Los efectos de la pandemia en las OSC
Editoriales | 📰 Blog «La dignidad en nuestras manos» del Plumaje de Animal Político Web original | 📷 Imagen : Internet Por:Esmeralda A. García y Donovan Ortega* 📅 11 de agosto de 2020 Por décadas, las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) en México dedicadas a la defensa de los derechos humanos han ideado estrategias para llevar a cabo acompañamientos y actividades en condiciones poco favorables, articulándose y fortaleciéndose ante un Estado que no atiende de manera efectiva ni integral a todos los sectores de la población. La histórica labor realizada por las organizaciones1 ha requerido un ejercicio continuo de planteamientos y acciones creativas en las formas de trabajo y los mecanismos de acompañamiento, defensa jurídica, incidencia política y/o educación popular, atendiendo a los contextos en los que se desenvuelven y que complejizan la implementación de estrategias sostenibles e integrales para su labor. El recorte y la eliminación de recursos públicos, los discursos y narrativas que descalifican su labor, el contexto de riesgo, impunidad y amenazas constantes, así como la falta de políticas fiscales y tributarias integrales que atiendan sus realidades específicas y condiciones2, son elementos que constituyen la actualidad en el que muchas OSC desarrollamos nuestras actividades, sumando además la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19 que nos pone en una situación de bastante complejidad y mayor vulnerabilidad. Sin duda, durante esta contingencia nos hemos visto en la necesidad de adaptar nuestras dinámicas y formas de trabajo en circunstancias que dificultan mucho más la labor de defensa dentro de una OSC. Entre ellas las medidas de distanciamiento social, la limitada comunicación e interlocución con las autoridades e instituciones y las actividades total o parcialmente detenidas en éstas. Además, dicha emergencia tiene un impacto diferenciado en las personas y grupos que acompañamos: comunidades, colectivos y articulaciones que desde mucho tiempo atrás se enfrentan a escenarios de vulnerabilidad, violencia, precarización y nula atención en sus procesos y exigencias de justicia, verdad y reparación, ahora agudizados ante la emergencia sanitaria. Esta discusión se enmarca en un contexto que pareciera ir “contra reloj” ya que el inicio de las medidas de confinamiento y distanciamiento social no significaron una paralización de actividades en las OSC, al contrario, se multiplicaron cuando la pandemia dejó ver que el Estado continúa sin priorizar sus obligaciones de atención. No es un escenario desconocido para las OSC la reducción o limitación de sus agendas y actividades ante la falta de recursos, llegando a plantearse en algunos casos escenarios como el cierre total de los espacios, lo cual desafortunadamente sí ha sucedido a lo largo de los años en México. Así, mientras las necesidades de atención aumentan, el acceso a recursos que sostengan las actividades continúa a la baja y el panorama se torna más preocupante, colocando en una extrema incertidumbre a muchos espacios que realizan actividades indispensables para la defensa de los derechos humanos. El tema de la sostenibilidad siempre ha sido una constante en los diálogos y reflexiones hacia el interior de las OSC, así como parte de las exigencias del sector frente al Estado. No obstante, la pandemia ha dejado ver mucho más la necesidad de generar estrategias que impacten positivamente en la sostenibilidad integral y la operatividad de nuestros espacios, garantizando una proyección a largo plazo que brinde seguridad no sólo a las personas defensoras dentro de las organizaciones, sino también a las personas que acompañamos y que son el motor principal de nuestro trabajo. Nos enfrentamos a una situación de emergencia que está teniendo fuertes efectos en la manera en que defendemos los derechos humanos, realzando la importancia de configurar y/o fortalecer alianzas y vínculos que permitan construir y llevar a cabo una agenda común desde las bases y la colectividad para tener un mayor alcance a corto, mediano y largo plazo tanto a nivel local como nacional. Defender derechos humanos es nuestro derecho y debe garantizarse su ejercicio en condiciones integrales y dignas, lo que conlleva desde la obligación del Estado para generar y brindar herramientas y mecanismos que permitan la sostenibilidad de las OSC, hasta la responsabilidad que tenemos al interior de nuestros espacios para asegurar el bienestar integral de nuestros equipos. Es así que las OSC tenemos una diversidad de retos al exterior y al interior, los cuales deben mirarse y ser dialogados en todo momento desde visiones críticas y autocríticas que apuesten por la dignidad humana y el ejercicio integral de los derechos humanos. Es fundamental continuar con estas reflexiones tanto al interior de nuestros espacios como con actores diversos, quienes cuentan con saberes y trayectorias valiosas, las y los que han demostrado su apoyo a las causas y aún más con las personas y grupos que acompañamos, explorando alternativas y compartiendo experiencias y herramientas que permitan construir acciones colectivas efectivas. La tarea no es sencilla, aún quedan muchas reflexiones por dar y si bien son discusiones largas es imprescindible darles su debido espacio en el momento actual. ¿Cómo construimos e implementamos una sostenibilidad integral y digna dentro de las OSC? ¿Cómo seguimos impactando en procesos de carácter estructural cuando cada vez son más las necesidades inmediatas? ¿Qué implica la emergencia sanitaria para la defensa de los derechos humanos? ¿Qué nuevas realidades deberemos enfrentar? Estos cuestionamientos y otros se encuentran profundamente interrelacionados en cada una de nuestras labores por la defensa y promoción de los derechos humanos. El panorama claramente no es alentador, pero es indispensable no dejarse llevar por esta incertidumbre; la historia de las OSC no ha sido fácil pero la construcción de redes y las luchas compartidas continúan. Los impactos del contexto actual serán múltiples y empiezan a reflejarse. Es momento de seguir repensando las formas de hacer y vivir la defensa de los derechos humanos dentro de las OSC, sin dejar de lado que nuestro compromiso sigue siendo el mismo: abonar en la construcción de un país más democrático, justo y digno. * Esmeralda A. García es Coordinadora General del CDHVitoria. Donovan Ortega (@donoortega) es Coordinador del área de Fortalecimiento del Centro.
Etnocidio en Sonora
Editoriales | 📰 Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada Web original | 📷 Imagen : Web Por: Miguel Concha Sábado 📅 01 de agosto de 2020 Cuando muere una lengua, ya muchas han muerto y muchas pueden morir. Espejos para siempre quebrados, sombra de voces, para siempre acalladas: la humanidad se empobrece. En su poema Cuando muere una lengua Miguel León Portilla nos recuerda la importancia del México multicultural. Hoy, en plena pandemia, a causa del Covid-19, un megaproyecto impulsado por intereses industriales está desplazando al pueblo guarijío. Se trata de la presa Los Pilares, en Sonora. Armando Haro y Ramón Martínez revelan en el libro Patrimonio biocultural y despojo territorial en el Río Mayo (2019), publicado recientemente por El Colegio de Sonora, los atropellos e ilegalidades del proceso que hoy amenaza a los guarijíos. Es innegable que los pueblos originarios de nuestro país y su herencia cultural han sido histórica y sistemáticamente agredidos por el desarrollo occidental, llevándolos casi al borde del exterminio. Con una óptica mercantilista, se les ha despojado de sus recursos naturales, sus expresiones culturales y costumbres, vulnerando así sus derechos esenciales. En nuestros días este despojo territorial y cultural, aunado al desplazamiento forzoso de diversas comunidades, se ha incrementado debido a los nuevos megaproyectos y desarrollos industriales. Para los guarijíos los territorios no significan lo mismo que para la visión occidental. Para ellos el territorio es la base simbólica que sustenta su origen y los identifica culturalmente. La naturaleza es, además, un ente sagrado y polimorfo en el que moran subjetividades de los seres vivos y de los antepasados inanimados. Así lo expresa un líder guarijío: los Pilares para nosotros es un lugar importante y sagrado, ya que en estas aguas estancadas y termales es donde nuestros antepasados y nosotros adquirimos los conocimientos necesarios para ser músicos de pascolas, arrendadores de caballos, cantadores de venado, cantadores de tuburi, rezadores, curanderos, chamanes y para ser buenos jinetes. Por ello, el valor biocultural del territorio que pretenden arrebatar a los guarijíos va más allá del valor comercial que sirve para satisfacer intereses mineros y de la agroindustria. Nada de esto importó, pues la presa se inició sin tomar en cuenta ni a las comunidades originarias, ni al impacto socioambiental que ella tendría. Primero se justificó con la excusa de generar energía y expandir la agroindustria, y luego, debido a la resistencia de los guarijíos, con el argumento de que era necesaria para la protección civil. Según lo exponen Haro y Martínez, parece que la verdadera razón se esconde en los vastos yacimientos no explotados de plata y otros minerales que hay en territorio guarijío. Desde el inicio la manifestación de impacto ambiental (MIA) tuvo grandes deficiencias y se descuidaron aspectos cruciales, como los riesgos al patrimonio biocultural y la opinión de los guarijíos o el necesario enfoque de cuenca para valorar el impacto en la biodiversidad, la cultura y el bienestar de todas las personas ahí asentadas. Aunado a otras graves irregularidades, las autoridades judiciales también cometieron diversos atropellos ante los múltiples amparos que promovieron los guarijíos. Algunos fueron desechados por considerar sobreseimiento o, cuando al fin se concedían, eran parciales, pues sólo se otorgaban para efecto de no desplazarlos, pero se permitía la continuación de las obras, aunque ambos fueran parte del mismo proceso y no obstante que las obras en sí mismas implicaran un riesgo de desplazamiento. Finalmente, a inicios de 2019, después de cinco años de juicios y siete de lucha, se les concedió el amparo y protección de la justicia federal. El juez también anuló la MIA y el permiso de construcción de la presa. Pero esto poco importó, ya que a finales de 2019 el gobierno federal otorgó 600 millones de pesos para terminar la presa, a pesar de las denuncias y amparos. Los han aislado, no pueden acceder a los terrenos de siembra y han limitado su suministro de agua. Para amedrentarlos, el gobierno ha llegado incluso a negarles, ilegalmente, servicios básicos, como el suministro de agua potable o el acceso a los apoyos federales, al grado que los llevaron al borde de la hambruna. Además, quien se niega a ceder sus territorios, ha sido víctima de amenazas e intentos de soborno por parte de las autoridades. Hoy la presa se ha llenado, y al abrir las compuertas, sin aviso previo, se han inundado todos los caminos hacia las comunidades guarijías. Las comunidades de Mochibampo, Mesa Colorada y San Bernardo tendrán que ser desplazadas forzosamente de sus tierras ancestrales si el nivel de agua sube como temen los pobladores. Esperamos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos actúe ante este caso. No sólo están despojando a un pueblo de su territorio, en los hechos, lo están sentenciando a muerte. Agradezco la contribución de Daniel C. Santander en la elaboración de este texto.
El CONAPRED
Editoriales | 📰 Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada Web original | 📷 Imagen : Conapred Por: Miguel Concha Sábado 📅 04 de julio de 2020 La discriminación es uno de los fenómenos estructurales que afectan a personas y grupos en nuestro país, particularmente a aquellos que, a causa de los tratos excluyentes o de sometimiento a que son sujetos por razón de alguna condición –como por ejemplo género, etnia, clase, discapacidad, preferencia u orientación sexual, y hasta apariencia física, entre otras–, históricamente se encuentran en situación de vulnerabilidad. Luego de una serie de luchas y reivindicaciones por parte de grupos tradicionalmente discriminados, así como de organizaciones, especialistas y actores sociales y políticos, como el compañero Gilberto Rincón Gallardo, el 11 de junio de 2003 se promulgó la Ley Federal para Prevenir y Erradicar la Discriminación. Desde su publicación, hasta el día de hoy, esta ley ha traído consigo importantes avances con respecto a la prevención y eliminación de la discriminación en materia de política pública, entre ellos la creación del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred). El Conapred es, como lo señala su estatuto orgánico, un organismo descentralizado y sectorizado de la Secretaría de Gobernación, con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuyo propósito fundamental es prevenir y eliminar todas las formas de discriminación ejercidas contra cualquier persona o grupo, especialmente aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Tiene además como objeto contribuir al desarrollo cultural, social y democrático de nuestro país, así como formular y promover políticas públicas para la igualdad de oportunidades y de trato a favor de las personas que habitan y transitan por México, y coordinar las acciones en materia de discriminación de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo Federal. Ello no obstante, es indudable que después de 17 años el Conapred tiene logros y desafíos importantes. Sobre estos últimos, es claro que no se ha erradicado totalmente la discriminación en el país y que falta mucho para conseguirlo. De igual manera, los empeños indudables por prevenir y erradicar la discriminación no han logrado transformar las instituciones del Estado ni transversalizar la igualdad y la no discriminación en el ámbito de las políticas públicas. Aunado a esto, desde sus inicios el Conapred cuenta con recursos humanos y materiales limitados y a veces precarios. Sin embargo, de la mano de grupos históricamente discriminados, de personas expertas, organizaciones de la sociedad civil y autoridades en sus diferentes ámbitos y niveles de competencia, el Conapred ha realizado numerosos aportes en la agenda antidiscriminatoria del país. Entre sus logros destacan estadísticas e investigaciones sobre el fenómeno discriminatorio; incidencias en legislación y políticas públicas; impacto en programas educativos; opiniones jurídicas; publicaciones y campañas referidas a la igualdad y a la no discriminación, con el fin de promover una cultura de inclusión y respeto a las diferencias, y servicios de orientación y mecanismos para presentar y resolver quejas por presuntos actos discriminatorios de autoridades y particulares. De esta manera, el Conapred ha defendido los derechos humanos de personas y grupos que coyuntural y tradicionalmente han venido siendo discriminados. Entre ellos la comunidad LGBTTTIQA+, pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, personas con discapacidad, personas adultas mayores, migrantes, refugiadas y trabajadoras del hogar, entre otras. Estas personas y grupos han encontrado en el Conapred escucha, orientación, ayuda y respuesta a sus demandas. Además de este patrimonio social acumulado, el Conapred cuenta entre sus fortalezas con su Asamblea Consultiva, integrada por personas pertenecientes a los distintos grupos discriminados, especialistas en diferentes problemas sobre discriminación, expertos en derecho, defensoras y defensores de derechos humanos y activistas sociales por la igualdad y la no discriminación. Y por ello cumple con su función de ser el órgano ciudadano de opinión, asesoría y promoción de las acciones, programas y proyectos que diseña o desarrolla el Conapred. Como rasgo excepcional, cuenta además con representatividad en la Junta de Gobierno. Por tanto, la apuesta por atender mejor la agenda antidiscriminatoria del país no debe ser el debilitamiento o la desaparición del Conapred, sino por el contrario su fortalecimiento mediante una nueva estrategia que contemple por lo menos las siguientes exigencias. La designación de la nueva persona titular, cuya trayectoria, capacidad y compromiso con la igualdad y no discriminación en todas sus expresiones sea indiscutible, mediante un proceso ordenado, transparente y participativo; el incremento, suficiencia y garantía de su presupuesto; la actualización y ampliación de sus capacidades y recursos; la promoción de una reforma de ley que dote de nuevas facultades al Conapred con base en el artículo primero constitucional, y la participación activa de su Asamblea Consultiva en todos estos procesos.
75 años de Jtatik Raúl
Editoriales | 📰 Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada Web original | 📷 Imagen : Jorge Aguilar Por: Miguel Concha Sábado 📅 27 de junio de 2020 En los lugares más invisibles y los hogares más cálidos y sencillos nacen las personas que dejan una fuerte huella en el tiempo. José Raúl Vera López pertenece a ellos.” Así inicia una carta firmada por 944 personas y organizaciones que reconocen la labor de don Raúl, obispo de Saltillo, quien al cumplir el primero de junio 75 años presentó al Papa Francisco su dimisión. La misiva se hizo pública el pasado 21 de junio, día de su cumpleaños, y constituye un reconocimiento a su compromiso y labor pastoral. Vale la pena enfatizar que, signada por comunidades indígenas, colectivos de víctimas, organizaciones y movimientos populares, organizaciones de derechos humanos, organismos socio eclesiales y religiosos, así como por diversas personas de amplios sectores de la población, sin mencionar a alguien en particular, las personas y grupos que firman representan, sin duda, junto con fray Raúl, parte importante de la reserva moral del país. Conocí a Raúl en la Ciudad de México cuando ingresó a la Orden de Predicadores. Desde entonces nuestras vidas se han entretejido en diversos momentos. Cuando en noviembre de 1987 fue nombrado obispo de la Diócesis de Altamirano, Guerrero, me encontré con él para recordarle que no debía olvidar la situación convulsa del país, las transformaciones que vivía la Iglesia, en el marco del Concilio Vaticano II, las prioridades apostólicas asumidas por la Orden y los compromisos pastorales de la Iglesia latinoamericana, así como el testimonio profético de muchos hermanos dominicos y de obispos como don Sergio Méndez Arceo. La carta reconstruye parte de la trayectoria pastoral de Raúl, y dedica especial atención a su labor como obispo coadjutor en San Cristóbal de las Casas, y a su tránsito al obispado de Saltillo (1999). Sobre esto literalmente menciona lo que sigue. En el marco del levantamiento de los pobres del color de la tierra, que cimbró al mundo y convirtió a Chiapas en un torbellino de horror y búsqueda de paz con justicia y dignidad, don Raúl fue nombrado coadjutor de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas en agosto de 1995. Allí se entregó por completo a cultivar la dignidad recuperada por la rebeldía de los pueblos y a profundizar el trabajo pastoral y profético del obispo Samuel Ruiz García, el querido y reconocido Jtatik Samuel. Al lado de los pueblos indígenas –que le enseñaron mucho– de don Samuel y de un gran e incansable cuerpo pastoral, sufrió amenazas, insultos, ataques e intentos de homicidio. Nada lo detuvo. Lejos de ello, la fuerza de su predicación se hizo más poderosa y clara, al grado de denunciar internacionalmente la matanza de Acteal. Tanto creció la fuerza de su voz, que se le negó el derecho a suceder a don Samuel en la Diócesis de San Cristóbal. Designado obispo de Saltillo en diciembre de 1999, llevó consigo el mandato del Jtatik. Al frente de esa diócesis –y a lo largo de 20 años– no ha dejado de caminar al lado de las comunidades más vulnerables y vulneradas, de levantar la voz frente a las injusticias y de reconstruir la Iglesia. Y así, ha apoyado la lucha por las mejoras laborales de los trabajadores mineros y acompañado el reclamo de justicia de la Organización Familia Pasta de Conchos. Se ha solidarizado con las comunidades que enfrentan despojos y contaminación por parte de las grandes empresas, y ha alzado la voz en defensa de los migrantes. Ha apoyado el trabajo, tanto del albergue, como de la pastoral migrante de su diócesis, así como el trabajo del Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios. Ha defendido a las trabajadoras sexuales y denunciado los crímenes que en 2006 perpetraron militares en Castaños contra ellas. Ha acompañado incondicionalmente y de muchas maneras a las víctimas y familiares que sufren violencia y desaparición y ha denunciado también los crímenes cometidos al amparo de la Iglesia. Promueve igualmente una reforma para evitarlos. La carta recupera también su apoyo y acompañamiento a diversos organismos de derechos humanos, su labor internacional y su trabajo en el Tribunal Permanente de los Pueblos-Capítulo México (2012-2014), que derivó en el planteamiento de una Nueva Constituyente Ciudadana Popular. Concluye con el reconocimiento y compromiso con su labor pastoral. Los que lo hemos acompañado y hemos sido acompañados por él le damos en su 75 aniversario las gracias. Pastores como él sostienen viva la esperanza. Además de reiterarle su nombre y calidad de Jtatik, queremos ahora constatar su calidad de hermano y compañero. Le acompañamos en la cosecha final de su tarea diocesana en Saltillo. Y le damos la bienvenida a su nueva etapa de emeritez. Sabemos que su fuerza, madurez y experiencia seguirán latiendo en el reto profético y estratégico de abrir nuevos horizontes, para que la paz, la justicia y la libertad reinen en México y el mundo. La versión completa de la carta se puede consultar en: https://bit.ly/37ViIRU
Una salida apegada a derechos
Editoriales | 📰 Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada Web original | 📷 Imagen : Angélica Díaz Por: Miguel Concha Sábado 📅 06 de junio de 2020 Estamos en la cresta de la pandemia del Covid-19. Nadie sabe cuánto durará. Todos ansiamos que llegue su final, pero conforme éste se aproxime será más urgente construir alternativas para salir de la crisis, cuyas primeras manifestaciones apenas vemos, y cuya superación generará menor sufrimiento, en cuanto las estrategias puestas en práctica sean más creativas y de diseño más inclusivo. Nadie puede estar exento del esfuerzo de proponer y dialogar para alcanzar acuerdos, y nadie, mucho menos los responsables de las decisiones, pueden ser omisos en la escucha de los diversos planteamientos, y en la voluntad de convencer y dejarse convencer, con el criterio del máximo bien de las personas, basado en el respeto y garantía de sus derechos. Es alentador el llamado que más de 300 personas y organizaciones sociales formularon a la sociedad civil y al gobierno sobre la necesidad de promover que la salida a la crisis generada por la pandemia sea integral y apegada a los derechos humanos. Además del valor de los argumentos, es importante el testimonio de décadas de lucha social de todos los firmantes –personas y organizaciones– en los más diversos campos del reclamo de justicia para los excluidos y los desiguales. Promovida originalmente por un grupo de personas identificadas como La 4D, por su referencia a la letra inicial de los vocablos: Derechos, Democracia, Desarrollo y Diversidad, llaman a la sociedad civil y a los distintos niveles de gobierno a abrir, con el mejor de los compromisos, espacios de diálogo, interlocución y colaboración que permitan al país transformar la actual situación que aflige a millones de personas. “Será de suma importancia –añaden– compartir nuestras reflexiones y coordinar nuestras acciones”. El llamado no apela de manera ingenua a gestos de buena voluntad, sino que formula propuestas específicas para reformas y cambios que vayan a fondo. “Consideramos –dicen– que éste es el momento para comprometerse en serio con reformas estructurales para una justicia redistributiva, incluidas las tributarias progresivas, donde se requiera a los depositarios de grandes fortunas y a los grandes conglomerados corporativos contribuir con la sociedad en una medida proporcional a su riqueza”. “Es también –añaden– momento de profundizar en la democracia como condición de la fortaleza de la sociedad y de su Estado”. Hay un tercer asunto de interés, derivado de una característica de quienes formulan el llamado, y obliga a una interpretación más amplia de las implicaciones de sus propuestas: su gran mayoría tiene una reconocida trayectoria en la izquierda social. Aquella que no se desarrolló principalmente en los partidos políticos ni en los procesos electorales, sin que nieguen su utilidad, sino en los procesos organizativos y reivindicatorios de derechos de los diversos agrupamientos sociales. Su intervención, más que política, ha ocurrido invariablemente en los momentos de emergencia social, por ejemplo, en la situación generada por los sismos, en el levantamiento indígena en Chiapas, en el reclamo por las personas desaparecidas y en muchos momentos dolorosos para la sociedad, particularmente para los sectores excluidos. Este tercer elemento podrá contribuir a ubicar las diferencias en el nivel que corresponde. No se trata de un pleito entre dos, sino de construir un arreglo entre todos. Se trata del futuro del país. En el boletín de prensa, con el que presentó el lunes el llamado, se señaló: no apostamos al fracaso del gobierno, sino todo lo contrario. No compartimos las posiciones de quienes sistemáticamente se oponen a las acciones de gobierno, y al mismo tiempo, como un espacio de la izquierda social, reivindicamos y ejercemos el derecho a la crítica proactiva y a la construcción de propuestas alternativas. Por lo que pedimos a las autoridades escuchar y debatir con base en las ideas las propuestas desde el mismo espectro político, sin descalificaciones tempranas, sin tergiversar argumentos y sin menospreciar planteamientos, por distintos que éstos sean a la perspectiva oficial. No únicamente la sociedad, sino la propia izquierda, son diversas. En el pasado las posiciones distintas se consideraban como indisciplina. Hoy son signos de democracia, y ésta genera fortaleza. La construcción de alternativas requiere que la izquierda se ponga de acuerdo. Esto es necesario, pero no suficiente. El diálogo debe ser entre todos: las acciones de índole económica para salir de la crisis no son sólo una relación paternal entre gobierno y pobres, sino de toda la sociedad con el gobierno. Lo que tiene implicaciones políticas, puesto que requieren de un acuerdo entre todos los sectores de la sociedad y el poder público. No se trata de que más acción gubernamental sea igual a menos democracia. Hay que regular la economía, hay que regular el desarrollo social y, no podemos olvidarlo, hay que regular al regulador.
Ante la emergencia del COVID-19, llamamos a una respuesta integral y con perspectiva de Derechos Humanos
Comunicados | Adhesiones del CDHVitoria | 📷 Imagen : La 4 D 📅 Ciudad de México, a 1 de junio de 2020 Actores sociales urgen al gobierno actual a ponerse a la cabeza de un acuerdo nacional para atender situación post COVID19 Central que gobierno establezca acciones con apego a derechos humanos y participación social Presentamos el llamado que más de 300 personas y organizaciones sociales formulamos a la sociedad civil y al gobierno actual sobre la urgente necesidad de promover que la salida a la crisis generada por la pandemia del COVID-19 sea integral y apegada a los derechos humanos. Este llamado fue inicialmente promovido por personas que nos reconocemos en la expresión “La 4D”, que incorpora los Derechos, la Democracia, el Desarrollo y la Diversidad. Desde inicios del año pasado hemos invitado a la sociedad civil a pronunciarse sobre los temas relevantes del país buscando canales de comunicación con el gobierno federal. Nos ubicamos en la izquierda social, ese espacio en el que, más allá de los partidos políticos y desde hace décadas, multiplicidad de organizaciones hemos luchado por los derechos humanos, la democracia, los derechos de las personas trabajadoras, la igualdad social, el respeto a las múltiples diferencias, la igualdad de género y la justicia social. En esta ocasión, quienes hemos hecho este llamado somos, por orden alfabético, Mariclaire Acosta Urquidi, Pilar Berrios Navarro, Manuel Canto Chac, Miguel Concha, Emilienne De León, Saúl Escobar Toledo, Fernando Escobedo Reyes, Jorge Fernández Souza, Olinca Marino, David Peña Rodríguez, Karla Micheel Salas Rodríguez y Carlos Ventura Callejas. A esta convocatoria se han unido víctimas y sobrevivientes, personas y organizaciones defensoras de los derechos humanos, feministas, académicas y sindicalistas, movimientos sociales y populares, así como organizaciones de diversos estados del país. Este no es el punto final sino el inicio de las adhesiones que promoveremos todas las personas y organizaciones firmantes, sobre todo, porque coincidimos en impulsar un amplio proceso de debate, análisis y articulación de esfuerzos, con el fin de unir perspectivas, propuestas, y llegar a acuerdos para construir alternativas que favorezcan a los sectores sociales excluidos de los beneficios del desarrollo, y para que se aproveche la oportunidad de avanzar en disminuir la desigualdad y en fortalecer la democracia. Consideramos que en este esfuerzo todos los sectores que estén por el desarrollo sostenible como derecho humano tienen algo qué decir y algo que hacer, por lo que es fundamental llegar a acuerdos, sumar otras voces a este llamado y lograr impulsar una visión integral apegada a los derechos humanos para transitar en los meses posteriores a esta pandemia a un modelo social y económicamente más justo y solidario. Por lo anterior, el gobierno debe ser capaz de escuchar todas las voces, dialogar con todos los sectores y ponerse a la cabeza de un gran acuerdo nacional. No apostamos al fracaso del gobierno, sino todo lo contrario. Tampoco compartimos las posiciones de quienes sistemáticamente se oponen a las acciones de gobierno, y al mismo tiempo como un espacio de la izquierda social mexicana reivindicamos y ejercemos el derecho a la crítica proactiva y a la construcción de propuestas alternativas, por lo que pedimos a las autoridades el escuchar y debatir con base en las ideas, las propuestas y las visiones desde el mismo espectro político, sin descalificaciones tempranas, sin tergiversar los argumentos y sin menospreciar los planteamientos por distintos que éstos sean a la perspectiva oficial. Para todas las personas y organizaciones que quieran adherirse a este llamado y a las acciones que en él se proponen, se pueden comunicar a: lacuatrod@gmail.com Para conocer el texto completo del llamado vaya aquí #DiálogosDesdeIzquierdaSocial #PropuestasPostCOVID
Llamado urgente a transformar la emergencia del Covid-19
NUESTRO PROPÓSITO Frente a la pandemia de COVID-19, México vive un momento que requiere de la mayor solidaridad y cooperación. El Gobierno federal ha tomado diversas decisiones que son de reconocer; sin embargo, es importante hacer un llamado a la revisión de otras, pues consideramos que con algunas se corre el riesgo de impactos negativos para el país. En este sentido, hacemos una invitación a la reflexión colectiva y a la construcción de encuentros entre sectores de la sociedad civil que impulsen diálogos y acuerdos que contribuyan a la interlocución con diversas esferas de gobierno; diálogos tan ausentes como necesarios en estos momentos. Con este fin, exponemos algunos elementos sobre los que consideramos fundamental reflexionar. NUESTRAS REFLEXIONES En tanto la pandemia del COVID-19 es “una crisis humana que se está convirtiendo con rapidez en una crisis de derechos humanos”, es importante observar algunos aspectos. En primer lugar, resulta fundamental garantizar y profundizar en la disponibilidad, aceptabilidad, calidad y accesibilidad en los servicios de salud pública. Éstos deben de ser universales, gratuitos, accesibles y disponibles para todas y todos en México. A raíz de la declaración del Consejo de Salubridad General, llamada “emergencia por causa de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2 (Covid-19)”, algunos gobiernos estatales y municipales han adoptado medidas que restringen la libertad de movimiento y de tránsito, que pueden resultar violatorias de los derechos humanos. No se puede pretextar la emergencia sanitaria como una excluyente de responsabilidad frente a los derechos fundamentales. Es importante no olvidar que los estados de emergencia deben tener una duración limitada; no se puede avalar ninguna medida que sea innecesaria, ilegal o desproporcionada, con el fin de contención de la propagación del virus, y mucho menos aquellas que pudieran abrir la puerta para decisiones autoritarias o inconstitucionales. La propagación del COVID-19 representa una amenaza sanitaria, pero también un riesgo económico y social. Varios son los elementos a destacar en este aspecto. Se han ido construyendo algunos consensos en torno a la necesidad de regular al mercado y de recuperar, por parte de los Estados, su capacidad de conducción sobre la economía, para impulsar el crecimiento y salir de la depresión de crisis y postcrisis sanitaria. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) considera que es necesario actuar sobre los tres canales de la disrupción: la demanda, la oferta y el sector financiero. En esta lógica es indispensable que además de seguir obteniendo los bienes necesarios para combatir la enfermedad, los gobiernos aumenten su gasto en otros rubros. Resulta de igual manera necesario facilitar créditos directos a la producción. Instituciones multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) deben ofrecer mecanismos de bajo costo para financiar a los países menos desarrollados. Una moratoria de la deuda pública externa para las naciones más necesitadas tiene que ser considerada. En la política social también se requieren cambios. No se trata solo del incremento del gasto para seguir haciendo lo mismo. Pero a mayor escala no se trata solo de continuar con la estrategia basada en las transferencias monetarias. Éstas se deben ubicar en un contexto más amplio, de manera complementaria con otras acciones. En este sentido ha resurgido la propuesta de la renta básica, que sería proporcionada a todas las personas que la requieran, con carácter temporal. La emergencia sanitaria ha puesto de relieve los costos de haber disminuido las instituciones para la seguridad social, por lo que urge fortalecerlas, sin olvidar que el Derecho al Desarrollo no es nada más la prestación de determinados servicios, sino el desarrollo integral de las personas, cuyo principal desafío actual es el acceso al trabajo, la llave que permite la salud, la vivienda, la alimentación y los demás satisfactores reconocidos como derechos. Además, se requiere de ocupación en condiciones de Trabajo Digno . El reto hoy ya no es que el empleo sea condición para tener protección social, sino que ésta tenga como sentido la reconducción de la población hacia la ocupación. Se trata entonces de una estrategia social que propicie el derecho al trabajo. Consideramos que hay tres ámbitos en los que se debe actuar: 1.- en el sector público: i) éste debe aumentar su eficiencia para incrementar su capacidad de generar empleos dignos, y no pensar que eficiencia es igual a menos empleados; para ello se requiere de una verdadera reforma en la administración pública; ii) inversión pública hacia sectores estratégicos como incremento a los créditos para vivienda popular, e infraestructura para atención a la salud; 2.- en el sector privado se requiere de créditos -no transferencias- para que sobrevivan las empresas, particularmente las que son mano de obra intensiva; 3.- en el sector social, a través de la ocupación autogenerada, como cooperativas o empresas sociales. Un caso aparte son quienes trabajan por su cuenta en la informalidad, personas a quienes se les debe garantizar atención médica gratuita, ayudarlas a mitigar la caída de sus ingresos con medidas generales (reducción de IVA) o selectivas (transferencias focalizadas en efectivo). También, en el aspecto laboral, es necesario decir que algunas medidas anunciadas por el Gobierno contravienen los principios de estabilidad en el empleo e irrenunciabilidad del salario, incluyendo el aguinaldo. Entendemos la urgencia para conseguir más recursos, pero esas medidas no resultan proporcionales frente a la cantidad de dinero público que se obtendrá a costa de la violación de principios legales. En la política fiscal hay que dejar a un lado la meta del déficit presupuestal de 2.1%; reorganizar el presupuesto y revisar las alternativas de financiamiento; y analizar la reducción del IVA. El crédito de la banca de desarrollo a las empresas deberá aumentarse de manera programada, en la medida en que la pandemia ceda. Existe la oportunidad de que la deuda externa pueda ser reestructurada. En síntesis, consideramos que México requiere: 1) mantener un consumo responsable; 2) cuidar que no se desplome la oferta de productos y servicios más necesarios; 3) conducir una política de créditos agresiva para sostener la oferta y la demanda efectiva; 4) impulsar
Articulación de las OSC en México
Editoriales | 📰 Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada Web original | 📷 Imagen : Victor Manuel Chima Por: Miguel Concha Sábado 📅 30 de mayo de 2020 Durante más de una década, diversas organizaciones de la sociedad civil (OSC) del país demandaron una cobertura legal y consiguieron en 2004 la aprobación de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil (Lffarosc), un marco legal que las reconoce como actores de interés público y ofrece sustento jurídico para su participación y fomento. Sin embargo, el 14 de febrero de 2019, el gobierno federal emitió la Circular Uno, que canceló el acceso a los recursos públicos para sus proyectos de utilidad pública, y contradice lo establecido en dicha ley. Decisión acompañada con la desacreditación del compromiso con la democracia y los derechos humanos mostrado por la sociedad civil por décadas. Ante ello, diversas articulaciones de OSC reaccionaron ante la difícil situación provocada por las decisiones del gobierno federal y optaron por la denuncia pública para demandar una reconsideración. Dialogaron entre ellas para identificar medidas ante el inevitable debilitamiento y la eventual extinción del marco institucional y legal ganados con tantos esfuerzos. Producto de un proceso de reflexión sobre la permanencia y los derechos de las OSC en México, a través de consultas y diálogos entre OSC del país, Equipo Pueblo AC produjo el diagnóstico Impacto de las restricciones gubernamentales hacia las OSC en México-2020, del que recuperamos las principales valoraciones, recomendaciones y escenarios, que se reúnen en el último capítulo del texto. Las OSC consultadas identificaron impactos negativos de las decisiones gubernamentales que trastocaron su acción. La mayoría de las que trabajan directamente con la población restringieron su quehacer por falta de recursos para desplazamientos y operación de sus proyectos. Reportaron la suspensión de actividades estratégicas de investigación, profesionalización e incidencia. En algunos casos se han planteado el cierre total. Entre los ejes o ámbitos de acción sugeridos por y para las OSC, destacan: 1. La defensa del marco legal y los derechos de las OSC. Las acciones que proponen están dirigidas a sus derechos: la libertad de asociación, de expresión; el derecho a recibir financiamiento de cualquier fuente pública o privada nacional o internacional, independientemente de su posición ideológica, política y métodos de intervención. Además del marco legal federal, es fundamental que todas las entidades de la nación cuenten y/o cumplan con las leyes de fomento estatales. 2. La articulación para una estrategia y agenda común nacional, a partir de lo local. La coyuntura demanda promover nuevamente la estructuración de pensamientos y acciones desde lo local hasta lo nacional, porque continuarán actuando, a pesar del impacto de las decisiones del Poder Ejecutivo. Ratifican la convicción de fortalecerse de manera articulada en una plataforma que integre y difunda sus propuestas ante los asuntos de su interés y que, eventualmente, el gobierno federal y la sociedad les reconozcan. Se sugiere, considerando la diversidad de posiciones, identidades y geografías, por sus derechos explicitados en la Ley de Fomento y otros instrumentos internacionales, la construcción de una agenda común con base en el pleno ejercicio de los derechos humanos, en la que estén transversalizados los enfoques multinacional, multicultural e intergeneracional. Y enfocar las agendas a las transformaciones que exige el país, a los asuntos estratégicos, sin abandonar el seguimiento y evaluación de las políticas públicas que cada una realiza, porque ahí está su compromiso y vocación, tanto en la comunidad como en lo nacional. Para esa articulación hay que integrar las agendas locales y promoverlas, considerando los saberes socialmente adquiridos, la sensibilidad desarrollada y la voluntad de articularse, la cual supone la apertura para construirla conjuntamente. Es decir, una voluntad para ir más allá de las diferencias y tener en perspectiva lo que las une, independientemente de causas y estrategias, y que en la relación con el gobierno y otros actores no queden subordinadas y sigan aportando –de manera crítica y propositiva– a las políticas públicas. Hay quienes consideran que es necesario promover el diálogo político con el gobierno para defender su derecho a la participación. Aprovechar que en algunos ámbitos estatales locales existe apertura para la colaboración y la incidencia en niveles intermedios de gobierno. Para otras es claro que la decisión del gobierno federal de cancelar los recursos para las OSC no cambiará. Por ello importa explorar nuevos esquemas de financiamiento y de reformas a la Ley Federal del Presupuesto, la Ley del Impuesto Sobre la Renta, el Código Fiscal, la Miscelánea Fiscal y la Lffarosc, que apunten a una armonización legislativa que reconozca y fortalezca a las OSC del país. La sociedad civil quiere seguir siendo interlocutora válida, opinar e incidir ante los problemas que enfrenta la nación.
Justicia transicional: deuda pendiente en México
Editoriales | 📰 Blog «La dignidad en nuestras manos» del Plumaje de Animal Político Web original | 📷 Imagen : Angélica Díaz Por: CDH Vitoria 📅 22 de mayo de 2020 Los países que transitan de regímenes autoritarios con un significativo uso de sus fuerzas armadas contra la población hacia gobiernos que apuntan a ser democráticos, han implementado mecanismos ordinarios y extraordinarios que buscan investigar la verdad sobre las violaciones graves a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad cometidos en el pasado. Se han creado instituciones y leyes con el fin de sancionar a los responsables. Se ha aspirado a que víctimas y sobrevivientes, así como familias y comunidades afectadas accedan a medidas que reparen los daños a la par que los Estados garanticen que hechos similares no se repitan. Las leyes, instituciones, comisiones integradas por víctimas y sociedad civil creadas para tales fines han sido llamados, al cabo de los años, procesos de Justicia Transicional con cuatro ejes fundamentales: verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. En el caso de México, durante el año 2000 con el término de setenta años aproximadamente de gobiernos del mismo partido político, el gobierno alternante instaló un mecanismo extraordinario del que se esperaba atendiera algunas de las exigencias históricas y sentidas para la población. En el 2002 se creó la Fiscalía especial para movimientos sociales y políticos del pasado (FEMOSPP), para conocer la verdad sobre la perpetración de crímenes cometidos contra grupos, comunidades y movimientos sociales durante la segunda mitad del siglo XX en varias regiones del país, así como identificar y sancionar a los responsables en los distintos niveles. También durante ese sexenio se creó la Comisión de la verdad del estado de Guerrero (Comverdad); posteriormente en el año de 2015, como mecanismo de justicia alternativa, se creó la Comisión de la Verdad de Oaxaca. Es cierto que estas experiencias informaron que hubo una política de Estado que atentó sistemáticamente contra la integridad y la vida de participantes y líderes de distintos movimientos sociales en distintas épocas, aunque también es cierto que no se ha esclarecido la responsabilidad de los altos funcionarios del gobierno ni de las fuerzas de seguridad, al igual que la reparación integral para el total de las víctimas ha sido mínima. Además que en los sexenios siguientes las violaciones graves a los derechos humanos y el clima de violencia generalizada no ha cesado. A este último respecto, el gobierno federal electo en 2018 abrió una nueva expectativa para acceder a una política de justicia transicional como uno de sus principales ejes de gobierno, construida desde la participación efectiva de las decenas de miles de víctimas en el país. Asimismo, los primeros meses de la actual administración fueron de apertura para las colectivas de víctimas, organizaciones de la sociedad civil y academia que durante décadas han acompañado a las víctimas y sus colectivas, así como desarrollado un trabajo de documentación y discusión constante sobre las violencias extremas ejercidas diferenciadamente contra los distintos grupos de la sociedad (mujeres, comunidades indígenas, campesinos, estudiantes, entre otros), importante para la comprensión y transformación de las condiciones estructurales. Sin embargo, poco después del primer año de este sexenio en varias ocasiones el diálogo se ha tornado insuficiente, mientras que la creación de mecanismos extraordinarios que permitan conocer la verdad, acceder a la justicia y reparación integral, y garantías de no repetición ha sido para pocos casos. Las cifras más recientes conocidas sobre violencia y violaciones graves a los derechos humanos muestran que durante el actual sexenio prevalece la violencia feminicida, la desaparición de personas, la persecución y ejecuciones extrajudiciales contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas, así como distintos actos represivos por parte de algunos agentes del estado en contra de estudiantes normalistas y movimientos sociales. Con el empuje incesante de las víctimas, en este sexenio se han construido, por y desde sus necesidades, instancias como la Comisión Presidencial para la Verdad y el Acceso a la Justicia para el caso Ayotzinapa y la aprobación del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF). Sin embargo, instituciones creadas en sexenios anteriores que buscan favorecer el ejercicio pleno de los derechos humanos de las víctimas, como la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM), la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) o el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, junto con otros mecanismos creados en los últimos veinte años, son insuficientes para afirmar la existencia de una justicia transicional efectiva en México. Asimismo, la capacidad de las instancias de administración y procuración de justicia no ha permitido investigaciones en que se pueda conocer quiénes han sido los altos mandos responsables en los distintos casos de violaciones a graves a los derechos humanos, así como las circunstancias sociales y políticas que los sucitaron, en consecuencia tampoco se han llevado a cabo procesos donde se sancione a los perpetradores en todos los niveles de responsabilidad, persistiendo un clima de impunidad. Es el mismo caso para la implementación de medidas satisfactorias para resarcir los daños sufridos por las personas y las comunidades. Para que sea palpable la transición de gobierno a un régimen democrático y justo en México es indispensable el diseño de políticas públicas comprometidas en asegurar la construcción de procesos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, en un diálogo y participación constantes con víctimas, organizaciones de la sociedad civil y academia. Hasta entonces, la insuficiente respuesta del Estado mexicano se acumulará en la deplorable deuda histórica.
Una voz imprescindible
Editoriales | 📰 Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada Web original | 📷 Imagen : La Jornada Por: Miguel Concha Sábado 📅 16 de mayo de 2020 La incertidumbre por la que atravesamos hace imprescindible reflexionar sobre el futuro del sistema económico y social con el que la humanidad ha venido caminando desde hace décadas. La reflexión sobre el futuro da diversos resultados debido a las diferentes ideologías, intereses y valoresde las personas y los grupos sociales. Nunca en la historia el resultado ha sido totalmente el de una sola posición. La que avanza lo hace a condición de dialogar y acordar con otras. No puede oírse una sola voz. Es la pluralidad del diálogo lo que logrará que la salida acordada tenga mayores probabilidades de éxito, y que sus resultados se alcancen con el menor tiempo y sufrimiento posibles. Diversas voces se han manifestado para proponer acuerdos nacionales. Entre ellas las de los sindicatos, académicos y organizaciones empresariales. Desafortunadamente una parte fundamental del necesario diálogo, el gobierno, no ha manifestado interés, hasta ahora, poroír las propuestas. Digo hasta ahora porque la experiencia dice que tarde o temprano el diálogo tendrá lugar, pero para ello faltan voces. Una que se echa de menos es la de la izquierda social. De esa multiplicidad de organizaciones que, sin estar en un partido político, han luchado por los derechos humanos, la democracia, la distribución del ingreso. Hay algunos espacios que han tomado la iniciativa, pero urge que aceleren el paso, porque su entrada en la escena contribuirá a superar la polarización actual. Los planteamientos que hoy ocupan el espacio público son principalmente del gobierno y de los empresarios. El primero no podrá solo ylos segundos pueden hablar por sus intereses, pero no por toda la sociedad. Por ejemplo, el gobierno federal afirma que sus programas benefician a muchas personas en situación de pobreza, lo que es cierto y necesario. Pero será insuficiente si se queda sólo en eso. ¿Qué pasará con los cientos de miles de empleos que calculan organismos internacionales, como la Cepal, que se perderán e irán a engrosar las ya abultadas cifras de la pobreza? Como ha dicho sobre las transferencias la secretaria ejecutiva de ese organismo: son medidas importantes, pero debemos hacer un esfuerzo adicional. Lo adicional será evitar la pérdida de empleos e incluso aumentarlos para quienes antes de la crisis no gozaban del derecho al trabajo. Se requiere también mejorar el sistema de salud, llevarlo a los muchos que no lo tienen, mejorar la calidad de la educación, etcétera. Pero, ¿con qué recursos se hará todo eso? Por más que el gobierno se apriete el cinturón, se necesita mucho más, y ello sin descontar que con cada apretón se ha llevado en medio a muchos ciudadanos con salarios muy bajos. Se ha propuesto el endeudamiento externo. Ciertamente en el pasado eso ha servido para favorecer a los poderosos, pero esto no niega que ahora pueda utilizarse para favorecer al pueblo. Datos de la Cepal dicen que aún hay margen de maniobra, pues la situación de deuda de México es mejor que la de la mayoría de los países latinoamericanos. La deuda total del gobierno como proporción del PIB está en una media para la región de 41 por ciento, y México se ubica en 35 por ciento. Para pagarla hay alternativas. En un documento firmado por organismos empresariales se presentaron los acuerdos del encuentro convocado por el Consejo Coordinador Empresarial. Proponen que el gobierno se endeude para dar facilidades crediticias para que las empresas pequeñas y medianas mantengan los empleos. Esto es necesario, pero lo que no dicen es cómo se pagará esa deuda. Se podría decir que se puede hacer con el aporte proporcional al ingreso de cada ciudadano. Que haya una verdadera reforma fiscal que grave más a quien tenga más. Una reforma progresiva, redistributiva de la riqueza, que empiece por revertir la profunda desigualdad económica y social, que entre sus consecuencias trae consigo la penuria económica de la seguridad social de los trabajadores, dado que para pagar menos contribuciones es común que los empresarios declaren un salario menor de sus empleados. Sin modificar el porcentaje de las cuotas, pagando lo que es legal, en función de los ingresos reales, se podría hacer mucho por mejorar la seguridad social. No es previsible que tales propuestas las hagan los grupos empresariales. Pero abrirían un campo de negociación en donde el necesario apoyo financiero se puede dar a cambio de aceptar la aún más necesaria reforma fiscal. Hace falta quién lo diga. De aquí la importancia de la voz de la sociedad civil. No se trata de contraponerse con las posiciones que hasta ahora se han manifestado, sino de llegar a acuerdos que respondan al interés de todos. No es posible que México salga adelante sólo con las acciones del gobierno, ni sólo con las propuestas empresariales. México no tiene futuro sin su sociedad. Ya es tiempo de oír la voz y también las propuestas de la sociedad civil.
