Mantener viva la memoria
Editoriales | 📰 Blog «La dignidad en nuestras manos» del Plumaje de Animal Político Web original | 📷 Imagen : CDHVitoria Por: Gisel Mateos y Ana Gómez* 📅 31 de julio de 2020 En abril de 2019 se llevó a cabo el Segundo Encuentro Internacional de Defensores y Víctimas de Graves Violaciones a Derechos Humanos1 en la Comunidad Purépecha en Arantepacua, Michoacán, surgido de la necesidad de dar seguimiento a los puntos de reflexión y acuerdos generados colectivamente durante el “Primer Encuentro”, un espacio realizado un año atrás en Asunción Nochixtlán, Oaxaca. Su objetivo fue llevar a cabo la compleja tarea de pensar en procesos de verdad, justicia, reparación integral y no repetición, desde la diversidad de necesidades, preocupaciones e intereses de las víctimas y sobrevivientes. De ahí se propuso y generó la articulación denominada “Segundo Encuentro”, compuesta por personas, grupos, colectivos, comunidades y movimientos de víctimas y sobrevivientes de graves violaciones a derechos humanos para sumar desde las diversas experiencias de lucha y resistencia con un objetivo: llegar a las instituciones para abrir la puerta a la manifestación y escucha de la sentida y digna exigencia de verdad y de justicia para las víctimas y sobrevivientes del país. Así pues, el Segundo Encuentro inició entonces una serie de actividades para generar acuerdos y propuestas2 colectivas en beneficio de las víctimas y sobrevivientes, quienes conviven entre una multiplicidad de procesos de distintas violaciones graves a los derechos humanos con la agravante de la constante criminalización a través del injusto encarcelamiento y actos en contra de la seguridad e integridad física de las y los sujetos más visibles de dichas colectividades.3 Aún cuando por parte del gobierno del estado se han manifestado propuestas y llevado a cabo acciones para mitigar los impactos generados por la crisis de derechos humanos, el Segundo Encuentro se ha mantenido firme en cuanto a la necesidad de buscar espacios para ser reconocidos como sujetos activos que merecen no solamente ser escuchados, sino considerados en la construcción de propuestas relacionadas con la búsqueda de la verdad y la justicia, así como la atención a víctimas y sobrevivientes. Las exigencias colectivas de búsqueda y verdad también son replicadas en luchas individuales, tal y como lo manifestó Lourdes Mejía, defensora y madre del tesista y activista de la UNAM, Carlos Sinuhé Mejía, durante la disculpa pública dirigida a la memoria de su hijo y a su familia: “continuaré luchando por justicia, no sólo para ti: sino para todos y todas. Para que tu sangre, hijo, sirva y haya justicia porque yo te parí a la vida y tú me pariste a la lucha…”. La digna manifestación de Lourdes ejemplifica la necesidad urgente de entender la importancia que guarda el reconocimiento y la articulación, ya que hacen que el dolor y la lucha cobren sentido cuando se hace eco de las exigencias y existe una colectividad dispuesta a caminar de la mano, nombrando a quienes no están, pero no se olvidan y que se hacen presentes en cada manifestación, reunión, encuentro e interlocución con las autoridades. Ahora bien, las articulaciones de víctimas y sobrevivientes se encuentran en un contexto nuevo: la imposibilidad de buscar espacios de participación y encuentro debido a la crisis sanitaria que ha generado impactos negativos a las personas que buscan con urgencia dar seguimiento a sus procesos de justicia. Aunado a esto, existen implicaciones inmediatas derivadas de la pandemia que recrudecen el desgaste económico y psicoemocional previo, debido a la falta de acceso a medidas que les permitan sostener los diversos procesos de exigencia de justicia. Lo anterior obliga a las articulaciones de víctimas y sobrevivientes a repensar nuestras formas de lucha y de exigencia para hacer frente a los obstáculos y nombrar a quienes no están, un ejemplo: la marcha virtual organizada por las madres y familiares de personas desaparecidas, actos de memoria en nombre de las víctimas, y asambleas virtuales para invitar a la reflexión y colocar sus necesidades en el centro de la agenda de las autoridades a fin de que éstas sean atendidas de forma urgente e inmediata. Ante este panorama y los recientes hallazgos de las investigaciones realizadas por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, surge la oportunidad para que el Estado mexicano aprenda de las lecciones de impunidad recogiendo las aportaciones y experiencias de las víctimas y sobrevivientes para impulsar estrategias de fortalecimiento de las instituciones en materia de procuración y administración de justicia. Así como a realizar acciones dirigidas al esclarecimiento, el conocimiento de la verdad y la atención integral a las víctimas a fin de que las autoridades de los tres órdenes de gobierno logren coordinarse “…colocando en el centro de la atención el derecho de las víctimas a conocer la verdad de los hechos, con un trato digno y respetuoso…”, tal como manifestó el subsecretario y presidente para la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, Alejandro Encinas. Si bien estos retos se presentan en medio de una crisis de derechos humanos que se acentúa con la emergencia sanitaria, representan también una oportunidad para entablar un diálogo entre las instituciones gubernamentales y las articulaciones de víctimas y sobrevivientes para solventar una deuda histórica que todavía no ha sido atendida: el reconocimiento del papel fundamental de las víctimas y sobrevivientes en la construcción de un régimen democrático y justo cuando estas visibilizan su digna y continua exigencia para mantener viva la memoria que tanto hace falta a la sociedad para clamar justicia y decir: ¡ya basta! ______ 1 Encuentro Arantepacua. 2 Por una verdadera justicia para todas las víctimas del país. 3 Mensajes y acuerdos del 2do Encuentro. * Ana Gómez y Gisel Mateos son colaboradoras del CDHVitoria.
Verdad y justicia
Editoriales | 📰 Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada Web original | 📷 Imagen : Jorge Aguilar Por: Miguel Concha Sábado 📅 20 de junio de 2020 Ayer se cumplieron cuatro años de los actos de represión y las violaciones graves a derechos humanos perpetradas por elementos de las policías estatal y Federal, y la entonces Gendarmería, en contra de integrantes de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), familiares y personas pertenecientes a la comunidad de Asunción Nochixtlán, Oaxaca, quienes se pronunciaban en oposición a la reforma educativa promovida en el sexenio del ex presidente Enrique Peña Nieto. Aunque el gobierno de Oaxaca afirmó que dichos actos respondían al desalojo del bloqueo de la carretera federal en la que se encontraban los manifestantes aquella mañana del domingo 19 de junio de 2016, gracias a varias fuentes periodísticas se pudo evidenciar que el operativo respondió más bien a un mecanismo de desarticulación social empleado por el Estado. Y ello mediante el uso desproporcionado e injustificado de la fuerza, el cual incluyó la detonación de armas de uso exclusivo del Ejército en contra de quienes se manifestaban. El operativo resultó en la privación de la vida de ocho personas: Yalid Jiménez Santiago, Anselmo Cruz Aquino, Jesús Cadena Sánchez, Óscar Luna Aguilar, Omar Gonzáles Santiago, Óscar Nicolás Santiago, Silvano Sosa Sánchez y Juan Galán Mendoza, así como en la detención arbitraria de numerosas personas, y otras más que resultaron heridas de gravedad. A raíz de los hechos ocurridos, familiares de las víctimas y sobrevivientes y miembros de la sección 22 de la CNTE protestaron con la finalidad de que se investigara y sancionara a los responsables materiales de la masacre de Nochixtlán, enfatizando en el esclarecimiento de la verdad en cuanto a la participación de altos funcionarios públicos de los ámbitos estatal y federal. Ello no obstante, y ante la indolencia e impunidad por parte de las autoridades encargadas de investigar y sancionar a los responsables, se inició el doloroso y arduo camino por la búsqueda de la verdad y el acceso a la justicia por parte del Comité de Víctimas por Justicia y Verdad 19 de Junio (Covic), con la finalidad de impulsar las líneas de investigación propuestas por las víctimas y sobrevivientes, de la mano con otros movimientos sociales, organizaciones de la sociedad civil, colectivos y grupos de víctimas. De esta manera, no sólo se impulsó la exigencia de verdad y justicia en el proceso de la comunidad de Nochixtlán, sino que también se comenzó a exigir a las autoridades una respuesta integral en función de los intereses y necesidades de las víctimas y sobrevivientes, bajo la consigna de reclamar justicia para todas las víctimas y sobrevivientes del país. Consigna que fue retomada en el primer y segundo Encuentro Internacional de Defensores y Víctimas de Graves Violaciones a Derechos Humanos, que durante 2018 y 2019 realizaron foros y espacios de participación convocados por el Covic y diversos actores de la sociedad civil. Con ello se generó una articulación de personas, colectivos, comunidades, movimientos sociales, organizaciones de víctimas y sobrevivientes de violaciones graves a derechos humanos, quienes a partir de entonces se autodenominan como Segundo Encuentro, y se identifican con el lema de Justicia para todas las víctimas y sobrevivientes del país, como principal objetivo de la articulación. Gracias a la movilización que llevó a cabo a mediados de abril de 2019, el Segundo Encuentro impulsó mesas de trabajo con diversas autoridades federales. Cabe mencionar que dichas mesas son producto de amplios espacios de participación, en los que se han acordado propuestas y estrategias colectivas, en función de las exigencias de quienes integran el Segundo Encuentro. Ahora bien, es importante señalar que para dar seguimiento a las acciones de exigencia de las víctimas y sobrevivientes en el contexto de la pandemia que hoy se vive, que por su propia naturaleza ha impactado de diversas maneras en los espacios organizativos, el pasado jueves, en el marco de la Jornada de Actividades de Conmemoración por la Lucha y Resistencia de las Víctimas y Sobrevivientes del 19 de Junio. Cuatro Años sin Verdad y sin Justicia, se realizó una asamblea virtual de víctimas. Por esto es necesario hacer un amplio reconocimiento al impulso que este tipo de alternativas dan en continuidad a la búsqueda tan sentida de verdad, justicia, reparación y no repetición por parte de las víctimas y sobrevivientes de violaciones graves a derechos humanos, ya que a pesar de todos los obstáculos y circunstancias adversas, implican un notable esfuerzo colectivo por sostener los movimientos organizativos de base, y por resignificar los diversos procesos de lucha y resistencia.
Justicia transicional: deuda pendiente en México
Editoriales | 📰 Blog «La dignidad en nuestras manos» del Plumaje de Animal Político Web original | 📷 Imagen : Angélica Díaz Por: CDH Vitoria 📅 22 de mayo de 2020 Los países que transitan de regímenes autoritarios con un significativo uso de sus fuerzas armadas contra la población hacia gobiernos que apuntan a ser democráticos, han implementado mecanismos ordinarios y extraordinarios que buscan investigar la verdad sobre las violaciones graves a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad cometidos en el pasado. Se han creado instituciones y leyes con el fin de sancionar a los responsables. Se ha aspirado a que víctimas y sobrevivientes, así como familias y comunidades afectadas accedan a medidas que reparen los daños a la par que los Estados garanticen que hechos similares no se repitan. Las leyes, instituciones, comisiones integradas por víctimas y sociedad civil creadas para tales fines han sido llamados, al cabo de los años, procesos de Justicia Transicional con cuatro ejes fundamentales: verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. En el caso de México, durante el año 2000 con el término de setenta años aproximadamente de gobiernos del mismo partido político, el gobierno alternante instaló un mecanismo extraordinario del que se esperaba atendiera algunas de las exigencias históricas y sentidas para la población. En el 2002 se creó la Fiscalía especial para movimientos sociales y políticos del pasado (FEMOSPP), para conocer la verdad sobre la perpetración de crímenes cometidos contra grupos, comunidades y movimientos sociales durante la segunda mitad del siglo XX en varias regiones del país, así como identificar y sancionar a los responsables en los distintos niveles. También durante ese sexenio se creó la Comisión de la verdad del estado de Guerrero (Comverdad); posteriormente en el año de 2015, como mecanismo de justicia alternativa, se creó la Comisión de la Verdad de Oaxaca. Es cierto que estas experiencias informaron que hubo una política de Estado que atentó sistemáticamente contra la integridad y la vida de participantes y líderes de distintos movimientos sociales en distintas épocas, aunque también es cierto que no se ha esclarecido la responsabilidad de los altos funcionarios del gobierno ni de las fuerzas de seguridad, al igual que la reparación integral para el total de las víctimas ha sido mínima. Además que en los sexenios siguientes las violaciones graves a los derechos humanos y el clima de violencia generalizada no ha cesado. A este último respecto, el gobierno federal electo en 2018 abrió una nueva expectativa para acceder a una política de justicia transicional como uno de sus principales ejes de gobierno, construida desde la participación efectiva de las decenas de miles de víctimas en el país. Asimismo, los primeros meses de la actual administración fueron de apertura para las colectivas de víctimas, organizaciones de la sociedad civil y academia que durante décadas han acompañado a las víctimas y sus colectivas, así como desarrollado un trabajo de documentación y discusión constante sobre las violencias extremas ejercidas diferenciadamente contra los distintos grupos de la sociedad (mujeres, comunidades indígenas, campesinos, estudiantes, entre otros), importante para la comprensión y transformación de las condiciones estructurales. Sin embargo, poco después del primer año de este sexenio en varias ocasiones el diálogo se ha tornado insuficiente, mientras que la creación de mecanismos extraordinarios que permitan conocer la verdad, acceder a la justicia y reparación integral, y garantías de no repetición ha sido para pocos casos. Las cifras más recientes conocidas sobre violencia y violaciones graves a los derechos humanos muestran que durante el actual sexenio prevalece la violencia feminicida, la desaparición de personas, la persecución y ejecuciones extrajudiciales contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas, así como distintos actos represivos por parte de algunos agentes del estado en contra de estudiantes normalistas y movimientos sociales. Con el empuje incesante de las víctimas, en este sexenio se han construido, por y desde sus necesidades, instancias como la Comisión Presidencial para la Verdad y el Acceso a la Justicia para el caso Ayotzinapa y la aprobación del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF). Sin embargo, instituciones creadas en sexenios anteriores que buscan favorecer el ejercicio pleno de los derechos humanos de las víctimas, como la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM), la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) o el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, junto con otros mecanismos creados en los últimos veinte años, son insuficientes para afirmar la existencia de una justicia transicional efectiva en México. Asimismo, la capacidad de las instancias de administración y procuración de justicia no ha permitido investigaciones en que se pueda conocer quiénes han sido los altos mandos responsables en los distintos casos de violaciones a graves a los derechos humanos, así como las circunstancias sociales y políticas que los sucitaron, en consecuencia tampoco se han llevado a cabo procesos donde se sancione a los perpetradores en todos los niveles de responsabilidad, persistiendo un clima de impunidad. Es el mismo caso para la implementación de medidas satisfactorias para resarcir los daños sufridos por las personas y las comunidades. Para que sea palpable la transición de gobierno a un régimen democrático y justo en México es indispensable el diseño de políticas públicas comprometidas en asegurar la construcción de procesos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, en un diálogo y participación constantes con víctimas, organizaciones de la sociedad civil y academia. Hasta entonces, la insuficiente respuesta del Estado mexicano se acumulará en la deplorable deuda histórica.
Gobierno de Michoacán niega acceso a apoyos alimentarios a comunidades P’urhépecha de Michoacán
Comunicados | Adhesiones del CDHVitoria | 📷 Imagen : Web 📅 18 de mayo de 2020 Sin tomar en cuenta los enfoques de derechos humanos y el diferenciado, se negó el acceso al apoyo alimentario a las personas de comunidades P’urhépecha del estado de Michoacán. El gobernador del estado de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo se comprometió a otorgar apoyos alimentarios a la población vulnerable del estado de Michoacán, de acuerdo con el anuncio que realizó el 20 de abril del presente año. En el mismo sentido el pasado 15 de mayo en conjunto con los gobernadores de Tamaulipas, Colima, Durango, Nuevo León y Coahuila, Aureoles Conejo señaló que solicitaría a la federación la devolución del monto invertido por su gobierno en material médico y por el plan alimentario para las personas que han perdido sus ingresos. Ante lo decretado en el estado de Michoacán, el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria AC y la Red Solidaria de Derechos Humanos, suscribimos un pronunciamiento fechado el 23 de abril de 2020[1] en el que la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para todas y todos” (Red TDT) señalaba con preocupación que en el decreto no se consideraba dentro de la población beneficiaria del Plan Alimentario a los pueblos originarios del estado de Michoacán. No obstante, esta omisión, varias de las comunidades a las que las organizaciones firmantes acompañamos, hicieron de nuestro conocimiento que habían solicitado apoyo alimentario para sus poblaciones, señalando que se les había negado el acceso a dichos beneficios pues para obtenerlos les eran requeridos documentos que acreditaran que formaban parte de alguna población vulnerable, haciendo evidente que el Plan Alimentario antes mencionado, carece de un enfoque de derechos humanos y del necesario enfoque diferenciado para atender las necesidades de la población indígena. Ante el contexto de pandemia que en varios municipios de la región P’urhépecha implica el incremento de contagios, hacemos un llamado a las autoridades estatales para que de manera inmediata y sin condiciones, provean de apoyos alimentarios a las personas de los pueblos indígenas que así lo soliciten. Además, ante lo declarado por el gobernador el 15 de mayo, solicitamos se haga de conocimiento público la forma en que se ha utilizado el recurso destinado al Plan Alimentario, especificando cuánta de la población beneficiaria forma parte de los pueblos indígenas que habitan en Michoacán. [1] https://redtdt.org.mx/?p=15430 ATENTAMENTE Red Solidaria, IMDEC A.C. y Centro Vitoria
Verdad y justicia para Manuel Gaspar
El 14 de mayo de 2020 se cumplen 2 dos años de que fue brutalmente torturado y asesinado el compañero Manuel Gaspar Rodríguez, en Cuetzalan del Progreso, estado de Puebla.
Pronunciamiento por las amenazas contra compañeros del COVIC de Nochixtlán, Oaxaca
Como Segundo Encuentro Internacional de Defensores y Víctimas de Graves Violaciones a Derechos Humanos nos pronunciamos con firmeza contra esta amenaza de muerte hacia nuestros compañeros, y responsabilizamos públicamente a los funcionarios estatales y federales que ahora están siendo investigados por la Fiscalía General de la República por el caso Nochixtlán
Una deuda pendiente de verdad y justicia
Editoriales | 📰 Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada Web original | 📷 Imagen : 2do Encuentro Por: Miguel Concha Sábado 📅 28 de marzo de 2020 Hoy se cumplen tres años de las agresiones cometidas por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán contra la comunidad purépecha de Arantepacua, ubicada en el municipio de Nahuatzen. Ante la detención arbitraria de 38 de sus integrantes el 4 de abril de 2017, justo después de una reunión con la Secretaría de Gobierno del estado –con la que se buscaba una solución amistosa respecto a la delimitación territorial entre las comunidades de Arantepacua y Capácuaro– ese operativo reprimió el derecho a la protesta de la comunidad. Dichas agresiones dieron como resultado también la violación grave a los derechos humanos y las ejecuciones extrajudiciales de José Carlos Jiménez Crisóstomo, Francisco Jiménez Alejandre, Santiago Cristiano Luna y de un joven menor de 18 años, Luis Gustavo Hernández Cohenete. Después de actos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte de los policías de la entidad; otras personas fueron igualmente lesionadas, detenidas arbitrariamente y vulneradas en su integridad física y sicológica. A raíz de las violaciones graves a sus derechos humanos, la comunidad de Arantepacua buscó, como una forma de hacer justicia, y ante la impunidad e indolencia de las autoridades estatales encargadas de garantizar sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición y su derecho a la libre autodeterminación por medio de la designación del Consejo de Autoridades Comunales. Y de esta manera, las autoridades comunales e integrantes de la Comisión de Justicia de la comunidad de Arantepacua se vincularon con otras víctimas, organizaciones, colectivos y movimientos sociales, con la finalidad de exigir una verdadera justicia no sólo para su comunidad, sino para todas las víctimas y sobrevivientes del país. Lo cual originó la articulación del segundo Encuentro Internacional de Defensores y Víctimas de Violaciones Graves a los Derechos Humanos, celebrado en abril de 2019, precisamente en Arantepacua, Michoacán. Derivadas de los acuerdos de este segundo encuentro, se realizaron diversas movilizaciones pacíficas ese mismo año, tanto en la capital de Michoacán, como en la Ciudad de México, para impulsar mesas de trabajo en el ámbito federal, con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de Gobernación; el Mecanismo de Protección Para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, estas dos últimas instancias adscritas a la Subsecretaría mencionada. A pesar de que las gestiones realizadas por parte de la Comisión de Justicia de Arantepacua han buscado siempre la reivindicación de la memoria, así como la búsqueda de la verdad y la justicia para la comunidad, a través de la apertura de mesas de interlocución con distintas autoridades, estas últimas se han quedado cortas para atender y responder adecuadamente a las necesidades de las víctimas y sobrevivientes, quienes, dicho sea de paso, siempre deben ser reconocidas como colectividad, debi-do a las especificidades culturales de Arantepacua, en tanto comunidad indígena purépecha. A ello también se suma la falta de mecanismos generales que propicien la participación de las víctimas bajo un esquema de horizontalidad, mismo que les permita desarrollarse como sujetos de derechos capaces de generar propuestas dirigidas a obtener no sólo verdad y justicia, sino también a retomar y reconstruir sus proyectos de vida. En este sentido, es necesario enfatizar que el acceso a la justicia es el pilar fundamental de todo estado de derecho, independientemente del contexto por el que la nación atraviese, ya que es reconocido como una norma de ius cogens (derecho imperativo o necesario) en el contexto del derecho internacional de los derechos humanos; por ejemplo, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (https://bit.ly/39yFCxH). Por lo que el Estado mexicano debe emplear todos los recursos necesarios para garantizar la justiciabilidad, disponibilidad, accesibilidad, calidad, rendición de cuentas, así como un recurso sencillo y efectivo, como parte del cumplimiento de los componentes esenciales del derecho de acceso a la justicia. Y con ello evitar prácticas que tiendan a denegar y limitar su acceso a las víctimas. Por lo expuesto anteriormente, y aprovechando el llamado que ha lanzado el Estado mexicano a la organización social y a la solidaridad ante el actual estado de emergencia sanitaria para atender y salvaguardar la vida de la población que vive y transita por el país, se exhorta igualmente a las autoridades de todos los ámbitos y niveles, y a la sociedad en general, a reflexionar sobre la necesidad de extender dicho llamado para acompañar especialmente a las víctimas y sobrevivientes, así como a grupos, pueblos y comunidades que han sido afectados por la desigualdad, la violencia y las injusticias, como única vía para la construcción y materialización de la justicia social.
Movimientos sociales y derechos humanos
Sábado 29 de febrero de 2020 Miguel Concha Ayer, 28 de febrero, tuvo lugar, en la sede del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), el Encuentro Nacional de Usuarios (en adelante Encuentro), convocado principalmente por la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica (Anuee). Estuvieron presentes varios de los movimientos sociales más importantes del país, entre ellos el SME, la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores, la Coordinadora Nacional de Trabajadores por la Educación, Agua Para Todos, Agua Para la Vida y la propia Anuee, quienes se reunieron con un propósito perfectamente definido: construir un gran movimiento nacional que genere un plan de acción común frente a la difícil y compleja coyuntura actual. Todos estos movimientos sociales nos han enseñado el fuerte potencial emancipatorio y liberador de las luchas populares que realizan los movimientos sociales de base; aquellos que vienen desde abajo y dejan de ser espectadores, para convertirse en protagonistas de la historia. Sobre todo en momentos de conflictos históricos, cuando están en juego derechos fundamentales. De ahí que el sociólogo francés Alain Touraine haya dicho en alguna ocasión que un movimiento social es la conducta colectiva organizada de un actor que lucha en una colectividad concreta por la dirección social de la historicidad contra su adversario. Debido a esto, el pueblo de México ha contraído una deuda con movimientos sociales como la Anuee o Agua Para Todos, porque, como ha señalado Geoffrey Pleyers, que como sociólogo ha analizado muy de cerca los movimientos sociales en México y Latinoamérica, sus luchas de resistencia y rebeldía son un rayo de esperanza, ya que no sólo buscan bienes particulares, sino sobre todo comunes que beneficien a muchas más personas. Por ejemplo, una tarifa social justa, en lo que respecta al suministro de la energía eléctrica o el acceso equitativo y sustentable al agua. Y por ello también luchan contra las injusticias, la represión, el autoritarismo y el conservadurismo, diseminados en gran medida por las redes de complicidad entre el Estado, las empresas y el crimen organizado. Es importante señalar que los movimientos sociales, con características como las de aquellos que asistieron al Encuentro, desafían frontalmente el orden establecido por el capitalismo en su fase neoliberal y enfrentan la apatía, la indiferencia, las descalificaciones, el rechazo, los prejuicios y la discriminación de diversos sectores, entre ellos la extrema derecha, movimientos neofascistas y autoridades que, en sus diferentes niveles de competencia, les endilgan estereotipos como revoltosos, flojos, problemáticos, “ chairos”, conservadores. Según Pleyers, las luchas de los colectivos sociales intentan responder a una eterna pregunta: ¿cómo cambiar el mundo?, y en el caso mexicano lo hacen especialmente en un contexto de violencia sistémica y sistemática que, aunado a otros de los grandes problemas estructurales, ha desencadenado una crisis humanitaria y de derechos humanos sin igual en un México en llamas. Es decir, en un México feminicida, en el que mueren 10 mujeres al día y donde existen más de 60 mil personas desaparecidas y casi 300 mil asesinadas, por citar sólo algunas referencias. Así pues, frente a esta crisis humanitaria y de derechos humanos que está desgarrando al país, y de cara al orden hegemónico y patriarcal, los movimientos sociales siguen representando una alternativa, a partir de la cual es posible imaginar otros mundos posibles, que pueden también construirse de la mano de los derechos humanos, sobre todo si son vistos por los colectivos como herramientas efectivas de exigibilidad y justiciabilidad, y como medios de lucha y emancipación. Retomando una idea desarrollada por investigadoras como Sandra Serrano García, los movimientos sociales tienen ante ellos la posibilidad de desempacar los derechos humanos para ponerlos en acción, pero no desde perspectivas capitalistas, patriarcales y coloniales, sino a partir de comprensiones y usos críticos, alternativos y contrahegemónicos, porque entendidos y empleados de esta manera tendrán un papel transformador y una gran capacidad catalizadora para propiciar las condiciones mínimas de emancipación y reivindicación, debido a que los derechos humanos también son una fuente de energía radical para las luchas de los colectivos sociales. Finalmente, como señala Boaventura de Sousa Santos, bajo ninguna circunstancia podemos permitirnos desperdiciar ninguna de las genuinas experiencias de indignación de los movimientos sociales, como es el caso del plan de acción conjunto realizado en el Encuentro, porque están orientadas a reforzar la organización y la determinación de todas y todos los que no han abandonado la lucha por una sociedad más digna, democrática y equitativa, con paz, justicia y dignidad para todas las personas que habitan o transitan por el país. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Angélica Díaz Molina
Resultados de la Misión Civil de Observación: Autonomía Purépecha, violencia y criminalización.
Del 17 al 19 de febrero, organizaciones de la sociedad civil y periodistas, realizamos una Misión Civil de Observación (MCO) en la Meseta Purépecha del estado de Michoacán, con el objetivo de conocer los procesos de las comunidades en el ejercicio de la libre determinación y autonomía, y documentar las graves violaciones a derechos humanos de los que han sido víctimas. La Misión (MCO) permitió un fructífero encuentro entre las comunidades de Comachuén, Sevina, Arantepacua y Nahuatzen, además de que nos permitió conocer el importante papel que han tenido las mujeres Purépechas en los procesos comunitarios: formar parte y ser reconocidas en los Concejos es el resultado de un gran esfuerzo colectivo de las compañeras. Tras la visita, los Concejos Indígenas y el propio pueblo nos han dejado ver que la violencia, ejecuciones extrajudiciales, hostigamientos, criminalización, encarcelamientos injustos, y la sistemática intervención de Celerino Cruz contra los consejos, son una práctica sistemática que se han convertido en una estrategia del Estado para desmovilizar a las comunidades y obstaculizarles el derecho a su libre determinación y autonomía. Documentamos las violaciones de derechos humanos del 4 y 5 de abril de 2017 en Arantepacua, como la ejecución extrajudicial de 4 personas (entre ellas un menor de edad), uso excesivo de la fuerza pública, allanamiento, detención arbitraria de 48 comuneros (con tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes durante su detención) y faltas al debido proceso. Hasta ahora, a casi 3 años de los hechos, las familias de las personas ejecutadas extrajudicialmente y la comunidad profundamente afectada, no han tenido acceso a la justicia y reparación, al contrario, siguen siendo víctimas de hostigamientos y amenazas. En Nahuatzen, el Concejo Ciudadano Indígena enfrenta un proceso de criminalización e intimidación mediante el encarcelamiento de dos Concejales, José Antonio Arreola y José Luis Jiménez, y un comunero, Gerardo Talavera; además de órdenes de aprehensión que mantienen en incertidumbre a dos concejales más. A estas situaciones se suman las agresiones perpetradas por actores de las fuerzas de seguridad púbica, así como la difamación y descrédito constante de su trabajo como Concejo. Estos actos violentos por parte de autoridades estatales y municipales, tienen el objetivo de desarticular la autoridad tradicional e impedir el ejercicio de su derecho a la autonomía comunitaria. En Comachuén hay actores comunitarios vinculados con el sistema de partidos y diversos funcionarios públicos que han intentado inhibir la participación de las mujeres en el Concejo, argumentando que no tienen derechos ni capacidades para cumplir con sus funciones. Esto ha implicado un constante cuestionamiento al gobierno comunitario, caracterizado por la gestión participativa y la buena administración de los recursos, a pesar de la retención ilegal del presupuesto por parte del Ayuntamiento. Muestra de ello es que el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán ha ordenado la celebración de una asamblea el próximo domingo 23 de febrero para ratificar a las autoridades tradicionales, sin tener ningún fundamento legal y a pesar de que al Concejo le restan 2 años de administración. La comunidad de Sevina está impulsando un proyecto comunitario integral que implica un gobierno propio, recuperación de la lengua materna y capacitación a la comunidad para ejercer funciones públicas, entre otros. Fruto de esto, la sala regional de Toluca emitió una sentencia dictando que la comunidad tiene derecho a administrar sus recursos de manera directa, a pesar de esto no les fue entregado lo correspondiente a 2019, afectando la administración del Concejo y el acceso a servicios para la comunidad. Este año, ya les ha sido entregada una parte del ejercicio 2020. A estas trabas presupuestales para el ejercicio del Concejo, y al igual que en las otras 3 comunidades, se suman descrédito y cuestionamiento de las capacidades y poder de decisión de las mujeres para ejercer sus labores como concejalas. La Misión Civil de Observación, manifiesta su preocupación ante un posible escalada de violencia y hace un llamado a las autoridades estatales, municipales y federales para que: La Fiscalía General del Estado realice las investigaciones correspondientes para que las familias de las personas ejecutadas extrajudicialmente en Arantepacua, tengan acceso a la justicia, reparación integral de los daños, medidas de no repetición y que se castigue a los culpables. La libertad para los presos políticos de Nahuatzen y el retiro de las dos órdenes de aprehensión contra los dos concejales, así como el cese a la persecución, hostigamiento y actos violentos contra el Concejo Ciudadano Indígena. Que se cumpla con la entrega puntual y directa del presupuesto para las comunidades, sin intervención del Ayuntamiento de Nahuatzen. Respeto a los derechos políticos de las mujeres y cese de las agresiones y actos de intimidación de quienes ejercen su derecho a ser autoridades y a trabajar por la libre determinación de sus comunidades. El cese a las consultas y concejos impuestos que intentan desacreditar y desarticular los procesos de autonomía comunitaria y que se garanticen las condiciones mínimas de seguridad para la consulta que se llevará a cabo este 23 de febrero en Comachuén. Que el Tribunal Electoral actúe bajo los más altos estándares internacionales Que el Gobierno del Estado tenga disposición al diálogo con los Concejos Indígenas de las comunidades La destitución de aquellos servidores públicos que fomentan la corrupción y el mal uso de los recursos públicos en las comunidades. Y el cese al las prácticas sistemáticas de hostigamiento y criminalización de las comunidades que impiden el derecho de las comunidades a ejercer su libre determinación y autonomía. Atentamente Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria Red Solidaria de Derechos Humanos Instituto Mexicano Para el Desarrollo Comunitario, A.C. (IMDEC) Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (conformada por 86 organizaciones en 23 estados de la República mexicana) Servicios y Asesorías para la Paz, A.C. SERAPAZ [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Foto destacada: Red TDT [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget]
El derecho a la verdad
Sábado 25 de enero de 2020 Miguel Concha El pasado jueves inició la Caminata por la verdad, justicia y paz, convocada por el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), integrantes de la familia LeBarón, y otras y otros activistas. La Caminata partió de la Paloma de la Paz, en Cuernavaca, llegó ayer a la Ciudad de México, y mañana domingo arribará a Palacio Nacional para pedirle al Presidente, a pesar de su negativa a recibirla, por lo menos tres cosas: volver a colocar la agenda de verdad, justicia y paz como prioridad del país; construir desde esta agenda una política sólida de Estado, y llamar a la unidad para que, en torno a la verdad y la justicia, todas y todos nos aboquemos a esta tarea. Semanas atrás el poeta y activista Javier Sicilia profirió una afirmación que se ha convertido en una de las grandes críticas del MPJD contra la política de seguridad y búsqueda de la paz del gobierno: “Sin verdad […] no habrá jamás justicia ni paz ni seguridad, mucho menos reconciliación ni la amnistía con la que sueña el Presidente […] no habrá tampoco transformación, no habrá vida política. Lo que habrá es más violencia, más dolor, más olvido, más impunidad, más muerte y más fosas”. Dado que la verdad es el punto de partida de la agenda propuesta por el MPJD, en tanto uno de los principios de la también llamada y debatida justicia transicional, centraremos nuestras reflexiones desde el horizonte del derecho a la verdad. Adecuando una idea del filósofo griego Aristóteles, consideremos que la verdad puede decirse o entenderse de muchas maneras, una de ellas bajo la perspectiva de los derechos humanos. Ahora bien, ¿qué es el derecho a la verdad? A este respecto la Ley General de Víctimas señala que todas las víctimas en México, sus familiares y la sociedad en general tenemos el derecho de conocer los hechos constitutivos de un delito y de las violaciones a los derechos humanos, la identidad de las y los responsables, y las circunstancias que hayan propiciado su comisión. El derecho a recibir información específica, participar activamente en la búsqueda de la verdad y al mismo tiempo a expresar nuestras opiniones y preocupaciones. En contraparte, el Estado tiene la obligación de generar mecanismos para la investigación independiente, imparcial y competente, la cual busca principalmente el esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos, la reivindicación de los derechos de las víctimas, la recuperación de la memoria histórica, la determinación de la responsabilidad individual o institucional de los hechos y la superación de la impunidad. Y por lo que se refiere a instrumentos foráneos, la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, ratificada por México en 2008, expresa que el derecho a la verdad obliga al Estado a iniciar investigaciones y a prevenir y sancionar actos que obstaculicen averiguaciones en casos de violaciones a derechos humanos. A su vez, el Informe sobre el derecho a la verdad, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (A/HRC/15/33) habla de los mecanismos de protección de testigos, víctimas y otras personas en los procesos de investigación que pretenden esclarecer diversas violaciones a derechos humanos. En tanto, la resolución 12/12 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU reconoce la importanciade preservar la memoria histórica en casos de violaciones y violaciones graves a derechos humanos. Pese a la existencia de estos y otros instrumentos, nacionales e internacionales, en materia de derechos humanos, constatamos que el derecho a la verdad tiene limitaciones considerables en México, debido, entre otras causas, a los altos niveles de corrupción e impunidad, a las redes de macrocriminalidad, en las que participan delincuentes, funcionarios, políticos y empresas, y a las fallas estructurales en las instituciones que administran y procuran justicia. Y así, de cara a una aparente justicia transicional gubernamental sin transición, ya que sólo se atienden situaciones particulares o casos aislados, no se generan todas las condiciones para que haya una transición completa y radical, la cual transforme normativa y estructuralmente el orden social y político del país. Y ante la falta de políticas integrales y sólidas de Estado para enfrentar y erradicar la crisis actual de derechos humanos, es vital implementar procesos de verdad, justicia, reparación y no repetición por medio de mecanismos efectivos (ordinarios y extraordinarios) que atiendan las causas y consecuencias de las violencias sistémicas, sistemáticas y extremas, privilegiando la participación de las víctimas y sobrevivientes, y articulando a organizaciones de la sociedad civil, la academia, los movimientos sociales, los periodistas, las personas defensoras de derechos humanos, la iniciativa privada y las autoridades. Sin verdad difícilmente habrá acceso a la justicia, reparación integral del daño y garantías de no repetición para las miles y miles de víctimas y sobrevivientes en la nación. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Jorge Aguilar
