36 aniversario CDHVitoria

36 aniversario CDHVitoria

Hoy es un día significativo que se dispone a hacer memoria para recordar el año de 1984, espacio-tiempo habitado por un contexto latinoamericano complejo y desafiante que a través de distintos tratos crueles e inhumanos obligó a cientos de personas a  exiliarse por su actuar político, viéndose en la necesidad de buscar un refugio para vivir tranquila y dignamente. México fue uno de esos hogares que brindó un recibimiento cálido y transgresor ante una realidad violenta. Los distintos encuentros se convirtieron  en semilleros para trazar caminos que han sido fuente de inspiración para el actuar político y místicas del Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria” (CDH Vitoria). 

A lo largo de estos 36 años han sido diversas las generaciones de personas activistas, luchadoras sociales y defensoras quienes han puesto el corazón, creatividad y apuestas políticas, permitiendo así trazar una larga historia de experiencias organizativas que dan cuerpo y vida a la historia del CDH Vitoria. Asimismo, es con las personas, grupos, comunidades, víctimas y sobrevivientes con quienes hemos aprendido a caminar colectiva y sentidamente para acuerpar y reconocernos desde la diversidad de luchas y resistencias.

El 2020 ha sido un año muy significativo y de muchos pensares cuya intención es abonar al  fortalecimiento de las condiciones internas que permitan construir un espacio político digno y en congruencia con las causas sociales que se acompañan. Como organización estamos viviendo cambios importantes que responden a reflexiones profundas e interpelaciones necesarias para el  continuar sostenible de las apuestas políticas acompañadas por organizaciones y movimientos sociales. Los distintos  diálogos se han situado desde la crítica y autocrítica responsable que apela a la construcción y el cuidado colectivo, y de los cuales hemos reiterado que la comunicación y la confianza son la base para continuar con nuestras acciones en distintos niveles. De igual forma, el llevar los resultados de estas reflexiones y diálogos a la práctica es un ejercicio esencial para la construcción de un mundo más justo y digno para todas y todos.

Es por lo anterior que, desde un ejercicio de confianza, transparencia y rendición de cuentas, compartimos con ustedes el Primer Informe de Fortalecimiento Institucional. Para nosotrxs es más que un documento, pues en este se intenta dar cuenta de un momento que nos interpeló e invitó a pausar para mirarnos al interior y ante esas reflexiones preocuparnos y ocuparnos para dar continuidad a las distintas apuestas políticas. (Consultar).

Sin duda, la labor de defensa está permeada de muchas complejidades y más en un contexto donde existe una grave crisis de derechos humanos; sin embargo, a pesar de los retos que se presentan es vital continuar fortaleciéndonos como espacios organizativos que permitan el florecer digno y seguro para las personas acompañantes.

Reconocemos que aún nos queda un largo camino por continuar, un camino de reflexiones inacabadas y acciones por construir; sin embargo, también reconocemos y agradecemos por los años que hemos pasado, por las personas que han caminado y continúan haciendo posible el entramado solidario y político que nos permite construir esos otros mundos posibles, haciendo vida de las distintas convicciones políticas. 

Atentamente:

Equipo del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P. A.C.

Avanza SCJN en solicitud de atracción sobre Alerta de Género para CDMX

Avanza SCJN en solicitud de atracción sobre Alerta de Género para CDMX

Comunicados | Adhesiones del CDHVitoria 📷 Imagen : OCNF

📅 07 de julio de 2020

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) hace público que la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat “decidió de oficio hacer suyo el escrito de solicitud de ejercicio de facultad de atracción” para conocer del amparo en revisión 483/2019, relacionado con el amparo de la solicitud de Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) para la Ciudad de México. Esta acción es un paso más hacia la garantía de los derechos de las mujeres capitalinas.

Cabe recordar que el 7 septiembre de 2017, el Centro de Derechos Humanos “Fr. Francisco de Vitoria O.P.”, A.C y Justicia Pro Persona A.C., con el acompañamiento del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), solicitamos a la Secretaría de Gobernación (SEGOB), a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), la Declaratoria de AVGM, debido al contexto de violencia feminicida por el incremento de delitos del orden común contra la vida, libertad, integridad y seguridad de las mujeres, particularmente feminicidios, desaparición y violencia sexual.

Dos años más tarde, el 7 de junio de 2019, sin una debida fundamentación y motivación, la CONAVIM, negó la AVGM, contraviniendo el dictamen de cumplimiento de recomendaciones elaborado por el Grupo de Trabajo y puesto de conocimiento a la SEGOB, por lo que las organizaciones peticionarias promovimos el juicio de amparo indirecto contra tal resolución, al ser contraria al debido proceso y violatoria de la debida diligencia que deben de garantizarse en procedimientos de esta naturaleza.

El 13 de septiembre de 2019, el Secretario de Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en funciones de Juez, dictó una sentencia garantista en el amparo indirecto 968/2019-1, donde determinó que:

  • La CONAVIM pasó por alto la naturaleza de emergencia de la AVGM.

  • Existió una indebida fundamentación y motivación de la resolución en la que se determinó no declarar procedente la AVGM, ya que a partir del análisis del Grupo de Trabajo, de las acciones realizadas por el gobierno de CDMX, solo se cumplieron tres de un total de seis medidas urgentes, es decir, solo el 50%. Por otra parte, de los 72 indicadores contenidos en las 20 conclusiones, se cumplieron solo 22 (es decir, el 30.5%), siete estaban en proceso de cumplimiento (9.7%), y 11 se consideraron parcialmente cumplidos (15.2%).

  • La CONAVIM no se basó en el dictamen, sino en las “acciones relevantes”, que según su consideración, implementó el actual gobierno de la Ciudad de México.

  • No se realizó una interpretación conforme a los parámetros de regularidad constitucional, no aplicó el principio pro persona ni tampoco realizó un riguroso control de convencionalidad para garantizar los derechos de las mujeres.

  • La CONAVIM omitió actuar con la debida diligencia reforzada para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres, y así cumplir con la obligación que tienen todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, de proteger y garantizar el derecho humano a una vida libre de violencia de todas las mujeres que habitan y/o transitan por la Ciudad de México, de conformidad con los artículos 1° y 4° de la Constitución mexicana.

  • La resolución de la CONAVIM contraviene los instrumentos internacionales y las obligaciones constitucionales para garantizar los derechos humanos de las mujeres, en específico, el derecho a una vida libre de violencia, tal como consta en las recomendaciones que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité CEDAW) en su apartado intitulado “Violencia de género contra las mujeres”, en específico en su inciso “E”, hizo a México en 2018, en el sentido que debía “adoptar las medidas de carácter urgente para prevenir las muertes violentas, los asesinatos y las desapariciones forzadas de mujeres, así como garantizar una utilización amplia y armonizada del mecanismo de AVGM y la coordinación en los planos federal, estatal y municipal”.

Ante ello,  el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa resolvió, ordenando a la CONAVIM:

  • Declarar la AVGM y su reconocimiento como mecanismo de emergencia, estableciendo metodologías y plazos de seguimiento a la misma en coordinación de los tres niveles de gobierno.

  • Puntualizar las acciones a implementar bajo la más estricta diligencia para proteger y asegurar el ejercicio y goce de los derechos de las niñas y adolescentes.

  • Otorgar participación a las asociaciones peticionarias, así como otras organizaciones civiles para trabajar de forma conjunta con las instituciones públicas implicadas en el seguimiento de la AVGM.

  • Asignar recursos presupuestales para su aplicación, así como transparentar las acciones gubernamentales y los informes generados por el Grupo Institucional y Multidisciplinario.

Dicha sentencia, constituyó un precedente a favor del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, el derecho a defender derechos humanos y el derecho de acceso a la información pública. Sin embargo, la CONAVIM presentó un recurso de revisión en detrimento de tal sentencia, cuestionando con ello el derecho de las organizaciones civiles a participar en el seguimiento de la AVGM, la aplicación de una metodología, plazos y un plan de trabajo para hacer más efectiva la AVGM, e igualmente la asignación de recursos y la transparentación de la información. En consecuencia, el 23 de octubre de 2019, las organizaciones peticionarias presentaron un recurso de revisión adhesivo.

El 25 de noviembre de 2019 se publicó en la Gaceta Oficial para la Ciudad de México la Declaratoria de Alerta por Violencia de Género en contra de las Mujeres, sin embargo esta Alerta está enfocada a la violencia sexual y, por ende, no atiende otras violencias como los feminicidios y las desapariciones de mujeres y niñas, que motivaron la solicitud de AVGM a nivel federal.

El 7 de noviembre de 2019, las organizaciones peticionarias fuimos notificadas por la Magistrada Adriana Escorza Carranza, integrante del Décimo Octavo Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito, sobre la propuesta de dictamen de sobreseimiento, debido a que se consideró que la declaratoria local era un “hecho notorio” que dejaba sin materia el juicio de amparo, violando así el principio de legalidad al no observar que tal declaratoria responde a un procedimiento y marco jurídico distinto en el fuero local y que ésta no atiende de forma integral las problemáticas de feminicidio y desaparición, vulnerando así el derecho de acceso a la justicia y a mecanismos de protección para las mujeres que viven y transitan en la Ciudad de México.

Por tales motivos, las organizaciones peticionarias solicitamos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ejerciera su facultad de atracción para que su Primera Sala conociera del asunto, ya que éste reviste interés y trascendencia por no existir criterios judiciales sobre la litis planteada -entre ellos- para definir la naturaleza y objeto a la AVGM, en tanto mecanismo garante del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, retomando y profundizando los criterios garantistas tomados por el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México.

Este 9 de julio 2020,  la SCJN hace público que la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat hace suyo el escrito de solicitud de ejercicio de facultad de atracción y solicita al décimo octavo Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito, remita los autos del amparo en revisión a la presidencia de la Primera Sala de la SCJN,. Con ello, se avanza en el conocimiento de la declaratoria de AVGM en el contexto de violencia feminicida en el país y, en particular, en la Ciudad de México; lo que podría derivar en que este mecanismo sea una garantía sólida para la exigibilidad de los derechos y el cumplimiento del marco jurídico internacional y nacional, ante las omisiones de los estados en la prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres y las niñas.

Cabe recordar que de acuerdo con las cifras del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, proporcionadas por la Fiscalía capitalina, en el 2019 fueron asesinadas 176 mujeres y niñas, y sólo 68 de los casos, es decir 38%, fueron investigados como feminicidios. Asimismo, datos más recientes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública señalan que en los tres primeros meses del 2020, fueron asesinadas 42 mujeres y niñas en la Ciudad de México, pero sólo 14 casos son investigados como feminicidios, es decir 33%, y el resto como homicidios dolosos.

La desaparición de mujeres y niñas también conforma también una grave problemática dentro del contexto de violencia feminicida que permea la Ciudad de México. De acuerdo con las cifras proporcionadas por la Procuraduría, ahora Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en el 2019 desaparecieron 1,329 mujeres y niñas, de las cuales 662 tienen entre 0 y 17 años de edad, mientras que 667 son  mayores de 18 años. Así, del total de mujeres y niñas desaparecidas, 887 fueron localizadas: 876 con vida, y 11 sin vida. Sin embargo, un total de 442 mujeres siguen pendientes de localizar.

Ante ello, como organizaciones peticionarias y defensoras de los derechos de las mujeres, saludamos este paso realizado por la Ministra Ríos Farjat y estaremos atentas de las decisiones que se tomen para velar la vida, libertad, integridad y seguridad personal de las mujeres y niñas en el país, a través del fortalecimiento de este importante mecanismo de protección colectiva (AVGM).

ATENTAMENTE

 Justicia Pro Persona A.C.

Centro de Derechos Humanos “Fr. Francisco de Vitoria O.P.”, A.C

Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).

El FLEPS se suma a la exigencia por la no criminalización de las madres de personas desaparecidas durante una protesta en Guanajuato

El FLEPS se suma a la exigencia por la no criminalización de las madres de personas desaparecidas durante una protesta en Guanajuato

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Las organizaciones que conforman el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (FLEPS), expresamos nuestra preocupación por los agravios cometidos por parte de elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) de Guanajuato en contra de las familias de personas desaparecidas, integrantes del Colectivo A Tu Encuentro, que se manifestaban hoy en la Glorieta a Santa Fe para denunciar el proceso de elección del titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas –que es rechazado por diversos colectivos, organizaciones y personas en el estado y a nivel nacional al no cumplir con estándares de transparencia, rendición de cuentas y participación y no ser un perfil idóneo– y exigir que se reponga el procedimiento, exigencia a la que debe dar respuesta el Gobierno del Estado.

Durante el violento operativo, varias personas manifestantes resultaron heridas, 4 de ellas se encuentran hospitalizadas. Se tiene información que al menos 3 familiares integrantes del Colectivo A Tu Encuentro fueron detenidas arbitrariamente y remitidas al Ministerio Público en Guanajuato capital con la intención de imputarles el delito de ataques a las vías de comunicación. Posteriormente fueron liberadas.

El uso de la fuerza con el que se condujo la policía fue contrario a los principios que la rigen, las detenciones arbitrarias en contextos como el ejercicio de derechos es contrario a los estándares en derechos humanos y un signo de los Estados autoritarios. Por ello, exigimos:

  • Asegurar que no se sigan ningún proceso penal ni administrativo en contra de las familiares detenidas en el contexto de la protesta,
  • Se asegure atención adecuada a las personas que resultaron heridas por la Policía y,
  • La investigación y sanción de los elementos de la policía que abusaron de la fuerza y cometieron detenciones arbitrarias.

Desde el FLEPS hemos documentado cómo constantemente se hace uso de la fuerza de manera arbitraria para las manifestaciones, e incluso se utilizan delitos como ataques a las vías de comunicación para criminalizar a quienes ejercen su derecho a la protesta y se apropian del espacio público. Por ello, reiteramos que la protesta social es un derecho que debe ser garantizado en sociedades democráticas, más aún cuando quienes lo ejercen son víctimas de graves violaciones a derechos humanos a quienes el gobierno está obligado a garantizar el acceso a la verdad y la justicia.

Guanajuato enfrenta una crisis de violencia y de violaciones a derechos humanos, siendo la desaparición uno de los rostros más dolorosos de ella. Su gravedad ha movilizado en el último año a cientos de familias que buscan a sus seres queridos. Las familias han sido quienes, remontando su dolor, han salido a buscar verdad y justicia, y lamentablemente hoy, lejos de atender sus demandas de verdad y justicia, se les responde con el uso de la fuerza y del derecho penal.

 

 

Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social:

ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica, Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP”, A.C., Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C., Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo CEPAD, A.C., Colectivo de Abogadas y Abogados Solidarios CAUSA, Espacio Libre e Independiente Marabunta A.C., Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica, A.C., Servicios y Asesoría para la Paz, A.C., Red de Organismos Civiles “Todos los Derechos para Todas y Todos”, A.C., Resonar.

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Imagen destacada: FLEPS

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[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»] Urge Decreto Presidencial por un México Libre de Transgénicos

Urge Decreto Presidencial por un México Libre de Transgénicos

7 de julio de 2020

 

185 personalidades, 80 organizaciones y movimientos sociales, volvieron a juntar sus voces para solicitar al presidente Andrés Manuel López Obrador que emita un Decreto para prohibir los OGM en todo el territorio nacional, conforme a su compromiso y constantes declaraciones de que no habrá transgénicos en México, realizadas en toma de protesta como primer mandatario, en sus primeros días de gobierno y recientemente en la conmemoración a dos años de triunfo electoral.

En esta segunda petición entregada a inicios de julio, un año después de la primera el 30 de junio de 2019, reiteran que este Decreto protegerá a productores del campo, a las semillas nativas y la diversidad agrícola – indispensables para que México vuelva a ser autosuficiente en alimentos.

Ante la amenaza de los organismos genéticamente modificados (OGM), sólo detenida hasta ahora por la Medida Cautelar de suspensión de siembra de maíz transgénico otorgada por el Poder Judicial en septiembre de 2013, se requiere la voluntad y acción política expresa de parte del Poder Ejecutivo para proteger el patrimonio biocultural extraordinario conformado por la diversidad agrícola que es sostenida por millones de familias campesinas y que además es la base de la cocina mexicana.

Las peticiones actualizadas presentadas para decretar son:

  •  La prohibición de emitir permisos de liberación de OGM sea experimental, piloto o comercial en territorio mexicano, incluidos los obtenidos con nuevas técnicas como edición genética o mutagénesis.
    A fin de evitar la liberación y distribución de granos viables de OGM de maíz y de otras especies de las que México es Centro de Origen:
  • Sólo se permitirá la importación de granos y semillas de países que no siembren OGM, y en caso de que eso no sea posible en el corto plazo, sólo se autorizará importar granos con un certificado de que han sido esterilizados en el país de origen y semillas certificadas sin OGM.
  • Implementar el compromiso de Diconsa de no distribuir grano de maíz importado en sus más de 25 mil tiendas y almacenes.
  • Publicación mensual por SADER-SENASICA y SEMARNAT-INECC de los resultados de sus análisis de detección de OGM en México y de los obtenidos en centros públicos de investigación sobre presencia de ADN genéticamente modificado y sus efectos en la salud humana y ambiental.

En el contexto de la entrada en vigor del TMEC este 1º de julio, con las crecientes amenazas que este tratado presenta por favorecer a las transnacionales biotecnológicas, y en el ejercicio de su derecho de petición (Art. 8 constitucional), el amplio grupo de personas y organizaciones firmantes solicita al presidente una respuesta y la emisión del Decreto Presidencial.

 

Atentamente

Por el Grupo en defensa de la diversidad agrícola y la comida mexicana contra los OGM

 

Ante la emergencia del COVID-19, llamamos a una respuesta integral y con perspectiva de Derechos Humanos

Ante la emergencia del COVID-19, llamamos a una respuesta integral y con perspectiva de Derechos Humanos

Comunicados | Adhesiones del CDHVitoria | 📷 Imagen : La 4 D

📅 Ciudad de México, a 1 de junio de 2020

 

  • Actores sociales urgen al gobierno actual a ponerse a la cabeza de un acuerdo nacional para atender situación post COVID19
  • Central que gobierno establezca acciones con apego a derechos humanos y participación social

 

 

Presentamos el llamado que más de 300 personas y organizaciones sociales formulamos a la sociedad civil y al gobierno actual sobre la urgente necesidad de promover que la salida a la crisis generada por la pandemia del COVID-19 sea integral y apegada a los derechos humanos.

Este llamado fue inicialmente promovido por personas que nos reconocemos en la expresión “La 4D”, que incorpora los Derechos, la Democracia, el Desarrollo y la Diversidad. Desde inicios del año pasado hemos invitado a la sociedad civil a pronunciarse sobre los temas relevantes del país buscando canales de comunicación con el gobierno federal. Nos ubicamos en la izquierda social, ese espacio en el que, más allá de los partidos políticos y desde hace décadas, multiplicidad de organizaciones hemos luchado por los derechos humanos, la democracia, los derechos de las personas trabajadoras, la igualdad social, el respeto a las múltiples diferencias, la igualdad de género y la justicia social. En esta ocasión, quienes hemos hecho este llamado somos, por orden alfabético, Mariclaire Acosta Urquidi, Pilar Berrios Navarro, Manuel Canto Chac, Miguel Concha, Emilienne De León, Saúl Escobar Toledo, Fernando Escobedo Reyes, Jorge Fernández Souza, Olinca Marino, David Peña Rodríguez, Karla Micheel Salas Rodríguez y Carlos Ventura Callejas.

A esta convocatoria se han unido víctimas y sobrevivientes, personas y organizaciones defensoras de los derechos humanos, feministas, académicas y sindicalistas, movimientos sociales y populares, así como organizaciones de diversos estados del país. Este no es el punto final sino el inicio de las adhesiones que promoveremos todas las personas y organizaciones firmantes, sobre todo, porque coincidimos en impulsar un amplio proceso de debate, análisis y articulación de esfuerzos, con el fin de unir perspectivas, propuestas, y llegar a acuerdos para construir alternativas que favorezcan a los sectores sociales excluidos de los beneficios del desarrollo, y para que se aproveche la oportunidad de avanzar en disminuir la desigualdad y en fortalecer la democracia. Consideramos que en este esfuerzo todos los sectores que estén por el desarrollo sostenible como derecho humano tienen algo qué decir y algo que hacer, por lo que es fundamental llegar a acuerdos, sumar otras voces a este llamado y lograr impulsar una visión integral apegada a los derechos humanos para transitar en los meses posteriores a esta pandemia a un modelo social y económicamente más justo y solidario.

Por lo anterior, el gobierno debe ser capaz de escuchar todas las voces, dialogar con todos los sectores y ponerse a la cabeza de un gran acuerdo nacional. No apostamos al fracaso del gobierno, sino todo lo contrario. Tampoco compartimos las posiciones de quienes sistemáticamente se oponen a las acciones de gobierno, y al mismo tiempo como un espacio de la izquierda social mexicana reivindicamos y ejercemos el derecho a la crítica proactiva y a la construcción de propuestas alternativas, por lo que pedimos a las autoridades el escuchar y debatir con base en las ideas, las propuestas y las visiones desde el mismo espectro político, sin descalificaciones tempranas, sin tergiversar los argumentos y sin menospreciar los planteamientos por distintos que éstos sean a la perspectiva oficial.

Para todas las personas y organizaciones que quieran adherirse a este llamado y a las acciones que en él se proponen, se pueden comunicar a: lacuatrod@gmail.com

 

Para conocer el texto completo del llamado vaya aquí  

#DiálogosDesdeIzquierdaSocial  #PropuestasPostCOVID

Llamado urgente a transformar la emergencia del Covid-19

Llamado urgente a transformar la emergencia del Covid-19

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NUESTRO PROPÓSITO

Frente a la pandemia de COVID-19, México vive un momento que requiere de la mayor solidaridad y cooperación. El Gobierno federal ha tomado diversas decisiones que son de reconocer; sin embargo, es importante hacer un llamado a la revisión de otras, pues consideramos que con algunas se corre el riesgo de impactos negativos para el país. En este sentido, hacemos una invitación a la reflexión colectiva y a la construcción de encuentros entre sectores de la sociedad civil que impulsen diálogos y acuerdos que contribuyan a la interlocución con diversas esferas de gobierno; diálogos tan ausentes como necesarios en estos momentos. Con este fin, exponemos algunos elementos sobre los que consideramos fundamental reflexionar.

NUESTRAS REFLEXIONES

En tanto la pandemia del COVID-19 es “una crisis humana que se está convirtiendo con rapidez en una crisis de derechos humanos”, es importante observar algunos aspectos. En primer lugar, resulta fundamental garantizar y profundizar en la disponibilidad, aceptabilidad, calidad y accesibilidad en los servicios de salud pública. Éstos deben de ser universales, gratuitos, accesibles y disponibles para todas y todos en México.

A raíz de la declaración del Consejo de Salubridad General, llamada “emergencia por causa de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2 (Covid-19)”, algunos gobiernos estatales y municipales han adoptado medidas que restringen la libertad de movimiento y de tránsito, que pueden resultar violatorias de los derechos humanos. No se puede pretextar la emergencia sanitaria como una excluyente de responsabilidad frente a los derechos fundamentales.

Es importante no olvidar que los estados de emergencia deben tener una duración limitada; no se puede avalar ninguna medida que sea innecesaria, ilegal o desproporcionada, con el fin de contención de la propagación del virus, y mucho menos aquellas que pudieran abrir la puerta para decisiones autoritarias o inconstitucionales.

La propagación del COVID-19 representa una amenaza sanitaria, pero también un riesgo económico y social. Varios son los elementos a destacar en este aspecto. Se han ido construyendo algunos consensos en torno a la necesidad de regular al mercado y de recuperar, por parte de los Estados, su capacidad de conducción sobre la economía, para impulsar el crecimiento y salir de la depresión de crisis y postcrisis sanitaria. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) considera que es necesario actuar sobre los tres canales de la disrupción: la demanda, la oferta y el sector financiero. En esta lógica es indispensable que además de seguir obteniendo los bienes necesarios para combatir la enfermedad, los gobiernos aumenten su gasto en otros rubros. Resulta de igual manera necesario facilitar créditos directos a la producción. Instituciones multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) deben ofrecer mecanismos de bajo costo para financiar a los países menos desarrollados. Una moratoria de la deuda pública externa para las naciones más necesitadas tiene que ser considerada.

En la política social también se requieren cambios. No se trata solo del incremento del gasto para seguir haciendo lo mismo. Pero a mayor escala no se trata solo de continuar con la estrategia basada en las transferencias monetarias. Éstas se deben ubicar en un contexto más amplio, de manera complementaria con otras acciones. En este sentido ha resurgido la propuesta de la renta básica, que sería proporcionada a todas las personas que la requieran, con carácter temporal.

La emergencia sanitaria ha puesto de relieve los costos de haber disminuido las instituciones para la seguridad social, por lo que urge fortalecerlas, sin olvidar que el Derecho al Desarrollo no es nada más la prestación de determinados servicios, sino el desarrollo integral de las personas, cuyo principal desafío actual es el acceso al trabajo, la llave que permite la salud, la vivienda, la alimentación y los demás satisfactores reconocidos como derechos. Además, se requiere de ocupación en condiciones de Trabajo Digno . El reto hoy ya no es que el empleo sea condición para tener protección social, sino que ésta tenga como sentido la reconducción de la población hacia la ocupación. Se trata entonces de una estrategia social que propicie el derecho al trabajo. Consideramos que hay tres ámbitos en los que se debe actuar:

1.- en el sector público: i) éste debe aumentar su eficiencia para incrementar su capacidad de generar empleos dignos, y no pensar que eficiencia es igual a menos empleados; para ello se requiere de una verdadera reforma en la administración pública; ii) inversión pública hacia sectores estratégicos como incremento a los créditos para vivienda popular, e infraestructura para atención a la salud;

2.- en el sector privado se requiere de créditos -no transferencias- para que sobrevivan las empresas, particularmente las que son mano de obra intensiva;

3.- en el sector social, a través de la ocupación autogenerada, como cooperativas o empresas sociales. Un caso aparte son quienes trabajan por su cuenta en la informalidad, personas a quienes se les debe garantizar atención médica gratuita, ayudarlas a mitigar la caída de sus ingresos con medidas generales (reducción de IVA) o selectivas (transferencias focalizadas en efectivo).

También, en el aspecto laboral, es necesario decir que algunas medidas anunciadas por el Gobierno contravienen los principios de estabilidad en el empleo e irrenunciabilidad del salario, incluyendo el aguinaldo. Entendemos la urgencia para conseguir más recursos, pero esas medidas no resultan proporcionales frente a la cantidad de dinero público que se obtendrá a costa de la violación de principios legales.

En la política fiscal hay que dejar a un lado la meta del déficit presupuestal de 2.1%; reorganizar el presupuesto y revisar las alternativas de financiamiento; y analizar la reducción del IVA. El crédito de la banca de desarrollo a las empresas deberá aumentarse de manera programada, en la medida en que la pandemia ceda. Existe la oportunidad de que la deuda externa pueda ser reestructurada.

En síntesis, consideramos que México requiere: 1) mantener un consumo responsable; 2) cuidar que no se desplome la oferta de productos y servicios más necesarios; 3) conducir una política de créditos agresiva para sostener la oferta y la demanda efectiva; 4) impulsar el acceso al trabajo en el sector público, en el privado y en el social; 5) crear y fortalecer una institucionalidad para asegurar los derechos económicos y sociales. Para ello, el gobierno debe aumentar su gasto corriente y sus inversiones en infraestructura en salud y en las ramas productivas necesarias. Adicionalmente, elevar las transferencias directas de efectivo a la población que se encuentra en situación de mayor vulnerabilidad: personas adultas mayores y trabajadoras sin protección social.

En la recuperación económica, para la garantía de los derechos de las y los trabajadores en el sector privado y social, será fundamental la labor del Gobierno para supervisar las condiciones de su observancia en la actuación de las empresas.

Las acciones de índole económica para salir de la crisis no son solo una relación paternal entre gobierno y pobres, sino de toda la sociedad con el gobierno; lo que tiene implicaciones políticas, puesto que requieren de un acuerdo entre todos los sectores de la sociedad y el poder público. No se trata de que más acción gubernamental sea igual a menos democracia. Hay que regular la economía, hay que regular el desarrollo social y, no podemos olvidarlo, hay que regular al regulador.

En concordancia con lo anterior, nos llama la atención el avance de obras en este período de emergencia de proyectos de mega inversión nacional: la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya y el corredor Transístmico, fuertemente cuestionados por su viabilidad económica, por los daños ambientales que pueden causar, y porque en ellos no se han garantizado los debidos procesos de consulta -acordes con la normatividad nacional e internacional- entre los pueblos y las comunidades que se verán afectadas ante el riesgo de su detrimento en beneficio exclusivo de grandes capitales.

Desafortunadamente, otro elemento que se debe tener siempre en consideración es el repunte de la violencia en algunas zonas del país. Es necesario revalorar la política del Gobierno sobre seguridad, colocando como actores principales a las comunidades, a los barrios, a las colonias y a los pueblos; diseñando de forma conjunta una nueva estrategia basada en la seguridad humana, en la seguridad ciudadana y con la participación activa en la prevención social. Caer en la tentación de combatir la violencia primordialmente con el uso de la fuerza del Estado es una posibilidad que no tiene cabida en un gobierno con vocación social. Adicionalmente será importante ofrecer canales adecuados de solución pacífica frente al muy probable aumento de la conflictividad en las comunidades. Junto con ello se debe enfrentar decididamente a la corrupción y a la impunidad en los sistemas de justicia.

También nos parece muy importante poner atención en la obligación de garantizar el derecho a la libertad de expresión, a la protesta social, y el derecho de acceso a la información. En el contexto de esta pandemia, no sólo a los y las comunicadoras se les debe asegurar este derecho, sino que éste debe ser respetado por el Estado hacia cualquier persona que quiera expresar sus opiniones y conocer la información del gobierno sobre las medidas sanitarias y económicas en la emergencia, asegurando incluso el ejercicio de los mecanismos legales de garantía del derecho de réplica. Todo ello coadyuvará a lograr una eficiente rendición de cuentas que permita un escrutinio social necesario en cualquier democracia.

Es necesario reconocer y alentar el entretejido de esfuerzos colectivos, sobre todo en barrios y colonias populares, así como entre comunidades y pueblos empobrecidos, donde sabemos se enfrentan los mayores impactos sanitarios, económicos y sociales de esta pandemia. La solidaridad que se experimenta cotidianamente desde abajo es aliciente y punto clave para salir de la crisis multidimensional que atraviesan México y el mundo.

Primero los pobres, como vocación de gobierno, implica que se coloquen como grupos sociales prioritarios a todos aquellos que durante décadas han sufrido el olvido, la discriminación y la violencia institucional. Un gobierno con vocación de izquierda debe ser sumamente enfático y claro en la integración de una perspectiva interseccional e intergeneracional en las políticas públicas, tanto en el ámbito de salud, como en el ámbito económico. Éstas tienen que construirse e instrumentarse atendiendo la perspectiva de género (particularmente es necesario el reconocimiento y la atención a la violencia intrafamiliar que se ha agudizado con la pandemia); la perspectiva de infancias y juventudes; la interculturalidad indígena; la diversidad sexual, de discapacidad, así como otras condiciones que colocan a las personas en una mayor situación de vulnerabilidad en momentos de crisis y emergencias.

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