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Llamado urgente a transformar la emergencia del Covid-19

NUESTRO PROPÓSITO Frente a la pandemia de COVID-19, México vive un momento que requiere de la mayor solidaridad y cooperación. El Gobierno federal ha tomado diversas decisiones que son de reconocer; sin embargo, es importante hacer un llamado a la revisión de otras, pues consideramos que con algunas se corre el riesgo de impactos negativos para el país. En este sentido, hacemos una invitación a la reflexión colectiva y a la construcción de encuentros entre sectores de la sociedad civil que impulsen diálogos y acuerdos que contribuyan a la interlocución con diversas esferas de gobierno; diálogos tan ausentes como necesarios en estos momentos. Con este fin, exponemos algunos elementos sobre los que consideramos fundamental reflexionar. NUESTRAS REFLEXIONES En tanto la pandemia del COVID-19 es “una crisis humana que se está convirtiendo con rapidez en una crisis de derechos humanos”, es importante observar algunos aspectos. En primer lugar, resulta fundamental garantizar y profundizar en la disponibilidad, aceptabilidad, calidad y accesibilidad en los servicios de salud pública. Éstos deben de ser universales, gratuitos, accesibles y disponibles para todas y todos en México. A raíz de la declaración del Consejo de Salubridad General, llamada “emergencia por causa de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2 (Covid-19)”, algunos gobiernos estatales y municipales han adoptado medidas que restringen la libertad de movimiento y de tránsito, que pueden resultar violatorias de los derechos humanos. No se puede pretextar la emergencia sanitaria como una excluyente de responsabilidad frente a los derechos fundamentales. Es importante no olvidar que los estados de emergencia deben tener una duración limitada; no se puede avalar ninguna medida que sea innecesaria, ilegal o desproporcionada, con el fin de contención de la propagación del virus, y mucho menos aquellas que pudieran abrir la puerta para decisiones autoritarias o inconstitucionales. La propagación del COVID-19 representa una amenaza sanitaria, pero también un riesgo económico y social. Varios son los elementos a destacar en este aspecto. Se han ido construyendo algunos consensos en torno a la necesidad de regular al mercado y de recuperar, por parte de los Estados, su capacidad de conducción sobre la economía, para impulsar el crecimiento y salir de la depresión de crisis y postcrisis sanitaria. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) considera que es necesario actuar sobre los tres canales de la disrupción: la demanda, la oferta y el sector financiero. En esta lógica es indispensable que además de seguir obteniendo los bienes necesarios para combatir la enfermedad, los gobiernos aumenten su gasto en otros rubros. Resulta de igual manera necesario facilitar créditos directos a la producción. Instituciones multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) deben ofrecer mecanismos de bajo costo para financiar a los países menos desarrollados. Una moratoria de la deuda pública externa para las naciones más necesitadas tiene que ser considerada. En la política social también se requieren cambios. No se trata solo del incremento del gasto para seguir haciendo lo mismo. Pero a mayor escala no se trata solo de continuar con la estrategia basada en las transferencias monetarias. Éstas se deben ubicar en un contexto más amplio, de manera complementaria con otras acciones. En este sentido ha resurgido la propuesta de la renta básica, que sería proporcionada a todas las personas que la requieran, con carácter temporal. La emergencia sanitaria ha puesto de relieve los costos de haber disminuido las instituciones para la seguridad social, por lo que urge fortalecerlas, sin olvidar que el Derecho al Desarrollo no es nada más la prestación de determinados servicios, sino el desarrollo integral de las personas, cuyo principal desafío actual es el acceso al trabajo, la llave que permite la salud, la vivienda, la alimentación y los demás satisfactores reconocidos como derechos. Además, se requiere de ocupación en condiciones de Trabajo Digno . El reto hoy ya no es que el empleo sea condición para tener protección social, sino que ésta tenga como sentido la reconducción de la población hacia la ocupación. Se trata entonces de una estrategia social que propicie el derecho al trabajo. Consideramos que hay tres ámbitos en los que se debe actuar: 1.- en el sector público: i) éste debe aumentar su eficiencia para incrementar su capacidad de generar empleos dignos, y no pensar que eficiencia es igual a menos empleados; para ello se requiere de una verdadera reforma en la administración pública; ii) inversión pública hacia sectores estratégicos como incremento a los créditos para vivienda popular, e infraestructura para atención a la salud; 2.- en el sector privado se requiere de créditos -no transferencias- para que sobrevivan las empresas, particularmente las que son mano de obra intensiva; 3.- en el sector social, a través de la ocupación autogenerada, como cooperativas o empresas sociales. Un caso aparte son quienes trabajan por su cuenta en la informalidad, personas a quienes se les debe garantizar atención médica gratuita, ayudarlas a mitigar la caída de sus ingresos con medidas generales (reducción de IVA) o selectivas (transferencias focalizadas en efectivo). También, en el aspecto laboral, es necesario decir que algunas medidas anunciadas por el Gobierno contravienen los principios de estabilidad en el empleo e irrenunciabilidad del salario, incluyendo el aguinaldo. Entendemos la urgencia para conseguir más recursos, pero esas medidas no resultan proporcionales frente a la cantidad de dinero público que se obtendrá a costa de la violación de principios legales. En la política fiscal hay que dejar a un lado la meta del déficit presupuestal de 2.1%; reorganizar el presupuesto y revisar las alternativas de financiamiento; y analizar la reducción del IVA. El crédito de la banca de desarrollo a las empresas deberá aumentarse de manera programada, en la medida en que la pandemia ceda. Existe la oportunidad de que la deuda externa pueda ser reestructurada. En síntesis, consideramos que México requiere: 1) mantener un consumo responsable; 2) cuidar que no se desplome la oferta de productos y servicios más necesarios; 3) conducir una política de créditos agresiva para sostener la oferta y la demanda efectiva; 4) impulsar

Articulación de las OSC en México

Editoriales | 📰 Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada Web original | 📷 Imagen : Victor Manuel Chima Por: Miguel Concha Sábado 📅 30 de mayo de 2020 Durante más de una década, diversas organizaciones de la sociedad civil (OSC) del país demandaron una cobertura legal y consiguieron en 2004 la aprobación de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil (Lffarosc), un marco legal que las reconoce como actores de interés público y ofrece sustento jurídico para su participación y fomento. Sin embargo, el 14 de febrero de 2019, el gobierno federal emitió la Circular Uno, que canceló el acceso a los recursos públicos para sus proyectos de utilidad pública, y contradice lo establecido en dicha ley. Decisión acompañada con la desacreditación del compromiso con la democracia y los derechos humanos mostrado por la sociedad civil por décadas. Ante ello, diversas articulaciones de OSC reaccionaron ante la difícil situación provocada por las decisiones del gobierno federal y optaron por la denuncia pública para demandar una reconsideración. Dialogaron entre ellas para identificar medidas ante el inevitable debilitamiento y la eventual extinción del marco institucional y legal ganados con tantos esfuerzos. Producto de un proceso de reflexión sobre la permanencia y los derechos de las OSC en México, a través de consultas y diálogos entre OSC del país, Equipo Pueblo AC produjo el diagnóstico Impacto de las restricciones gubernamentales hacia las OSC en México-2020, del que recuperamos las principales valoraciones, recomendaciones y escenarios, que se reúnen en el último capítulo del texto. Las OSC consultadas identificaron impactos negativos de las decisiones gubernamentales que trastocaron su acción. La mayoría de las que trabajan directamente con la población restringieron su quehacer por falta de recursos para desplazamientos y operación de sus proyectos. Reportaron la suspensión de actividades estratégicas de investigación, profesionalización e incidencia. En algunos casos se han planteado el cierre total. Entre los ejes o ámbitos de acción sugeridos por y para las OSC, destacan: 1. La defensa del marco legal y los derechos de las OSC. Las acciones que proponen están dirigidas a sus derechos: la libertad de asociación, de expresión; el derecho a recibir financiamiento de cualquier fuente pública o privada nacional o internacional, independientemente de su posición ideológica, política y métodos de intervención. Además del marco legal federal, es fundamental que todas las entidades de la nación cuenten y/o cumplan con las leyes de fomento estatales. 2. La articulación para una estrategia y agenda común nacional, a partir de lo local. La coyuntura demanda promover nuevamente la estructuración de pensamientos y acciones desde lo local hasta lo nacional, porque continuarán actuando, a pesar del impacto de las decisiones del Poder Ejecutivo. Ratifican la convicción de fortalecerse de manera articulada en una plataforma que integre y difunda sus propuestas ante los asuntos de su interés y que, eventualmente, el gobierno federal y la sociedad les reconozcan. Se sugiere, considerando la diversidad de posiciones, identidades y geografías, por sus derechos explicitados en la Ley de Fomento y otros instrumentos internacionales, la construcción de una agenda común con base en el pleno ejercicio de los derechos humanos, en la que estén transversalizados los enfoques multinacional, multicultural e intergeneracional. Y enfocar las agendas a las transformaciones que exige el país, a los asuntos estratégicos, sin abandonar el seguimiento y evaluación de las políticas públicas que cada una realiza, porque ahí está su compromiso y vocación, tanto en la comunidad como en lo nacional. Para esa articulación hay que integrar las agendas locales y promoverlas, considerando los saberes socialmente adquiridos, la sensibilidad desarrollada y la voluntad de articularse, la cual supone la apertura para construirla conjuntamente. Es decir, una voluntad para ir más allá de las diferencias y tener en perspectiva lo que las une, independientemente de causas y estrategias, y que en la relación con el gobierno y otros actores no queden subordinadas y sigan aportando –de manera crítica y propositiva– a las políticas públicas. Hay quienes consideran que es necesario promover el diálogo político con el gobierno para defender su derecho a la participación. Aprovechar que en algunos ámbitos estatales locales existe apertura para la colaboración y la incidencia en niveles intermedios de gobierno. Para otras es claro que la decisión del gobierno federal de cancelar los recursos para las OSC no cambiará. Por ello importa explorar nuevos esquemas de financiamiento y de reformas a la Ley Federal del Presupuesto, la Ley del Impuesto Sobre la Renta, el Código Fiscal, la Miscelánea Fiscal y la Lffarosc, que apunten a una armonización legislativa que reconozca y fortalezca a las OSC del país. La sociedad civil quiere seguir siendo interlocutora válida, opinar e incidir ante los problemas que enfrenta la nación.

Guía bioética

Editoriales | 📰 Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada Web original | 📷 Imagen : La Jornada Por: Miguel Concha Sábado 📅 09 de mayo de 2020 El propósito de este artículo es contribuir a la búsqueda de soluciones a la emergencia sanitaria desencadenada por la pandemia de Covid-19, y a cómo atenderla y contenerla luego de que fuera decretado el inicio de la fase 3 por el nuevo coronavirus en nuestro país. Por tal motivo abordaré en esta ocasión el tema de la Guía bioética para asignación de recursos limitados de medicina crítica en situación de emergencia (en adelante Guía), aprobada por el Consejo de Salubridad General el pasado 30 de abril ( https://bit.ly/2yxekeH). Según opinión de la doctora María de Jesús Medina Arellano, una de las dos personas expertas que coordinó su elaboración, éste es el primer documen-to en la historia de la medicina, al menos en nuestro país, que ha sido tan democratizado y transparentado. Prueba de ello son las largas discusiones generadas desde la publicación del controvertido borrador, las cuales se han ido situando principalmente en dos grandes posturas: en contra y a favor, o al menos con apertura a ella. Por tal razón, resulta crucial exponer algunos puntos, no sin antes realizar una consideración previa sobre los derechos humanos. Una característica poco mencionada de los derechos humanos es que son esencialmente controvertidos, como lo ha indicado el doctor Ricardo Ortega Soriano. Lo cual significa, entre muchas otras cosas, que su interpretación es problemática, especialmente cuando chocan dos o más derechos entre sí, y por ende uno o unos tienen que restringirse o limitarse con respecto a otros. Lo que precede se complejiza aún más en situaciones como la actual emergencia sanitaria que se vive en la nación, porque tienen que tomarse decisiones en contextos de crisis y recursos escasos e indivisibles. Esto genera desacuerdos, debates y dilemas, sobre todo en materia de bioética y de derechos humanos, los cuales han de ser resueltos con criterios lo más razonablemente posible, bajo la perspectiva de los derechos humanos, para eliminar discrecionalidades y arbitrariedades que puedan derivar en violaciones a derechos humanos, especialmente contra grupos de atención prioritaria o que histórica o coyunturalmente se encuentran en situación de vulnerabilidad. De esta forma la Guía intenta, según su descripción, ser un instrumento con criterios razonablemente objetivos, sustentados en los derechos humanos y la bioética. A la letra, dice en su propósito: Ser una guía bioética que proporcione criterios para orientar la toma de decisiones de triaje cuando una emergencia de salud pública genera una demanda en los recursos de medicina crítica que no es posible satisfacer. Con esto, según la doctora Medina Arellano, uno de los efectos de la Guía es que desactiva el histórico privilegio médico para decidir arbitraria y discrecionalmente quién muere y quién vive, mediante la transparencia de las determinaciones a partir de un criterio dirigido al personal hospitalario que, actual o potencialmente, sea parte en los esfuerzos para combatir la pandemia de Covid-19, el cual entrará en operación si y sólo si la capacidad existente de cuidados críticos en un determinado hospital está sobrepasada, o está cerca de serlo, y no es posible referir pacientes que necesitan de cuidados críticos a otros hospitales donde puedan ser atendidos de manera adecuada. Algunos aspectos de la Guía son los siguientes: justifica cierta manera específica de asignar los recursos escasos de medicina crítica, y describe el procedimiento a utilizarse para dicha asignación (triaje); elimina los principios orden de llegada y necesidad médica; reconoce, a través del principio de justicia social, que todas las personas tienen el mismo valor y los mismos derechos, así como la dignidad humana, la solidaridad y la equidad en tanto principios orientadores; tratar al mayor número de pacientes y salvar la mayor cantidad de vidas según la posibilidad demostrable de beneficiarse de los recursos médicos. Asimismo, considera la situación de grupos de atención prioritaria, para no ser discriminados ni estereotipados; el respeto a la autonomía de las personas pacientes, y el deber ético de no abandonarlas. Por otro lado, especifica las características de los equipos de triaje, los procedimientos, las funciones y los pasos que éstos seguirán al momento de asignar los recursos escasos de medicina crítica, así como el sistema de apelación a la decisión de triaje. Saludamos el hecho de que la Guía haya eliminado criterios como el de vidas-por-completarse, y atendido e incorporado observaciones de instituciones como el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, lo cual le otorga un mayor grado de confiabilidad. Sin embargo, llamamos a asumir una posición crítica con respecto a los aspectos negativos de los sistemas de salud, que están evidenciando los impactos del Covid-19, así como a generar los mecanismos óptimos de aplicación y evaluación en los casos extremos de la Guía.

Garantía del derecho a la participación de la sociedad civil en el marco de las reuniones virtuales con motivo del COVID-19. Aportes desde la experiencia latinoamericana

Comunicados | Adhesiones del CDHVitoria | 📷 Imagen : UNHumanRights Ginebra 📅 30 de abril de 2020 Apreciadas Presidenta del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y Señora Alta Comisionada, En el marco de la crisis generada por el COVID 19 y las medidas para contenerlo, las organizaciones del grupo ONG-LAC y otras organizaciones que colaboramos con la misma agradecemos a la Alta Comisionada y al Consejo de Derechos Humanos por hacer todos los esfuerzos por asegurar el funcionamiento del Sistema de Derechos Humanos, incluyendo mediante mecanismos virtuales. Entendemos que el Consejo de Derechos Humanos y la Oficina de la Alta Comisionada estén explorando esta vía para continuar con su importante trabajo a pesar de las limitaciones existentes. Consideramos que uno de los potenciales beneficios de estos mecanismos sería una participación más amplia de sociedad civil desde distintos países que también son usuarios del Sistema. Sin embargo, desde nuestra experiencia como organizaciones trabajando en América Latina y el Caribe, quisiéramos señalar aspectos que ameritan cuidadosa consideración al respecto de los riesgos que conlleva la virtualización de los espacios internacionales de gobernanza. Compartimos recomendaciones concretas para garantizar que el CDH y la OACDH sigan operando en reuniones virtuales de acuerdo a su mandato, en particular garantizando la participación efectiva de la sociedad civil, y facilitando la participación de los sectores más afectados por las violaciones de derechos humanos en estos contextos y de las organizaciones que los apoyan. En el marco de esta discusión, reconocemos los insumos existentes por parte de organizaciones de sociedad civil, en particular dentro de la ‘encuesta sobre participación de sociedad civil en tiempos de COVID-19’ recopilada por ISHR y compartida con la presidencia del CDH. En muchas comunidades y regiones del mundo, incluyendo en América Latina y el Caribe, las personas no tienen acceso a Internet o tienen que desplazarse fuera de sus hogares para obtener dicho acceso, algo que no es posible en la situación actual de confinamiento. Igualmente, en muchos lugares la conexión no es estable o suficiente, por lo que puede permitir enviar o recibir emails, pero no hacer un seguimiento por tiempo prolongado de una reunión. Esto no solo limita la participación en la propia reunión, sino también la preparación previa entre las organizaciones con estatus ECOSOC y las organizaciones de base que éstas apoyan y para las cuales sirven como canal de comunicación. La accesibilidad de espacios y discusiones virtuales también puede verse obstaculizada por razones lingüísticas y de huso horario. Por otra parte, muchas organizaciones de sociedad civil operan en regiones o contextos opresivos, bajo la mirada vigilante de los Estados y otros agentes. Estas condiciones conllevan riesgos digitales importantes que pueden comprometer la seguridad de la información, de la comunicación, y por consecuente, de los miembros y organizaciones de sociedad civil involucrados. La ausencia e un pleno acceso a Internet amplifica exponencialmente esta vulnerabilidad. Será muy importante que se aclare cuáles son las normas de procedimiento del CDH y de la OACDH que regirán para deliberaciones virtuales, incluyendo el estatus de las decisiones y acuerdos que se tomen en estas sesiones. Entre otros aspectos también se deberían adoptar las siguientes medidas: • Fijación de plazos con suficiente antelación para la convocatoria de la reunión: Muchas personas no cuentan con los medios o el tiempo para un acceso diario a Internet por lo que las convocatorias de reuniones deben realizarse con suficiente antelación, tras consultar con grupos de sociedad civil, y contar en ese momento con la documentación necesaria de antecedentes. • Elección de la hora para las reuniones: Las personas estarán en distintas zonas horarias, por lo que será importante convocar las reuniones en horas que aseguren una participación representativa, garantizando la participación efectiva de sociedad civil de diferentes regiones del mundo. • Claridad y transparencia en el establecimiento previo de las normas que van a regir la reunión, dentro de un plazo razonable: cómo se registran las personas para participar; cuál es la política de protección de datos y privacidad que la plataforma digital usada aplica; cómo se deben identificar las personas en la plataforma digital; cómo se solicita el uso de la palabra y cómo se determina el orden del uso de la palabra; cual es el tiempo de palabra de cada interviniente, si se harán en paralelo comentarios o preguntas en el chat, y si estas contribuciones serán documentadas como parte de las deliberaciones; si se puede hacer uso de presentaciones o de video clips. De igual forma, señalar con suficiente antelación los requerimientos técnicos necesarios para poder participar en ella. • Traducción en español de documentación previa: La comunicación on-line ya dificulta la comprensión de los mensajes, por lo que creemos que es fundamental que los documentos de antecedentes o borradores sobre los que se vaya a discutir estén traducidos con la suficiente antelación para ser enviados junto a la convocatoria, lo antes posible. • Garantía de sesiones con interpretación simultánea: Explicar detalladamente en la convocatoria las instrucciones para acceder a ella en los distintos idiomas. En algunos casos y para algunos eventos se debería ponderar si hace más sentido organizar reuniones regionales. Esto para América Latina y el Caribe implicaría que la reunión fuera en español y habría más facilidad para lograr una hora pertinente. • Garantía de un mínimo de intervenciones para los distintos grupos de sociedad civil con un tiempo de palabra suficiente, garantizando así la inclusión de sus voces y sus mensajes en la reunión y la pluralidad de visiones. La reducción de las intervenciones de sociedad civil a algunas organizaciones que por lo general tienen una relación fuerte y consolidada con el Sistema, puede dejar excluidas voces divergentes, cuyas opiniones son importantes para asegurar el proceso democrático. • Contribuciones escritas: Por la limitación del tiempo de las sesiones, especialmente de aquellas de carácter informal, para las cuales no existe un sistema formal de contribuciones, es importante que las y los participantes puedan enviar de forma escrita sus aportaciones al tema, sin limitar sus aportes a lo compartido en

Ante la pandemia, desde abajo

Editoriales | 📰 Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada Web original | 📷 Imagen : Web Por: Miguel Concha Sábado 📅 02 de mayo de 2020 Diversos posicionamientos de personas, organizaciones e instituciones defensoras de derechos humanos concuerdan, de una u otra manera, con respecto al Covid-19, en un aspecto común: cualquier medida que tome el Estado mexicano para atender y contener la pandemia debe tener como centro el pleno respeto y garantía de los derechos humanos de todas las personas, especialmente los de los grupos de atención prioritaria o que histórica o coyunturalmente se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad. Ejemplo de esto es la Resolución 1/2020, titulada Pandemia y Derechos Humanos en las Américas (https://bit.ly/3csq9RE), adoptada el pasado 10 de abril por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, Comisión). En términos generales, esta resolución hace un llamado a los 35 estados miembros de la Organización de Estados Americanos, uno de ellos México, para que adopten la perspectiva de derechos humanos de manera inmediata e interseccionalmente en toda estrategia, política o medida dirigida a enfrentar la pandemia. Asimismo, la resolución señala que toda medida que restrinja, suspenda o limite derechos necesita ser adecuadamente justificada. Por ejemplo, con la mejor evidencia científica y ajustándose a los principios pro persona, de proporcionalidad y temporalidad, los cuales han de procurar el estricto cumplimiento de los objetivos de salud pública y protección integral. Así, la resolución también expone que los estados deben abstenerse de suspender ciertos derechos, entre ellos el reconocimiento a la personalidad jurídica de las personas, a la vida, a la integridad personal y los derechos políticos. Aunado a esto, la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, compuesta por 33 organismos del Estado nacional, dedicados a la defensa y promoción de los derechos humanos, emitió un pronunciamiento (https://bit.ly/3eBrqrw) en el que declaró, entre otras cosas, que la emergencia sanitaria no debe convertirse en una crisis de derechos humanos, sino que debe considerarse como una oportunidad para hacer efectivos los deberes de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. De esta manera, y según la doctora Fabiola Martínez Ramírez, la emergencia sanitaria desencadenada por el Covid-19 no justifica de ninguna manera que el Estado mexicano pase por encima de los derechos humanos, sino que todas las autoridades, en sus diferentes ámbitos y niveles de competencia, están obligadas a respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos, así como a cumplir con sus deberes específicos. Es decir, a prevenir, investigar, sancionar y reparar sus violaciones. Sin embargo, medidas como la publicación de la controvertida Guía Bioética de Asignación de Recursos de Medicina Crítica (en adelante, Guía), actualmente en revisión, que después fue manejada por las autoridades como un proyecto no aprobado, representaba un claro desconocimiento e inaplicación de las obligaciones generales y deberes específicos del Estado o, por lo menos, de quienes integran el Consejo de Salubridad General. Así, parecía que la Guía se tomaba la atribución para decidir arbitrariamente quién viviría y quién moriría en situaciones de asignación de recursos escasos, a través de meros criterios utilitaristas, hoy aparentemente eliminados, como el llamado vidas-por-completarse, o el Triaje, el cual es, parafraseando a Mauro González Luna ( Proceso, Num. 2268, p. 12), una suerte de volado, donde el azar toma la decisión. Medidas como la Guía son la puerta de entrada a numerosas violaciones a derechos humanos por acción, omisión o aquiescencia. Una de éstas es la discriminación o los tratos diferenciados e injustificados contra grupos de atención prioritaria o en situación de vulnerabilidad; entre ellos las personas adultas mayores, contraviniendo con ello instrumentos jurídicos vinculantes, como la Constitución (artículo 1), la Ley Federal Para Prevenir y Erradicar la Discriminación (artículos 1-4) y la Resolución 1/2020 de la Comisión Interamericana (resolutivos 3, 36, 40, 43, 58, 67, 69, 71 y 76). Por estos y otros motivos, saludamos los genuinos esfuerzos de las autoridades, pero a la vez las llamamos a reali-zar dos tareas esenciales en estos tiempos de crisis: cumplir con sus obligaciones generales y deberes específicos, para que durante y después de esta pan-demia, todas las personas gocen plenamente de los derechos humanos reconocidos en la Constitución de nuestro país y en los tratados internacionales ratificados en México, mediante procedimientos de protección adecuados que permitan su materialización. Y en segundo lugar, adoptar criterios razonablemente objetivos, bajo la perspectiva de derechos humanos que permitan priorizar, sin discriminar, como los test de proporcionalidad (https://bit.ly/2RWgxXD) y de máximo uso de recursos disponibles (https://bit.ly/2KpbbA0), así como modelos bioéticos congruentes para deliberar problemas y dilemas éticos.

Superar la pandemia requiere de la atención primordial del derecho a una vivienda adecuada y del acceso al derecho al agua

Comunicados | Adhesiones del CDHVitoria | 📷 Imagen : Elementa 📅 01 de abril de 2020 Las organizaciones de la sociedad civil y personas que suscribimos este documento manifestamos nuestra preocupación por las recientes declaraciones del Gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, en el sentido de hacer uso del aparato de justicia penal para castigar a las personas que no cumplan con las indicaciones de aislamiento en el marco de la pandemia de Covid-19. Si bien compartimos la necesidad de que toda la población cumpla a cabalidad con las medidas indicadas por la Secretaría de Salud, así como el carácter crucial que tendrá el grado de su atención, consideramos que la lógica punitiva no es una forma idónea de cumplir con el objetivo, así como tampoco es proporcional para el ejercicio de derechos humanos. (…) Leer comunicado completo (Página web de Elementa.co) ATENTAMENTE Organizaciones: Elementa DDHH, A.C. • Indignación- Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. • Unidad de Atención Sicológica, Sexológica y Educativa para el Crecimiento Personal, A.C.(UNASSE) • Servicios Humanitarios en Salud Sexual y Reproductiva, A.C. • Intersecta, Organización para la Igualdad, A.C. • Colectivo por la Protección de todas las Familias en Yucatán • El Día Después • Mexicanos Haciendo Bola, A.C. • Equis, Justicia para las Mujeres, A.C. • RESILIENTXS • Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P A.C. (CDHVitoria) • Antifaz • Creatura • Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer Elisa Martínez, A.C. • Red Mexicana de Trabajo Sexual. • UADY Sin Acoso • Repara Lumea contra la violencia de género, A.C. • Balance Promoción para el Desarrollo y Juventud, AC Personas: Carlos Luis Escoffié Duarte • Alex Orué • Enrique Gallegos Madrigal • Mara Rebollo Carrillo • Natalia Iliana López Medina • María de los Ángeles Cruz Rosel • Martha Capetillo Pasos • César H. Briceño Castro • Ixchel Cisneros Soltero • Milena Pafundi • María José Martínez Parente • Rodrigo Llanes Salazar • Adriana Muro Polo • Renata Demichelis Avila • Carlos Alberto Guzmán Mendoza • Hazyadeth Itzel Acero Martínez • Miguel Fernando Anguas Rosado • Mariana Constanza Pola Garcés • Alberto Filio Paez • Janet Medina Puy • Brittney López Hampton Coleman • Mariana Jasso Muñoz • Marion Reimers • Leonora Milán • Andres Torres Checka • Ana Cruz Manjarrez Téllez • Andrea Martínez de la Vega Maldonado • Alejandro Tejeida • Diana Pinto • Nora Robledo • Alejandrina Pinto Carrillo • Lisseth Flota Tamayo • Miriam Specka • Miguel Pulido • Elvira Madrid Romero • Jaime Alberto Montejo Bohorquez • María Fernanda Pinto Carrillo • Rosa Cruz Pech • Romel González Díaz • Ximena Gallegos Toussaint • Flor Aydeé Rodríguez Campos • Oriana López Uribe

Obligaciones y deberes del Estado

Editoriales | 📰 Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada Web original | 📷 Imagen : Web | AFP Por: Miguel Concha Sábado 📅 25 de abril de 2020 Diversos posicionamientos de personas, organizaciones e instituciones defensoras de derechos humanos concuerdan, de una u otra manera, con respecto al Covid-19, en un aspecto común: cualquier medida que tome el Estado mexicano para atender y contener la pandemia debe tener como centro el pleno respeto y garantía de los derechos humanos de todas las personas, especialmente los de los grupos de atención prioritaria o que histórica o coyunturalmente se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad. Ejemplo de esto es la Resolución 1/2020, titulada Pandemia y Derechos Humanos en las Américas (https://bit.ly/3csq9RE), adoptada el pasado 10 de abril por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, Comisión). En términos generales, esta resolución hace un llamado a los 35 estados miembros de la Organización de Estados Americanos, uno de ellos México, para que adopten la perspectiva de derechos humanos de manera inmediata e interseccionalmente en toda estrategia, política o medida dirigida a enfrentar la pandemia. Asimismo, la resolución señala que toda medida que restrinja, suspenda o limite derechos necesita ser adecuadamente justificada. Por ejemplo, con la mejor evidencia científica y ajustándose a los principios pro persona, de proporcionalidad y temporalidad, los cuales han de procurar el estricto cumplimiento de los objetivos de salud pública y protección integral. Así, la resolución también expone que los estados deben abstenerse de suspender ciertos derechos, entre ellos el reconocimiento a la personalidad jurídica de las personas, a la vida, a la integridad personal y los derechos políticos. Aunado a esto, la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, compuesta por 33 organismos del Estado nacional, dedicados a la defensa y promoción de los derechos humanos, emitió un pronunciamiento (https://bit.ly/3eBrqrw) en el que declaró, entre otras cosas, que la emergencia sanitaria no debe convertirse en una crisis de derechos humanos, sino que debe considerarse como una oportunidad para hacer efectivos los deberes de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. De esta manera, y según la doctora Fabiola Martínez Ramírez, la emergencia sanitaria desencadenada por el Covid-19 no justifica de ninguna manera que el Estado mexicano pase por encima de los derechos humanos, sino que todas las autoridades, en sus diferentes ámbitos y niveles de competencia, están obligadas a respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos, así como a cumplir con sus deberes específicos. Es decir, a prevenir, investigar, sancionar y reparar sus violaciones. Sin embargo, medidas como la publicación de la controvertida Guía Bioética de Asignación de Recursos de Medicina Crítica (en adelante, Guía), actualmente en revisión, que después fue manejada por las autoridades como un proyecto no aprobado, representaba un claro desconocimiento e inaplicación de las obligaciones generales y deberes específicos del Estado o, por lo menos, de quienes integran el Consejo de Salubridad General. Así, parecía que la Guía se tomaba la atribución para decidir arbitrariamente quién viviría y quién moriría en situaciones de asignación de recursos escasos, a través de meros criterios utilitaristas, hoy aparentemente eliminados, como el llamado vidas-por-completarse, o el Triaje, el cual es, parafraseando a Mauro González Luna ( Proceso, Num. 2268, p. 12), una suerte de volado, donde el azar toma la decisión. Medidas como la Guía son la puerta de entrada a numerosas violaciones a derechos humanos por acción, omisión o aquiescencia. Una de éstas es la discriminación o los tratos diferenciados e injustificados contra grupos de atención prioritaria o en situación de vulnerabilidad; entre ellos las personas adultas mayores, contraviniendo con ello instrumentos jurídicos vinculantes, como la Constitución (artículo 1), la Ley Federal Para Prevenir y Erradicar la Discriminación (artículos 1-4) y la Resolución 1/2020 de la Comisión Interamericana (resolutivos 3, 36, 40, 43, 58, 67, 69, 71 y 76). Por estos y otros motivos, saludamos los genuinos esfuerzos de las autoridades, pero a la vez las llamamos a reali-zar dos tareas esenciales en estos tiempos de crisis: cumplir con sus obligaciones generales y deberes específicos, para que durante y después de esta pan-demia, todas las personas gocen plenamente de los derechos humanos reconocidos en la Constitución de nuestro país y en los tratados internacionales ratificados en México, mediante procedimientos de protección adecuados que permitan su materialización. Y en segundo lugar, adoptar criterios razonablemente objetivos, bajo la perspectiva de derechos humanos que permitan priorizar, sin discriminar, como los test de proporcionalidad (https://bit.ly/2RWgxXD) y de máximo uso de recursos disponibles (https://bit.ly/2KpbbA0), así como modelos bioéticos congruentes para deliberar problemas y dilemas éticos.

Lo que emerge en la emergencia

Editoriales | 📰 Columna de opinión en la Revista Contralínea Web original | 📷 Imagen : Cuartoscuro Por: Nery Chaves García (Costa Rica), Tanja Vultier (Colombia), Amy Roca Sinay (Guatemala) y Viridiana Martínez Ortiz* 📅 18 de abril de 2020 El presente artículo de opinión guarda una serie de diálogos, reflexiones y sentires, de cuatro mujeres jóvenes que habitan y transitan diversas realidades, desde Colombia, Costa Rica, Guatemala y México. Lugares en los cuales se ha instalado una pandemia, suscitada por un virus nombrado Covid-19, descubrimiento viral de la época que se ha tornado como punto de quiebre de lo que se vivía cotidianamente, siendo también un tiempo representado como un espacio suspendido desde las incertidumbres; sin embargo que se presenta como una posibilidad para conversar regionalmente. Con todo y las distancias geográficas, mas no históricas, intentamos aproximarnos y sentirnos cercanas. Esto requiere de paciencia, ternura, buena señal de internet y mucha escucha para comprendernos y reconocernos, desde las vivencias situadas que nos están doliendo, trastocando y, que sin duda, evidencian un momento histórico que implica reorganización, pausa y reinvención de los procesos sociales que luchan y apuestan a la transformación de sentidos, subjetividades y dimensiones materiales de las realidades. El despojo, concentración de bienes comunes y de riqueza, la misoginia, racismo, odio, represión, criminalización y judicialización a los cuerpos, formas, sentidos y organizaciones de vida contrahegemónicas, son algunas de las características comunes de Mesoamérica. Poblaciones enteras que sobreviven día a día a desigualdades y violencias estructurales que forman la base de los Estado-Nación que les empobrecen, expulsan y asesinan. Sobre esas dinámicas se gobierna desde el control, la militarización y/o securitización de la vida cotidiana, como mecanismos de aleccionamiento contra la organización comunitaria y política. La crisis sanitaria llegó a la región importada desde los cuerpos que pueden movilizarse extracontinentalmente. El norte mundial importó la Covid-19 al sur latinoamericano, recordando a la época colonial y evidenciando que aún sobrevivimos entre políticas coloniales, patriarcales, racistas, misóginas y capitalistas. Hoy es la desigualdad la que explota en nuestras caras, donde los Estados mesoamericanos, lejos de atenderlas, acentúan esas diferencias al generar recetas uniformes a sociedades tan desiguales. ¿Qué evidencia la crisis? Desde estas aproximaciones regionales, si algo nos hace entender esta pandemia es la magnitud de la inequidad estructural en lo social, económico y político en la que vivimos. Muchos estaban diciendo que el virus afecta a todas las personas por igual, pero esto contiene diversas condiciones estructurales y para ello basta echar una mirada a los barrios, comunidades y espacios sociales que históricamente han sido desposeídos, siempre los más afectados, más aún en Estados donde lo social nunca ha sido una prioridad en la política pública. En ese sentido, la Covid-19 está alimentado por el capitalismo. Con este temor, desde las realidades latinoamericanas se están configurando medidas drásticas de control social que se han implementado para “prevenir” su expansión desmedida; sin embargo esta situación también responde a estrategias de represión que continúan violentando con mayor agresividad los derechos humanos individuales y colectivos. Las medidas más restrictivas en la región han sido precedidas de movilizaciones importantes y señalamientos profundos al ordenamiento social y el status quo. En Mesoamérica, propiamente, es un devenir autoritario el que dice prevenir a Covid-19, devenir legitimado por el miedo. Lo anterior puede ser ejemplificado a través de las diversas medidas y estrategias de represión comunes que se están tomando en los diversos países latinoamericanos, evidenciando una serie de problemáticas: las medidas como la cuarentena, el aislamiento social preventivo, toque de queda o incluso estados de excepción, están dando pie a una serie de reconfiguraciones sociales y desde la lógica neoliberal se está mostrando una cara estatal asistencialista. Es por ello que en términos macroeconómicos se construyen fondos económicos a partir del adelgazamiento de presupuestos de programas sociales, cobrando impuestos llamados “solidarios”, que centran su peso en las personas empleadas públicas, reduciendo las jornadas laborales, flexibilizando las condiciones laborales y ampliando la deuda a nivel interno y externo. Estas medidas, sin duda, van a impactar y a precarizar aún más la vida de millones de personas a nivel regional. En términos microeconómicos se visualiza un gran número de personas trabajando en el sector informal, sin contrato o seguridad social, dependiendo de los ingresos que pueden generar a diario. Seis de cada 10 personas empleadas en la región están en la informalidad; para ellas, un sólo día de cuarentena significa un gran problema para su sustento y el de sus familias. En el cotidiano, la pandemia también está visibilizando la gestión de la vida y muerte. Existen muchos grupos sociales que están siendo desprotegidos y olvidados, como las personas que se encuentran en situación de calle, personas migrantes, desplazadas, internas, defensoras y activistas u otras personas para quienes la medida “Quédate en casa” puede sonar como una burla, un asunto impensable, inhabitable. Lo mismo vale para las muchas mujeres y la niñez que, más allá de desconocer cómo organizar clases virtuales para sus hijas e hijos por falta de internet, están viviendo con sus agresores en casa y para quienes una cuarentena puede resultar incluso letal. Los feminicidios y los asesinatos a personas defensoras de tierra y territorio y defensoras de derechos humanos no se van a cuarentena. Para muchas comunidades indígenas o rurales abandonadas históricamente o afectadas por multinacionales, o en muchos barrios periféricos de las ciudades, tan sólo las medidas de saneamiento básico como lavarse las manos continuamente se complica por la falta de agua constante. La batalla contra la Covid-19 se empina cuando se evidencia que la salud no ha sido prioridad política. Según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2017 América Latina destinó a salud tres veces menos que los países de la Unión Europea [1]. El desfalco a la salud pública corresponde a una crisis que antecedió al virus; en ese sentido la emergencia sanitaria que vive la región tiene raíces profundamente políticas: las inequidades entre los sectores de salud privada y pública, así como las inequidades de acceso a

Esto lo cambia todo: la crisis que ya vivíamos

Editoriales | 📰 Blog «La dignidad en nuestras manos» del Plumaje de Animal Político Web original | 📷 Imagen : Eneas de Troya Por: Jorge Luis Aguilar y Donovan Ortega (@ donoortega)* 📅 10 de abril de 2020 Aceptémoslo, la incertidumbre que permea a buena parte de la humanidad lo cambiará todo. Es difícil imaginar lo que representarán en términos sociales, económicos y políticos las medidas urgentes que se han tomado en diversos países para atender el riesgo del virus, su peligro es el más alto desde los eventos de influenza ocurridos en 1918 y 2009, según el modelo del Imperial College de Londres. Nos han dicho que para detener la pandemia debemos cambiar la forma en que hacemos todo. La radicalidad de las medidas de confinamiento podrían alargarse indefinidamente de acuerdo al mismo colegio experto; una alternativa propuesta es el planteamiento de una cuarentena extendida que se flexibiliza cuando el ritmo de los ingresos a cuidados intensivos de los hospitales se relaja, pero que eventualmente reactiva las medidas de aislamiento social con la llegada de hipotéticos picos en el futuro de ingresos a urgencias. De esta forma, la aparente mejor estrategia supondría que nos confinemos durante dos de cada tres meses consecutivamente, eso al menos hasta que existan avances en el tratamiento a los síntomas o se termine y distribuya satisfactoriamente una vacuna. Por otro lado, aún en el escenario de que todo “volverá a la normalidad” después de algunas semanas o meses, la pandemia supone ya un cambio importante a las normas sociales y algunas reorientaciones que se asoman a largo plazo. Se profundizará, por ejemplo, la alternativa del trabajo y estudio a distancia como una dinámica con mayor presencia, pero que supone una opción al alcance exclusivo de quienes tienen de una u otra forma acceso a internet y la tecnología necesaria para dicha tarea, así como garantías sociales, educativas o laborales que les permiten “adaptarse” a la situación, aspecto que en el contexto actual sólo podría profundizar la desigualdad de oportunidades y el ejercicio de derechos. Y sólo en ese punto ya existe un indicador del momento en el cual llega la llamada crisis sanitaria a algunos países, contrastando con mayor nitidez la inequidad estructural en todos los ámbitos en los que vivimos, pero también para reimaginar las formas de hacerles frente. Si las protestas masivas y calles abarrotadas de reclamos contra el cambio climático, la violencia feminicida y la concentración de la riqueza ocuparon las primeras planas en todos los continentes, a partir de este momento los movimientos sociales tendrán oportunidad de explorar con mayor creatividad su alcance a través de medios tecnológicos y la organización con las y los más próximos, reflexionar sobre los horizontes políticos y el hacer voz en común aún con la distancia física y las plazas restringidas. Al mismo tiempo se pone en el centro de la discusión la obligación del Estado de garantizar los derechos humanos. El sentido de su encargo se hace más presente cuando es tan palpable que para vivir dignamente falta que todas y todos puedan tener un techo donde resguardarse, acceder a servicios médicos de calidad, agua y energía, alimentos con los cuales subsistir y los medios necesarios que permitan de alguna forma atenerse al resguardo, son en primer lugar condiciones fundamentales e irrenunciables. Son realidades que no pueden esperar y el evento actual permite visibilizar con mayor crudeza las desigualdades estructurales y la precarización de las sociedades profundizada en las últimas décadas por el avance del libre mercado. No sólo es atender la indicación del confinamiento, medida planteada unilateralmente desde la lógica clínica para disminuir la anunciada crisis, sino además generar las condiciones necesarias y adecuadas para reducir las brechas sociales que se han exacerbado con el impacto de la medida, afectando diferenciadamente a los grupos históricamente marginados. Han destacado desde muchas organizaciones de la sociedad civil, instituciones y movimientos comunitarios muchas propuestas para reducir los riesgos de las personas migrantes, resguardar a las personas que viven en poblaciones de calle, monitorear los riesgos de quienes están privadas de su libertad, dar alternativas a las mujeres cuyo riesgo a la violencia aumenta al estar enclaustradas con su agresor y asegurar un dialogo atento, cercano y digno con las personas adultas mayores, más vulnerables a padecer de las consecuencias físicas de la enfermedad, pero también de estar en situación de pobreza y olvido institucional, situación que hace crecer exponencialmente el riesgo. Las situaciones excepcionales, de crisis, han ofrecido el combustible para que los diversos mecanismos del poder –políticos, simbólicos, económicos, (…)- se afiancen y radicalicen en las sociedades. Del shock y la conmoción surgen miedos más o menos profundos que paralizan y aturden a las comunidades, generando escenarios sociales ideales para el avance de políticas draconianas y de libre mercado que difícilmente pasarían sin protesta y desencuentro con la población en circunstancias democráticas. De esa forma mientras la guerra representa probablemente el evento más traumático para una sociedad, la naturaleza en forma de volcanes, terremotos, tsunamis, hambrunas y epidemias también puede despejar el camino para que los grupos que acaparan el poder y los recursos destraben medidas impopulares para las mayorías y, además, que esto se haga en nombre de la seguridad o en búsqueda de salir de la sensación de emergencia (sea dicha emergencia real o percibida). No hace falta buscar demasiado para distinguir la tendencia de algunos gobiernos, proclives de por sí a ser autoritarios, para aprovechar de manera oportunista el pánico colectivo y desplegar respuestas que suenan desproporcionadas y que podrían sumar al miedo amplificado por el despliegue mediático. Para nombrar algunos ejemplos está Chile que ha decretado una prohibición explícita de movilizaciones y asambleas; en la misma región, Perú creó un registro de las personas detenidas por infringir el toque de queda y también ha publicado una ley que “faculta a las Fuerzas Armadas a hacer uso de la fuerza para garantizar el cumplimiento del Estado de Emergencia para frenar al COVID”. De esta forma, mientras avanza el contagio del virus le siguen también relatos y códigos

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