Resistencia LGBT+, defender nuestras vidas
Editoriales | Blog «La dignidad en nuestras manos» del Plumaje de Animal Político Web original | Imagen : Web Por: Jorge Luis Aguilar y Leslie Joryet 11 de septiembre de 2020 De algunos meses a la fecha han resaltado en medios diversos casos de asesinatos a personas LGBT+ en nuestro país, y aunque las latitudes son distintas, los crímenes están emparentados por las evidentes señales de violencia y saña con las que quien les atacó buscó imprimir su odio en los cuerpos de las víctimas. No sabemos quiénes son los o las culpables, pero las notas periodísticas enuncian disparos con armas de fuego, mutilaciones, arrollamientos e incineraciones como formas de tortura; que, además, de forma similar a como se ha insistido al hablar sobre uno de los signos que distinguen a la forma más extrema de violencia contra las mujeres -un feminicidio- muchos de estos ataques también terminan con los cuerpos de las víctimas abandonados en vía pública, como si de basura se tratara, intentando evidenciar el grito del perpetrador de “tú no vales nada”. En pleno 2020 persiste la discusión de si algunas personas son válidas y otras no, en donde las diversas formas del rechazo a la diferencia se cobijan del sistema cultural patriarcal que en ciertos casos discrimina y excluye sistemáticamente, en otros arrebata de manera violenta la propia vida y bajo otras formas ofrece a través de lo que podría ser considerado como tortura, la supuesta “cura” ante lo que por pura semántica es, entonces, lo “desviado”, lo “enfermo” o lo “anormal”. La discusión es tan añeja como argumentar si alguien tiene el derecho de votar, de sentarse en la parte de enfrente de un autobús o si puede vestirse como su identidad le dicte. Las personas activistas y organizaciones no se han quedado con los brazos cruzados, pues los avances, sobre todo en la visibilización de las realidades a las que día a día enfrenta el colectivo, han empujado enormes logros y transformaciones en el país, pero que a su vez, esa visibilidad y presencia en muchos de los casos genera un reflujo, una respuesta de una tendencia conservadora que nos tornó más vulnerables al odio en el contexto de una cultura que permite la impunidad y que hasta nuestros días se opone a todo aquello que se salga de o se revele a la norma cisgénero-heterosexual. De frente a una discusión que implica dos creencias que se oponen y chocan, las autoridades casi siempre se han visto rebasadas por la realidad y prefieren minimizar la gravedad de las circunstancias. En México fue necesaria una serie de protestas en diversos estados, huelgas de hambre e incidencia en diversos niveles para conseguir que algunas Fiscalías se comprometan a dar seguimiento a los crímenes evidentemente impregnados de odio que nos sacuden día tras día, sin esas voces sería aún más probable que los asesinatos de Mireya Rodríguez en Chihuahua, de Jonathan Santos y Julie Torres en Jalisco, de Javier Eduardo Pérez y de Elizabeth Montaño en Morelos, de Gabriela Reyes en Tabasco, de Samantha Rosales en Puebla y de Jeanine Huerta en Baja California, entre otros que difícilmente conoceremos, queden en la impunidad. ¿Cómo saber si los ataques, en algunos de los casos, fueron motivados por su activismo? ¿Cómo diferenciar un homicidio a un crimen de odio? ¿Por qué no es ocioso reconocer de manera clara cuando los asesinatos implican agravantes en ese sentido? ¿Cómo dejar en el pasado narrativas que de manera casi automática responsabilizan a las propias víctimas de que les hayan arrebatado la vida de esas formas inhumanas? ¿Cómo dejar de encuadrar investigaciones en suicidios, “crímenes pasionales” y “malas amistades” a voluntad de investigadores que no saben ni quieren hacer su trabajo? ¿Por qué como siempre son las familias de las víctimas y la sociedad civil organizada en quienes parece recaer la investigación, la aportación de pruebas y todo el trabajo de las fiscalías? Avanzamos en el reconocimiento jurídico, en la prohibición de la discriminación, en medidas incluyentes que atienden obstáculos específicos como el derecho a la identidad de las personas trans, mientras al mismo tiempo se ponen sobre la mesa pendientes urgentes como la construcción de protocolos que permitan a las autoridades atender a las víctimas con el enfoque diferenciado y especializado que requieren estos crímenes. De nada sirve, tal como ocurre en los casos de feminicidios, la existencia de códigos penales que identifican la problemática pero no terminan de ser aceptados ni puestos en práctica por el personal al momento de investigar o sancionar, pues se evita reconocer por todos los medios la evidente señal de la violencia extrema a su dignidad y sus cuerpos vulnerados, acciones que a su vez, desde los perpetradores de estos crímenes, tienen la finalidad de mandar mensajes sociales de advertencia, terror y apología al machismo más destructivo y violento. Por otro lado, ¿qué ha cambiado para las personas LGBT+ con las ardientes discusiones revisionistas en redes sociales que tienden a la “cancelación” como propuesta de solución? ¿Qué sentido tiene el golpeteo constante de las pantallas de celular en puntos ciegos que a veces no tienen clara conexión con las víctimas que siguen recibiendo agresiones en la calle? Mientras los hashtags sobre declaraciones actuales y obras musicales de hace décadas se suceden uno tras otro, las noticias siguen mostrando que esa buena intención de extirpar la homofobia de la sociedad sigue siendo una batalla que convoca a poner los cuerpos en la calle, a plantar cara a las autoridades ineficientes y arrancarles compromisos de la forma en que sea necesario. Una posición justiciera que en su búsqueda de un mundo mejor atiende cruzadas de “supremacía ética” presumible en Twitter, pero apenas se atreve a tocar nociones de superficie está destinada a caducar si no profundiza en las expresiones más dolorosas de la problemática o si no ofrece una red de confianza a quienes están enfrentando la homofobia en la carne, no en la teoría. Mientras estas luchas y exigencias se generan y llevan a cabo día a día, es importante recordar que la
Mujeres migrantes
Editoriales | Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada Web original | Imagen : Peg Hunter Por: Miguel Concha Sábado 05 de septiembre de 2020 La pandemia por Covid-19 ha visibilizado y agudizado aún más la crisis migratoria en nuestro país. Según António Guterres, secretario general de la ONU, en el contexto de la pandemia las personas migrantes encaran tres crisis que se combinan en una: sanitaria, socioeconómica y de protección (https://cutt.ly/ifx8UJ0). Éstas impactan negativa y diferenciadamente en las niñas, adolescentes y mujeres migrantes que habitan o transitan por México, y cuya condición de vulnerabilidad aumenta exponencialmente las afectaciones y la violencia diaspórica que sufren, si además son población trans o padecen enfermedades. De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones, 48 por ciento de los 272 millones de personas migrantes en el mundo son mujeres. Es decir, casi 131 millones. Por ejemplo, tan sólo 412 mil 12 mujeres emigraron de Honduras a Estados Unidos durante 2019, pasando por México. Ahora bien, en su tránsito por nuestro país, las niñas, adolescentes y mujeres migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo son víctimas de violaciones a derechos humanos por parte de autoridades migratorias y de particulares. Considerando el principio de interdependencia de los derechos humanos, entre los derechos violados se encuentran la seguridad jurídica, el debido proceso, el acceso a la justicia, la libertad de tránsito, la unidad familiar, la salud, la integridad personal, la vida, los principios de no devolución, el interés superior de la niñez, y la tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes. Dicho lo anterior, resulta oportuno señalar que el Instituto para las Mujeres en la Migración, Sin Fronteras IAP y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, AC han acompañado el caso de una mujer hondureña, cuyo nombre será reservado para preservar su integridad. En julio ella y una amiga emprendieron un viaje hacia Estados Unidos, con la ilusión de rencontrarse con una de sus dos hijas, la cual fue separada de su lado sin su consentimiento por parte del padre biológico de la menor, quien se la llevó a aquel país. De esta forma pasaron la frontera y llegaron a Arizona, pero autoridades migratorias estadunidenses las detuvieron y deportaron a Ciudad Juárez, donde sus pares mexicanos las obligaron a firmar una deportación voluntaria, sometiéndolas, mediante coacción y violencia sicológica, a la figura del retorno asistido y amenazándolas con que permanecerían indefinidamente en la estación migratoria y no verían nuevamente a sus familias. Incluyendo su estancia en la Ciudad de México, desde Ciudad Juárez hasta Honduras se pudo constatar su incomunicación casi total con el exterior, así como la permanente exposición a contraer Covid-19 por el hacinamiento y las condiciones insalubres de las estaciones migratorias, e igualmente que éstas comparten características de los centros penitenciarios: desde las narrativas de detenciones sin conocer sus derechos en el proceso legal y prácticas de poder asimétricas con las que se estigmatiza a las personas por migrar o ser presuntamente responsables de un delito, sin tener la oportunidad de participar activamente en su proceso. La documentación y los testimonios de las propias víctimas permiten constatar que lamentablemente éste no es un caso aislado, sino que es un patrón estructural, ya que al realizar detenciones, retenciones indefinidas, retornos forzados y deportaciones, las autoridades migratorias mexicanas violan sistemáticamente los derechos humanos de la población migrante y solicitante de asilo, contraviniendo con ello no sólo la Constitución mexicana y la Ley de Migración, sino también el derecho internacional, destacando la Resolución 1/2020 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Convención Belém do Pará y las Observaciones Finales del Noveno Informe Periódico de México, elaborado por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, por mencionar algunos ejemplos. Saludamos los esfuerzos del Estado mexicano en materia migratoria, pero esperamos que la queja interpuesta por este caso ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos genere una recomendación con una visión estructural y no sólo casuística, para que el Estado mexicano adopte en materia migratoria una perspectiva de seguridad humana y no de seguridad nacional, la cual garantice el pleno goce y disfrute de los derechos humanos de la población migrante y solicitante de asilo, especialmente en el contexto de la pandemia. Y en cumplimiento de sus obligaciones generales y deberes específicos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, las autoridades adopten condiciones óptimas en los centros migratorios y no las simulen cuando sean supervisadas. Además, que transversalicen el principio de igualdad y no discriminación, el interés superior de la niñez, las perspectivas interseccional y de género, así como el enfoque diferenciado que considere los riesgos específicos de las niñas, adolescentes y mujeres migrantes.
Les queremos de vuelta
Editoriales | Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada Web original | Imagen : Jorge Luis Aguilar Por: Miguel Concha Sábado 29 de agosto de 2020 Mañana 30 de agosto conmemoramos el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, el cual nos convoca a expresar una palabra de solidaridad con las y los integrantes de los colectivos de familiares de víctimas de desaparición que existen en México, y en el contexto de la búsqueda de sus familiares, que realizan día a día, a mostrar apoyo a sus legítimas demandas. La lucha de estos colectivos, así como la de las organizaciones sociales defensoras de derechos humanos que trabajan coordinadamente con ellos, se ha convertido en pieza clave para descubrir rutas de salida a la todavía profunda crisis de derechos humanos en México, y a las constantes desapariciones que no paran. En México, conforme a lo que ha informado recientemente la Secretaría de Gobernación, existen más de 73 mil personas desaparecidas en el país, y la cifra sigue aumentando. Asimismo, se registran por desgracia al menos 37 mil cadáveres acumulados en instalaciones oficiales que aún no han sido identificados, así como cuerpos humanos desmembrados y fragmentos de éstos. Y, dada la falta de resultados en las instancias nacionales encargadas de investigar las desapariciones a escala federal y local, cada vez se hace necesario que las víctimas deban acudir a instancias internacionales para seguir buscando justicia y verdad. Sobre esto último, esta semana recibimos con beneplácito que el Ejecutivo federal haya ya enviado al Senado de la República su propuesta de declaración para reconocer la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada, con el fin de que éste pueda recibir y examinar las comunicaciones presentadas por personas víctimas de este delito, que se encuentren bajo la jurisdicción del Estado mexicano, o en nombre de ellas, tal como se contempla en la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, vigente para México desde diciembre de 2010. Con ese mismo ánimo, sería pertinente que la Secretaría de Relaciones Exteriores invitara sin dilación a este Comité de la ONU, que desde hace años espera conocer más de cerca la situación de las desapariciones en el país, a una visita oficial a México. Sin embargo, como han expresado los colectivos de familiares de personas desaparecidas –muchos de ellos articulados en vibrantes y activas articulaciones nacionales, como el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM)–, se requiere además ocuparse efectivamente de la política interna, e implementar acciones efectivas para hacer frente a esta crisis de derechos humanos. Por ello se ha impulsado la creación y consolidación del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, el cual ya ha sido creado por decreto el pasado marzo de 2020, en el Diario Oficial de la Federación. Ahora, en diálogo con las instituciones del Estado, los colectivos de familiares y organizaciones sociales se encuentran en los correspondientes trabajos para su efectiva implementación. La actual administración deberá hacer todo a su alcance para que este mecanismo cuente con un grupo coordinador conformado por personas expertas, preferentemente en materia forense, y con la debida participación de las familias de personas desaparecidas y organizaciones de la sociedad civil. Como hemos venido atestiguando, el impulso que los colectivos de familias dan a la agenda de derechos humanos para implementar, por ejemplo, acciones concretas que atiendan las graves violaciones a derechos humanos, en particular las desapariciones, han generado una institucionalidad que ahora debe actuar en consecuencia. Tal es el caso del Sistema Nacional de Búsqueda. Resulta interesante que en este sistema se den cita instancias del Poder Ejecutivo, así como órganos autónomos, como es el caso de la Fiscalía General de la República (FGR) y de las fiscalías locales de justicia, de las cuales se tiene grande expectativa de que presenten resultados más efectivos en materia de investigación. Será fundamental por ello, tal como lo ha comunicado el MNDM, contar con toda la participación, coordinación y voluntad de la FGR y de las fiscalías locales, para implementar adecuadamente, por ejemplo el Protocolo Homologado de Búsqueda, establecido por la Ley General en Materia de Desaparición Forzada. Por último, en el contexto de este 30 de agosto, el MNDM ha impulsado una campaña denominada #LesQueremosDeVuelta, con la que pretende visibilizar, en medio de la pandemia, vigente en buena parte del país, las exigencias y demandas de verdad y justicia, como las que hemos mencionado hasta ahora. Nos solidarizamos con ella. Para conocer más de este esfuerzo, puede ingresarse al sitio https://cutt.ly/rffEEsR Hay que agradecer siempre el esfuerzo que cientos de familias de personas desaparecidas hacen para resistir la situación de violencia, organizarse y seguir buscando a sus seres queridos. En esta ardua tarea, y para nuestra esperanza, están generando la construcción de bases sólidas para un México con verdad y justicia.
Activismo por el medio ambiente en América Latina
Editoriales | Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada Web original | Imagen : Web Por: Miguel Concha Sábado 22 de agosto de 2020 América Latina y el Caribe guardan en su historia acciones esperanzadoras en defensa de los bienes comunes,así como experiencias ejemplares en torno al cuidado de la naturaleza. Muchas de éstas son de resistencia y protección de la vida en todas sus formas frente a los reiterados intentos de despojo y violencia por parte de empresas nacionales o trasnacionales que lastiman los derechos y territorios de comunidades enteras. Desde hace décadas esta región del mundo ha estado al filo de la navaja en la disputa por la vida. Cada vez escuchamos con más frecuencia acerca de conflictos socioambientales, en los que efectivamente se pone en juego la transformación desde abajo y la posibilidad de avanzar hacia un paradigma basado en el respeto de la madre naturaleza. Para estos tiempos complejos de pandemia se hace deseable reflexionar sobre los retos que para el cuidado y defensa de la vida nos presenta el siglo XXI. Ayuda conocer de manera directa las experiencias de lucha de comunidades, pueblos, colectivos y organizaciones sociales, por los diversos medios con los que contamos, ya sean impresos, presenciales o digitales. Por ello, es una buena noticia comentar e invitar a la lectura de un nuevo libro sobre el uso alternativo y crítico de los derechos humanos en la defensa de los bienes comunes, medio ambiente y cuidado de la vida. Me refiero al texto Activismo, Medio Ambiente y Derechos Humanos en América Latina, editado por la Universidad de Cuenca, Ecuador, coordinado por Sandra Hincapié y Julio Teodoro Verdugo, que se puede descargar libremente en https://cutt.ly/Jfwnn4W. En él se contienen sistematizaciones de algunas de las luchas por los bienes comunes en el continente, en las que se apela a los derechos humanos como recurso de movilización y politización. Y por lo que se conoce, a través de las experiencias que se describen en sus textos, se hace un uso crítico del derecho, y se intenta usar el talante liberador de los derechos humanos, poniéndolos a prueba en la práctica misma. El libro se enfoca en América Latina, con casos de México, Ecuador, Colombia y Perú, todos ellos, luchas dignas de contarse, de retomarse, y de aprender de ellos para seguir en el camino de la transformación hacia un mundo más digno y justo, con armonía y equilibrio entre el hombre y la naturaleza. Satisface que se comparta este libro, porque logra transmitirnos lo que comunidades y organizaciones sociales han avanzado en sus trabajos colectivos, al tiempo que nos invita a dialogar con otros grupos que buscan proteger el medio ambiente, la biodiversidad, el acceso al agua potable o sus derechos culturales y colectivos. Asimismo, el texto nos puede ayudar a seguir pensando y construyendo otras estrategias que podemos usar para continuar exigiendo nuestros derechos en su dimensión más colectiva, desde cualquier lucha en la que nos involucremos. De México, particularmente, se recogen experiencias muy significativas, como la que narra Irán Guerrero en torno a la defensa de los bosques en la comunidad purépecha de Cherán, Michoacán. También se comparte la lucha por la defensa de la milpa y el maíz nativo, mediante acciones de justiciabilidad y exigibilidad, como la demanda colectiva contra el maíz transgénico, a través de un artículo de David Perlman y Carlos Ventura. Vale la pena conocer, en el caso del río Sonora, la defensa del derecho a participar en asuntos medioambientales, en la experiencia que nos cuenta María Julia Lamberti. Todas estas experiencias mexicanas se entretejen con otra media docena de textos de diversos países, cuyo eje común es la disputa por la vida, el cuidado de la naturaleza y la centralidad de los derechos humanos, vistos y usados como herramientas de emancipación. De la lectura de este texto surge un sentimiento de gratitud por el trabajo generoso realizado en estas luchas, y causa alegría saber que en estos esfuerzos en América Latina lo que importa y moviliza es cuidar el planeta, cuidarnos como personas y cuidar toda forma de vida. Hay que compartir, usar y difundir este material. Es necesario que se abran nuevas perspectivas, nuevas formas de entendimiento e intercambio de saberes en medio de una crisis tremenda: la crisis de la civilización. Hagámonos cargo de la realidad, carguemos éticamente con ella y encarguémonos de ella, pues hoy es innegable que el desastre medioambiental, ya tan presente en muchas regiones, nos exige cambiar el rumbo. No se puede postergar. Para ese cambio necesitamos aprender desde las vidas comunitarias, desde abajo, desde las experiencias sociales y populares. Este libro busca eso: comparticiones constantes entre quienes creen que otra realidad puede ser posible. Se requiere igualmente retomar los derechos humanos, evitando su sesgo antropocéntrico, intentando usarlos como herramienta útil para el cuidado de toda forma de vida.
Los barrios que no pueden parar
Editoriales | 📰 Blog «La dignidad en nuestras manos» del Plumaje de Animal Político Web original | 📷 Imagen : Internet Por: Viridiana Martínez Ortíz 📅 18 de agosto de 2020 En tiempos de pandemia, transitar por alguno de los barrios de la ciudad te acerca y conecta con una de las muchas realidades situadas en espacios y tiempos que danzan lentamente entre la vida y la muerte. Este borde de existencias deja al descubierto historias, vivencias y anécdotas cotidianas, habitadas por heridas del pasado, enraizadas desde el empobrecimiento estructural y que trae consigo consecuencias históricas que en estos momentos representan toda una serie de desventajas socioeconómicas que hacen de la clase popular y trabajadora de las periferias un grupo poblacional con vidas aún más precarizadas tras la situación detonada por el COVID 19. Las periferias no sólo se pueden comprender desde una concepción espacial, pues estas vienen acompañadas de procesos de urbanización que crean paisajes habitados de contrastes y de injusticias sociales. Ante las medidas implementadas desde la lógica del confinamiento y distanciamiento social, las crisis económicas se siguen agudizando y están repercutiendo en estos espacios y modos de vida, que muchas veces se han sostenido desde la informalidad laboral, por ejemplo, sin garantías de acceso a los derechos sociales mínimos indispensables para habitar efectivamente vidas dignas. Además, de estas situaciones la construcción de esta “nueva normalidad” trae consigo toda una serie de narrativas que individualizan el tema de los cuidados, de la salud mental y del encuentro, responsabilizando a las personas de no guardar la “sana distancia”, invisibilizando la necesidad de quienes no tienen alternativa más que salir día con día para cubrir esa falta de garantías aseguradas por los gobiernos, entonces es así que cientos de personas se ven obligadas a desafiar este momento pandémico, salir y ponerse en riesgo para llevar algún sostén para sus personas queridas y familias y de estas maneras continuar re existiendo para vivir dignamente. Las dinámicas de la vida cotidiana desde estos espacios se están viendo trastocadas, y a diario se disputan sentidos de realidad, en búsqueda de construir posibles escenarios populares que les permitan ejercer economías dignas y solidarias, así como subjetividades que permitan ejercitar vínculos desde la cooperación, la caricia, palabras, miradas, sentires y emociones que nos reconecten y revitalicen, para hacer frente a las presentes y futuras crisis. Y para dar cuenta de ello nos adentramos a una de las muchas realidades de la periferia, partiendo de que no son escenarios romantizados, pero sí son realidades que nos ocupan, nos transitan y habitan. Entonces recorremos y las miradas sutiles revolotean en los ensamblajes que dan vida y humanizan las calles que se asemejan a grandes pasillos con luces apagadas que han encontrado otras formas de mantenerse alumbradas, desde rincones de vidas que encarnan diversas violencias, que carecen de servicios básicos y por ello han ido construyendo otros tejidos para la vida desde el encuentro con otras y otros. Sigues caminando y reconoces estas realidades frágiles que se sostienen, mientras el ambiente se armoniza al escuchar de fondo rolas cumbieras, al otro lado de la acera se alcanzan a mirar puestos pulguitas que intentan intercambiar algunos productos teniendo como vehículo las manos; el flujo de la gente deja ver un mundo que hace comunidad, hace presencia y hace conciencia poniendo los cuerpos ante los diversos virus que se han venido acumulando desde hace años, por ello una de las posibles preguntas a hacernos es: ¿qué pasará y hacia dónde podemos ir construyendo desde lo popular? ¿Qué sentidos le daremos a la palabra bienestar? La salud es vivienda, es educación, es trabajo, es vivir libres de violencias, es habitar espacios dignos, es organización desde la digna rabia para hacer de esta crisis una posibilidad de emerger desde otras maneras y formas de relacionarnos y reconocernos desde la vitalidad de la otredad. Porque donde se escucha y organiza desde y con los pueblos, los gobiernos no retroceden. *Viridiana Mtz. Ortíz es coordinadora del Área de Seguimiento a Procesos Organizativos y de Formación del @CDHVitoria.
Políticas públicas contra la trata
Editoriales | 📰 Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada Web original | 📷 Imagen : Web Por: Miguel Concha Sábado 📅 15 de agosto de 2020 Desde hace 10 años el Observatorio contra la Trata del Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos AC (CAM) ha tenido el objetivo de analizar la legislación y la política pública que en materia de trata de personas (TdP) existe en diferentes entidades del país, bajo la perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos. El CAM realizó para el presente año el informe Legislación, política pública y trata de personas en Baja California, la Ciudad de México, Chihuahua, Coahuila, San Luis Potosí y Zacatecas. La elección de las entidades del norte coincidió con que son territorios donde existe mucha migración interna e internacional. Sin embargo, llamó la atención que la TdP tiene allí más víctimas del propio país que del ámbito externo. Es decir, que la gente migra y es enganchada, sobre todo las niñas, adolescentes y jóvenes, por el desplazamiento forzoso, a causa de la violencia en sus estados, los megaproyectos o la pobreza. En todas esas entidades existe además la violencia por causa de la delincuencia organizada, que afecta directamente el fenómeno de la TdP y la impunidad. Por ejemplo, aunque existe un número de carpetas de investigación sobre trata en 2019 (Baja California tiene 17 carpetas; Ciudad de México, 194; Chihuahua, 44; Coahuila, siete; San Luis Potosí, 14 y Zacatecas, 24), el número de sentencias es mínimo: Ciudad de México 19 (10 condenatorias y nueve absolutorias); Chihuahua, siete; Coahuila, dos, y San Luis Potosí, una. De las otras entidades no se pudo obtener el dato debido a la falta de transparencia. La TdP es, pues, un delito que queda impune. En la mayoría de los estados analizados no se cubren, en efecto, los mínimos requisitos de política pública en la materia. Esto hace que la política nacional contra la trata no tenga la coherencia necesaria con las políticas de las entidades, y aún menos con la de los municipios. La mayoría de las comisiones o consejos interinstitucionales de los estados se han reunido pocas ocasiones, sin cristalizar su actuar en la elaboración del programa contra la TdPcon su respectivo presupuesto. En cuestión de albergues para víctimas de trata, sumamente importantes para su seguridad y reinserción en sus comunidades, sólo la Ciudad de México y Chihuahua tienen espacios gubernamentales. Las demás entidades carecen de ellos. Los únicos que tienen un fondo para la atención de víctimas de trata son Chihuahua y San Luis Potosí. La Ciudad de México, pese a la cantidad de casos existentes, no cuenta con un fondo específico. En un Estado neoliberal, todo se ha convertido en mercancía, y las niñas y las mujeres son las más afectadas en el negocio de la trata de personas. Los flujos migratorios y la pobreza se suman a los aspectos que posibilitan que este tipo de violaciones se presenten y tiendan a incrementarse en un contexto posCovid-19. Este informe evidencia que en la región norte del país prevalece un clima violento, en el que el Estado se encuentra debilitado por la presencia de la delincuencia organizada, así como por la corrupción que genera, lo cual dificulta las tareas de persecución, sanción y atención a víctimas de trata en todas sus modalidades. Hoy en día predomina en nuestro país una tradición que considera que los problemas públicos se resuelven con leyes. Esto es fundamental, pero no suficiente. Adentrarnos al análisis institucional y al monitoreo de políticas públicas permite incursionar en los procesos cotidianos del quehacer gubernamental donde recae, desde una perspectiva de derechos humanos, la capacidad garantista del Estado. Por todo esto el Informe recomienda: 1. Definir con claridad el problema de la TdP, en el que participen la sociedad civil y el Estado, 2. Generar sistemas de información que permitan crear un piso común para la coordinación interinstitucional y dar respuesta de manera oportuna a las solicitudes de la ciudadanía, 3. Que las comisiones interinstitucionales den cuenta de su trabajo a través de informes periódicos y de mecanismos acordes con una perspectiva de gobierno abierto, 4. Diseñar, ejecutar y evaluar los programas especiales contemplados en las leyes estatales, 5. Estimar con claridad los recursos económicos destinados a la política pública sobre TdP, 6. Creación de albergues, refugios o casas de transición especiales para recibir y atender víctimas de trata, 7. Incrementar los esfuerzos institucionales y de coordinación de los gobiernos federal, estatales y municipales con la finalidad de dar cabal cumplimiento al Objetivo 5 de la Agenda 2030, y 8. Abrir espacios de interlocución y colaboración gobierno-sociedad civil con el propósito de contar con diagnósticos, estrategias y mecanismos de contraloría para fortalecer las acciones que se vienen realizando.
Los efectos de la pandemia en las OSC
Editoriales | 📰 Blog «La dignidad en nuestras manos» del Plumaje de Animal Político Web original | 📷 Imagen : Internet Por:Esmeralda A. García y Donovan Ortega* 📅 11 de agosto de 2020 Por décadas, las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) en México dedicadas a la defensa de los derechos humanos han ideado estrategias para llevar a cabo acompañamientos y actividades en condiciones poco favorables, articulándose y fortaleciéndose ante un Estado que no atiende de manera efectiva ni integral a todos los sectores de la población. La histórica labor realizada por las organizaciones1 ha requerido un ejercicio continuo de planteamientos y acciones creativas en las formas de trabajo y los mecanismos de acompañamiento, defensa jurídica, incidencia política y/o educación popular, atendiendo a los contextos en los que se desenvuelven y que complejizan la implementación de estrategias sostenibles e integrales para su labor. El recorte y la eliminación de recursos públicos, los discursos y narrativas que descalifican su labor, el contexto de riesgo, impunidad y amenazas constantes, así como la falta de políticas fiscales y tributarias integrales que atiendan sus realidades específicas y condiciones2, son elementos que constituyen la actualidad en el que muchas OSC desarrollamos nuestras actividades, sumando además la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19 que nos pone en una situación de bastante complejidad y mayor vulnerabilidad. Sin duda, durante esta contingencia nos hemos visto en la necesidad de adaptar nuestras dinámicas y formas de trabajo en circunstancias que dificultan mucho más la labor de defensa dentro de una OSC. Entre ellas las medidas de distanciamiento social, la limitada comunicación e interlocución con las autoridades e instituciones y las actividades total o parcialmente detenidas en éstas. Además, dicha emergencia tiene un impacto diferenciado en las personas y grupos que acompañamos: comunidades, colectivos y articulaciones que desde mucho tiempo atrás se enfrentan a escenarios de vulnerabilidad, violencia, precarización y nula atención en sus procesos y exigencias de justicia, verdad y reparación, ahora agudizados ante la emergencia sanitaria. Esta discusión se enmarca en un contexto que pareciera ir “contra reloj” ya que el inicio de las medidas de confinamiento y distanciamiento social no significaron una paralización de actividades en las OSC, al contrario, se multiplicaron cuando la pandemia dejó ver que el Estado continúa sin priorizar sus obligaciones de atención. No es un escenario desconocido para las OSC la reducción o limitación de sus agendas y actividades ante la falta de recursos, llegando a plantearse en algunos casos escenarios como el cierre total de los espacios, lo cual desafortunadamente sí ha sucedido a lo largo de los años en México. Así, mientras las necesidades de atención aumentan, el acceso a recursos que sostengan las actividades continúa a la baja y el panorama se torna más preocupante, colocando en una extrema incertidumbre a muchos espacios que realizan actividades indispensables para la defensa de los derechos humanos. El tema de la sostenibilidad siempre ha sido una constante en los diálogos y reflexiones hacia el interior de las OSC, así como parte de las exigencias del sector frente al Estado. No obstante, la pandemia ha dejado ver mucho más la necesidad de generar estrategias que impacten positivamente en la sostenibilidad integral y la operatividad de nuestros espacios, garantizando una proyección a largo plazo que brinde seguridad no sólo a las personas defensoras dentro de las organizaciones, sino también a las personas que acompañamos y que son el motor principal de nuestro trabajo. Nos enfrentamos a una situación de emergencia que está teniendo fuertes efectos en la manera en que defendemos los derechos humanos, realzando la importancia de configurar y/o fortalecer alianzas y vínculos que permitan construir y llevar a cabo una agenda común desde las bases y la colectividad para tener un mayor alcance a corto, mediano y largo plazo tanto a nivel local como nacional. Defender derechos humanos es nuestro derecho y debe garantizarse su ejercicio en condiciones integrales y dignas, lo que conlleva desde la obligación del Estado para generar y brindar herramientas y mecanismos que permitan la sostenibilidad de las OSC, hasta la responsabilidad que tenemos al interior de nuestros espacios para asegurar el bienestar integral de nuestros equipos. Es así que las OSC tenemos una diversidad de retos al exterior y al interior, los cuales deben mirarse y ser dialogados en todo momento desde visiones críticas y autocríticas que apuesten por la dignidad humana y el ejercicio integral de los derechos humanos. Es fundamental continuar con estas reflexiones tanto al interior de nuestros espacios como con actores diversos, quienes cuentan con saberes y trayectorias valiosas, las y los que han demostrado su apoyo a las causas y aún más con las personas y grupos que acompañamos, explorando alternativas y compartiendo experiencias y herramientas que permitan construir acciones colectivas efectivas. La tarea no es sencilla, aún quedan muchas reflexiones por dar y si bien son discusiones largas es imprescindible darles su debido espacio en el momento actual. ¿Cómo construimos e implementamos una sostenibilidad integral y digna dentro de las OSC? ¿Cómo seguimos impactando en procesos de carácter estructural cuando cada vez son más las necesidades inmediatas? ¿Qué implica la emergencia sanitaria para la defensa de los derechos humanos? ¿Qué nuevas realidades deberemos enfrentar? Estos cuestionamientos y otros se encuentran profundamente interrelacionados en cada una de nuestras labores por la defensa y promoción de los derechos humanos. El panorama claramente no es alentador, pero es indispensable no dejarse llevar por esta incertidumbre; la historia de las OSC no ha sido fácil pero la construcción de redes y las luchas compartidas continúan. Los impactos del contexto actual serán múltiples y empiezan a reflejarse. Es momento de seguir repensando las formas de hacer y vivir la defensa de los derechos humanos dentro de las OSC, sin dejar de lado que nuestro compromiso sigue siendo el mismo: abonar en la construcción de un país más democrático, justo y digno. * Esmeralda A. García es Coordinadora General del CDHVitoria. Donovan Ortega (@donoortega) es Coordinador del área de Fortalecimiento del Centro.
Vacuna contra el Covid-19
Editoriales | 📰 Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada Web original | 📷 Imagen : Web Por: Miguel Concha Sábado 📅 08 de agosto de 2020 Según cifras de la Universidad JohnsHopkins, hasta hoy más de 18 millones de personas están contagiadas de Covid-19 en el mundo, y poco más de 700 mil han muerto. Recientemente México ocupó el tercer lugar de fallecidos a escala mundial a causa del virus, sólo detrás de Brasil y Estados Unidos. Ante este panorama se hace más importante la carrera científica por desarrollar una vacuna que prevenga y trate el contagio del Covid-19. Sin obviar que Rusia anunció que ya tiene una vacuna, los resultados son prometedores. Hasta el momento 10 proyectos en etapa clínica presentan avances notables, y por lo menos tres de ellos se encuentran en fase tres, lo cual significa que pronto se aplicarán en miles de personas, antes de que pueda determinarse la seguridad y efectividad de una de ellas. Y así, luego de que se superen todas las pruebas, se iniciará un proceso de aprobación por parte de autoridades internacionales, como la Organización Mundial de la Salud (OMS), y reguladoras a escala nacional, como el Consejo de Salubridad General en México, y con ello su producción y distribución a gran escala. Sin embargo, la complejidad de esta carrera no sólo implica ir a contrarreloj para desarrollar una vacuna contra el Covid-19, sino también una serie de dilemas que han de ser problematizados y resueltos desde la bioética y los derechos humanos. De esta manera surge una pregunta crucial, ¿quiénes tendrán acceso a la vacuna, especialmente en una coyuntura de crisis multifactorial y recursos escasos? Por tanto, es fundamental definir grupos prioritarios para la vacunación contra el Covid-19, cuya delimitación habrá de justificarse mediante criterios razonables, proporcionales, objetivos y transparentes y, a su vez, considerando el respeto, protección, promoción y garantía de tres derechos en juego: a la vida, a la salud y a beneficiarse del progreso científico y sus aplicaciones. De acuerdo con la resolución 4/2020, titulada Derechos humanos de las personas con Covid-19, adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el pasado 27 de julio (https://cutt.ly/ndIaJcr), en el contexto de la pandemia los estados deben velar por la accesibilidad y asequibilidad de las aplicaciones tecnológico-científicas que sean fundamentales para garantizar los derechos a la vida y a la salud. La misma resolución considera que el derecho a beneficiarse del progreso científico y sus aplicaciones en el campo de la salud, exige que los estados adopten, de forma participativa y clara, medidas dirigidas al acceso a las vacunas. Así, en medio de un escenario donde éstas no podrán aplicarse en una primera fase a todas las personas, parece conveniente que la medicación se distribuya a los siguientes grupos de atención prioritaria: personal de salud de primera línea; enfermos de Covid-19; adultos mayores; personas con predisposiciones o comorbilidades y aquellas que estén expuestas a un contacto humano significativo. Ahora bien, si históricamente se encuentran en alguna situación de vulnerabilidad, como es el caso de las personas en situación de calle o en pobreza, resulta aún más indispensable defender y proteger los derechos en juego de estos grupos. Todo lo anterior plantea numerosos desafíos, los cuales deben ser considerados desde ahora. En función de esto, a principios de julio la OMS y la Organización Panamericana de la Salud anticiparon una serie de retos para los estados, entre los que destacan aspectos técnicos y logísticos, como el desarrollo de vacunas con nuevas tecnologías; el número de dosis a administrar, para lograr una protección adecuada; su seguridad y efectividad, y la preparación de la infraestructura y componentes claves para su distribución (https://cutt.ly/kda9NO5). Pueden, asimismo, presentarse otros desafíos, como la formulación de leyes y guías para evitar el acaparamiento de vacunas por parte de algunos países, tal y como sucedió durante la pandemia de gripe A/H1N1, en 2009, y con ello eliminar discrecionalidades y arbitrariedades por parte de autoridades y particulares que puedan violar derechos humanos durante su proceso de producción y distribución. Retomando unas palabras de la doctora María de Jesús Medina Arellano, se necesitará una fuerte coordinación, solidaridad y cooperación internacional entre diversos actores para el desarrollo, producción y distribución de la vacuna contra el Covid-19. Entre ellos, desarrolladores, reguladores, encargados de la formulación de políticas públicas, inversionistas, organismos de salud pública, gobiernos y sociedad civil. Saludamos los esfuerzos de quienes están involucrados en el desarrollo de la vacuna para prevenir y tratar el Covid-19. Los llamamos a adoptar una perspectiva de derechos humanos para distribuirla de manera justa y equitativa, y de esta forma garantizar su acceso en condiciones de igualdad y no discriminación.
Etnocidio en Sonora
Editoriales | 📰 Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada Web original | 📷 Imagen : Web Por: Miguel Concha Sábado 📅 01 de agosto de 2020 Cuando muere una lengua, ya muchas han muerto y muchas pueden morir. Espejos para siempre quebrados, sombra de voces, para siempre acalladas: la humanidad se empobrece. En su poema Cuando muere una lengua Miguel León Portilla nos recuerda la importancia del México multicultural. Hoy, en plena pandemia, a causa del Covid-19, un megaproyecto impulsado por intereses industriales está desplazando al pueblo guarijío. Se trata de la presa Los Pilares, en Sonora. Armando Haro y Ramón Martínez revelan en el libro Patrimonio biocultural y despojo territorial en el Río Mayo (2019), publicado recientemente por El Colegio de Sonora, los atropellos e ilegalidades del proceso que hoy amenaza a los guarijíos. Es innegable que los pueblos originarios de nuestro país y su herencia cultural han sido histórica y sistemáticamente agredidos por el desarrollo occidental, llevándolos casi al borde del exterminio. Con una óptica mercantilista, se les ha despojado de sus recursos naturales, sus expresiones culturales y costumbres, vulnerando así sus derechos esenciales. En nuestros días este despojo territorial y cultural, aunado al desplazamiento forzoso de diversas comunidades, se ha incrementado debido a los nuevos megaproyectos y desarrollos industriales. Para los guarijíos los territorios no significan lo mismo que para la visión occidental. Para ellos el territorio es la base simbólica que sustenta su origen y los identifica culturalmente. La naturaleza es, además, un ente sagrado y polimorfo en el que moran subjetividades de los seres vivos y de los antepasados inanimados. Así lo expresa un líder guarijío: los Pilares para nosotros es un lugar importante y sagrado, ya que en estas aguas estancadas y termales es donde nuestros antepasados y nosotros adquirimos los conocimientos necesarios para ser músicos de pascolas, arrendadores de caballos, cantadores de venado, cantadores de tuburi, rezadores, curanderos, chamanes y para ser buenos jinetes. Por ello, el valor biocultural del territorio que pretenden arrebatar a los guarijíos va más allá del valor comercial que sirve para satisfacer intereses mineros y de la agroindustria. Nada de esto importó, pues la presa se inició sin tomar en cuenta ni a las comunidades originarias, ni al impacto socioambiental que ella tendría. Primero se justificó con la excusa de generar energía y expandir la agroindustria, y luego, debido a la resistencia de los guarijíos, con el argumento de que era necesaria para la protección civil. Según lo exponen Haro y Martínez, parece que la verdadera razón se esconde en los vastos yacimientos no explotados de plata y otros minerales que hay en territorio guarijío. Desde el inicio la manifestación de impacto ambiental (MIA) tuvo grandes deficiencias y se descuidaron aspectos cruciales, como los riesgos al patrimonio biocultural y la opinión de los guarijíos o el necesario enfoque de cuenca para valorar el impacto en la biodiversidad, la cultura y el bienestar de todas las personas ahí asentadas. Aunado a otras graves irregularidades, las autoridades judiciales también cometieron diversos atropellos ante los múltiples amparos que promovieron los guarijíos. Algunos fueron desechados por considerar sobreseimiento o, cuando al fin se concedían, eran parciales, pues sólo se otorgaban para efecto de no desplazarlos, pero se permitía la continuación de las obras, aunque ambos fueran parte del mismo proceso y no obstante que las obras en sí mismas implicaran un riesgo de desplazamiento. Finalmente, a inicios de 2019, después de cinco años de juicios y siete de lucha, se les concedió el amparo y protección de la justicia federal. El juez también anuló la MIA y el permiso de construcción de la presa. Pero esto poco importó, ya que a finales de 2019 el gobierno federal otorgó 600 millones de pesos para terminar la presa, a pesar de las denuncias y amparos. Los han aislado, no pueden acceder a los terrenos de siembra y han limitado su suministro de agua. Para amedrentarlos, el gobierno ha llegado incluso a negarles, ilegalmente, servicios básicos, como el suministro de agua potable o el acceso a los apoyos federales, al grado que los llevaron al borde de la hambruna. Además, quien se niega a ceder sus territorios, ha sido víctima de amenazas e intentos de soborno por parte de las autoridades. Hoy la presa se ha llenado, y al abrir las compuertas, sin aviso previo, se han inundado todos los caminos hacia las comunidades guarijías. Las comunidades de Mochibampo, Mesa Colorada y San Bernardo tendrán que ser desplazadas forzosamente de sus tierras ancestrales si el nivel de agua sube como temen los pobladores. Esperamos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos actúe ante este caso. No sólo están despojando a un pueblo de su territorio, en los hechos, lo están sentenciando a muerte. Agradezco la contribución de Daniel C. Santander en la elaboración de este texto.
Mantener viva la memoria
Editoriales | 📰 Blog «La dignidad en nuestras manos» del Plumaje de Animal Político Web original | 📷 Imagen : CDHVitoria Por: Gisel Mateos y Ana Gómez* 📅 31 de julio de 2020 En abril de 2019 se llevó a cabo el Segundo Encuentro Internacional de Defensores y Víctimas de Graves Violaciones a Derechos Humanos1 en la Comunidad Purépecha en Arantepacua, Michoacán, surgido de la necesidad de dar seguimiento a los puntos de reflexión y acuerdos generados colectivamente durante el “Primer Encuentro”, un espacio realizado un año atrás en Asunción Nochixtlán, Oaxaca. Su objetivo fue llevar a cabo la compleja tarea de pensar en procesos de verdad, justicia, reparación integral y no repetición, desde la diversidad de necesidades, preocupaciones e intereses de las víctimas y sobrevivientes. De ahí se propuso y generó la articulación denominada “Segundo Encuentro”, compuesta por personas, grupos, colectivos, comunidades y movimientos de víctimas y sobrevivientes de graves violaciones a derechos humanos para sumar desde las diversas experiencias de lucha y resistencia con un objetivo: llegar a las instituciones para abrir la puerta a la manifestación y escucha de la sentida y digna exigencia de verdad y de justicia para las víctimas y sobrevivientes del país. Así pues, el Segundo Encuentro inició entonces una serie de actividades para generar acuerdos y propuestas2 colectivas en beneficio de las víctimas y sobrevivientes, quienes conviven entre una multiplicidad de procesos de distintas violaciones graves a los derechos humanos con la agravante de la constante criminalización a través del injusto encarcelamiento y actos en contra de la seguridad e integridad física de las y los sujetos más visibles de dichas colectividades.3 Aún cuando por parte del gobierno del estado se han manifestado propuestas y llevado a cabo acciones para mitigar los impactos generados por la crisis de derechos humanos, el Segundo Encuentro se ha mantenido firme en cuanto a la necesidad de buscar espacios para ser reconocidos como sujetos activos que merecen no solamente ser escuchados, sino considerados en la construcción de propuestas relacionadas con la búsqueda de la verdad y la justicia, así como la atención a víctimas y sobrevivientes. Las exigencias colectivas de búsqueda y verdad también son replicadas en luchas individuales, tal y como lo manifestó Lourdes Mejía, defensora y madre del tesista y activista de la UNAM, Carlos Sinuhé Mejía, durante la disculpa pública dirigida a la memoria de su hijo y a su familia: “continuaré luchando por justicia, no sólo para ti: sino para todos y todas. Para que tu sangre, hijo, sirva y haya justicia porque yo te parí a la vida y tú me pariste a la lucha…”. La digna manifestación de Lourdes ejemplifica la necesidad urgente de entender la importancia que guarda el reconocimiento y la articulación, ya que hacen que el dolor y la lucha cobren sentido cuando se hace eco de las exigencias y existe una colectividad dispuesta a caminar de la mano, nombrando a quienes no están, pero no se olvidan y que se hacen presentes en cada manifestación, reunión, encuentro e interlocución con las autoridades. Ahora bien, las articulaciones de víctimas y sobrevivientes se encuentran en un contexto nuevo: la imposibilidad de buscar espacios de participación y encuentro debido a la crisis sanitaria que ha generado impactos negativos a las personas que buscan con urgencia dar seguimiento a sus procesos de justicia. Aunado a esto, existen implicaciones inmediatas derivadas de la pandemia que recrudecen el desgaste económico y psicoemocional previo, debido a la falta de acceso a medidas que les permitan sostener los diversos procesos de exigencia de justicia. Lo anterior obliga a las articulaciones de víctimas y sobrevivientes a repensar nuestras formas de lucha y de exigencia para hacer frente a los obstáculos y nombrar a quienes no están, un ejemplo: la marcha virtual organizada por las madres y familiares de personas desaparecidas, actos de memoria en nombre de las víctimas, y asambleas virtuales para invitar a la reflexión y colocar sus necesidades en el centro de la agenda de las autoridades a fin de que éstas sean atendidas de forma urgente e inmediata. Ante este panorama y los recientes hallazgos de las investigaciones realizadas por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, surge la oportunidad para que el Estado mexicano aprenda de las lecciones de impunidad recogiendo las aportaciones y experiencias de las víctimas y sobrevivientes para impulsar estrategias de fortalecimiento de las instituciones en materia de procuración y administración de justicia. Así como a realizar acciones dirigidas al esclarecimiento, el conocimiento de la verdad y la atención integral a las víctimas a fin de que las autoridades de los tres órdenes de gobierno logren coordinarse “…colocando en el centro de la atención el derecho de las víctimas a conocer la verdad de los hechos, con un trato digno y respetuoso…”, tal como manifestó el subsecretario y presidente para la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, Alejandro Encinas. Si bien estos retos se presentan en medio de una crisis de derechos humanos que se acentúa con la emergencia sanitaria, representan también una oportunidad para entablar un diálogo entre las instituciones gubernamentales y las articulaciones de víctimas y sobrevivientes para solventar una deuda histórica que todavía no ha sido atendida: el reconocimiento del papel fundamental de las víctimas y sobrevivientes en la construcción de un régimen democrático y justo cuando estas visibilizan su digna y continua exigencia para mantener viva la memoria que tanto hace falta a la sociedad para clamar justicia y decir: ¡ya basta! ______ 1 Encuentro Arantepacua. 2 Por una verdadera justicia para todas las víctimas del país. 3 Mensajes y acuerdos del 2do Encuentro. * Ana Gómez y Gisel Mateos son colaboradoras del CDHVitoria.
