resistencia han tejido en la memoria de nuestras organizaciones, pueblos y colectividades. El desafío es tan grande que si bien no imaginamos las magnitudes de los impactos que tendrán estos tiempos en nuestras cotidianidades, sabemos que la vuelta a la normalidad tal y como la conocíamos será justificación genocida. Nombrar que son nuestras y nuestros, los de las precarias condiciones laborales, esos y esas sin seguridad social y económica y aquellas a las que se les obligó a confinarse con el agresor, son sólo algunas de las historias que forman parte del ejercicio de memoria popular durante y después de la crisis, y que permitirán organizar la indignación, el dolor y la rabia para seguir construyendo esas transformaciones tan urgentes que como sociedades necesitamos. Como juventudes de las periferias, vivimos la cuota sacrificial desde las exigencias de productividad instauradas desde antes del COVID-19, que configuran los mandatos para “ser autosuficientes, tener un título, estabilidad emocional y energía casi interminable por la vida”, sin embargo, esto no es posible en contextos de extrema violencia y desigualdad para el acceso a derechos como la educación, la salud, al trabajo digno, a la vivienda, a la participación ciudadana, a la seguridad, a la integridad personal, a la no discriminación, entre otros. Nuestras realidades diferenciadas, empobrecidas y precarizadas que hoy actualizan el mandato generacional que niega a las juventudes la posibilidad de padecer cansancio, dolor, enfermedad (o contagio) como afecciones de la improductividad, que invisibilizan las marcas de desigualdad racial, de clase, de género y orientación sexual que atraviesan nuestras corporalidades y nuestras condiciones desiguales de salud y de vida, las cuales aumentan factores de vulnerabilidad. Mientras alguien con las condiciones materiales suficientes puede decidir alimentarse más sano en esta cuarentena, jóvenes trabajadores de las periferias de la Ciudad de México y el Estado de México continúan con sus actividades laborales diariamente dirigiéndose hacia las empresas y zonas industriales, así como a las posibilidades que ofrecen las calles, en donde la informalidad del trabajo y la garantía de nada muestran con crudeza que la ganancia se sostiene sobre la vida, sacrificando ciertas identidades como expresión de la exclusión radical de ciertos sectores poblacionales. Basta mirar un día de cuarentena en algún municipio mexiquense que conforma la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) para dar cuenta que las circunstancias hoy añadidas con la pandemia muestran la profundización de los mecanismos para la gestión necropolítica de la crisis, en donde los derechos a la información sobre los temas de la pandemia son, como lo ha advertido la organización Artículo 19, parte fundamental de las acciones obligatorias de los Estados para mitigar las afectaciones. También es ejemplo claro del carácter de interdependencia de los derechos humanos, sobretodo en tiempos de crisis manifiesta. Recientemente el periodista Arturo Contreras retrataba mediante testimonios de habitantes de San Francisco Tepojaco, en Cuautitlán Izcalli, las diversas formas de habitar el coronavirus en las periferias: “La gente no sabe nada (…) la vida en las calles (…) se sigue como si nada. Tampoco se sabe mucho de la cuarentena por el coronavirus.”, refería al inicio de un reportaje que daba cuenta de la vulnerabilidad de once mil viviendas de esta colonia, habitadas por miles de obreros con enfermedades respiratorias ocasionadas por vivir cerca de los canales de aguas negras y basureros. Por generaciones, diversas organizaciones que han apostado a la defensa de los bienes comunes y del territorio que se encuentran en la Ciudad de México y su Zona Metropolitana han cuestionado el aceleramiento de los procesos de urbanización en la zona, la privatización de bienes comunes como el agua y el suelo, la construcción de basureros a cielo abierto, así como la construcción de megaproyectos inmobiliarios y aeroportuarios (el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía). Desde esta luz, como refieren los diálogos entre movimientos y organizaciones sociales de todo el mundo, la normalidad ha sido la crisis y a ésta pertenecen hoy las realidades de diversas colonias, barrios y comunidades que se enfrentan a la carencia de agua para lavarse las manos, la imposibilidad de llevar a cabo las medidas de distanciamiento social en medio del hacinamiento y el quedarse en casa como opciones reales de sobrevivencia. Como juventudes de las periferias, somos una ventana generacional a los procesos de lucha. Aunque nuestra voz suele ser silenciada o criminalizada, en tiempos de pandemia no dejamos espacio para el olvido, no frenamos nuestra colectividad, ni dejamos que el distanciamiento determine nuestras relaciones afectivas. Es tiempo de repensar nuestros entornos familiares, pero también de fortalecer nuestro compromiso afectivo con nuestros territorios. *Beatriz Rivero y Yoxmara Tapia son colaboradoras del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P. A.C. (@CDHVitoria).
Articulación de las OSC en México
Editoriales | 📰 Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada Web original | 📷 Imagen : Victor Manuel Chima Por: Miguel Concha Sábado 📅 30 de mayo de 2020 Durante más de una década, diversas organizaciones de la sociedad civil (OSC) del país demandaron una cobertura legal y consiguieron en 2004 la aprobación de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil (Lffarosc), un marco legal que las reconoce como actores de interés público y ofrece sustento jurídico para su participación y fomento. Sin embargo, el 14 de febrero de 2019, el gobierno federal emitió la Circular Uno, que canceló el acceso a los recursos públicos para sus proyectos de utilidad pública, y contradice lo establecido en dicha ley. Decisión acompañada con la desacreditación del compromiso con la democracia y los derechos humanos mostrado por la sociedad civil por décadas. Ante ello, diversas articulaciones de OSC reaccionaron ante la difícil situación provocada por las decisiones del gobierno federal y optaron por la denuncia pública para demandar una reconsideración. Dialogaron entre ellas para identificar medidas ante el inevitable debilitamiento y la eventual extinción del marco institucional y legal ganados con tantos esfuerzos. Producto de un proceso de reflexión sobre la permanencia y los derechos de las OSC en México, a través de consultas y diálogos entre OSC del país, Equipo Pueblo AC produjo el diagnóstico Impacto de las restricciones gubernamentales hacia las OSC en México-2020, del que recuperamos las principales valoraciones, recomendaciones y escenarios, que se reúnen en el último capítulo del texto. Las OSC consultadas identificaron impactos negativos de las decisiones gubernamentales que trastocaron su acción. La mayoría de las que trabajan directamente con la población restringieron su quehacer por falta de recursos para desplazamientos y operación de sus proyectos. Reportaron la suspensión de actividades estratégicas de investigación, profesionalización e incidencia. En algunos casos se han planteado el cierre total. Entre los ejes o ámbitos de acción sugeridos por y para las OSC, destacan: 1. La defensa del marco legal y los derechos de las OSC. Las acciones que proponen están dirigidas a sus derechos: la libertad de asociación, de expresión; el derecho a recibir financiamiento de cualquier fuente pública o privada nacional o internacional, independientemente de su posición ideológica, política y métodos de intervención. Además del marco legal federal, es fundamental que todas las entidades de la nación cuenten y/o cumplan con las leyes de fomento estatales. 2. La articulación para una estrategia y agenda común nacional, a partir de lo local. La coyuntura demanda promover nuevamente la estructuración de pensamientos y acciones desde lo local hasta lo nacional, porque continuarán actuando, a pesar del impacto de las decisiones del Poder Ejecutivo. Ratifican la convicción de fortalecerse de manera articulada en una plataforma que integre y difunda sus propuestas ante los asuntos de su interés y que, eventualmente, el gobierno federal y la sociedad les reconozcan. Se sugiere, considerando la diversidad de posiciones, identidades y geografías, por sus derechos explicitados en la Ley de Fomento y otros instrumentos internacionales, la construcción de una agenda común con base en el pleno ejercicio de los derechos humanos, en la que estén transversalizados los enfoques multinacional, multicultural e intergeneracional. Y enfocar las agendas a las transformaciones que exige el país, a los asuntos estratégicos, sin abandonar el seguimiento y evaluación de las políticas públicas que cada una realiza, porque ahí está su compromiso y vocación, tanto en la comunidad como en lo nacional. Para esa articulación hay que integrar las agendas locales y promoverlas, considerando los saberes socialmente adquiridos, la sensibilidad desarrollada y la voluntad de articularse, la cual supone la apertura para construirla conjuntamente. Es decir, una voluntad para ir más allá de las diferencias y tener en perspectiva lo que las une, independientemente de causas y estrategias, y que en la relación con el gobierno y otros actores no queden subordinadas y sigan aportando –de manera crítica y propositiva– a las políticas públicas. Hay quienes consideran que es necesario promover el diálogo político con el gobierno para defender su derecho a la participación. Aprovechar que en algunos ámbitos estatales locales existe apertura para la colaboración y la incidencia en niveles intermedios de gobierno. Para otras es claro que la decisión del gobierno federal de cancelar los recursos para las OSC no cambiará. Por ello importa explorar nuevos esquemas de financiamiento y de reformas a la Ley Federal del Presupuesto, la Ley del Impuesto Sobre la Renta, el Código Fiscal, la Miscelánea Fiscal y la Lffarosc, que apunten a una armonización legislativa que reconozca y fortalezca a las OSC del país. La sociedad civil quiere seguir siendo interlocutora válida, opinar e incidir ante los problemas que enfrenta la nación.
